Sentencia Nº 2021-001757 de Sala Segunda de la Corte, 04-08-2021

EmisorSala Segunda de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2021-001757
Número de expediente16-000372-1001-LA
*160003721001LA*

Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA

Exp: 16-000372-1001-LA
Res: 2021-001757
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las diez horas del cuatro de agosto de dos mil veintiuno.
Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo de Turrialba, por [Nombre 001], casado, abogado y vecino de Cartago, contra el ESTADO, representado por procuradora adjunta la licenciada C.V.C.H., soltera y vecina de S.J.. Ambos mayores.
Redacta el Magistrado A.G.; y,
CONSIDERANDO:
I.- ANTECEDENTES: Con la acción, el actor pretende el pago de 11976 horas extra, más las diferencias en aguinaldo, salario escolar, vacaciones, riesgo policial, alto riesgo, anualidades, carrera policial, reconocimiento de títulos académicos, así como el 1,5% del salario base desde el 1 de febrero de 2006 al 16 de setiembre de 2015, más las diferencias en aguinaldo, vacaciones y salario escolar, los intereses y las costas (folios 4 a 7). La representación del accionado contestó en términos negativos y opuso las excepciones de falta de derecho y pago (folios 21 a 36). El Juzgado declaró sin lugar la demanda, resolviendo sin especial condena en costas (archivo incorporado en fecha 22-02-2019).
II.- AGRAVIOS: Ante la S. recurre el accionante. Acusa que la sentencia es contradictoria, pues en los hechos probados indicó que se le contrató por una jornada de ocho horas; sin embargo, desde que inició funciones laboró doce horas o más. Señala que el juez justifica que por las funciones que realiza su jornada ordinaria es de doce horas; no obstante, en su criterio, eso no quiere decir que si se le contrató por ocho horas a un precio previamente establecido, no deban reconocérsele al menos las cuatro horas de tiempo laboradas de más, pues tiene derecho a las diferencias correspondientes. Señala que en el Código de Trabajo se hace referencia a que su jornada es de doce horas, pero lo que no se indica es que deban pagarse solo ocho, aunque labore las doce. Sobre la disponibilidad, añade, que ésta no tiene nada que ver con las horas extra, sumado a que la normativa y las directrices aplicadas al Ministerio de Seguridad Pública, tuvieron lugar en 2013; no obstante, a él nada no se le comunicó nada al efecto, aunado a que no podía dárseles una aplicación retroactiva. Refiere que si se aplica el horario de las doce horas por el mismo salario pactado, el precio por hora disminuye y se incumple el Código de Trabajo; depreciando la retribución que se percibe. Conforme al artículo 137 de dicho Código, argumenta, que todo el tiempo que permanecía dentro del centro de trabajo sin poder salir, debe la persona trabajadora percibir el salario. Ahora bien, expone, si se negaron las constancias y se incumplió con la prueba (libros de entradas y salidas), entonces el empleador mintió en la emisión de constancias de roles u horarios de servicio, pues con la testimonial se demostró que él trabajó en un rol que comprendía dos días laborados por dos disfrutados durante más de seis años, lo que debió ser desvirtuado por el demandado. Indica que no se hace referencia al trabajo o al servicio, sino a la imposibilidad de salir del centro de trabajo. Agrega que, según la norma, el trabajador no está obligado a permanecer más de doce horas dentro del centro de trabajo; sin embargo, a él se le obligó a permanecer por más de seis años sometido a este horario de trabajo. Alega que demostró que trabajó en un horario de cuarenta y ocho horas continuas por dos días disfrutados, durante seis años; sin embargo, no se le reconocieron los extremos y las diferencias salariales. Además, se acreditó que se le pagó el incentivo del 1.5% después del 2006, pero no se ordenó la cancelación de las diferencias correspondientes antes de esa fecha. Por lo expuesto, solicita acoger el recurso y anular la sentencia impugnada (archivo incorporado en fecha 12-03-2019).
