Sentencia Nº 2021-01450 de Sala Tercera de la Corte, 03-12-2021

EmisorSala Tercera de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente17-002061-0345-PE
Número de sentencia2021-01450
Fecha03 Diciembre 2021

*170020610345PE*

Exp: 17-002061-0345-PE
Res: 2021-01450
SALA DE CASACIÓN PENAL. S.J., a las trece horas veintiuno minutos del tres de diciembre de dos mil veintiuno.
Visto el recurso de casación interpuesto en la presente causa seguida en contra de F.A.C.G., por el delito de portación ilícita de arma permitida, cometido en perjuicio de la Seguridad Pública ; y,
Considerando:
I. El licenciado J.M.M., representante del Ministerio Público, interpone recurso de casación (confrontar folios 18 al 27 del expediente), en contra de la resolución número 20201-317, de las once horas dieciocho minutos, del veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, emitida por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Primera, que declaró con lugar el recurso de apelación de sentencia interpuesto por la licenciada M.S.S., en calidad de defensora pública del encartado F.C.G. y lo absolvió por el delito de portación ilícita de arma. (confrontar folio 11 al 14)
II. Con fundamento en los artículos 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 439 y 468 inciso b) del Código Procesal Penal, el representante del Ministerio Público interpone el primer motivo del recurso de casación, en el que alega inobservancia de un precepto legal procesal, por violación al derecho a recurrir el fallo de segunda instancia. Luego de realizar un preámbulo en el que se citan votos de relevancia para afianzar su reclamo, el recurrente señala que, el tribunal de apelación se decantó por ir más allá de lo que indica el artículo 459 en relación al 464 del Código de rito, al resolver en una única instancia lo que en su criterio correspondía, descartando el delito de portación ilícita de arma permitida. Señala que, con ese proceder, se deja al ente fiscal sin la posibilidad de discutir e impugnar de manera amplia y abierta dicha decisión ante un tribunal superior. Agrega que es clara la existencia del vicio enunciado, dado que con dicho fallo se impide al ente fiscal no solo que se vuelva a discutir la tesis que vendría a respaldar que la acción policial sí estuvo precedida de la respectiva noticia criminis, sino que también se imposibilita una eventual impugnación respecto de dicho tema. En apoyo de su gestión cita los precedentes 789-2018, 84-2017, 231-2016 de la Sala Tercera, los que le permiten concluir que existe la violación a la garantía de segunda instancia como parte del debido proceso. Como agravio, refiere que, la decisión del ad quem perjudica las pretensiones punitivas del Ministerio Público, dado que en una única instancia y contrario a lo conseguido en etapa de juicio, se descartó la comisión del ilícito, dejando al Ministerio Público sin opción de materializar la acción penal contra el encartado. Solicita se declare con lugar el reparo, o se ordene el reenvío ante el ad quem para que se resuelva conforme a derecho. Se admite para estudio el alegato interpuesto. Se constata que el motivo recurrido reúne los requisitos formales establecidos en la normativa procesal vigente. El argumento presentado por la representación fiscal se dirige en contra de una sentencia del Tribunal de Apelación, presentado por escrito, dentro del plazo de ley y ante el tribunal que dictó la resolución que se impugna. Se constata, además, que el reclamo se encuentra debidamente fundado, indicándose las razones por las que se estima conculcada la garantía de impugnar ante un juez superior, la decisión que causa agravio. Se determina que el impugnante cumple con los requerimientos formales que establece la normativa procesal, al precisar las normas que considera inobservadas o erróneamente aplicadas, a saber, los numerales 8.2.h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 41 de la Constitución Política, y 439 del Código Procesal Penal. Finalmente, señala el agravio ocasionado, a saber, la imposibilidad de discutir el tema que condujo a la absolutoria del encartado. De conformidad con los artículos 467, 468 inciso b), 469 y 471 del Código Procesal Penal, se admite para su estudio el presente motivo y se reserva para el pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, el análisis del reproche alegado, su eventual existencia, así como, su esencialidad e incidencia sobre el dispositivo.
III. Con sustento en los numerales 468 inciso b) y 142 del Código Procesal Penal, el recurrente invoca un segundo motivo de casación, en el que señala la existencia de un error grave en la construcción lógica de la sentencia de apelación. El representante fiscal indica que, el vicio señalado llevó a la absolutoria por un delito de portación ilícita de arma permitida. Se puntualiza en que el vicio se presenta cuando el tribunal de alzada justificó su decisión, bajo la premisa, que el dicho del oficial que declaró en el contradictorio, debió consignarse de igual modo en el parte policial. Pretende que la Sala Tercera detecte que el ad quem, contrario a la logicidad de un razonamiento, estimó que lo declarado por un oficial deba constar de manera integral en el informe policial, para de esta manera, tener otra fuente legítima de credibilidad, olvidando con esa forma de resolver que, el análisis probatorio se realiza conforme el examen integrado de la prueba. Destaca que el tema en discusión no es si la detención y requisa fueron legales, sino