Sentencia Nº 2021-002782 de Sala Segunda de la Corte, 16-12-2021

EmisorSala Segunda de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha16 Diciembre 2021
Número de sentencia2021-002782
Número de expediente19-000229-0929-LA
*190002290929LA*
Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA
Exp: 19-000229-0929-LA
Res: 2021-002782
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las diez horas cincuenta minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno.
Proceso de fuero especial de protección de fueros y tutela del debido proceso establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, por [Nombre 001], casado, trabajador agrícola, vecino de Limón; contra CHIQUITA BRANDS COSTA RICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, representada por su apoderado general judicial, el licenciado E.B.R., de estado civil y domicilio ignorados. Figura como apoderado especial judicial de la parte actora el licenciado Warren Alberto Flores Castillo, divorciado, vecino de S.J.. Todos mayores y abogados, con las excepciones indicadas.
Redacta la Magistrada C.A.; y,
CONSIDERANDO:
I.- ANTECEDENTES: El actor interpuso el presente proceso especial por considerar que su despido fue discriminatorio en razón de su afiliación sindical. Según indicó, ingresó a laborar como peón agrícola para la sociedad demandada el 3 de enero de 2015. Su último contrato fue del 28 de junio al 28 de diciembre de 2018, fecha en que fue despedido sin responsabilidad patronal por finalización del contrato. Señaló que se afilió al sindicato SITAGAH el 2 de agosto de ese mismo año. Solicitó que se declare nulo e ineficaz el despido y se condene a la accionada a reinstalarlo en su puesto de trabajo con el pleno goce de los derechos laborales; así como al pago de los salarios dejados de percibir desde el cese hasta su efectiva reincorporación. Además, requirió el reconocimiento de los intereses y las costas. La parte accionada contestó en términos negativos y opuso las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación y falta de competencia en razón del territorio. Esa última defensa se resolvió interlocutoriamente. Explicó que la relación con el actor no fue continua, sino que hubo lapsos de separación. Aclaró que el accionante laboró del 28 de junio al 28 de diciembre de 2018 y el cese obedeció a la finalización del contrato, el cual, se pactó por tiempo determinado. Negó que el despido fuera discriminatorio. El Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, mediante sentencia número 2020-00120, de las quince horas y veinte minutos del treinta y uno de enero de dos mil veinte, acogió la demanda. Declaró nulo e ineficaz el despido y ordenó la reinstalación definitiva del trabajador en el puesto desempeñado al momento del despido, bajo las mismas condiciones y garantías dadas en aquel momento. Advirtió a la empresa sobre la omisión de realizar actos discriminatorios en su contra. Ordenó el pago de los salarios dejados de percibir desde el despido hasta la efectiva reinstalación (previo descuento de lo pagado por prestaciones laborales); así como el reconocimiento de los intereses legales. Se condenó a la accionada al pago de ambas costas y se fijaron las personales en un veinticinco por ciento del total de la condenatoria.