III.- SOBRE EL AUMENTO ANUAL ESCALONADO: En relación con el aumento anual escalonado que se ha pretendido con la acción, debe tomarse en cuenta que esta S. ya se ha pronunciado sobre el tema. Así, en el voto número 630 de las 9:50 horas, del 22 de junio de 2016, en lo conducente, se expresó: “III.- SOBRE EL AUMENTO ANUAL ESCALONADO Y LA ANUALIDAD.- Considera el representante estatal que no le es aplicable al actor una normativa que reconoce un sobresueldo -aumento anual escalonado- por el cual ya le es remunerado el tiempo servido y el buen desempeño, pues este, le es pagado conforme lo establecido por la Ley de S.rios de la Administración Pública, generándose una duplicidad salarial por un mismo hecho generador. El alegato es de recibo. Del análisis de la normativa referente al pago del aumento anual escalonado y anualidades, la S. llega a la conclusión de que el legislador estableció un único pago para el reconocimiento del tiempo que permanece un trabajador al servicio de una institución y su buen desempeño en la función. En cuanto al aumento anual escalonado, los numerales 90 inciso a) de la Ley General de Policía n.° 7410 del 26 de mayo de 1994 y 69 del Reglamento de Servicio de los Cuerpos Policiales adscritos al Ministerio de Seguridad Pública, establecen: ‘Artículo 90°- Incentivos salariales. Los servidores protegidos por el presente Estatuto tendrán derecho a los siguientes incentivos salariales, que deberán especificarse en el Reglamento de esta Ley: a) Un aumento anual escalonado, cuando obtengan una calificación anual de: bueno, muy bueno o excelente…’. Por su parte, el artículo 69 del Reglamento, dice: ‘ Artículo 69.- Aumento anual escalonado del 1.5% sobre el salario base, a los funcionarios que obtengan una calificación anual del desempeño, máxima de bueno’. Por otro lado, en cuanto a la anualidad, la Ley de S.rios de la Administración Pública, establece: ‘Artículo 5: De conformidad con esta escala de sueldos, cada categoría tendrá aumentos o pasos, de acuerdo con los montos señalados en el artículo 4º anterior, hasta llegar al sueldo máximo, que será la suma del salario base más los pasos o aumentos anuales de la correspondiente categoría. Todo servidor comenzará devengando el mínimo de la categoría que le corresponde al puesto, salvo en casos de inopia a juicio del Ministro respectivo y de la Dirección General de Servicio Civil. Los aumentos anuales serán concedidos por méritos a aquellos servidores que hayan recibido calificación por lo menos de ‘bueno’, en el año anterior, otorgándoseles un paso adicional, dentro de la misma categoría, hasta llegar al sueldo máximo’ y el artículo 12: ‘Los aumentos de sueldo a que hace referencia el artículo 5 se concederán el primer día del mes cercano al aniversario del ingreso o reingreso del servidor y de acuerdo a las siguientes normas:…d) A los servidores del Sector Público, en propiedad o interinos, se les reconocerá, para efectos de los aumentos anuales a que se refiere el artículo 5 anterior, el tiempo de servicio prestado en otras entidades del Sector Público. Esta disposición no tiene carácter retroactivo….’. De ambas normativas se desprende que los parámetros establecidos para el otorgamiento del sobresueldo son los mismos. En efecto, el único elemento que se toma en cuenta es la acumulación de experiencia o la suma de antigüedad, requiriéndose, en ambos supuestos, que el servidor haya obtenido un desempeño de sus labores al menos calificado de bueno. El Tribunal le concedió al actor el derecho a devengar incrementos anuales al amparo de la Ley General de Policía, o sea aumentos anuales escalonados del 1.5% sobre la base salarial, además del que ya se le paga aplicando la Ley de S.rios de la Administración Pública, con el argumento de que son estímulos salariales distintos. Ese razonamiento no es correcto, pues si examina el contenido de las normas respectivas, debe llegarse a la conclusión de que lo que se está reconociendo como plus salarial, obedece a la misma causa, o sea el reconocimiento de la experiencia en la actividad que se labora. Si al actor ya se le venía cubriendo el plus en aplicación de la Ley de S.rios de la Administración Pública, que resulta ser una ley general, en principio, una