que se reconozca la ilogicidad de la reflexión jurídica del tribunal de alzada al indicar lo qué debió existir como prueba para que, aunado al resto de los elementos de convicción, se lograra justificar la condena. Señala que: “ de interpretarse que se está induciendo a la revaloración de prueba es un indicio importante para que al menos el Tribunal considere que no existirá otro momento para que el Ministerio Público impugnara la resolución y discutiera dicho tema, de ahí el argumento que justifica el agravio para el presente motivo y el primero que se alegó como lo es la violación a la garantía de la segunda instancia y que como se reitera fue el que con más atención se analizó en el primer motivo del presente recurso de casación…” (Confrontar folio 23 del legajo digital). Como agravio, establece que existe un perjuicio ilegítimo a las pretensiones punitivas del Ministerio Público, al inobservar preceptos procesales en relación a la debida fundamentación, absolviendo al encartado, para lo cual se incurrió en graves vicios de logicidad, siendo que el Ministerio Público ha mantenido su criterio en cuanto a la procedencia de la condena. Conforme a lo expuesto, el gestionante solicita declarar con lugar el mismo, anulando la resolución y manteniendo incólume la sentencia condenatoria. El segundo motivo es inadmisible. El argumento plasmado por el recurrente consiste en una mera disconformidad por la manera en que el tribunal de apelación fundamentó su resolución, más que evidenciar ante esta Sala la existencia de un vicio de logicidad en la fundamentación del tribunal de alzada. En repetidas ocasiones esta Cámara ha indicado que no es cualquier vicio de fundamentación el que es susceptible de ser conocido en casación, ya que de conformidad con los numerales 142 y 468 del Código Procesal Penal, se colige que las meras inconformidades de la parte con lo resuelto, no legitiman la casación por inobservancia de preceptos legales procesales, como sí lo serían, la omisión de pronunciamiento sobre un tema cuestionado o la presencia de errores esenciales de razonamiento que contradigan lo decidido y causen agravio. En otras palabras: “…un vicio de esta naturaleza se configurará, no sólo ante la ausencia absoluta de la fundamentación en el fallo, verbigracia, aquellos casos en que existen puntos impugnados no resueltos por el ad quem, sino también, aquellos en los que los razonamientos empleados ostentan un grave error en su construcción lógica, de tal entidad que implican la ineficacia de la resolución, por versar sobre un aspecto esencial y decisivo en lo resuelto. Se trata, entonces, de vicios evidentes y groseros…” (Sala Tercera, número 1541, de las once horas con veintiséis minutos, del veintiocho de setiembre de dos mil doce, con la integración de las M.A. y P. y los M.A., R. y C.. En el caso particular, lo que hace el impugnante es exponer su desacuerdo con la fundamentación brindada, particularmente con la reasignación del valor probatorio que se le otorgó a la declaración del oficial de la Fuerza Pública que participó en la detención y requisa del encartado, véase que el T ribunal de Apelación lo que hace es descartar que existió una detención y requisa legal bajo el entendido de que no existió algún indicio adicional a la declaración del oficial actuante, para proceder al abordaje y requisa del imputado de la forma en que se realizó, lo anterior pese a incurrir en el contra sentido que el oficial actuante rindió declaración al respecto e indicó que recibieron información que el imputado portaba el arma. No obstante, de una lectura del fallo se logra advertir que el supuesto vicio de logicidad alegado es manifiestamente infundado. El ad quem no desconoce la prueba testimonial a la que la fiscalía hace mención en el presente reclamo, sino más bien, su decisión obedece a la nueva asignación del valor probatorio efectuada, donde se concluyó que no es viable otorgar credibilidad al oficial actuante y por ello se duda de la veracidad y existencia de la noticia criminis. Así se desprende del fallo impugnado, al establecer en lo conducente: “…En el caso que nos ocupa, una adecuada documentación del extremo por parte de la autoridad policial que atendió el suceso, se echa de menos puesto que, como lo reclama la quejosa, solo en el parte policial que dio inicio a la causa se dio cuenta de que la detención y requisa del acusado tuvo su origen en una alerta previa, que además de que luce incompleta, no guarda coherencia con lo que ocurrió, puesto que se limita a indicar que se trataba de una motocicleta blanca “sospechosa” sin que se hubiera especificado o constatado luego de la intervención policial, que la misma tenía esa condición por alguna razón, como para justificar la incursión policial… Es decir, salta a la vista que se trata de información que no pudo se (sic) corroborada de ninguna otra forma...” (confrontar folio 13 frente y vuelto). Por ello, contrario a lo indicado por el recurrente, no es que se haya resuelto contrario a las reglas de la lógica lo que se deriva de su alegato, sino que a lo indicado por el testigo se restó credibilidad según las apreciaciones de los jueces de alzada, por consiguiente, es infundado el argumento que presenta la representación fiscal, en el entendido que: “…Valga recalcar y reiterar que no se está solicitando una revaloración de prueba para concluir si la actuación policial fue legal o no, sino que se reconozca la ilogicidad de la reflexión jurídica del Tribunal de Apelación al pretender lo que debió existir como prueba para que aunado al resto de elementos probatorios se lograra justificar la condena del imputado...” (confrontar folio 23). La estructura del razonamiento empleado por el Tribunal de Apelación se basa en una nueva asignación del valor probatorio, de tal forma, estima esta Cámara que en la especie no se constata el supuesto vicio aquejado por el recurrente. Además de la anterior , se declara inadmisible el segundo motivo del recurso de casación formulado por el licenciado J.M.M., en su condición de representante del Ministerio Público.