II.- AGRAVIOS: Ante la S., el apoderado general judicial de la empresa demandada muestra disconformidad con lo resuelto y formula los siguientes reproches. Primero: cuestiones procesales. Objeta que la sentencia recurrida le fue notificada fuera del plazo de cinco días que regula el numeral 537 del Código de Trabajo. Segundo: acusa violación sustancial al ordenamiento jurídico, al principio de buena fe laboral y a las reglas que rigen la valoración de la prueba (sana crítica y equidad). Reprocha que se haya resuelto que el cese del trabajador obedeció a un despido discriminatorio por afiliación sindical. Alega que, si bien en los casos de discriminación, la carga de la prueba recae sobre la parte patronal y con ello el deber de demostrar que el despido no obedeció a un acto de persecución o discriminatorio, también el accionante debe probar en que consistió la discriminación. Aduce que, en este proceso no se aportó prueba alguna en ese sentido, inclusive, no existe algún indicio que genere duda sobre la razón del cese indicada en la carta de despido. Alega que, por el contrario, la parte patronal si demostró que el contrato se dio bajo la modalidad de tiempo determinado. Afirma que de la prueba testimonial, se desprende que en la finca donde laboraba el actor existieron picos de producción, que obligó a contratar personal para cubrir el pico de parición. Refiere con relación al contrato, que existió una separación temporal que cortó la continuidad laboral. Sobre el principio de buena fe contractual que recoge el artículo 19 del Código de Trabajo, trae a colación la sentencia de esta S. n.° 113-98. Reitera que en este asunto, el señor [Nombre 001] debió presentar algún indicio de que el despido se debiera exclusivamente a persecución por afiliación sindical. Al respecto, cita la sentencia de n.° 1229-2009, de esta misma Cámara. Estima que no se realizó una valoración equitativa de la prueba, con lo cual se habría determinado que el demandante no demostró la presunta discriminación por encontrarse afiliado al sindicato; así como tampoco la supuesta persecución sindical ni las prácticas laborales desleales por parte de la empresa demandada o de alguno de sus colaboradores. Comenta que el hecho de que se considere al trabajador como la parte más débil de la relación, dada su dificultad para pre constituir prueba, no autoriza a asumir que el patrono actúa de mala fe a priori, sin contarse con indicios de ello, y provoca un abuso de las facultades que tienen los juzgadores al resolver estos temas. Menciona que su patrocinada logró demostrar de forma fehaciente el hecho generador del despido del accionante, de modo que aportó prueba documental y testimonial fehaciente. Segundo: Alega una supuesta incongruencia de la sentencia. Afirma de la declaración de los testigos se corrobora la forma en que se desarrolló la relación laboral, pero que a pesar de que el actor tenía calificaciones malas, no se cumple con un criterio válido para despedir al trabajador a diferencia de otros trabajadores sindicalizados o no. Tercero: asegura que no existe violación a la libertad de asociación. Según expone, el accionante pertenecía a un sindicato que tiene operaciones en la zona de Sarapiquí y al cual la compañía demandada no le ha limitado ningún ámbito de acción, lo cual quedó comprobado en este proceso. Dice que el actor -de manera voluntaria- se afilió a este y pudo defender sus derechos de manera colectiva. Resalta que su representada en ningún momento le negó o irrespetó la libertad de asociación al accionante. Destaca que al momento en que el demandante presentó su boleta de afiliación, la compañía demandada inició los rebajos de la cuota sindical, con lo cual demostró que respetaba su derecho constitucional. Acota que el actor nunca manifestó que su representada le haya impedido afiliarse, reunirse o asociarse pacíficamente en contravención a lo dispuesto en los instrumentos internacionales que la respaldan, fundamento que utiliza el juez para condenar a la accionada. Apunta que el demandante tampoco manifestó alguna coacción a esa libertad, además de que no existen manifestaciones ni pruebas en el sentido de que el trabajador se encontrara en negociación colectiva o pretendiera el ejercicio de su derecho a huelga. Cuarto: niega que existieran prácticas laborales desleales en el despido del actor, fundamento que utilizó el juez para condenar a su patrocinada. Aclara que el demandante no era un representante gremial o libremente electo, ni había postulado su nombre para ocupar uno de estos cargos. Reitera que no existe ningún indicio de que la compañía haya violentado el principio de buena fe que impera en toda relación laboral. Agrega que siempre se le respetaron sus libertades de afiliación y reunión sindical. Lo único que se hizo fue respetar las condiciones contractuales, lo cual descarta la discriminación o persecución en su contra. Concluye que lo manifestado en el escrito de demanda y lo declarado por el testigo de la parte actora obedecen a simples generalidades y no a algún hecho fáctico individualizado al caso. Por las razones expuestas, solicita que se revoque la sentencia y se declare sin lugar la demanda en todos sus extremos, de modo que se condene al accionante al pago de ambas costas de esta acción.