vez que el señor L. quedó cubierto por el régimen policial, lo propio es que se aplicara este régimen, si fuera más favorable, pero no los dos regímenes salariales (el general y el particular), porque de esa manera se estaría haciendo un doble pago por la misma causa. En autos a folios 32 y 82 consta el reconocimiento en referencia, sin que exista ningún reclamo o evidencia de que el pago no cubre o es inferior al que correspondería según la ley particular. Así, a juicio de la S., ambos pluses buscan retribuir una misma condición; razón por la cual, lo correcto es que se otorgue uno u otro beneficio, pero no ambos de manera conjunta. Entonces, no cabe el otorgamiento del pretendido beneficio”. Es cierto que en la sentencia recurrida se tuvo por demostrado que “el actor recibía como parte de su salario un plus salarial por anualidad del 1.5 por ciento del salario base; pago que se le hizo efectivo a partir del siete de febrero del 2006”, a lo que debe agregarse que éste “ no registra pago por concepto de aumentos escalonados del 1.5%” (mayúsculas suprimidas archivo incorporado en fecha 11-10-2017); no obstante lo expuesto, con vista en acciones de personal constantes en el expediente del actor, traído a los autos e incorporado en el archivo de fecha 26-06-2017, se tiene que éste con anterioridad a 2006, percibía pago por concepto de anuales. Así se evidencia de la acción de personal n.º 704006685 de agosto de 2004, en la que se registra el reconocimiento de un aumento anual (el actor inició sus labores para el Ministerio de Seguridad Pública el 4 de noviembre de 2002); en la n.º 105006409 de julio de 2005 se da cuenta de la cancelación de dos anuales y en la n.º 106007726 de febrero de 2006, de tres aumentos anuales; aspecto que no fue objetado por ninguna de las partes. Dado que se acreditó que el accionante percibe aumentos anuales como componente de su salario, puede concluirse que no existe ninguna circunstancia que haga posible variar el criterio que se externó en el voto transcrito, razón por la cual procede mantener lo resuelto sobre este aspecto en la instancia precedente.
IV.- SOBRE LA JORNADA DEL TRABAJADOR: La parte recurrente ha pretendido con el proceso el pago de diferencias salariales en virtud de que el actor labora 12 horas diarias; sin embargo, únicamente se le cancelan 8. Al respecto, en los hechos segundo, tercero y cuarto de la demanda se formuló: “Que mi contrato laboral según la acción de personal del ministerio de Seguridad Pública establecía claramente que yo fui contratado para laborar ocho horas diarias y por ese tiempo servido en ese entonces se me pagaría un salario de CEINTO SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA COLONES mensuales, más los pluses que se generaban por concepto de anualidades, riesgo policial y otros que son propios de la función policial… Que a pesar de que mi contrato establecía claramente que fui contratado para servir en un horario de ocho horas diarias por un salario antes descrito, desde que ingrese el 04 de noviembre de 2002 hasta el 17 de enero de 2006, trabajé en la delegación del Guarco con un horario que consistía en dos días laborados donde yo tenía que permanecer en la delegación durante las cuarenta y ocho horas sin poder disponer de tiempo libre pues me encontraba a disposición de mi patrono… Que después el rol de trabajo varió y el Ministerio de Seguridad modificó el rol trabajando doce horas diarias distribuidas de la siguiente manera, durante dos días trabajaba doce horas diarias de día, para posterior ingresar y trabajar doce horas durante dos noches seguidas para posteriormente salir libre… ” (sic. Folios 4 y 5). Al efecto, aportó la acción de personal n.