IV. La inobservancia o errónea interpretación de un precepto legal procesal, constituye el motivo tercero interpuesto. Señala el impugnante, que dicho alegato se ampara en los artículos 468 inciso b) del Código Procesal Penal, en relación con el ordinal 182 del Código Procesal Penal. Indica el representante fiscal que el principio de libertad probatoria fue vulnerado por parte del Tribunal de Apelación, y ello conllevó a la absolutoria del endilgado por el delito acusado. Se refuta que, es criterio del ad quem que, para la acreditación del tipo penal de portación ilegal de arma permitida se pretenden elementos de prueba adicionales a los recabados en la etapa de investigación, como si se estuviera en un sistema de prueba tasada, con la finalidad de acreditar la detención y requisa del imputado. Se acusa que el fallo impugnado procedió a establecer que: "...En el caso que nos ocupa, una adecuada documentación del extremo por parte de la autoridad policial que atendió el suceso, se echa de menos puesto que, como lo reclama la quejosa, solo en el parte policial que dio inicio a la causa se dio cuenta de que la detención y requisa del acusado tuvo su origen en una alerta previa, que además de que luce incompleta, no guarda coherencia con lo que ocurrió, puesto que se limita a indicar que se trataba de una motocicleta blanca "sospechosa" sin que se hubiere especificado o constando luego de la intervención policial, que la misma tenía esa condición por alguna razón, como para justificar la incursión policial. Asimismo, se indicó en este documento que cuando llegaron al lugar, se ubicó a "un sujeto con las características indicadas" sin que se aluda de a cuáles descripciones se refería. Más, según el oficial de la Fuerza Pública E.G.M., único testigo que declaró en audiencia, el operador de radio brindó a él y a su compañero datos en cuanto al tipo de ropa, a la que se refiere como "gorra, jacket y bolso tipo canguro con arma de fuego" que se trataba de dos sujetos en una motocicleta blanco con azul y que la placa terminaba en 10. Sin embargo, acto seguido, manifestó que al llegar al sitio, los sujetos estaban dentro del local en compañía de otras dos mujeres, y que no recuerda cómo andaban vestidos. Es decir, salta a la vista que se trata de información que no pudo se corroborada de ninguna otra forma. De igual manera, el deponente proporcionó otros detalles de lo ocurrido, pero que tampoco fueron incluidos en el parte policial, dentro de los que resaltan, el que, según él, cuando llegaron al sitio el oficial de seguridad del establecimiento comercial les indicó que se trataba del acusado y las otras tres personas que se encontraban dentro del restaurante, quien al verlos se pusieron nerviosos y trataron de pasarse por debajo de la mesa un bolso tipo kanguro, que, a la postre, se encontró en poder del acusado y en el que se encontró un arma de fuego sobre la que aquel no tenía permiso de portación..." (confrontar folio 24), lo anterior invisibiliza el principio de libertad probatoria dispuesto en el numeral 182 del Código de rito, el cual, para los efectos es transcrito, de donde se infiere que, para demostrar estos aspectos que justificaron la acción policial existieron suficientes elementos de prueba que analizados conforme a las reglas de la sana crítica racional legitimaron el actuar policial, todo lo cual dio lugar a la detención y requisa del imputado, así como al decomiso del arma. Requerir otros elementos adicionales (un informe más completo, información más detallada) a los que constan en autos, y que fueron debidamente analizados por el a-quo constituye una grosera violación al principio de libertad probatoria, como si se estuviera en un sistema de prueba tasada el tribunal de alzada pretende elementos adicionales a los recabados sin tomar en cuenta que los mismos eran suficientes en vista de las limitaciones propias del caso concreto y lo fortuito de la situación. Considera que el tribunal de apelación incurrió en una violación del artículo 182 del Código Procesal Penal, siendo procedente anular dicha resolución y mantener incólume la sentencia condenatoria 407-2021 o bien ordenar el reenvío. Como agravio reclama que, se da un perjuicio ilegítimo a las pretensiones punitivas del Ministerio Público, por cuanto, al inobservar el precepto procesal indicado, se absolvió al imputado. Se admite para estudio el alegato interpuesto. Se constata que el motivo recurrido reúne los requisitos formales establecidos en la normativa procesal vigente. El argumento presentado por la representación fiscal se dirige en contra de una sentencia del Tribunal de Apelación de Sentencia, presentado por escrito, dentro del plazo de ley y ante el tribunal que dictó la resolución que se impugna, contiene una fundamentación suficiente, y se citan las disposiciones que se consideran inobservadas. El reproche planteado se ajusta a la causal señalada en el artículo 468 inciso b) del Código Procesal Penal, entendiéndose con entera claridad, que el asunto sobre el que debe versar la resolución de fondo concierne a la eventual inobservancia de un precepto legal procesal, al considerar que existe una errónea aplicación del numeral 182 del Código Procesal Penal, específicamente en cuanto al principio de libertad probatoria. Así las cosas, habiéndose verificado el cumplimiento de los aspectos formales del alegato interpuesto, se admite para estudio de fondo el tercer alegato formulado por el licenciado J.M.M., en su condición de representante del Ministerio Público.
