Sentencia Nº 2021-001197 de Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón, 23-11-2021

EmisorTribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón
Número de expediente13-001025-0059-PE
Número de sentencia2021-001197
Fecha23 Noviembre 2021
PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SAN RAMÓN
Tel: 2456-9069 tapelacion-sra@poder-judicial.go.cr Fax: 24569029
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Exp: 13-001025-0059-PE
Res: 2021-001197
TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SECCIÓN TERCERA. S.R., a las catorce horas veinte minutos ( 02:20 p.m.) del veintitrés de noviembre dos mil veintiuno.
RECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIA interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre 001], [...], por un delito de VENTA DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA. Intervienen en la decisión del recurso, los jueces Jose Alberto B.G., C.M.P.S., K.R.G.. Se apersonan en apelación de sentencia, el licenciado V.R.O.M., en su condición de defensor particular de [Nombre 001].
RESULTANDO:
I.- Que mediante sentencia número 244-2021 de las 16:45 horas del 21 de mayo de 2021 el Tribunal de Juicio de H., resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, artículos 39 y 41 de la Constitución Política, numerales 1, 21, 24, 30, 31, 45, 50 51, 71, 73, 76, 111, 140, 228, 195, 312, 313 inciso 4) del Código Penal; 1, 4, 6, 9, 141 142, 144, 184, 239, 258, 360, 361, 363, 364, 365 y 367 del Código Procesal Penal, este Tribunal POR UNANIMIDAD DE SUS VOTOS resuelve lo siguiente : Se declara a [Nombre 001] autor responsable de UN delito de VENTA DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD PUBLICA. En tal carácter se le impone la pena de OCHO AÑOS DE PRISION, que deberá descontar, en el lugar y forma que indiquen los respectivos reglamentos penitenciarios, previo abono de la preventiva sufrida . Una vez firme esta sentencia, se dispone el comiso a favor del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) de la suma de veintiún mil doscientos veinticinco colones (21,225), decomisados según el Acta de Secuestro N. 603019, visible a folio 51. Se dispone la destrucción de cualquier objeto relacionado con esta causa por carecer de interés para las resultas del proceso. Se ordena la PRISION PREVENTIVA del sentenciado a partir del día de hoy VEINTIUNO DE MAYO Y HASTA EL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Son los gastos del proceso a cargo del Estado. Una vez firme la sentencia, envíese los testimonios de estilo para ante el Archivo y Registro Judicial, así como al Juzgado de Ejecución de la Pena e Instituto Nacional de Criminología. Este fallo se dicta sin especial condenatoria en costas. Es todo. Mediante lectura NOTIFIQUESE" (sic).
II.- Que contra el anterior pronunciamiento, el licenciado Víctor Raúl Obando Mendoza, en su condición de defensor particular de [Nombre 001], interpuso recurso de apelación de sentencia.
III.- Que verificada la deliberación respectiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal de Apelación de Sentencia del III Circuito Judicial de Alajuela, S.R., procedió a conocer del recurso.
IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.
Redacta el juez de apelación de sentencia B.G.; y,
CONSIDERANDO:
I.-) Mediante escrito presentado en tiempo y forma, propiamente el 18 de junio de 2021 por parte del licenciado V.R.O.M., en su condición de defensor particular de [Nombre 001], se planteó recurso de apelación (pp. 471 a 542, esta referencia corresponde al expediente digitalizado en esta sede) en contra de la sentencia número 244-2021 (pp. 409 a 446), de las 16:45 horas del 21 de mayo de 2021, emitida por los jueces J.C.M.J., Laura Chinchilla Rojas y G.T.A. del Tribunal Penal de H.. En fecha 7 de setiembre de 2021 se llevó a cabo la vista, dentro de la cual no se evacuó prueba (cf. p. 558 a 559).