° 200208023922 de nombramiento interino, en la cual en el “número horas” se consignan expresamente “8” (folio 1. En una dirección similar se encuentran las acciones visibles a folios 2 y 3, así como otras que fueron aportadas en el expediente personal del servidor visible en archivo incorporado en fecha 26-06-2017). En contraposición, la parte demandada negó dicha tesis, bajo el siguiente argumento: “…Sobre la jornada de trabajo de los funcionarios policiales, esta tiene fundamento en los artículos 90 del Estatuto Policial, 143 del Código de Trabajo y 58 de la Constitución Política, que regulan precisamente la situación de servidor el cual está excluido de jornada ordinaria de trabajo, esto debido a la naturaleza especial de las funciones de policía. En este sentido, se ha establecido una jornada diferente de la jornada ordinaria de 8 horas diurnas y de 6 horas nocturnas. Es por ello, que amparado al numeral 143 del Código de Trabajo la jornada máxima de un funcionario policial será de 12 horas, ya sea de día o de noche. Es por ello, que el horario descrito por el actor se encuentra ajustado a derecho y no se le adeudan horas extra” (folio 22). Además, agregó: “… generalmente se consigna que el funcionario policial tiene una jornada de ocho horas en las Acciones de Personal (documentos legales en los que se hace constar cualquier movimiento que afecte al funcionario en su relación de empleo). Ahora bien, estas Acciones de Personal que ha venido utilizando el Ministerio de Seguridad Pública son las mismas que se utilizan para todos los servidores públicos del Poder Ejecutivo; de ahí que esos documentos que se han generado masivamente en ese Ministerio para los servidores policiales son las mismas que se emiten para los servidores administrativos de esa institución, quienes si laboran ocho horas diarias; con ello se ha generado una confusión en el funcionario policial creyendo que su horario es de 8 horas; sin embargo, como sabemos, la jornada ordinaria del funcionario policial es de DOCE HORAS; así que laborar más de esa cantidad es una situación EXCEPCIONAL y no una situación ORDINARIA” (folio 24). En relación con esta última circunstancia, dicha parte aportó el oficio STAP-0473-2015 del 7 de abril de 2015 en el cual, en lo conducente, se consignó: “la información que contengan las acciones de personal emitidas por el sistema de pagos, debe corresponder a las horas efectivamente laboradas por cada servidor, que en el caso de los Policías, como lo señala el Ministerio de seguridad Pública es de 12 horas. / Teniendo presente que nos encontramos frente a un régimen de excepción y que la información reflejada debe ser diferente a la del resto de funcionarios que no se encuentra bajo los supuestos de excepción indicados, estimamos que se deberían realizar los ajustes tecnológicos que procedan para no dejar lugar a dudas sobre el período que se tiene como jornada laboral ordinaria de estos servidores y a partir de cuándo les corresponde el pago de tiempo extraordinario. Lo anterior, en el entendido de que los cambios que haya que realizar en el sistema integra, además de no ser resorte de esta Secretaría Técnica, no son un asunto jurídico, sino más bien de operatividad del sistema, debiéndose ejecutar por parte de quién lo administra” (folio 46). Conforme con reiterada jurisprudencia de la S. Constitucional y de esta propia S., la jornada de las personas funcionarias policiales es de doce horas diarias, pues se encuentran enmarcadas dentro de los supuestos de los artículos 58 de la Constitución Política y del 143 del Código de Trabajo. En efecto, la Constitución Política tiene un capítulo referido a los derechos y garantías sociales de las personas trabajadoras, en el cual se reguló lo relacionado a las jornadas de trabajo. En el artículo 58 se estableció que la jornada ordinaria diurna no podría exceder de ocho horas diarias y de cuarenta y ocho semanales. Los límites de la nocturna se fijaron en seis horas diarias y treinta y seis semanales. Asimismo, se dispuso que el trabajo realizado fuera de tales límites, ha de remunerarse con un cincuenta por ciento más de los salarios estipulados, salvo los casos de excepción muy calificados que determine la ley. Las normas contenidas en el Código de Trabajo sobre el tema, armonizan con lo dispuesto por el constituyente, pues, aparte de instaurar los límites establecidos en la Carta Fundamental relativos a la jornada de trabajo, también contemplan las excepciones que ésta autoriza hacer por vía legal. En lo de interés, el numeral 143 establece: Quedarán excluidos de la limitación de la jornada de trabajo los gerentes, administradores, apoderados y todos aquellos empleados que trabajan sin fiscalización superior inmediata; los