Sentencia Nº 2020021205 de Sala Constitucional, 03-11-2020

Fecha de Resolución: 3 de Noviembre de 2020
Emisor:Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia

*200165670007CO*

Exp: 20-016567-0007-CO

Res. Nº 2020021205

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cincuenta minutos del tres de noviembre de dos mil veinte .

Recurso de hábeas corpus que se tramita en expediente No. 20- 016567-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], pasaporte [Valor 001], contra el MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ.
RESULTANDO:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 14:43 horas del 9 de setiembre de 2020, el recurrente interpone recurso de hábeas corpus, contra EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ . Manifiesta que se encuentra privado de libertad en el CAI Carlos Luis Fallas, pabellón C-2. Refiere que, según su ficha de cálculo, el 04 de febrero de 2019 cumplió la mitad de su sentencia. Señala que el 13 de marzo de 2020 mediante visita se corroboró el sitio de su domicilio; además, comenta que cuenta con oferta laboral, con el señor [Nombre 002], pero todavía no lo han llamado. Acusa que aún no se le programa fecha para la audiencia. Indica que desde el 06 se setiembre de 2019 solicitó la media pena. Por lo expuesto, acude a la Sala en protección de sus derechos fundamentales y solicita que se declare con lugar el recurso.
2.- Por resolución de Presidencia de las 15:51 horas del 9 de setiembre de 2020, se le dio curso al presente hábeas corpus.
3.- Por medio de escrito incorporado al Sistema Jurídico el 11 de setiembre de 2020, Tatiana Vallecillos Sánchez, en condición de Directora a.i del Centro de Atención Institucional Carlos Luis Fallas, informa que el recurrente se encuentra privado de libertad en el pabellón C-2 de este centro penitenciario. Indica que los informes solicitadas por el Juzgado de Ejecución de la Pena fueron realizados por todas las áreas profesionales del centro penal y enviados el 21 de febrero de 2020. Asimismo, le fueron debidamente notificados al privado de libertad el 26 de marzo de 2020. Manifiesta que se está a la espera de que el Juzgado de Ejecución de la Pena señale una fecha para la audiencia, para así agendarla o coordinar el traslado del privado de libertad. Solicita que se declare sin lugar.
4.- Por medio de escrito incorporado al Sistema Jurídico el 11 de setiembre de 2020, Gustavo Solorzano Arias, en condición de Sub Jefe Técnico a.i del Instituto Nacional de Criminología, informa que el recurrente se encuentra privado de libertad, descontando 11 años de prisión impuestos por el Juzgado de Ejecución de la Pena de la Zona Atlántica por los delitos de tentativa de homicidio calificado y robo agravado. Señala que el Juzgado solicitó los estudios de diagnóstico y pronóstico criminológico de libertad condicional del recurrente, por lo que le fueron emitidos junto con el acuerdo tomado mediante Sesión 5499 del 18 de marzo de 2020. Asegura que se le notificó al amparado el 2 de abril de 2020. Sin embargo, comenta que a la fecha no se ha recibido solicitud alguna por parte de la autoridad judicial en la que se requiera adicionar o aclarar información. Solicita que se declare sin lugar.
5.- Mediante resolución de las 17:20 horas del 16 de setiembre de 2020, se amplían las partes consignadas y se les da traslado al Coordinador del Juzgado de Ejecución de la Pena del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica.
6.- Por medio de escrito incorporado al Sistema Jurídico el 30 de setiembre de 2020, Juan Carlos Jiménez Marín, en condición de Coordinador del Juzgado de Ejecución de la Pena del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, informa que el recurrente cumplió con su media pena el 2 de febrero de 2019, siendo que solicitó libertad condicional el 5 de setiembre de 2019. Ante esta solicitud, se deben valorar múltiples aspectos y no únicamente que se haya cumplido con la media pena. Manifiesta que el centro penal emitió los informes solicitados el 19 de mayo de 2020 y se determinó que el amparado no cuenta con un trabajo ni domicilio para poder seguir ejecutando su pena bajo esta modalidad. Se le previno a la defensa técnica y al privado de libertad a fin de que presentarán nuevas ofertad laborales y domiciliares, para la emisión de informes con respecto a la vialidad de estos. Sobre la oferta laboral, señala que el supuesto oferente laboral manifestó no conocer al privado de libertad y que no estaba ofreciendo ningún tipo de trabajo. El Departamento de Trabajo Social indicó que las condiciones a nivel socioeconómico del grupo y nivel familiares representar un riesgo significativo para el privado de libertad. Por ende, no se puede valorar su solicitud hasta que no presente nuevas ofertad laborales y domiciliares. Solicita que se declare sin lugar.
7.- Por medio de escrito incorporado al Sistema Jurídico el 12 de octubre de 2020, Alonso Quesada Brenes, en condición de Coordinador de la oficina de la Defensa Pública de Pococí, informa que el expediente dentro del que se tramita la libertad condicional del amparado ingresó al Juzgado de Ejecución de la Pena de Pococí el 9 de setiembre de 2019 y que se solicitó el apersonamiento de un defensor público hasta auto inicial de las 7:11 horas del 21 de enero de 2020. Relata que mediante resolución de las 14:54 horas del 20 de marzo de 2020, se pusieron en conocimiento de la defensa los informes de diagnóstico y pronostico criminológicos remitidos por el centro penitenciario. De igual manera, se le previó al centro penitenciario verificar la oferta domiciliar y laboral, así como al Instituto Nacional de Criminología remitir su acuerdo sobre la aplicación de la libertad condicional. El Juzgado puso en conocimiento de las partes el informe emitido por la Sección de Orientación y Trabajo Social, y solicitó a la defensora pública consultarle al amparado si deseaba continuar con el trámite, pues no contaba con recurso laboral ni domiciliar. Sin embargo, la notificación no fue recibida por correo electrónico de la Defensa Pública, por lo que, cumplido el plazo, no se señaló audiencia oral. Mediante resolución de las 15:35 horas del 29 de setiembre de 2020, se puso en conocimiento de las partes el acuerdo emitido por el Instituto Nacional de Criminología. No obstante, aclara que el acuerdo fue enviado desde el 27 de abril de 2020. Tras conocer el resultado de las valoraciones, la defensa se comunicó con un familiar del amparado para comunicarle la situación. Mediante resolución de las 16:50 horas del 9 de octubre de 2020, se señaló audiencia oral para el 20 de octubre de 2020. Solicita que se declare sin lugar.
8.- Por medio de escrito incorporado al Sistema Jurídico el 12 de octubre de 2020, Alonso Quesada Brenes, en condición de Coordinador de la oficina de la Defensa Pública de Pococí, agrega que la Defensora Pública ni la Defensa Pública de Pococí recibieron el correo electrónico mediante el que se puso en conocimiento de la resolución de las 12:04 horas del 4 de mayo de 2020.
9.- Por medio de escrito incorporado al Sistema Jurídico el 29 de octubre de 2020, Juan Carlos Jiménez Marín, en condición de Juez de Ejecución de la Pena del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, informa que se le previno al amparado aportar una nueva oferta laboral y domiciliar mediante resolución de las 12:04 horas del 4 de mayo de 2020. Dicha resolución fue notificada el 19 de mayo de 2020 a la defensa técnica para que esta notificara al sentenciado. Añade que el 20 de octubre de 2020, se realizó audiencia y, a solicitud del amparado, se suspendió pues se presentó una nueva oferta laboral y domiciliar.
10.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Hernández López; y,