II.-) SOBRE LOS RECLAMOS EN ALZADA. Como PRIMER MOTIVO (p 474), se señala una inconformidad con la determinación de los hechos, así como una violación al debido proceso y el derecho de defensa. Trae a colación los hechos objeto de juzgamiento, luego de lo cual fustiga que la descripción fáctica no reúne los requisitos del numeral 303 del Código Procesal Penal. Agrega que luego de un primer hecho, se aprecia entre el segundo y el sétimo que no se describe ninguna compra controlada a tercero, de la misma forma que tampoco fueron acreditadas, a partir de lo anterior considera que el hecho es atípico, puesto que el escenario estaba totalmente controlada por las autoridades. También cuestiona la ausencia de la "prueba madre", con la cual se pretendía probar el hecho investigado, refiriéndose a que no se ubicaron los billetes previamente "marcados" a la hora del operativo final. Informa que su representado no podría haberse desecho del dinero por cuanto no pasó más de diez minutos entre la compra y la detención, y que nunca fue perdido de vista. Cuestiona la ausencia de una afectación al bien jurídico tutelado, además se remite a un voto de vieja data de la Sala de Casación Penal, atinente a la necesidad de contar con una compra confirmatoria supervisada por el juez penal (2007-9). Igualmente indica que la jurisprudencia ha señalado la necesidad de contar en el debate con los supuestos compradores conforme el principio de inmediación y el debido proceso, máxime que no todo intercambio de manos representa que se esté trasegando droga. Solicita se declare con lugar el reclamo y se absuelva a su representado, en su defecto, se ordene el juicio de reenvío. Como SEGUNDO MOTIVO (p. 500), acusa una violación al principio in dubio pro reo. Fundamentación intelectiva insuficiente, quebranto a las reglas de la sana crítica y violación al principio de inocencia, debido proceso, derivación y razón suficiente. Hace un recuento de la prueba testimonial y documento que tuvo al alcance el tribunal de instancia. Luego se dirige concretamente a lo expuesto por el oficial de la policía judicial, A.A.M. (cf. p. 504), quien actuó como agente encubierto según se describe en el hecho número dos. Quien además informó que actuó en varias compras de droga, pero que solo en la primera pudo observar al imputado [Nombre 001] vender a una tercera persona. Añadiendo que en la compra final, recibió la droga del imputado y luego se dio la detención, sin recordar si se encontraron los tres billetes marcados o dónde los guardó el sentenciado. Vuelve a retomar la ausencia de prueba para acreditar la venta a terceros, así como la no ubicación del dinero identificado, y que la droga que adquirió A. nunca puso en peligro el bien jurídico tutelado. Se dirige ahora a la deposición de G.M.U. (cf. p. 510), oficial de investigación, de la cual resalta que no recordaba haber perdido de vista al imputado después de la compra, y que la detención fue inmediata, en cuestión de segundos. Circunstancias que en su criterio no brindan una explicación sobre el paradero del dinero identificado y empleado en la última compra, surgiendo una duda a favor de su representado. Respecto al policía judicial D. José Quesada Vargas (cf. 512), sigue reiterando la ausencia de decomisos a terceros, y copia un extracto de su declaración sobre la no ubicación de los billetes (cf. p. 514). Por último, en cuanto al oficial de la Fuerza Pública, A.D.R. (cf. p. 514), indica que dicho deponente manifestó que hizo dos decomisos al justiciable, y que en uno de ellos tenía marihuana; sin embargo se alega que su representado para entonces era adicto a dicha sustancia. Que el testigo además no recordaba si se hicieron decomisos a terceros. Vuelve sobre el mismo cuestionamiento que, los hechos son atípicos porque no se afectó el bien jurídico tutelado. Menciona que las compras controladas no son suficientes, y cataloga la última de la misma forma. Señala que el tribunal de instancia no sustentó adecuadamente la venta de drogas a terceros, y de seguido, advierte textualmente que: "No existe un solo razonamiento en ese sentido". Luego copia un pronunciamiento de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (No. 2006-00149, cf. p. 518), referente a la insuficiencia probatoria en caso de contarse únicamente con compras controladas. Copia ahora un extracto de la sentencia (cf. p. 520), para luego volver con la queja atinente a la ausencia de prueba respecto a terceros compradores. Solicita se declare con lugar el motivo y se absuelva a su representado, en su defecto, se ordene el juicio de reenvío. Como TERCER MOTIVO (p. 522), lo intitula de la misma forma que el reclamo anterior, abonando la existencia de una fundamentación contradictoria. Trae un pasaje de la sentencia, donde se indica como "Otro dato adicional y de relevancia..." que dos oficiales declararon que luego del primer acercamiento entre el investigado y el agente encubierto, pudieron ver cuando el encausado le vendió aparente marihuana a un consumidor que se le acercó a comprar. A partir de lo anterior, el recurrente realza de aquel dato la palabra "relevancia", para fundamentar la preponderancia que se le otorgó a dicha información para el dictado de una sentencia condenatoria, sobre la aparente venta de marihuana a un consumidor, lo cual se relaciona luego -advirtiendo una contradicción- con la siguiente aseveración en el fallo: "aunque no se detuvo al comprador para verificar si efectivamente lo adquirido era marihuana". Se agrega la existencia de un acta de vigilancia donde se describe la forma en que se realizó la aparente venta de droga a terceros, de manera que, cuestiona que este extremo tal cual lo advierte el acta, es solo aparente, puesto que no existe prueba para tenerlo como un hecho concreto y preciso. Solicita se declare con lugar la queja y se absuelva a su representado, en su defecto, se ordene el juicio de reenvío. Como CUARTO MOTIVO (p....

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