trabajadores que ocupan puestos de confianza; los agentes comisionistas y empleados similares que no cumplen su cometido en el local del establecimiento; los que desempeñen funciones discontinuas o que requieran su sola presencia; y las personas que realizan labores que por su indudable naturaleza no están sometidas a jornadas de trabajo. Sin embargo, estas personas no estarán obligadas a permanecer más de doce horas diarias en su trabajo y tendrán derecho, dentro de esa jornada, a un descanso mínimo de una hora y media” (énfasis suplido). Esa norma tiene rango legal y a su amparo todas aquellas personas que realizan labores que por su naturaleza no están sometidas a jornadas como comúnmente lo están las demás (aspecto que debe ser apreciado por quienes juzgan), tienen el deber de cumplir ordinariamente con una jornada laboral de doce horas. Ahora bien, la S. Constitucional, en reiteradas resoluciones, ha estimado que las personas que integran las distintas fuerzas policiales del país, por las características de sus funciones, no están sujetas a los límites de la jornada ordinaria regulada en el referido artículo 136, sino que se les aplica el límite de doce horas que prevé el numeral 143 citado, con base en lo señalado en la parte final de la norma citada. Así, en la sentencia n.° 3747-05 de las 14:45 horas del 13 de abril de 2005, consideró: “Esta S. se ha pronunciado en múltiples oportunidades respecto de la jornada laboral policial y ha considerado que la misma no lesiona derecho fundamental alguno por cuanto estos trabajadores se encuentran dentro de un régimen de excepción que les excluye de lo preceptuado por el artículo 58 de la Constitución Política…los servidores policiales califican dentro del régimen de excepción que contempla el artículo 58 transcrito ,dadas las funciones que deben cumplir, por lo que no resulta aplicable a ellos la limitación de cuarenta y ocho horas semanales de trabajo específico…” (énfasis suplido). También en la sentencia n.° 6140-07 de las 17:44 horas del 8 de mayo de 2007 expresó: “Por su parte, de las disposiciones legales aplicables -artículos 8 de la Ley Orgánica del Ministerio accionado y 143 del Código de Trabajo- se concluye, que los servidores policiales califican dentro del régimen de excepción que contempla el artículo 58 transcrito, dadas las funciones que deben cumplir, por lo que no resulta aplicable a ellos, la limitación de cuarenta y ocho horas semanales de trabajo específico -máxime que su función no se limita al tiempo de su servicio-. Igual régimen de excepción resulta aplicable en lo que al día de descanso y a las vacaciones se refiere, pues el propio artículo 59 de la Carta Magna dispone la posibilidad de que el legislador en casos muy calificados, como lo es el de los servidores de la fuerza pública, establezca ‘excepciones’ a lo allí estipulado. Por lo expuesto y al no haberse producido la violación acusada tanto al artículo 58 como 59 Constitucionales, y en consecuencia tampoco al 33 -ya que esos servidores conforman, por las circunstancias apuntadas, una categoría distinta de trabajadores-, el recurso resulta inadmisible y así debe declararse. No resulta demás señalar a el petente, que como es abundante la jurisprudencia de la S. en cuanto a este tema, y que en todo caso, los reparos que tenga sobre este tema deben ser planteados ante la jurisdicción laboral correspondiente”. Esta otra S., en armonía con el criterio expuesto en la jurisdicción constitucional, en relación con un oficial de la Guardia Civil, sostuvo: “En concordancia con lo que viene expuesto y teniendo presente que existe, al efecto, reserva legal expresa, la norma aplicable a la especie, en cuanto al límite de la jornada laboral de los guardias civiles, es el párrafo final del artículo 143 del Código de Trabajo; cuya primera parte sirve de base, incluso, a la jurisprudencia constitucional citada en el Considerando segundo. Según se dispone en dicho texto legislativo '...estas personas no estarán obligadas a permanecer más de doce horas diarias en su trabajo y tendrán derecho, dentro de esa jornada, a un descanso de una hora y media'. Sin duda alguna, la función estatal de policía es de vital importancia para la sociedad y entonces conviene, por razones de orden público, que esté librada de algunas limitaciones ordinarias, en la fijación de las reglas de ejecución del trabajo. La forma en que se llevan a cabo las labores de los efectivos de la fuerza pública y, como parte de ella, los horarios y los roles de servicio, se deben establecer atendiendo a los criterios técnicos y de conveniencia que esa función policial requiere” (énfasis suplido). Aunado a lo anterior la Ley General de Policía n.