Sentencia Nº 2021-00808 de Sala Tercera de la Corte, 16-07-2021

EmisorSala Tercera de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente19-029599-0042-PE
Fecha16 Julio 2021
Número de sentencia2021-00808

*190295990042PE*

Exp: 19-029599-0042-PE

Res: 2021-00808

SALA DE CASACIÓN PENAL. S.J., a las catorce horas once minutos del dieciséis de julio de dos mil veintiuno.

Recurso de casación interpuesto en la presente causa seguida contra Tony Alberto D.V., costarricense, cédula de identidad 01-1015-0146, por los delitos de violación y robo simple con violencia sobre las personas, cometidos en perjuicio de [Nombre 001]. Interviene en la decisión del recurso las magistradas y magistrados P.S.C., Jesús Alberto Ramírez Quirós, G.R.A.V., S.E.Z.M. y C.D.S., esta última como magistrada suplente. Además, en esta instancia, el licenciado J.Q.L., como defensor particular del sentenciado D.V.. Se apersonó la licenciada Ana Carolina Campos Camacho, como representante del Ministerio Público.

Resultando:

1.- Mediante sentencia N° 2021-0066 de las nueve horas cuarenta minutos, del quince de enero de dos mil veintiuno, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de S.J.. G. resolvió: " POR TANTO: Se declaran sin lugar los recursos de apelación interpuestos por el licenciado J.Q.L., defensor particular del acusado Tonny Alberto D.V. y L.G.A.G., representante del Ministerio Público. NOTIFÍQUESE.- Alfredo Araya Vega Giovanni M.A. Alejandra Valenciano Chinchilla Jueces y jueza de Apelación de Sentencia Penal. (sic) ".

2.- Contra el anterior pronunciamiento la licenciada L.A.G., en representación del Ministerio Público, interpuso recurso de casación.

3.- Verificada la deliberación respectiva, la S. entró a conocer del recurso.

4.- En los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Informa la Magistrada S.C. ; y,

Considerando:

I.- Mediante resolución Nº 2021-00474, de las 11:42 horas, del 7 de mayo de 2021, esta S., entre otros aspectos, admitió para estudio de fondo, únicamente el primer motivo del recurso casación formulado por la representación del Ministerio Público, en torno a la supuesta errónea aplicación de un precepto legal sustantivo, específicamente el artículo 71 del Código Penal, lo anterior, contra la sentencia N° 2021-0066, de las 9:40 horas, del 15 de enero de 2021, del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Segundo Circuito Judicial de San José, que procedió a declarar sin lugar las impugnaciones planteadas por la representación del Ministerio Público y la defensa pública, contra la sentencia Nº 229-2020, de las 14:20 horas, del 21 de octubre del 2019, del Tribunal Penal de Desamparados, que estimó la responsabilidad penal de D.V., por los delitos de violación y de robo simple con violencia sobre las personas, en perjuicio de [Nombre 006]., imponiéndosele las penas de diez años de prisión por el ilícito acreditado contra la libertad sexual, y de tres años de prisión, contra el delito que tutela el derecho de propiedad, para una sanción total privativa de libertad de trece años (confrontar folios 290 a 296).
II.-Objeto del alegato de casación . Invoca la recurrente de conformidad con el inciso b) del artículo 468 del Código Procesal Penal, el motivo de errónea aplicación de un precepto legal sustantivo, concretamente el ordinal 71 del Código Penal. En ese sentido, refiere que el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, impone la pena de tres años de prisión, por el delito de robo simple con violencia sobre las personas, misma que estima insuficiente, en razón de omitirse el análisis de algunas circunstancias personales de la ofendida, concernientes a su grado de vulnerabilidad, así, como la conducta del encartado luego de la comisión del ilícito de violación. Esgrime que tales aspectos, facultaban al a quo a separarse de la decisión de decretar la sanción penal mínima. Considera que surge un agravio contra las pretensiones punitivas del Ministerio Público, ante un quantum desproporcional frente al escenario fáctico demostrado. Solicita anular el fallo recurrido y se ordene el juicio de reenvío para fundamentar la pena por el delito de robo simple con violencia sobre las personas (confrontar folios 335 vuelto a 337 frente, 309 vuelto a 310 vuelto).
III.- El motivo no es de recibo . Asegura la licenciada A.G., que en el caso concreto, el tribunal de alzada erró en la aplicación del derecho penal sustantivo en lo que concierne al extremo mínimo de la pena fijada por el delito de robo simple con violencia en las personas, porque desde su óptica recursiva, aplicó de forma incorrecta el artículo 71 del Código Penal, al estimar que el quantum de tres años de sanción resulta desproporcional con el cuadro fáctico imperante. Ahora bien, a efectos de dirimir la objeción propuesta por la casacionista, es ineludible precisar el hecho histórico acreditado en sentencia N° 229-2020, de las 14:20 horas, de 21 de octubre de 2020, del Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de S.J., sede Desamparados, en ese sentido, se determinó que en fecha 5 de octubre del 2019, aproximadamente a las 18:30 horas, la víctima [Nombre 006]., transitaba en las cercanías de su vivienda, en Santa Teresita de Aserrí, propiamente en un sector oscuro, rodeado de cafetales, momento en el cuál, es interceptada por la persona acriminada, quien a su espalda, la sorprende con un objeto no identificado y le exige caminar hacia la entrada de uno de dichos cafetales, lugar donde [Nombre 006]., ejerce resistencia. De inmediato, el imputado la toma de la cabeza, introduciéndola en un charco, siendo infructuoso su intento de alzarla por el forcejeo de la víctima, que se apoya de un tronco, por ello, D.V., la deja en el suelo “la coloco (sic) en posición de gateo, momento en que le volvió a meter la, (sic) cabeza en el charco, le bajo (sic) el short y la ropa interior, instante en que la ofendida escucho (sic) cuando el imputado se bajo (sic) el ziper, por lo que ella le dijo que (sic) le pasaba, mencionandole (sic) que el sabía quien (sic) era el (sic) , a pesar de ello, el encartado no le contesto (sic) nada y la penetro (sic) con el pene por la vagina”. Finalmente, [Nombre 006]., vuelve su cuerpo, instante donde el endilgado, jala su bolso y huye del lugar hacia lo interno del cafetal, apoderándose de los bienes de la agraviada (confrontar folio 246 frente y vuelto). Con base en tal relación de hechos, el Tribunal de Juicio, establece las penas de diez años de prisión por el delito de violación y de tres años de prisión por el delito previsto en el numeral 212 inciso 3) del Código Penal, de robo simple con violencia sobre las personas, y en torno al reproche propio del desapoderamiento ilegítimo, valora el grupo etario al que pertenece el justiciable, derivando de los testimonios de [Nombre 012], [Nombre 001], [Nombre 020], la estabilidad laboral, domiciliar, familiar y la carencia de antecedentes penales. Condiciones particulares analizadas por el a quo sobre todo partiendo de que la finalidad de la pena en Costa Rica es que el sentenciado recapacite sobre los delitos cometidos, y que por lo tanto se rehabilite para que no vuelva a delinquir y sea una persona de bien para nuestra sociedad. Así las cosas, la sanción aquí impuesta, a saber de diez años de prisión por el delito de violación, y de tres años de prisión por el delito de robo simple con violencia sobre las personas, son las que se ajustan en mejor medida a los criterios de