Sentencia Nº 2021-000942 de Sala Segunda de la Corte, 05-05-2021

EmisorSala Segunda de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente19-001470-1102-LA
Número de sentencia2021-000942
*190014701102LA*
Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA
Exp: 19-001470-1102-LA
Res: 2021-000942
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del cinco de mayo de dos mil veintiuno.
Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Seguridad Social del Primer Circuito Judicial de San José, por [Nombre 001], soltero, recolector de desechos metálicos y vecino de San José, contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, representada por su apoderada general judicial, la licenciada Marcela Morales Álvarez, de calidades desconocidas. figura como abogado de asistencia social del actor, el licenciado Adrián Castro Montealegre, de calidades desconocidas. Todos mayores, abogados y demás calidades desconocidas, con la excepción indicada.
Redacta el Magistrado Aguirre Gómez; y,
CONSIDERANDO:
I.- ANTECEDENTES: En su demanda, el actor requirió se condene a la accionada a otorgarle la pensión por vejez del Régimen no Contributivo de manera retroactiva, intereses, indexación y ambas costas del proceso (imágenes 11-13 del expediente virtual del Juzgado). La demandada contestó de manera negativa e interpuso la defensa de falta de derecho (imágenes 30-40 del expediente virtual del Juzgado). La a quo declaró con lugar la demanda y condenó a la Caja a reconocer al actor una pensión por vejez del Régimen no Contributivo desde el 23 de abril de 2020, fecha del dictamen médico forense. Concedió intereses, indexación y ambas costas, fijando las personales en la suma de ¢400.000,00 (imágenes 174-187 del expediente virtual del Juzgado).
II.- REPROCHES DEL RECURSO: La representación estatal presenta recurso ante esta Sala. Acusa falta de fundamentación en cuanto a la condena al pago de intereses e indexación. A su juicio, la jueza otorga esos extremos sin justificar razones y omitiendo la oposición realizada en la contestación de la demanda. Hace ver que, de haberse analizado los argumentos expuestos, la a quo no habría otorgado el pago de intereses e indexación de manera conjunta, ya que constituye un doble pago ilegal y, por consiguiente, un enriquecimiento ilícito a favor del actor. En segundo orden, aduce que el monto fijado por costas es excesivo y contrario a los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad. Considera que la a quo debió tomar en cuenta que la pensión fue denegada en sede administrativa pues en el estudio del Área de Gestión de Pensiones se determinó que el demandante no se encontraba en condición de riesgo. Agrega que otra circunstancia que debe valorarse es la alta erogación de fondos públicos en la que se ha visto obligada la CCSS para enfrentar la pandemia del COVID-19, la cual aún sigue enfrentando, por tal motivo, deben de ahorrarse a lo máximo los recursos.
III.- CUESTIONES PROCESALES: El artículo 587 del Código de Trabajo regula el recurso de casación por razones procesales en los siguientes términos: “Por razones procesales será admisible cuando se invoque:/ 1.- Cualquiera de los vicios por los cuales procede la nulidad de actuaciones, siempre y cuando estos hayan sido alegados en alguna de las fases precedentes del proceso y la reclamación se haya desestimado. / 2.- Incongruencia de la sentencia u oscuridad absoluta de esta última parte. En los supuestos de incongruencia, el recurso solo es admisible cuando se ha agotado el trámite de la adición o aclaración. / 3.- Falta de determinación, clara y precisa, de los hechos acreditados por el juzgado./4.- Haberse fundado la sentencia en medios probatorios ilegítimos o introducidos ilegalmente al proceso./ 5.- Falta de fundamento o fundamento insuficiente de la sentencia./ 6.- Haberse dictado la sentencia con inobservancia de las reglas establecidas en el párrafo tercero del artículo 537". En el recurso se alega falta de fundamentación en cuanto a la condena al pago de intereses e indexación. Analizada la sentencia recurrida, se advierte que la juzgadora sí expuso las razones jurídicas y de hecho en las cuales sustentó la condena. También hizo referencia a las normas en que se sustentaba. La procedencia o no del reconocimiento de dichos extremos será valorada en el fondo del recurso.