° 7410 del 26 de mayo de 1994 dispone como un deber de los miembros de la Fuerza Pública: “Ajustarse a los horarios definidos por reglamento, sin perjuicio de las obligaciones derivadas de la disponibilidad para el servicio de las movilizaciones”. Nótese que la exclusión del actor de la jornada ordinaria de 8 horas tiene como sustento las especiales funciones que debe cumplir como policía, según se ha explicado. El demandante, como policía raso, se rige por la misma jornada laboral a que está sujeto el resto de las fuerzas policiales, en los mismos términos en que se dispuso en los antecedentes citados, sin que la existencia de acciones de personal donde se consigna que la jornada es de ocho horas, implique que deba resolverse en contra de la reiterada jurisprudencia mencionada. Debe tomarse en cuenta que de conformidad con el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la jurisprudencia de la S. Constitucional es vinculante erga omnes, de manera que, por ser una interpretación derivada de las normas constitucionales, dentro de la jerarquía del ordenamiento jurídico costarricense su valor jurídico es superior al de las acciones de personal con las que se cuenta en este caso (sentencia n.° 299-96 de las 9:05 horas del 11 de octubre de 1996. En sentido similar pueden consultarse las sentencias 219 de las 10:25 horas del 17 de febrero de 2017; 908 de las 10:00 horas del 5 de julio de 2017; 995 de las 11:15 horas del 19 de julio de 2017; 55 de las 11:00 horas del 18 de enero de 2017, entre otras). Por otra parte, una acción de personal en los términos expuestos tampoco puede ir en contra de la realidad imperante a lo largo de la relación entre las partes, además, según se indicó, en la confección de estos documentos medió una imprecisión técnica de tipo tecnológico, inadvertencia que no puede generar un derecho, mucho menos, cuando ello estaría en contraposición no solo con el ordenamiento jurídico sino también con la forma en que se desarrolló el vínculo. En la forma expuesta, ninguna diferencia salarial debe reconocerse, pues el salario de contratación y los montos ordinarios que se le cancelaron estaban orientados a cubrir su jornada que, por la naturaleza especial de las funciones que cumplen los policías, es de doce horas y no de 8 como se consignó, las cuales, como se dijo, nunca han formado parte de la realidad laboral del demandante para con el Ministerio de Seguridad Pública. De esta forma, ninguna objeción debe hacerse a la exposición que se hace en sentencia sobre que “… Cuando el actor fue contratado por el Ministerio de Seguridad Pública se le contrató para laborar ocho horas diarias…”, pues el juzgador en primer término hizo la precisión de que no se trataba de un contrato sino de acciones de personal (que como se explicó antes, contenían un error) y luego, después del análisis que efectuó, llegó a la conclusión de que esa situación no estaba ajustada a derecho y no era acorde con la práctica laboral del actor, quien, como afirmó en su demanda, nunca trabajó en una jornada semejante (ocho horas) por lo que ninguna contradicción se desprende del fallo que se conoce. Del mismo modo, bajo las circunstancias expuestas, el actor no pudo derivar derecho alguno durante el periodo en que su rol fue de doce horas diarias, distribuidas en los términos que expuso en su demanda, a saber: “durante dos días trabajaba doce horas diarias de día, para posterior ingresar y trabajar doce horas durante dos noches seguidas para posterior salir libre” (sic). Sobre el particular, es importante tomar en cuenta que los testigos aportados por la parte demandante tienen clara esta situación. Así, el deponente [Nombre 002] manifestó que las doce horas trabajadas eran pagadas. A su vez, el testigo [Nombre 