proporcionalidad y razonabilidad, y sobre todo a la finalidad de rehabilitación que el legislador estableció en el artículo 51 del Código Penal (confrontar folios 251 a 252). A la luz de la dinámica de los hechos probados y en concordancia con la fundamentación intelectiva desarrollada por la juzgadora D.L. y sus homólogos M.Q. y S.F. (confrontar folio 253), en el presente estudio de fondo, lejos de ratificarse los argumentos de la representación del Ministerio Público, sobre el supuesto yerro interpretativo del precepto 71 de la ley penal sustantiva (confrontar folios 309 vuelto a 310 frente y vuelto), el quantum de marras responde al examen analítico del hecho y de la personalidad del imputado, quien luego de cometer el ultraje sexual (cuya pena en esta sede no fue controvertida, folios 309 vuelto a 310), la despoja de las pertenencias mediante el acto impregnado de violencia de jalar su bolso, punto número 4 del cuadro fáctico demostrado. Trata de una única acción, cuyo reproche fue estratificado por los órganos jurisdiccionales competentes en: a.-) las particularidades subjetivas y objetivas de la conducta típica, antijurídica y culpabilidad acreditada. b.-) las circunstancias de modo tiempo y de lugar del hecho punible. c.-) las características o condiciones personales de D.V.. d.-) el comportamiento a posteriori de la delincuencia, etc. A grosso modo como de igual forma se verá de la resolución cuestionada, la aplicación indebida no existe, puesto que la administración de justicia, al fundamentar y confirmar la pena en la disposición 71 del Código Penal, advierte en apego de la casuística revisada, que el reproche determinado para el ilícito de robo simple con violencia en las personas, descansa en la proporcionalidad y razonabilidad de la mencionada pena mínima de tres años de prisión. En ese orden de ideas, obsérvese que a partir del III considerando del fallo cuestionado, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, se impone del reclamo por adhesión planteado por la representante del Ministerio Público, en lo atinente a su inconformidad con la pena establecida al encartado por el delito de robo simple con violencia en las personas, argumento que envuelve los siguientes tópicos: i .-) Fallo contradictorio en el fundamento de la pena, porque a pesar que en un primer término, valoró el monto de los bienes sustraídos (cien mil colones), la hora en que ocurre el delito, la oscuridad del lugar, la poca afluencia de personas, el uso de un instrumento con el fin de amedrentar a la ofendida e introducirla a un cafetal, la circunstancia de conocer al joven imputado (sin antecedentes y con arraigo familiar); frente a una mujer vulnerable, condición que para la fiscala, fue aprovechada por el encartado para despojarla de sus pertenencias. ii.-) Indica que luego al desapoderamiento ilegítimo de los bienes, D.V., la ultrajó sexualmente, bajo circunstancias que obstaculizaron la resistencia de la víctima. De previo a desarrollar la retórica del iter lógico recurrido, es oportuno señalar en lo que atañe al anterior acápite i.-) que pese a tenerse claro la naturaleza sustantiva de la queja de casación, el sostener algún grado de contradicción del sustento de la pena con base hasta lo aquí explicado, conllevaría a evidenciar una simple inconformidad con lo resuelto, pretendiéndose la nulidad por la nulidad misma. ii .-) de los autos se infiere que primero, ocurrió el delito sexual de violación, y posteriormente, el quebranto al bien jurídico propiedad, ello, sin tenerse claro del libelo de casación, la concurrencia del agravio según el ordinal 439 del Código Procesal Penal. Al retomar el examen integral del pronunciamiento del ad quem logra constatarse que la Jueza Valenciano Chinchilla y los Jueces Araya Vega y M.A., trataron el motivo, desvirtuando que el extremo punitivo fijado por el Tribunal sentenciador fuese insuficiente. En ese sentido, esgrimen según el artículo 71 del Código Penal, la valoración del entorno objetivo y subjetivo que rodearon el hecho ilícito, de acuerdo a las consideraciones temporales, espaciales y modales descritas en la acusación (confrontar folios 41 a 44), que fue avalada por el juzgador de garantías licenciado C.R., en la audiencia preliminar del 1° de abril de 2020, a las 10:34 horas, donde se ordenó el auto de apertura a juicio y la prórroga de la prisión preventiva (confrontar folios 91 a 93). Asimismo, ratifican la pena mínima por el citado delito de robo simple con violencia en las personas, lo anterior, al precisar: “… Mediante un razonamiento equilibrado, el tribunal de mérito estimó que las penas mínimas eran suficientes para lograr la reinserción social del condenado, más aún cuando la pena final fue de trece años de prisión. La impugnante asegura que no se consideró que, posterior a lograr el apoderamiento de los bienes, el acusado decidió ultrajarla sexualmente, imposibilitando su resistencia. Esa dinámica no concuerda con los hechos acusados y probados. Se tuvo por establecido que el encartado primero violentó sexualmente a la víctima y posteriormente, al momento de la huida, la despojó de su bolso. Es decir, la apropiación de los bienes de la afectada acaeció posterior al ultraje, no antes….” (Lo resaltado no pertenece al texto original). En consecuencia, concluyen que la pena impuesta comprende un análisis del suceso demostrado y del reproche, evidenciando una correcta motivación acorde con los fines de reinserción social (cfr. folios 295 vuelto a 296). Valga decir, que la adecuación de la conducta del encartado al tipo penal de la norma 212 inciso 3) del Código Penal, encuentra