Sentencia Nº 2021-1424) de Sala Tercera de la Corte, 03-12-2021

EmisorSala Tercera de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha03 Diciembre 2021
Número de expedienteExp:
Número de sentencia2021-1424)
Revisión del Documento

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Exp: 17-000244-0275-PE

Res: 2021-01433

SALA DE CASACIÓN PENAL. S.J., a las diez horas cincuenta y siete minutos del tres de diciembre de dos mil veintiuno.

Visto el recurso de casación interpuesto en la presente causa seguida contra M. de J.A.R., por el delito de homicidio simple en grado de tentativa, cometido en perjuicio de N.R.C., y;

Considerando:

I. La licenciada L.V.D., Defensora Pública del encartado M. de J.A.R., formuló recurso de casación en contra de la sentencia número 2021-1424 de las catorce horas con cuarenta y cinco minutos, del veinte de septiembre de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de S.J..

II. En el único motivo de casación, la defensora pública del encartado A.R. aduce que el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal incurrió en la inobservancia de las siguientes normas procesales y sustantivas, artículos 8.2 b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 42 de la Constitución Política; 142, 459 y 465 del Código Procesal Penal. Refiere que el motivo resulta admisible pues la sentencia desatiende su obligación de “fundamentar su criterio sobre los puntos sometidos a su consideración a partir de una construcción lógica.” (sic. folio 242 del legajo de investigación). Considera que la sentencia de apelación omitió revisar integralmente el fallo, garantía contemplada a nivel constitucional e internacional. Razona que el ad quem afirmó haber valorado integralmente la resolución impugnada conforme al numeral 459 del Código Procesal Penal, y concluyó que la misma está exenta de defectos sin considerar los alegatos de la defensa. Sin embargo, estima que el Tribunal de Apelación de Sentencia debía avocarse a examinar la inconformidad de la defensa y determinar si la resolución que conocía en alzada inobservó la normativa procesal al desestimar los reclamos de la representación técnica del encartado, o establecer lógicamente porqué son inatendibles. Reclama que su impugnación ante el Tribunal de Apelación de Sentencia versó sobre la valoración de los elementos de prueba evacuados en el contradictorio. No obstante, el tribunal de alzada efectuó un “análisis grosero” al sostener que la sentencia de juicio los ponderó adecuadamente, haciendo eco de los argumentos del a quo, y considerando que el razonamiento de dicha resolución resulta acorde con las reglas de la sana crítica. Asevera que no hay elementos de prueba suficientes para demostrar la participación de su representado en el hecho punible que se le atribuye, y más bien se hicieron a un lado sus alegatos en relación con la declaración del testigo C.C. (oficial de Fuerza Pública actuante). En su recurso, la casacionista, alega que el Tribunal de Apelación de Sentencia no lleva a cabo una valoración de la resolución condenatoria clara, precisa y conforme a los medios de prueba incorporados durante el debate, con base en los cuales, afirma, solamente era posible concluir que existe una duda sobre la participación del encartado en los hechos. Demanda que tanto el tribunal de juicio como el ad quem, dejaron de considerar varios elementos de prueba evacuados en el contradictorio como la variación de la hora del hecho, la falta de presencia de sangre en las vestimentas del encartado, así como su impedimento de movilidad (en apariencia el imputado utiliza muletas para desplazarse), y la forma del abordaje policial con posterioridad al evento. Precisa que, para la defensa, el testimonio del oficial E.C. fue valorado indebidamente en razón de que él no observó la agresión, no recuerda las características físicas del imputado, varió la hora del hecho, consignó en el informe datos distintos sobre la persona que le hace indicaciones para que se aproxime al sitio del hecho, la cantidad de individuos presentes en el lugar, así como la ausencia de sangre en la ropa del encartado. Todo lo anterior, refiere, genera una duda sobre las manifestaciones presuntamente realizadas por su defendido al oficial actuante, quién en ningún momento reconoció haber participado en los hechos. Observa que los