III.- SOBRE LOS VICIOS PROCESALES: El recurrente objeta que la sentencia se notificó a las partes, fuera del plazo que regula el numeral 537 del Código de Trabajo. Al finalizar la audiencia complementaria llevada a cabo el 24 de enero de 2020, el Juzgador indicó a las partes que la sentencia les sería notificada a más tardar a las 16:00 horas del 31 de enero siguiente. En el expediente electrónico que consta en el Sistema de Gestión Judicial, se aprecia que la sentencia se incorporó al ser las 15:18 horas del 31 de enero de 2020. No obstante, el actor fue notificado al ser las 20:23 horas del 31 de enero y el demandado al ser las 00: 40 horas del 1° de febrero. A pesar del incumplimiento por parte del a-quo del compromiso para notificar a las partes el fallo en una hora y fecha determinada, esta S. no aprecia vicio alguno capaz de general la nulidad de la sentencia. El artículo 518 inciso 4) del Código de Trabajo, dispone un plazo de cinco días para el dictado del texto integral de la sentencia y otorga la posibilidad de postergar, por ese mismo plazo, el dictado completo de ésta en los procesos complejos o con abundante prueba. En este caso, la sentencia se dictó dentro del plazo de 5 días hábiles que establece la norma y ningún perjuicio conlleva para las partes que esta se haya dictado con unas horas de retraso al actor, o un día, en el caso de la parte demandada. Recuérdese que, según el artículo 426 ibídem, se consideran contrarias al sistema de administración de justicia laboral el decreto excesivo de nulidades. Por ello, en vista de que no se encuentra que con este actuar el Juzgado haya violentado el debido proceso, ni el derecho de defensa de las partes, este agravio no resulta admisible. Por otra parte, aunque en el recurso se alude a una presunta incongruencia del fallo (supuesto que implicaría un motivo de admisión del recurso por la forma), lo cierto es que no se exponen las razones claras y precisas de dicha protesta, además de que, por el contexto donde se incluye, más bien parece relacionarse con los temas de fondo que se analizarán en el siguiente apartado.
IV.- SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO: El artículo 404 del Código de Trabajo establece una serie de prohibiciones de discriminación en materia laboral, dentro de ellas la afiliación sindical. Por otro lado, el artículo 478 inciso 10 de ese mismo cuerpo normativo, indica que en caso de que no exista acuerdo entre la parte patronal y la persona trabajadora, es obligación del primero demostrar la justificación de la objetividad, racionalidad y proporcionalidad de las medidas o conductas señaladas como discriminatorias. El actor presentó la demanda alegando que fue despedido por su afiliación al sindicato SITAGAH. La accionada refutó ese hecho y alegó la existencia de una causa objetiva para el cese del demandante, quien había sido contratado temporalmente para atender labores de embolse de los racimos de banano, debido a una parición en exceso del fruto, lo cual la obligó a contratar temporalmente trabajadores para esas labores, ya que los colaboradores fijos no lograban atender las parcelas asignadas. El Juzgado, consideró que la causa objetiva alegada no se demostró, ya que el actor no fue un trabajador ocasional, pues laboraba para la demandada desde el año 2017, en tareas continuas y permanente del cultivo del banano, como lo es el embolse, no en ocasionales, que requieran mano de obra temporal y excepcional. En primer lugar, estimó que en el contrato (imágenes 76 y 77 de expediente electrónico), no se indicó que las labores de embolse para las cuales se le requería, fueran excepcionales o temporales. El recurrente no niega que el actor haya laborado para su representada en reiteradas ocasiones, pero afirma que lo hizo siempre ocasionalmente, y que entre uno y otro contrato, se dio en lapso suficientemente extenso para tener por interrumpida la continuidad. Tal afirmación carece de todo sustento probatorio, pues la accionada, quien conforme al artículo 478 del Código de Trabajo, ante un desacuerdo con el trabajador, era la llamada a demostrar los hechos sobre los cuales tiene la obligación de documentar, tal es el caso de los contratos de trabajo; sin embargo, tal obligación no fue cumplida por esa parte, pues