003] (hermano del accionante) expuso que la jornada máxima es de 12 horas. Finalmente, corresponde ahora analizar su reclamo en cuanto al rol 48 x 48 que durante su ingreso, el 4 de noviembre de 2002, y hasta el 17 de enero de 2006 laboró en la delegación del Guarco, consistente, según el demandante, en “ dos días laborados donde yo tenía que permanecer en la delegación las cuarenta y ocho horas sin poder disponer de tiempo libre pues me encontraba a disposición de mi patrono para lo que necesitara y en caso de retirarme incurría en abandono de trabajo lo que claramente implica que esas cuarenta y ocho horas eran tiempo servido, el primer día de ingreso ingresaba a las ocho de la mañana y permanecía en servicio activo hasta la una de la mañana del siguiente día, después como lo indiqué permanecía en la delegación disponible para de nuevo tener que salir a brindar seguridad ciudadana de forma activa desde las seis de la mañana hasta la una de la mañana del día siguiente y reitero no me podía retirar de mi trabajo hasta cumplir cuarenta y ocho horas de trabajo, luego de esos dos días salía dos días libres…” (sic). Esta S. ha tenido la oportunidad de valorar el tema de la procedencia del pago de horas extra en casos similares y ha concluido sobre la improcedencia del pago, por cuanto en realidad, las personas no laboran veinticuatro horas seguidas y, mucho menos, cuarenta y ocho durante el tiempo en el que están “en servicio”; es decir, no todas las horas alegadas (cuarenta y ocho) que deben permanecer en las instalaciones, corresponden a tiempo efectivo de trabajo, ya sea porque la persona puede retirarse a dormir o realizar otras actividades personales, solo que dentro de las instalaciones patronales. La permanencia en las instalaciones de la entidad patronal se justifica por la índole de las funciones o servicios que presta la institución a la que sirven. Es importante hacer referencia a que el artículo 137 del Código de Trabajo, al mencionar que tiempo de trabajo efectivo es aquel en que el trabajador permanezca a las órdenes del patrono o no pueda salir del lugar donde presta sus servicios, se refiere concretamente a las horas de descanso y comidas durante la jornada diaria de trabajo, las cuales pueden ser definidas por las propias partes, según lo estipula el numeral 136 ídem. En modo alguno, puede considerarse que esa norma hace referencia a los descansos entre un día y otro de trabajo, porque se exacerba la finalidad de los límites a la jornada de trabajo, cual es, restringir el empleo diario de las fuerzas de la persona trabajadora a esos límites y garantizarle el descanso diario. El lugar donde ellos (policías) se concentran no constituye propiamente el centro de trabajo, sino una base para organizar desde allí las operaciones, cuando éstas sean necesarias, las cuales se despliegan a otros lugares, como se ha explicado, porque es indispensable para la efectividad de la actividad y de ello, no se tiene duda, son conscientes las personas que ingresan a estas nobles actividades. En realidad, el artículo 137, atendiendo a los orígenes del Derecho del Trabajo, está pensado para los centros de trabajo (fábricas o establecimientos), en los cuales se realiza la actividad laboral de interés particular del empleador, y se aplica cuando este último –a cuyas órdenes se encuentran las personas trabajadoras- así lo haya dispuesto; pero en el caso de aquellos otros servidores como los miembros de las fuerzas de policía, la permanencia en el lugar de concentración obedece a una necesidad intrínseca de la naturaleza del servicio que ellos prestan. En la sentencia de esta S., número 1236 de las 10:20 horas, del 4 de noviembre de 2015 se indicó: “Se ha determinado mediante jurisprudencia, que la jornada extraordinaria debe ser demostrada por la persona trabajadora cuando la misma se invoca como excepcional dentro de la relación de trabajo, mas no cuando ha sido impuesta como la normal por la parte patronal, pues en esos casos, pasa a ser una condición ordinaria de trabajo y es la parte empleadora a quien le incumbe la carga probatoria respecto de las regulaciones básicas o normales de la contratación. Esto por ser la que, durante la vigencia de la relación, tiene