V. En el cuarto motivo, se reclama la violación del numeral 181 del Código Procesal Penal de conformidad con el numeral 468 inciso b) del mismo cuerpo normativo. Indica el casacionista que existe una violación al principio de legalidad de la prueba, toda vez que el ad quem apreció de manera errada el cuadro fáctico acreditado y el fundamento intelectivo que estableció que la detención y requisa del encartado estuvo ajustada a derecho, dado que, conforme a la prueba recabada (informe policial, versión del oficial actuante, etc.), se logra establecer que existieron los elementos de convicción suficientes para legitimar la detención del imputado, su requisa y decomiso del arma, con lo cual es claro el vicio reclamado y que se debe reconocer. Transcribe el ordinal 181 del Código de rito, para luego referir que, el ad quem omitió analizar de manera integral y acorde con las reglas de la sana crítica racional los insumos probatorios y el análisis efectuado por parte del tribunal de primera instancia. Reclama que el Tribunal de Apelación infiere que el decir del oficial de policía actuante no se puede considerar por sí mismo un indicio comprobado de que se haya cometido el delito, y echa de menos un informe policial que corrobore el dicho del mismo, dado que afirma lo siguiente: “… Es decir, salta a la vista que se trata de información que no pudo se corroborada de ninguna otra forma. De igual manera, el deponente proporcionó otros detalles de lo ocurrido, pero que tampoco fueron incluidos en el parte policial, dentro de los que resaltan, el que, según él, cuando llegaron al sitio el oficial de seguridad del establecimiento comercial les indicó que se trataba del acusado y las otras tres personas que se encontraban dentro del restaurante, quien al verlos se pusieron nerviosos y trataron de pasarse por debajo de la mesa un bolso tipo kanguro, que, a la postre, se encontró en poder del acusado y en el que se encontró un arma de fuego sobre la que aquel no tenía permiso de portación...." (confrontar folio 26). Se indica que el tribunal de alzada no ponderó adecuadamente en particular, la actuación del oficial que estuvo ajustada a derecho, debido a que estuvo precedida de suficientes elementos de prueba que analizados conforme a las reglas de la sana crítica racional legitimaron el actuar policial, por ende, el haber considerado lo contrario constituye una grosera violación al principio de legalidad de la prueba, siendo evidente que, no se ponderó la función preventiva de la policía y en el caso concreto existió merito para su intervención debido a la información recibida previamente, lo que se acredita cuando unos minutos luego de recibida la alerta, se logró el decomiso del arma al imputado. En vista de lo anterior, el tribunal de alzada verificó, de manera errada, que la actuación policial no estuvo ajustada a derecho, situación que violenta el principio de legalidad de la prueba, dado que, como se reitera, la acción policial sí fue legítima al encontrarse amparada en prueba válida y eficaz. Así las cosas, se considera que el Tribunal de Apelación incurrió en una violación de un precepto procesal por la transgresión del artículo 181 del Código Procesal Penal, por lo que se debe anular dicha resolución y mantener incólume la sentencia condenatoria acreditado en sentencia número 407-2020 del Tribunal Penal de Cartago, o bien, ordenar el reenvío. Se admite para estudio el alegato interpuesto. Se constata que el motivo recurrido reúne los requisitos formales establecidos en la normativa procesal vigente. El argumento presentado por la representación fiscal se dirige en contra de una sentencia del Tribunal de Apelación, presentado por escrito, dentro del plazo de ley y ante el tribunal que dictó la resolución que se impugna, contiene una fundamentación suficiente, y se citan las disposiciones que se consideran inobservadas. El reproche planteado se ajusta a la causal señalada en el artículo 468 inciso b) del Código Procesal Penal, entendiéndose con entera claridad, que el asunto sobre el que debe versar la resolución de fondo concierne a la eventual inobservancia de un precepto legal procesal, específicamente el numeral 181 del Código Procesal Penal al aquejar una violación al principio de legalidad de la prueba. Así las cosas, habiéndose verificado el cumplimiento de los aspectos formales del alegato interpuesto, se admite para estudio de fondo el cuarto motivo interpuesto por el licenciado J.M.M., en su condición de representante del Ministerio Público.
Por Tanto:
Se admiten para estudio de fondo los motivos primero, tercero, cuarto del recurso de casación interpuesto por el licenciado J.M.M. en su condición de representante del Ministerio Público. Se declara inadmisible el segundo alegato formulado. La Magistrada Z.M. salva parcialmente el voto e inadmite el cuarto motivo del recurso incoado. N..