razonamientos del tribunal de alzada se avocaron a sostener que, debido a la gran cantidad de cumplimientos que atienden los oficiales de Fuerza Pública al mes y el tiempo transcurrido desde los hechos hasta la fecha del debate (de mayo de 2017 a junio de 2021), es normal que se manifiesten este tipo de inconsistencias en la información; y reprocha que, con respecto a esas falencias, lejos de ser complementadas con otros elementos de prueba para su demostración, el Tribunal de Apelación de Sentencia les otorgó plena credibilidad. Apunta que es falso lo indicado por el tribunal de juicio al asegurar que en el lugar de los hechos únicamente se ubicaba el imputado, debido que otro testigo, el señor C.R., declaró en juicio que en la zona se encontraba otra persona de nombre “M., quién vive en situación de indigencia. Elemento que también fue valorado en perjuicio de su representado. Explica que el Tribunal de Apelación de Sentencia no consideró que la única persona que logró presenciar la interacción entre el imputado y el ofendido R.C., es el señor C.R., quien, según su testimonio en juicio, indicó no haber observado un arma blanca en posesión del imputado. Protesta que la culpabilidad de su representado se funda en una suposición equivocada, sin prueba directa que verifique el acometimiento con un arma por parte del encartado A.R. en contra del ofendido N.R.. Señala que los indicios son anfibológicos e insuficientes para demostrar la responsabilidad penal de su representado, y los razonamientos esbozados por el ad quem no bastan para derribar el estado de inocencia que ampara al encartado. Acota que el tribunal de alzada, incumple su obligación de motivar adecuadamente la resolución, y únicamente enunció los fundamentos de su reclamo para concluir que la sentencia carece de defectos. Finalmente, asegura que, con base en la misma prueba testimonial evacuada en el contradictorio, la única conclusión que puede suceder, a la que es posible arribar es la duda, que favorece a su patrocinado. Con respecto al agravio, fustiga que a su representado le fue lesionado su derecho de defensa y a la revisión integral del fallo condenatorio, que “de haberse cumplido con tal obligación, el Tribunal de Apelación hubiese constatado que la fundamentación del tribunal de juicio contenía graves vicios y el resultado hubiese sido favorable para mi representado a efectos de determinar la inocencia de mi representado o bien en el sentido de ordenar la ineficacia de la resolución y un posterior juicio de reenvío.” (sic., folio 247). Solicita en su pretensión, que se declare con lugar el motivo de casación, anulando la sentencia recurrida, y “ordenando el reenvío de la causa para que con otra integración se conozca el presente proceso” (folio 247). El motivo debe ser declarado inadmisible. El artículo 467 del Código Procesal Penal establece: “El recurso de casación procederá contra las resoluciones dictadas por los tribunales de apelación de sentencia, que confirmen total o parcialmente, o bien resuelvan, en definitiva, la sentencia dictada por el tribunal de juicio.”. Este artículo es la norma básica de impugnabilidad objetiva del recurso de casación penal, y establece con claridad que el mismo procede exclusivamente contra las sentencias de apelación, lo cual implica que no es posible presentarlo contra otro tipo de resoluciones, por ejemplo, la sentencia de juicio (casación per saltum). Luego de una lectura atenta, del contenido del recurso de casación interpuesto por la defensora pública del imputado, advierte esta Cámara Penal, que la impugnación del fallo de apelación es solamente aparente, pues, éste se menciona únicamente de modo colateral, siendo el corpus real de la argumentación recursiva, la sentencia de juicio. En ese sentido, cabe destacar, el fondo del motivo está direccionado a atacar aspectos propios de la valoración jurídica desarrollada por el a quo y solamente hace ver, por referencia, la existencia de un presunto vicio en el fallo emitido por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de S.J., que declaró “sin lugar los recursos de apelación interpuestos por la licenciada L.V.D., defensora pública del imputado M.A.R. y por la licenciada H.C.P., en representación del Ministerio Público.” (cfr. Sentencia N° 2021-1424), sin establecer, en que consiste el aludido vicio del ad quem. De