IV.- SOBRE LOS INTERESES Y LA INDEXACIÓN: En el presente asunto se reconoció el pago de los intereses legales e indexación sobre lo adeudado. El ordinal 565, incisos 1 y 2 del Código de Trabajo, establecen que, tratándose de condenas a pagar de una obligación dineraria, implicará para el deudor reconocer los intereses legales y la indexación de los montos correspondientes. Ahora bien, esta Sala en reiteradas ocasiones ha indicado que no es cierto que los intereses y la indexación constituyan un doble pago de una misma causa. La diferencia de la causa en el pago de ambos rubros, quedó claramente establecida desde la resolución número 260-09 de 10:25 horas de 26 de marzo de 2009, en la cual se señaló: “…Las partes de las relaciones jurídico-patrimoniales, cuando la obligación ha surgido del acuerdo o convenio, pueden recurrir a mecanismos de tutela del acreedor que no estén prohibidas por las leyes, en atención a las eventuales devaluaciones o pérdida del valor adquisitivo de la moneda nacional, como suele hacerse recurriendo a monedas más fuertes y estables que el colón, como el dólar de los Estados Unidos. Mas, en el caso de obligaciones como las concedidas en la sentencia de que se conoce (prestaciones laborales por aguinaldo y compensación de vacaciones no disfrutadas, que debe hacerse cuando termina la relación de trabajo), al no existir un mecanismo de actualización monetaria, el incumplimiento prolongado de la parte deudora, acarrea un desplazamiento económico hacia el propio deudor y un empobrecimiento para el acreedor. Como tal enriquecimiento debe considerarse ilícito, pues violenta los más elementales principios de justicia y equidad, debe tomarse en cuenta lo dispuesto en el artículo 10 del Código Civil que establece que las normas deben interpretarse según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de ellas, y reconocer la posibilidad de compensar la pérdida del valor real del dinero y con un mejor estudio de la cuestión darle al citado numeral 706 una aplicación diferente, restándole el efecto obstáculo que se le ha venido dando, entendido que la actualización monetaria no constituye propiamente una indemnización sino un mecanismo de pago de lo verdaderamente adeudado, lo justamente debido, al momento del incumplimiento, lo cual, en esa inteligencia, no resulta prohibido. Ha de tomarse en cuenta, que el contrato de trabajo obliga tanto a lo que en él se expresa, como a las consecuencias que de él se deriven de su contenido según la buena fe, la equidad, el uso, la costumbre o la ley (artículo 19 del Código de Trabajo. En igual sentido, en el numeral 1023 del Código Civil se dispone: “1) Los contratos obligan tanto a lo que se expresa en ellos, como a las consecuencias que la equidad, el uso o la ley hacen nacer de la obligación, según la naturaleza de ésta…”), lo cual exige de las partes una conducta transparente en las diferentes fases de la relación jurídica y su ajuste estricto, en el ejercicio de sus derechos a criterios justos. Así, a los daños y perjuicios que ocasiona el retraso (mora) en que incurre la parte deudora en el cumplimiento de la obligación, imposibilitando el disfrute efectivo y a tiempo por parte de su acreedor (artículo 702 ídem), debe sumarse el problema inflacionario que con el tiempo produce la depreciación de la moneda, reduciendo el contenido real de la obligación principal, lo cual hace nacer la necesidad de indexar para eliminar el enriquecimiento ilícito producido a favor del deudor…” Por su parte, es menester indicar que el artículo 706 del Código Civil establece: “Si la obligación es de pagar una suma de dinero, los daños y perjuicios consisten siempre y únicamente en el pago de intereses sobre la suma debida, contados desde el vencimiento del plazo”. De esta manera, los intereses corresponden al resarcimiento ocasionado por la falta de cumplimiento de una obligación en dinero y la consiguiente imposibilidad de disponer del capital. Por su parte, la indexación ataca el problema inflacionario que se produce con el tiempo y que causa la depreciación y pérdida de rendimiento de la moneda reduciendo el contenido de la obligación principal. En otras palabras, la indexación se prevé para compensar la pérdida del valor del dinero ocurrida por el transcurso del tiempo en relación con la inflación y, como se apuntó, los intereses compensan el costo de oportunidad, por no haberse podido disponer del dinero en forma oportuna. Cabe agregar que la indexación únicamente procederá sobre obligaciones en dinero puras o de valor debidamente liquidadas. Como puede extraerse de lo anterior, ambas figuras poseen una naturaleza disímil. De ahí, que deba confirmarse lo dispuesto por el juzgado en relación con estos aspectos.