Patricia Solano C.


Jesús Alberto R. Q.


Álvaro Burgos M.


Gerardo Rubén Alfaro V.


Sandra Eugenia Zúñiga M.
Voto salvado parcialmente de la magistrada Z.M.
Único. Con el debido respeto de la mayoría de esta Cámara, salvo parcialmente el voto en lo que respecta al cuarto motivo del recurso de casación formulado por el representante del Ministerio Público, pues estimo que el mismo debe declararse inadmisible. Si bien, el cuarto reclamo se titula "INOBSERVANCIA DE UN PRECEPTO LEGAL PROCESAL: VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 181 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL: LEGALIDAD DE LA PRUEBA" (folio 25 frente del legajo tramitado ante esta Sala), lo cierto es que de la lectura del reproche se verifica que el casacionista no justifica adecuadamente su queja, por cuanto no especifica con precisión la supuesta aplicación errada del numeral 181 del Código de rito (que se refiere a la legalidad de la prueba), por parte del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal. Adicionalmente, se aprecia que el impugnante realiza una entremezcla de reclamos en su escrito, al exponer diferentes temáticas de manera conjunta, incumpliendo con lo dispuesto por el ordinal 469 del Código Procesal Penal que prescribe, bajo pena de inadmisibilidad, que en el planteamiento del recurso de casación: "Deberá indicarse, por separado, cada motivo con sus fundamentos". Por un lado, se reprocha la inobservancia de una norma procesal (numeral 181 del Código recién citado); por otra parte, se fustiga la fundamentación del fallo, en tanto se aduce violación a las reglas de la sana crítica, apuntándose que el Tribunal de Alzada no analizó "...integralmente y conforme a las reglas de la sana crítica racional los insumos probatorios y el análisis de los mismos llevados a cabo por parte del tribunal de juicio en el apartado de la fundamentación fáctica, descriptiva e intelectiva..." ( ) "...lejos de ponderarse conforme a las reglas de la sana crítica racional la totalidad de los insumos existentes que se infieren de toda la sentencia como unidad lógico jurídica que es, el tribunal de alzada verificó de manera errada que la actuación policial no estuvo ajustada a derecho..." (folios 25 vuelto y 26 frente y vuelto). De lo anterior se desprende que en el sub examine se presenta una confusión en los planos argumentativos, al abordarse en un único reclamo, cuestionamientos de diversa naturaleza, siendo que el recurrente debió exponer estos temas de impugnación en motivos de casación independientes, conforme lo regula la normativa procesal aplicable. En consecuencia, considero, con todo respeto, que lo procedente es declarar inadmisible el cuarto motivo del recurso de casación incoado por el representante del Ministerio Público.


Sandra Eugenia Zúñiga M.
SLEIVAA
Int: 754-2/5-2-21

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