Sentencia Nº 2021-001008 de Sala Segunda de la Corte, 07-05-2021

EmisorSala Segunda de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente17-000938-1102-LA
Número de sentencia2021-001008
*170009381102LA*
Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA
Exp: 17-000938-1102-LA
Res: 2021-001008
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas cincuenta minutos del siete de mayo de dos mil veintiuno.
Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Seguridad Social del Primer Circuito Judicial de San José, por [Nombre 001], casado, jubilado y vecino de Cartago, contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, representada por su apoderada general judicial, la licenciada Rita María Arias González, de calidades desconocidas. Todos mayores.
Redacta el Magistrado Olaso Álvarez; y,
CONSIDERANDO:
I.- ANTECEDENTES: El actor indicó en la demanda que es pensionado por el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social –en adelante CCSS- desde el 25 de febrero de 2011. Según expuso, presentó una solicitud de reajuste de pensión, la cual fue declarada con lugar; no obstante, el reconocimiento de las diferencias se limitó a un año, quedando al descubierto el periodo que va de marzo de 2011 a noviembre de 2015. Señaló que recurrió lo resuelto, mas su impugnación fue desestimada. Solicitó la nulidad de las resoluciones números 202630205-2016 y 9561, de las 9:30 horas del 31 de enero de 2017, y que se condene a la accionada al pago de las diferencias en las rentas de su pensión del 25 de febrero de 2011 al 1° de noviembre de 2015, intereses y ambas costas (imágenes 2-6 de la vista completa del expediente electrónico del Juzgado). El Juzgado mediante resolución de las 11:03 horas del 20 de julio de 2017 tuvo por contestada la demanda de forma extemporánea (imagen 118 ídem ). La apoderada general judicial de la entidad aseguradora, en escrito de fecha 26 de julio de 2017, opuso la excepción de prescripción (imágenes 119-122 ídem ). El Juzgado de Seguridad Social, mediante sentencia n.° 312, de las 13:05 horas del 15 de febrero de 2019, declaró sin lugar la demanda y resolvió sin especial condenatoria en costas (imágenes 167-172 ibídem).
II.- AGRAVIOS: El accionante se muestra inconforme con lo resuelto. Hace una recapitulación del cuadro fáctico del proceso. Alega falta de motivación suficiente y razonable de la sentencia recurrida. Arguye que la persona juzgadora no fundamentó en norma positiva alguna el plazo prescriptivo aplicado. Añade que la resolución impugnada se sustentó en el voto n.° 5969-1993 de la Sala Constitucional; lo cual no comparte, porque este último fallo no incluyó el artículo 61 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (norma especial que resulta aplicable al caso concreto) y, además, los objetos de ambos procesos son diferentes, por lo que lo resuelto en aquel no es vinculante para este asunto. Hace ver que la demandada, sin que mediara una sentencia judicial, acogió la revisión por él solicitada. Insiste en que las rentas anteriores al 1° de noviembre de 2015 fueron declaradas prescritas, sin que se indicara la disposición normativa en la cual se sustentó esa decisión. A su juicio, la resolución impugnada carece de fundamentación y trasgrede el principio de legalidad, en tanto no analizó ni aplicó el numeral 61 citado (imágenes 176-182 de la vista completa del expediente electrónico del Juzgado).
III.- CUESTIONES PREVIAS: El recurrente denomina el recurso como de apelación, cuando realmente se trata del de casación regulado en el ordinal 586 del Código de Trabajo; tal y como lo hizo ver el Tribunal de Apelación de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, mediante resolución de las 14:20 horas del 14 de noviembre de 2019 (imágenes 189-190 de la vista completa del expediente electrónico del Juzgado). Con independencia del nombre dado, en atención a los principios de sencillez e informalismo enunciados en el artículo 421 de dicho cuerpo normativo, procede conocer el recurso formulado.