asidero en el respeto al principio de culpabilidad, porque una vez que la víctima sufre el menoscabo a su patrimonio, del escenario fáctico acreditado, no surge algún elemento preponderante para poner en entre dicho la sanción mínima estipulada (confrontar folio 246 frente y vuelto), de tal suerte, que la acción propia del desapoderamiento, no requirió de un grado adicional de violencia que hubiese implicado la posibilidad de examinar un mayor reproche del establecido. El tópico medular que comprende el motivo de la fiscala, por medio de la inobservancia de la ley penal sustantiva sobre el aparente menoscabo del principio de proporcionalidad, al desvirtuarse en dicha sumaria la imposición de una pena superior a la mínima decretada para el delito de robo simple con violencia contra las personas, no es tal, en virtud del prevalente análisis conclusivo realizado con base a las reglas de la sana crítica por el Tribunal de Juicio y de Apelación de Sentencia Penal, que revelan la ineludible equivalencia entre los alcances previstos de las interpeladas disposiciones normativas 212 inciso 3) en concordancia con el 71 del Código Penal, y las circunstancias fácticas que se tuvieron por probadas. Del estudio a la jurisprudencia constitucional, logra determinarse que el principio de razonabilidad entraña la equidad y la justicia entre el precepto legal y su aplicación en el asunto específico, de forma que la resolución dictada sea coherente a la causa que la propicia, como bien aquí sucede. Al respecto, en el voto constitucional referente Nº 1699-94, se indicó: “… En el campo sancionatorio este principio constitucional implica que la sanción que se imponga debe estar ajustada al acto ilegítimo que se realizó, de forma tal que a mayor gravedad de la falta, mayor gravedad de la pena, lo que implica una “proporcionalidad” de causa efecto, resultando ilegítima aquélla sanción que no guarde esa “proporción”. La medida sancionataria no sólo debe ser proporcionada a su causa sino que debe “explicarse” el por qué se toma determinada sanción y no otra, de manera que el sujeto de derecho que sufre la sanción cuente con una “descripción” de las razones por los cuales sufre esa medida sancionatoria”, S. Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. No cabe duda que la pena fijada obedece a los parámetros estipulados en el numeral 71 del Código Penal, al tomarse en consideración cada una de las situaciones particulares del concreto caso. La queja sobre una equívoca aplicación de un precepto legal sustantivo, que defiende la parte interesada, no existe, precisamente al ajustarse la decisión cuestionada a los hechos probados, y luego, confirmados por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal. De ahí, que la sanción es proporcional y razonable, acorde según los artículos 11, 37 y 39 de la Constitución Política, a los principios de legalidad, culpabilidad y debido proceso, por ende, debe permanecer incólume, al no reflejar afectación a los derechos fundamentales de [Nombre 006]. En resumen, el reclamo se declara sin lugar.
IV.- La licenciada H.C.P., a folios 344 a 346 de los autos, de conformidad con los artículos 239, 239 bis, 253, 254, 257 y 258 párrafo primero del Código Procesal Penal, solicita a esta Cámara, la prórroga de la prisión preventiva del imputado D.V., por el plazo de tres meses, al estimar la existencia de los presupuestos fácticos que la justifican, mismos que fueron calificados de un delito de violación, y de un robo simple con violencia contra las personas, según los artículos 156 inciso 3), y 212 inciso 3) del Código Penal (confrontar folios 344 frente y vuelto). En ese sentido, expone los antecedentes de las medidas cautelares dictadas (cfr. folios 344 vuelto a 345 frente), y destaca el voto N° 2021-489, del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, de las 8:40 horas, de 26 de marzo de 2021, que estipuló la prórroga hasta el día 21 de julio de 2021. Indica que hay una necesidad procesal, que desde su perspectiva, faculta al órgano jurisdiccional competente para mantener la restricción de la libertad ambulatoria del encartado (confrontar folios 345 a 346). Concluye que el plazo pretendido es razonable, porque permite finalizar la fase recursiva pendiente. La gestión es improcedente. Debe recordarse que mediante voto N°2021-00474, de las 11:42 horas, de 7 de mayo de 2021, la S., declaró inadmisible el recurso de casación planteado por del defensor de T.A.D.V. (confrontar folios 332 a 335 vuelto), decisión que generó la firmeza de la declaratoria de culpabilidad contra el justiciable, imponiéndosele por parte del a quo la pena de diez años de prisión por un delito de violación, y la sanción privativa de libertad de tres años, por un ilícito de robo simple con violencia (cfr. folios 332 a 339). Empero, el único motivo de casación del Ministerio Público, gira en torno a la inconformidad con el quantum decretado por el delito contra la propiedad. En todo caso, en virtud de lo que se resuelve carece de interés la pretensión gravosa de la gestionante.
Por Tanto:
Se declara sin lugar el motivo admitido del recurso de casación interpuesto por la representante del Ministerio Público. Por carecer de interés se rechaza la solicitud de prórroga de medida cautelar solicitada por la representante del Ministerio Público, ante la firmeza de la declaratoria de culpabilidad contra T.A.D.V.. N..


Patricia Solano C.


Jesús Alberto Ramírez Q.


Gerardo Rubén Alfaro V.


Sandra Eugenia Zúñiga M.


Cynthia Dumani S.
Magistrada suplente
Int: 268-2/6-2-21
SLEIVAA

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