V.- SOBRE LAS COSTAS: La parte recurrente pretende que la condena por costas personales se rebaje, pues estima que lo concedido resulta desproporcionado y excesivo; por cuanto el actor no se encontraba en condición de riesgo, además de que debe valorarse la alta erogación de fondos públicos en la que se ha visto obligada la CCSS para enfrentar la pandemia del COVID-19. Este último aspecto no está previsto como un elemento que deba ser valorado para realizar la fijación de las costas. En efecto, para la determinación de ese tipo de gastos, el legislador, en el canon 562 del Código de Trabajo reformado, estableció los siguientes parámetros: "En toda sentencia (...) se condenará al vencido (…) al pago de las costas personales y procesales causadas./Si la sentencia resuelve el asunto por el fondo... las personales no podrán ser menores del quince por ciento (15%) ni mayores del veinticinco por ciento (25%) del importe líquido de la condenatoria o de la absolución, en su caso./ En los demás supuestos, así como cuando el proceso no fuera susceptible de estimación pecuniaria, la fijación se hará prudencialmente ./ Para hacer la fijación del porcentaje o del monto prudencial se tomarán en cuenta la labor realizada, la cuantía de la cosa litigada y la posición económica del actor y demandado. / En los asuntos inestimables en que hubiera trascendencia económica se hará la fijación con base en el monto resultante hasta la firmeza de la sentencia y, si a consecuencia del proceso se siguiera generando en el futuro el resultado económico, podrá agregarse al monto fijado, según criterio prudencial, hasta un cincuenta por ciento (50%). Si el resultado económico fuera intrascendente se hará la fijación de forma prudencial con fundamento en los criterios mencionados” (la negrita no consta en el original). Es importante señalar que la fijación de las costas personales en forma prudencial fue objeto de agravio por ninguna de las partes, pese que dicha condena debió haberse realizado de acuerdo con lo establecido en el numeral 562 antes transcrito; es decir, de forma porcentual hasta la firmeza de la sentencia, cabiendo agregar al monto fijado, por las consecuencias económicas futuras, según criterio prudencial, hasta un 50%. En atención a esa norma, y del análisis de las circunstancias del caso concreto según los parámetros antes expuestos,la vigencia del derecho (abril del 2020) y la complejidad del proceso, este órgano jurisdiccional estima que la fijación de las costas personales debe hacerse en la suma de ¢200.000,00.
VI.- CONSIDERACIONES FINALES: Por las consideraciones expuestas el recurso de casación deberá ser admitido únicamente para modificar el monto ordenado por costas personales, en tanto estas fueron establecidas en la suma de ¢400.000,00. El monto que el demandado deberá pagar al actor por ese emolumento debe fijarse en ¢200.000,00. En lo demás, el recurso debe ser desestimado.
POR TANTO:
Se modifica el monto de las costas personales a la suma de doscientos mil colones. En lo demás, el recurso se declara sin lugar.
Orlando Aguirre Gómez
Julia Varela Araya Luis Porfirio Sánchez Rodríguez
Jorge Enrique Olaso Álvarez Roxana Chacón Artavia
Res: 2021-000942
AVMIRANDAS/DMENESES

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