IV.- AGRAVIO FORMAL: El numeral 587 del Código de Trabajo admite el recurso de casación por vicios de orden procesal, en los supuestos que ahí se regulan de manera taxativa. El inciso 5) prevé como motivo de casación por la forma, la falta de fundamento o fundamento insuficiente de la sentencia. El deber de fundamentar debidamente las resoluciones judiciales constituye una obligación consustancial a los derechos fundamentales del debido proceso y de defensa. La materialización de las razones que condujeron a la persona juzgadora a adoptar una u otra decisión es lo que permite a las partes poder ejercer control sobre lo resuelto, mediante los mecanismos procesales concebidos para ello. “La fundamentación de la sentencia es la labor intelectiva del juzgador empleada para justificar la decisión que adopta con respecto al asunto que es sometido a su conocimiento. Para ello el operador del derecho, debe hacer constar los motivos fácticos y jurídicos que le sirven para sustentar su criterio, pues de lo contrario su decisión será arbitraria. Lo anterior no es mero requisito de forma de la sentencia, sino una exigencia derivada del principio del debido proceso, ya que por medio de la motivación del fallo, tanto actor como demandado podrán hacer uso de los recursos ordinarios que les otorga la legislación, con el fin de realizar el control del poder jurisdiccional”. (Sala Segunda, sentencia n.° 181, de las 9:45 horas del 5 de febrero de 2010). De ahí que los ordinales 421 y 560 del Código de Trabajo establecen expresamente la obligación de razonar las decisiones. Este último señala que en la parte considerativa del fallo se indicarán “…los medios de prueba en que se apoya la conclusión y las razones que la amparan y los criterios de valoración empleados, para cuyo efecto deberá dejarse constancia del análisis de los distintos elementos probatorios evacuados, mediante una explicación detallada y exhaustiva de cada uno de ellos… se darán las razones de hecho, jurídicas, doctrinales y jurisprudenciales, se bastanteará la procedencia o improcedencia de las proposiciones... Es indispensable citar las normas jurídicas que sirven de base a las conclusiones sobre la procedencia o improcedencia de las pretensiones o excepciones propuestas”. Analizada la sentencia recurrida, la Sala advierte que, contrario a lo afirmado en el recurso, la persona juzgadora sí sustentó su decisión en una norma expresa y, además, expuso las razones jurídicas y de hecho que la llevaron a ese resultado. Veamos lo que a texto expreso se consignó en el segundo considerando: “…es criterio de la suscrita, que lleva razón la parte demandada en cuanto que a este asunto, le es aplicable el plazo de prescripción establecido en el artículo 607 del Código de Trabajo, con lo cual resulta improcedente lo pedido por el actor en esta vía judicial. Valga recordar, que si bien, el derecho consolidado a la pensión o jubilación resulta en principio imprescriptible en relación con su reconocimiento, no ocurre lo mismo con los créditos por concepto de revisiones, modificaciones o reajustes del monto asignado…” (Imágenes 169-170 de la vista completa del expediente electrónico del Juzgado). Luego, este reparo no es de recibo.
V.- SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS RENTAS: El recurrente sostiene que, en el caso concreto, aplica lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, pero no lleva razón. Este numeral, en lo que interesa, reza: “… El derecho de cobrar las rentas ya acordadas, prescribe en dos años, a partir de la fecha de su otorgamiento, en los casos de vejez; en un año, en los casos de invalidez y muerte, y en seis meses, tratándose de todas las pretensiones en dinero que concede el Seguro de Enfermedad y Maternidad. La prescripción a que se refiere este párrafo, afecta solamente a las cuotas ya acumuladas en los períodos citados” (el resaltado es agregado). Del texto antes trascrito se extrae que el término de prescripción establecido en la norma aplica para reclamar las rentas concedidas y aún no cobradas, y este no es el objeto del proceso que nos ocupa. El promovente interpuso la demanda con el fin de cobrar reajustes en su pensión. Luego, de conformidad con lo dispuesto en el transitorio II de la Ley n.