igual forma, debe precisarse, que, para efectos de interposición del recurso, los motivos deben ser incoados de forma separada; sin embargo, pese a que la casacionista aduce en su impugnación que la sentencia venida en alzada inobserva normas procesales y sustanciales, realiza una entremezcla de reparos en un mismo planteamiento, lo que vuelve inadmisible su gestión. Al respecto, a pesar de que, en primer lugar, reclama una errónea aplicación de los artículos 8.2 inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 42 de la Constitución Política, y 142, 459 y 465 del Código Procesal Penal, no establece en que forma el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal inobserva la normativa de cita. Adicionalmente, de manera conjunta también ha podido constatar esta Cámara de Casación que la recurrente en el fundamento de su recurso menciona reiteradamente una presunta falta de motivación del fallo, en ocasiones indicando que el ad quem omitió referirse a sus alegatos; y en otras, aduciendo un aparente vicio en la construcción lógica de los razonamientos del tribunal de alzada, sin clarificar sobre cuál argumento recae el juicio de invalidez lógica. Al respecto, el artículo 469 del Código Procesal Penal, establece, en lo que interesa que: “El recurso de casación será interpuesto bajo sanción de inadmisibilidad […] debidamente fundado y citará, con claridad, las disposiciones legales que se consideren inobservadas o erróneamente aplicadas”; aunado a lo cual, resalta el 471 ibidem, que: “(l)a S. de Casación declarará inadmisible el recurso cuando no se cumplan los requisitos legales para su interposición […] además, […] cuando el recurso sea absolutamente infundado, en cuyo caso lo declarará así y devolverá las actuaciones al tribunal de origen.”. Adicionalmente, este colegio jurisdiccional aprecia que el argumento relacionado con la fundamentación de la sentencia es, en el fondo, un desacuerdo de la casacionista con el fallo de segunda instancia, toda vez que el órgano jurisdiccional de alzada expresó que: “Efectuada la revisión de la sentencia impugnada y registrada en documento escrito (incorporado en el expediente a folios 174-199); se advierte que la misma satisface los requisitos de forma y los contenidos prescritos para ese tipo de resolución en los artículos 142, 143, 361 y 363 del Código Procesal Penal, en particular por contener una fundamentación fáctica clara, por cumplir con las exigencias para la incorporación, análisis y valoración de la prueba y la calificación jurídica de los hechos (tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad).” (cfr. sentencia N° 2021-1424). Es preciso recordar que la falta de fundamentación que puede ser invocada en esta sede (como se ha dicho en múltiples ocasiones), debe ser calificada, de manera que el ad quem: (a) omita resolver algún punto expresamente sometido a su conocimiento; o bien (b) al motivar su decisión incurra en un error desde la óptica de la lógica formal, el cual debe ser evidente, notorio y capaz de comprometer la rigurosidad lógica de la decisión. Conviene recordar que el recurso de casación no constituye una tercera instancia dentro del proceso penal, motivo por el cual no es posible cuestionar por esa vía cualquier circunstancia con la que exista desavenencia, sino únicamente aquellas que se ajusten a los supuestos autorizados por ley. Además, en esta sede no es posible efectuar una nueva valoración de la prueba, que es lo pretendido por la recurrente, ya que las facultades conferidas por ley a esta S., solo posibilitan un examen de mera legalidad respecto al fallo de alzada. En conclusión, no apreciándose un reclamo capaz de ser identificado con alguna de las hipótesis que implican la falta de fundamentación por parte del Tribunal de Apelación de Sentencia, y atendiendo también a que existe una entremezcla de reclamos en un mismo motivo, con fundamento en los artículos de cita, se declara inadmisible el único motivo del recurso de casación incoado por la defensora pública del imputado.

Por Tanto:

Se declara inadmisible el recurso de casación incoado por la defensora pública del encartado M.J.A.R.. N..

Patricia Solano C.

Álvaro Burgos M.

Gerardo Rubén Alfaro V.

Sandra Eugenia Zúñiga M.

William Serrano B.

Magistrado suplente

RVILLEGASH

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