no aportó uno solo de esos documentos. La parte actora por el contrario, trajo al proceso el Reporte de Estudio para Pensión de la Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (imágenes 24 a 31 del expediente electrónico), en el que se aprecian sus cotizaciones al Seguro de IVM. En dicho documento se informa que desde enero de 2017 a noviembre de 2018, el actor cotizó de manera casi continua, mes a mes, con la única excepción de marzo de 2017; a dicho régimen, mientras laboró para la accionada. Con respecto al objeto de este proceso sumarísimo, contrario a lo que señala el recurrente, de la prueba que consta en autos, se tienen por acreditados indicios claros y precisos que la causa del despido del actor fue su afiliación al sindicato, tales como la fecha de adhesión al SITAGAH, la naturaleza de su funciones, las manifestaciones del Administrador de la finca a sus capataces, quien dijo que por haberse afiliado se lo iban a quitar de encima, y por último la sustitución del actor, luego de despedido, por otro trabajador, quien se mantenía trabajando en la parcela que atendía el demandante. Como primer aspecto, no se discute que, el actor se afilió al Sindicato Industrial de Trabajadores Agrícolas Ganaderos, anexos de Heredia (SITAGAH), en fecha 2 de agosto del 2018, y luego, según el documento que consta en la imagen 55 del expediente electrónico, ese sindicato comunicó a la empresa demandada en fecha 3 de agosto del 2018 sobre dicha afiliación y que posteriormente, el día 28 de diciembre del 2018, la empresa demandada da por finalizada la relación laboral para con el actor. De lo anterior, se infiere que el actor siempre fue recontratado, bajo la premisa de que era un buen trabajador, cada vez que su contrato finalizaba. Sin embargo, no fue reclutado luego del último acuerdo, a pesar de que los testigos relataron que los picos de producción generalmente inician en el primero semestre de cada año. La única circunstancia fáctica diferente con relación a contrataciones anteriores que pudo incidir en este caso, fue la afiliación del actor al sindicato. Nótese que la parte demandada no ha alegado ninguna condición desfavorable en cuanto al rendimiento y pericia del actor para realizar su trabajo, el único motivo señalado como razón del cese, fue la finalización del contrato. Con respecto a la naturaleza de sus funciones, la parte patronal no cumplió con la carga probatoria que le correspondía, pues no demostró el carácter temporal de las labores para las que fue contratado el accionante. Por el contrario, los testigos incurrieron en contradicciones sobre los picos de producción y no fueron capaces de precisar, cuando se daban los picos de producción que justifican el carácter temporal de la contratación. El señor [Nombre 007], quien dijo ser el jefe inmediato de don [Nombre 001], indicó que en la finca se tiene un personal estable o con record, pero en ciertas épocas se necesita más gente, por eso se contrató al actor, por un pico en la parición de las plantas, que es cuando hay más fruta para embolsar. Señaló que estos incrementos se dan en los primeros 3 meses del año, luego de junio a julio inicia otro pico, seguido de un período de poca parición en los meses de octubre noviembre y diciembre. Sin embargo, también afirmó que para la fecha que se le contrató hubo otro pico, ya que esto cambia de acuerdo a la antigüedad de la plantación, manifestación que no es consecuente con lo que luego dijo: “los picos de parición van así, 3 meses si 2 meses no.” El otro testigo de descargo, el señor [Nombre 014] , relató que los picos de parición dependen de las renovaciones, en el segundo y último trimestres de del año. Dijo que, esto depende de las áreas renovadas, de la edad de siembra y que cada parición toma 22 semanas aproximadamente. Así mismo, aseguró que en la última contratación, el actor fue reclutado por 6 meses y no 3, ya que por las renovaciones que se hicieron, se iba a requerir personal para las pariciones programadas. Analizadas esas declaraciones, estima esta S. que los testigos ofrecidos por la demandada, provocan dudas sobre el conocimiento que tenían de las condiciones de labor del actor, y sus manifestaciones fueron complacientes con la versión de la empleadora. Se desprende que la finca se