° 9343, Reforma Procesal Laboral, que reza: “Las nuevas reglas de prescripción y cualquier otra modificación que afecte las relaciones sustantivas se aplicarán a los hechos acaecidos a partir de su vigencia. Los derechos y las acciones derivados de hechos acaecidos antes de su vigencia se regirán por las disposiciones legales vigentes en el momento en que se dieron…” (El resaltado es agregado), debe aplicarse al plazo de prescripción previsto en el artículo 607 del anterior Código de Trabajo, el cual -se ha considerado- es el aplicable en materia de seguridad social y que establecía: Prescripción. Derechos que no se originen en contratos de trabajo. Salvo disposición especial en contrario, todos los derechos y las acciones provenientes de este Código, sus Reglamentos y de las leyes conexas, que no se originen en contratos de trabajo, prescribirán en el término de un año. Para los patronos, este plazo correrá desde el acaecimiento del hecho respectivo; para los trabajadores, desde el momento en que estén en posibilidad efectiva de reclamar sus derechos o ejercitar las acciones correspondientes”. En ese sentido, en la sentencia n.° 225, de las 14:50 horas del 26 de setiembre de 1997, se explicó: “Los juzgadores de instancia acogieron parcialmente la excepción de prescripción interpuesta por el representante de la Caja Costarricense del Seguro Social, aplicando el numeral 602 del Código de Trabajo y declararon prescritos los reajustes de pensión y sus respectivos intereses legales adeudados desde el 16 de junio de 1982 hasta el 18 de mayo de 1993, sea, las diferencias correspondientes a los seis meses precedentes al inicio de sus gestiones administrativas (19 de noviembre de 1993), toda vez que estas tuvieron el efecto de interrumpir la prescripción en comentario. Sobre el particular, la Sala discrepa de esa línea de pensamiento y sostiene que para el subjúdice guarda aplicación el ordinal 607 del Código de Trabajo. Ello es así, por la naturaleza de las pensiones. El derecho a percibirlas –se indicó en el Voto de esta Sala No.116 de las 9:00 horas del 26 de abril de 1996-, cuando se han cumplido los requisitos para ello, trae aparejada como necesaria consecuencia, la finalización de la relación laboral. Por eso su disfrute no deriva de ésta, sino que surge de las respectivas leyes de seguridad social. En el caso, al amparo de la Ley Constitutiva de la Caja y el Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte, normativa conexa al Código de Trabajo. De esta forma, es la prescripción trimestral plasmada por el indicado numeral el aplicable al caso, como norma referida a todos aquellos derechos provenientes del Código de Trabajo, de sus reglamentos o de sus leyes conexas, que no se originen en los contratos de trabajo. En este sentido, el Voto de la Sala Constitucional, No.5969, de las 15:21 horas, del 16 de noviembre de 1993, declaró nulo el artículo 607 citado, únicamente en cuanto sus disposiciones se aplican a los derechos de los trabajadores, es decir, a quienes se encuentran aún ligados a una relación activa de trabajo, pero no respecto de aquellos que, como en el presente caso, derivan su derecho de normas de previsión social. Así, en el Considerando III del Voto señalado, se expresó: ‘Cabe observar que, en relación con los derechos a los cuales se refiere esa norma, -artículo 607 del Código de Trabajo- pareciera que solo pueden ser los no vinculados al contrato relación laboral; no porque sean derivados de la ley, dejan de serlo del contrato. Así, la hipótesis que esta norma contempla solamente se referirá a los derechos que no se den dentro, en virtud o en conexión con la relación laboral, -vgr. los referidos a la organización y funcionamiento de los sindicatos y cooperativas, el de reclamar contra la política de empleo público o salarios mínimos que considere incorrecta o los derechos de la seguridad social-...’. (énfasis agregado). Así las cosas, se debe modificar el fallo impugnado, a fin de declarar parcialmente con lugar la excepción de prescripción, respecto de las diferencias reclamadas, junto con los intereses respectivos, anteriores a los tres meses que preceden al reclamo administrativo de la petente” (sic. En igual sentido, véanse las sentencias números 163, de las 15:30 horas del 16 de junio de 1999; 552, de las 9:00 horas del 7 de julio de 2004; 709, de las 10:00 horas del 25 de abril de 2018; y 284, de las 12:40 horas del 7 de marzo de 2019). Con base en lo anterior, lo dispuesto por la juzgadora a este respecto resulta conforme a derecho y no trasgrede el principio de legalidad, como se plantea en el recurso.
VI.- CONSIDERACIONES FINALES: Como corolario de lo expuesto, el recurso debe ser declarado sin lugar. Se hace ver al Juzgado que el numeral 560 del Código de Trabajo establece los requisitos que debe cumplir la sentencia, sin que actualmente se contemple un apartado denominado “resultandos”.
POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso interpuesto. Tome en cuenta el Juzgado lo indicado en el último considerando de este fallo.
Orlando Aguirre Gómez
Julia Varela Araya Luis Porfirio Sánchez Rodríguez
Jorge Enrique Olaso Álvarez Roxana Chacón Artavia
Res: 2021-001008
HVARGASP/RPC

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