CONSIDERANDO:
I.- Objeto del recurso. El recurrente manifiesta que se encuentra privado de libertad en el Centro de Atención Institucional Carlos Luis Fallas. Acusa que el 6 de setiembre de 2019 solicitó la media pena, sin embargo, aún no se le ha programado una audiencia pese a que cuenta con oferta laboral y domiciliar.
II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
a)El amparado Pérez Rocha se encuentra privado de libertad en el Centro de Atención Institucional Carlos Luis Fallas, descontando una sentencia de 11 años de prisión impuestos por el Juzgado de Ejecución de la Pena de la Zona Atlántica, por los delitos de tentativa de homicidio calificado y robo agravado. (hecho no controvertido);
b)El 5 de setiembre de 2019, el amparado presentó solicitud de libertad condicional. (ver informe rendido bajo fe de juramento);
c)El 9 de setiembre de 2019, el expediente dentro del cual se tramita la libertad condicional del amparado ingresó al Juzgado de Ejecución de la Pena de Pococí. (ver informe rendido bajo fe de juramento);
d)Mediante auto inicial de las 7:11 horas del 21 de enero de 2020, el Juzgado de Ejecución de la Pena de Pococí solicitó el apersonamiento de un defensor público para iniciar formalmente con el trámite del amparado. (ver informe y prueba aportada);
e)El 21 de febrero de 2020, el Centro de Atención Institucional Carlos Luis Fallas remitió los informes solicitados al Juzgado de Ejecución de la Pena. (ver informe y prueba aportada);
f)Mediante resolución de las 14:54 horas del 20 de marzo de 2020, el Juzgado de Ejecución de la Pena solicitó al CAI Carlos Luis Fallas verificar las ofertas domiciliar y laboral, así como al Instituto Nacional de Criminología remitir su acuerdo sobre la aplicación de la libertad condicional. (ver informe rendido bajo fe de juramento);
g)El 2 abril de 2020, el Instituto Nacional de Criminología remitió el acuerdo de la sesión 5499 del 18 de marzo de 2020, mediante el que no se recomendó la concesión del beneficio al amparado. (ver informe y prueba aportada);
h)Mediante resolución de las 12:04 horas del 4 de mayo de 2020, el Juzgado de Ejecución de la Pena indicó lo siguiente: “Se pone en conocimiento de las partes por el término de TRES DÍAS, informe emitido por la Sección de Orientación y Trabajo Social visible de folios 26 al 31, para lo que en derecho corresponda. Por otra parte, se previene a la Licda. Nincy Alvarado Granados en su calidad de Defensora Pública del incidentista, para que en el término de OCHO DÍAS realice pronunciamiento a este Despacho, indicando si su defendido desea continuar con el trámite de la presente incidencia; toda vez que el mismo no cuenta con recurso laboral ni domiciliar, según se desprende en informe. No omito indicarle, que vencido el plazo se procederá a señalar audiencia oral.” (ver informe y prueba aportada);
i)El 29 de setiembre de 2020, el Juzgado de Ejecución de la Pena reenvió la resolución de las 12:04 horas del 4 de mayo de 2020, debido a defectos en la notificación a las partes. (ver informe rendido bajo fe de juramento);
j)Mediante resolución de las 15:35 horas del 29 de setiembre de 2020, el Juzgado de Ejecución de la Pena puso en conocimiento de las partes el acuerdo emitido por el Instituto Nacional de Criminología. (ver informe y prueba aportada);
k)Mediante resolución de las 16:50 horas del 9 de octubre de 2020, el Juzgado de Ejecución de la Pena programó audiencia oral para el 20 de octubre de 2020. (ver informe y prueba aportada);
l)El 20 de octubre de 2020, se suspendió la audiencia a solicitud del amparado, pues presentó una nueva oferta laboral y domiciliar. (ver informe rendido bajo fe de juramento);
III. – Hechos no probados:
a)Que, la resolución de las 12:04 horas del 4 de mayo de 2020, del Juzgado de Ejecución de la Pena, haya sido notificada a la defensora pública del amparado.
IV. - Competencias de la Sala, sobre la dinámica del Sistema Penitenciario. - Respecto a las competencias de este Tribunal, respecto a la dinámica del Sistema Penitenciario, esta Sala, mediante sentencia 2020014110, estableció lo siguiente:

“Esta Sala ejerce su jurisdicción, sobre temas del debido proceso en relación con la imposición de medidas cautelares, o el control de las medidas que ordenan el confinamiento en aislamiento (artículo 44 de la Constitución Política), o las ubicaciones, que abiertamente, denoten su uso arbitrario con fines de castigo, sin que tengan relación alguna, con el plan de atención integral de la persona sentenciada. Sin embargo, es necesario recordar, que, esta Sala no tiene competencia, dentro del desarrollo ordinario de la dinámica penitenciaria, para determinar, si un privado de libertad, cumple o no, con los requisitos para ser ubicado en determinado Nivel de Atención Institucional, ni mucho menos, para establecer su ubicación, en determinado Centro Penal, Módulo, o, Pabellón, ya que lo anterior, es resorte exclusivo de la administración penitenciaria, de conformidad con las leyes y los reglamentos respectivos. En igual sentido, este Tribunal no es una instancia de alzada, para impugnar los acuerdos de las autoridades penitenciarias, que deciden sobre las ubicaciones de las personas privadas de libertad, dentro del Sistema Penitenciario.

Sobre el cumplimiento de los procesos indicados en el plan de atención integral, esta Sala ejerce su control sobre la administración penitenciaria, en los casos, donde sin justificación alguna, las autoridades recurridas no han facilitado el acceso a los procesos resocializadores que requiere la persona condenada para cumplir con los fines de su pena.

Además, esta Sala ejerce su jurisdicción, respecto con las condiciones mínimas de reclusión, como temas de hacinamiento o sanitarios, así como de las camas dispuestas para el descanso de las personas privadas de libertad.