renueva por zonas, lo que implica que la parición de las plantas se da en diferentes épocas del año, de manera continua, y no solo en los específicos períodos que señala la empresa demandada. El actor por su parte ofreció testigos cuyas declaraciones fueron coincidentes con la versión dada en la demanda. Ambos empleados de la demandada y ejercen cargos de dirigentes sindicales. El señor [Nombre 015] manifestó que luego de la afiliación de don [Nombre 001] al sindicato, “la cosa cambió”. Declaró que en una ocasión escucho cuando [Nombre 014], administrador de la finca, le dijo a los capataces: “se nos afilió el hijueputa de [Nombre 001], apenas cumpla período hay que echarlo.” Señaló que para el período en que el actor fue despedido, toda la finca fue renovada, por eso siempre había producción. Añadió que cuando [Nombre 001] fue cesado, fue sustituido por otra persona, que laboró durante 1 año los mismos “cables” que estaba el actor, pero solo, sin nadie más. El señor [Nombre 005], declaró que el también escucho esa misma conversación en la que el administrador de la finca dijo sobre don [Nombre 001], que por haberse afiliado al sindicado, tenían que echarlo una vez que finalizará su período. Afirmó que con frecuencia lo llevan a la “oficina”, donde le decían que por estar afiliado no iba a hacer record. Coincidió en el hecho de que en la finca siempre hay producción y que los picos altos de producción pueden tomar 2, 3 o hasta 6 meses y que cuando don [Nombre 001] fue despedido, otra persona fue contratada para sustituirlo. Con respecto a este último aspecto citado, los testigos de la parte demandada incurrieron en una serie de imprecisiones sobre las razones por las que otra persona fue contratada para realizar las labores del actor. El Señor [Nombre 007] indicó que cuando don [Nombre 001] sale, [Nombre 008] , quien estaba deshojando, fue asignado a embolse, porque el embolsador habitual estaba incapacitado; pero que solo había una persona en esa labor. El deponente [Nombre 014], señaló que las labores que dejo don [Nombre 001], fueron asumidas por el personal que tiene contrato por tiempo definido en la finca y que cubren las pariciones normales de producción. Con respecto a la prueba testimonial, el recurrente únicamente alegó que la declaración de los testigos de la parte actora genera más inquietudes que conclusiones, pero no aporta razones claras y precisas sobre su discrepancia con el análisis que se realizó con respecto a tales deposiciones, lo que impide a esta S. conocer este reproche planteado. Una vez analizadas todas las pruebas aportadas por ambas partes, estima esta S. que la demandada no demostró la causa objetiva del despido del actor que alegó en el proceso, ya que el trabajador no era uno temporal contratado por un corto tiempo, para cubrir una necesidad emergente ante una parición de racimos de banano, pues al despedírsele de inmediato se contrató a otra persona quien se mantiene más de un año después laborando la misma parcela asignada al demandante y efectuando las mismas tareas que hacía el actor. Se demostró que tan pronto como se hizo de conocimiento de la accionada su afiliación, se iniciaron actos discriminatorios en su contra, como excesiva presión para que se desafiliara del sindicato, a cambio de una promesa de darle record o continuidad en su trabajo para la empresa, todo lo cual desencadenó en un despido, unos meses después de comunicada su afiliación. En cuanto al respecto a la libertad de afiliación que alega el recurrente y el cumplimiento de las obligaciones patronales en lo que atañe a las personas trabajadoras sindicalizadas, son aspectos que no desplazan el verdadero motivo del despido del accionante, en todo caso, son circunstancia que no fueron cuestionadas en este asunto. Por último, los reproches en cuanto a la valoración de la prueba que hace el recurrente no son de recibo y debe declararse sin lugar el recurso.
V.- CONCLUSIÓN: Por lo que viene exponiéndose, debe declarase sin lugar el recurso formulado.
POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso.
Orlando Aguirre Gómez
Julia Varela Araya Luis Porfirio Sánchez Rodríguez
Jorge Enrique Olaso Álvarez Roxana C.A.

Res: 2021002782

MRAMIREZS/mrg

1
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