mayores posibilidades de recabar prueba que demuestre las verdaderas condiciones de ejecución del contrato. En el caso concreto, si bien del material probatorio se infiere que el accionante laboraba en ocasiones horas extra, no quedaron especificados los días y la cantidad de horas extra laboradas, por cuanto los testimonios recibidos no detallaron en este aspecto. Lo que sí quedó claro, fue que no se trabajaba las 24 horas del día, como lo alegó el actor en su demanda, sino que la jornada extraordinaria se daba dependiendo de las circunstancias y vicisitudes del momento. Esto es precisamente lo que se extrae incluso de los testimonios aportados por el propio accionante. […] De esta manera, del análisis de tales deposiciones se concluye que el actor no trabajaba 24 horas durante los 7 días de la semana que estaba en servicio, sino que, si laboraba más allá de la jornada de 12 horas, era por circunstancias especiales. Así, al quedar desvirtuado que las horas extraordinarias se trabajaban de manera continua, tenían que haber sido probadas de manera específica, es decir, los elementos de prueba debían de haber sido útiles para determinar cuánto y cuántas horas extra se laboraron, de forma que pudieran ser canceladas de acuerdo con lo que indica la ley. Esto demuestra que el accionante incumplió con su obligación procesal de precisar, mediante la prueba aportada, la cantidad de horas extra laboradas y el momento en el cual se ejecutaron. Al no haberse hecho esto, no es posible proceder como se hizo en las instancias precedentes, donde se acogió el reclamo de pago por horas extra sin precisar la cantidad ni la fecha en que las laboró, remitiendo el asunto a la vía de ejecución. Postergar la determinación de las horas extra a cancelar para la etapa de ejecución, no es procesalmente procedente, pues eso corresponde a la etapa de conocimiento y no de ejecución. En efecto, es durante esta etapa inicial que la parte actora debe demostrar que le asiste el derecho que reclama, ya que la otra está diseñada únicamente para hacer efectivos los derechos concedidos, cuando por no mediar los elementos necesarios haya sido imposible cuantificarlos en el proceso de conocimiento. El proceso de ejecución de sentencia es el procedimiento dirigido a asegurar la eficacia real y práctica de las sentencias de condena. Constituye la última etapa del iter procesal y sucede al proceso de conocimiento, con la finalidad de no hacer ilusorios los fines de la función jurisdiccional (ver en este sentido el voto de esta S. n.º 623-12 de las 11:05 horas del 20 de julio de 2012). De esta manera, lleva razón la parte recurrente y como consecuencia de ello, debe revocarse el fallo con respecto a este punto, en el cual, es menester acoger la excepción de falta de derecho”. En el subexámine debe adoptarse una solución similar, no existe prueba mediante la cual se puedan determinar las fechas y la cantidad de horas concretas cuando el actor realizó labores efectivas, luego de superadas las primeras doce horas de su jornada. Los testimonios de los señores [Nombre 002] y [Nombre 003] -ofrecidos por el accionante- no son suficientes para acreditar las horas reclamadas. Nótese que ambos precisaron que durante el desempeño de ese rol había un tiempo en que permanecían disponibles y podían acostarse, a cuyo efecto, el deponente [Nombre 003] manifestó que había habitaciones que las acondicionaban, porque tenían que quedarse durmiendo. Además, ninguno de los dos fueron coincidentes en los lapsos en que permanecían activos o en disponibilidad, incluso el testigo [Nombre 003] señaló que ese rol 2 X 2 (48 X 48) era variado de 6 a 6, de 12 a 12, de 6 a.m. a 12 m.n., que era lo normal en algunas distritales, pero si sucedía algo en la madrugada los levantaban y tenían que salir. A partir de las razones expuestas, lo que viene decidido debe mantenerse.
V.- CONSIDERACIONES FINALES: C. de lo expuesto, procede declarar sin lugar el recurso.
POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso.


Orlando A.G.



Julia Varela Araya Luis Porfirio Sánchez Rodríguez








Jorge Enrique Olaso Álvarez Roxana Chacón Artavia









Res: 2021001757

IARAYAV/mrg

2

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