Por otra parte, es competencia de esta Sala, las dilaciones arbitrarias, respecto al abordaje, emisión y resolución, de las valoraciones preliminares, valoraciones iniciales, valoraciones técnicas y la construcción de los planes de atención integral, por parte de la Administración Penitenciaria. Sobre este particular, a partir de la sentencia número 2008-02545 de las 8 horas 55 minutos del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos razonablemente pautados para resolver las solicitudes planteadas por los administrados a la luz de lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Política. No obstante, los casos de personas privadas de libertad, se plantean como un supuesto de excepción, por tratarse la parte amparada de una persona privada de libertad –que evidentemente requiere de una respuesta oportuna-; condición que la hace merecedora de una protección especial de parte del Estado, y, además, por cuanto están involucrados otros derechos fundamentales, que atañen a su libertad.

También, es competencia de esta Sala, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos razonablemente pautados para resolver las solicitudes planteadas por los administrados a la luz de lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Política, cuando se encuentren relacionados con la libertad. Así por ejemplo, esta Sala ejerce control sobre la dilación de la administración, en los casos donde la administración penitenciara tiene bajo su conocimiento, los acuerdos tomados por parte de los Consejos Interdisciplinarios y su posterior aprobación por parte del Instituto Nacional de Criminología, que se refieren a los cambios de modalidad de ejecución de la pena, es decir, los cambios al Nivel de Atención Semi-Institucional, de Atención en Comunidad, o de Arresto Domiciliario con el uso del monitoreo electrónico.

En igual sentido ocurre con las valoraciones técnicas, que acontecen dentro del trámite, convocatoria a audiencia y resolución de los incidentes a cargo del Juzgado de Ejecución de la Pena, todos estos, cuando se encuentren relacionados con la libertad, o cuando están involucrados otros derechos fundamentales, que atañen a su libertad. En ese sentido, estos casos se plantean como un supuesto de excepción a la mora judicial, por tratarse la parte amparada de una persona privada de libertad –que evidentemente requiere de una respuesta oportuna-; condición que la hace merecedora de una protección especial de parte del Estado.

Sobre estos últimos puntos es necesario recordar, que esta Sala no ejerce control sobre la veracidad, fondo o idoneidad de lo plasmado dentro de los planes de atención integral, valoraciones técnicas, cambios de ubicación, medidas cautelares, o modalidades de descuento de la pena, que se originen a partir de resoluciones del Instituto Nacional de Criminología, de los Centros Penales, de los Consejos Técnicos Interdisciplinarios, Consejo de Ubicación, Instituto Nacional de Criminología, y Juzgados de Ejecución de la Pena.

Por otra parte, la jurisprudencia de esta Sala, ha desarrollado la implementación de protocolos y de procedimientos administrativos, para garantizar el acceso a la justicia de la población privada de libertad, que acusa ser víctima de actos de tortura, tratos crueles y degradantes por parte de los agentes penitenciarios.

Finalmente, esta Sala también ejerce control sobre la dinámica penitenciaria, cuando de por medio se encuentran hechos relacionados con el derecho a la integridad o la salud de la población privada de libertad, ante actos u omisiones que ilegalmente, o arbitrariamente, atenten contra los derechos fundamentales de dicha población. En ese sentido, este Tribunal ejerce control sobre acusaciones de tortura, tratos crueles y degradantes, falta de atención médica entre otros.”
V. – Sobre el caso concreto. – En su reclamo, el amparado acusa mora judicial, respecto al Incidente de Libertad Condicional que presentó en el año 2019. Del análisis de los informes rendidos, se acredita la vulneración de los derechos fundamentales del tutelado, únicamente por el Juzgado de Ejecución de la Pena accionado. En su informe, el Juzgado de Ejecución de la Pena recurrido, trata de endosarle a la defensora pública del amparado, el atraso objetado, ya que, según el juez accionado, la defensa no contestó la prevención que le fue realizada en mayo del año en curso. Sobre el particular, la Defensa Pública responde, indicando que dicha notificación nunca fue realizada – y ofrece las pruebas que demuestran su tesis-, siendo, que, durante la última semana de setiembre, dicho juzgado les volvió a remitir la prevención que fue dictada en mayo del año en curso, sin dejar de lado, que aporta la respuesta a la prevención en disputa, una vez que esta fue notificada de forma exitosa en setiembre del año en curso.
Ahora, el contexto del presente asunto es sencillo: el Incidente de interés del amparado, no se ha resuelto, pese al paso de un año; y, coincidentemente, la reactivación del proceso, se dio después de la interposición del presente recurso. En ese sentido, esta Sala observa, varios lapsos que conforman la mora acreditada, como los primeros meses de tramitación, producto de las incompetencias territoriales que fueron dictadas por los Juzgados de Ejecución de la Pena de Limón, y de Guápiles. La solicitud de apersonamiento de defensor, que aconteció 4 meses después, y la solicitud de los informes al Consejo Técnico Interdisciplinario, y del INC, que sucedió 5 meses después de interpuesto el incidente en cuestión. Todo el anterior plazo, es responsabilidad total del Juzgado de Ejecución de la Pena accionado. Posteriormente, el INC y el CAI, rindieron sus informes técnicos entre febrero y marzo del año en curso, por lo que dicha mora, en comparación con la que es responsabilidad del Juzgado de Ejecución, no es relevante, como causante del atraso de un año que sufrió el amparado.
Resta analizar, los 5 meses de mora que se conforman entre mayo y octubre del presente año. Como se indicó anteriormente, el Juzgado de Ejecución de la Pena recurrido, trata de endosarle a la defensora pública del amparado, el atraso objetado, ya que, según el juez accionado, la defensa no contestó la prevención que le fue realizada en mayo del año en curso. Sobre el particular, la Defensa Pública responde, indicando que dicha notificación nunca fue realizada – y ofrece las pruebas que demuestran su tesis-, siendo, que, durante la última semana de setiembre, dicho juzgado les volvió a remitir la prevención que fue dictada en mayo del año en curso. Sobre el particular, esta Sala considera que lleva la razón la Defensa Pública. Para iniciar, la defensora recurrida, presenta evidencias que nos permiten concluir, que la notificación de la prevención que fue girada mediante resolución de las 12:04 horas del 4 de mayo de 2020, no fue exitosa. En ese sentido, la defensa aporta los pantallazos del sistema de notificaciones de correo electrónico, tanto de la oficina, como de la cuenta particular -Institucional- de la defensora, sin dejar de lado, que aporta la respuesta a la prevención en disputa, una vez que esta fue notificada de forma exitosa en setiembre del año en curso. Además, en la prueba para mejor resolver -que fue rendida posterior al informe de la defensa técnica-, el Juzgado accionado no ofrece evidencia alguna, para desvirtuar el dicho de la defensa. Y, finalmente, tenemos como indicio el hecho, de que el Juzgado de Ejecución de la Pena, una vez en conocimiento del presente recurso, procedió a reenviar -según su dicho- la resolución de las 12:04 horas del 4 de mayo de 2020, sin que de dicha notificación se desprenda, evidencia alguna, de que la gestión era un reenvío electrónico mediante correo institucional.
Ahora, más allá de la controversia suscitada entre la defensa y el juzgado accionado, lo cierto del caso es, que la hipotética falta de respuesta de la defensa técnica, respecto a la prevención en disputa, no es justificación para atrasar la resolución del incidente de interés del amparado, menos por el espacio de 5 meses, como sucedió en el caso concreto. Nótese, que de la propia resolución de las 12:04 horas del 4 de mayo de 2020, se extrae, que el propio Juzgado accionado previene a la defensa, que, de no dar respuesta a la prevención, se estará señalando audiencia para resolver de forma definitiva el incidente. Lo anterior implica, que fue la propia decisión del Juzgado accionado, si asumimos como cierta su hipótesis, lo que provocó 5 meses más de mora, que, unidos a los anteriores 5 meses anteriormente descritos, suman un total de 10 meses, sobre los 12 meses transcurridos. A diferencia de los informes que deben de remitir el CAI y el INC, en su condición de requisitos indispensables para resolver un Incidente de Libertad Condicional, la fortaleza del recurso de egreso del sentenciado, no es un obstáculo para el juzgado para resolver. Es responsabilidad del privado de libertad, procurarse los insumos idóneos para obtener un beneficio, como lo es la libertad condicional; y es entendible, que el juzgador accionado, previniera a la defensa, respecto a las falencias que presentaba el caso del amparado, pero lo anterior no era obstáculo, para resolver de manera definitiva el asunto.
En síntesis, pese al paso de un año, el Incidente en cuestión sigue sin resolverse, por lo que, se declara con lugar el recurso.
VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. - Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso, únicamente, en contra del Juzgado de Ejecución de la Pena del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, por la mora judicial acreditada en la resolución del Incidente de Libertad Condicional en cuestión. En consecuencia, se ordena a Juan Carlos Jiménez Marín, en condición de Juez de Ejecución de la Pena del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, o a quien en su lugar ejerza dicho cargo, realizar las acciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, para que el incidente presentado por el tutelado sea resuelto dentro del plazo de un mes, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de hábeas corpus y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese. -
Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Alicia Salas T.
Documento Firmado Digitalmente
-- Código verificador --
*XQ6JSHGCDG061*
XQ6JSHGCDG061
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