Sentencia Nº 2021-199 de Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, 07-04-2021

EmisorTribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago
Número de expediente18-002572-0345-PE
Número de sentencia2021-199
Fecha07 Abril 2021
1

*180025720345PE*

Expediente: 18-002572-0345-PE
Contra: [Nombre 001]
Delito: Hurto simple en grado de tentativa
Parte ofendida: Depósito Las Gravilias
Res: 2021-199
Exp: 18-002572-0345-PE
Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, sección Segunda. A las once horas cinco minutos del siete de abril de dos mil veintiuno.
Recurso de apelación de sentencia penal interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre 001], [...], por el delito de Hurto simple en grado de tentativa, en perjuicio de Depósito Las Gravilias. Intervienen en la decisión del recurso la jueza Xiomara Gutiérrez Cruz, así como, los jueces Jaime Robleto Gutiérrez y Marco Mairena Navarro. Se apersonaron en apelación Jeimy Rojas Alvarado, en calidad de defensora pública del imputado y Julián Martínez Madriz, representante del Ministerio Público.
Resultando:
1. Que mediante sentencia número 651-2019 de las nueve horas y treinta y nueve minutos del dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, el Tribunal Penal de Cartago, resolvió: " POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, artículos 39 y 41 de la Constitución Política, artículos 1, 24, 30, 45, 50 51, 59, 60, 71, 73 y 208 del Código Penal, artículos 1, 6, 141, 142, 144, 184, 360, 361, 363, 364, 365, 366 y 367 del Código Procesal Penal, se declara a [Nombre 001] , autor responsable de un delito de HURTO SIMPLE EN GRADO DE TENTATIVA y que en perjuicio de DEPÓSITO LAS GRAVILIAS se le venía atribuyéndo. En tal carácter, se le impone la pena de tres meses de prisión, pena que deberá descontar en el lugar y forma que lo indiquen los respectivos reglamentos penitenciarios, previo abono de la preventiva que hubiere sufrido. Son los gastos del proceso penal a cargo del Estado. Por dictarse la sentencia de manera oral, quedan las partes notificadas del dictado de la misma y dicta la sentencia la jueza de juicio, Shirley Moraga Torres. Jueza Decisora."
2. Que contra el anterior pronunciamiento, la licenciada Jeimy Rojas Alvarado interpuso el recurso de apelación.
3. Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 466 del Código Procesal Penal, reformado por Ley 8837 publicada el nueve de diciembre de dos mil once (Creación de Recurso de Apelación de la Sentencia), el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso.
4. Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Informa la jueza Xiomara Gutiérrez Cruz , y;

Considerando:

I. La defensora pública Jeimy Rojas Alvarado, en representación del imputado [Nombre 001] impugna la sentencia oral número 651-2019 dictada por el Tribunal Penal de Cartago, a las nueve horas treinta y nueve minutos del dieciséis de agosto del dos mil diecinueve. El recurso se presentó dentro del plazo de ley y de acuerdo con los presupuestos que se requieren para que la apelación posibilite el adecuado conocimiento de las inconformidades planteadas, en orden al examen integral de la sentencia apelada, tal y como lo establecen el artículo 8.2h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 458, 459, 460 y 462 del Código Procesal Penal y debe resolverse conforme lo resuelto por la Sala Tercera en el voto 2020-1590 de las doce horas cuarenta y cuatro minutos del veintisiete de noviembre del dos mil veinte en el cual dispuso “Se declara con lugar el recurso de casación presentado por la representante del Ministerio Público. Se anula parcialmente la resolución Nº2020-082 de las diez horas con ocho minutos del siete de febrero del dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, en cuanto absolvió de toda pena y responsabilidad al imputado [Nombre 001] por el delito de tentativa de hurto simple que se le atribuyó en perjuicio de Depósito las Gravilias. Se ordena el reenvío al mismo Despacho para que con otra integración, proceda a conocer el recurso de apelación formulado por la defensora pública en esa sede. Notifíquese [sic]. Dentro del libelo impugnatorio, la defensora ofreció como prueba la grabación del debate y la sentencia oral, sobre las que no corresponde emitir pronunciamiento de admisibilidad pues se trata justamente de parte de las piezas de la causa que esta Cámara debe estudiar en sede de apelación.

II. En el primer motivo, la apelante reclama inconformidad con la valoración de la prueba. Violación al debido proceso, con base en los artículos 142, 175, 178, 184, 363 inciso b y 459 del Código Procesal Penal. Reclama que el análisis probatorio de la sentencia está viciado pues no solo se resguarda en frases rutinarias sin hacer un análisis propio, ya que se aparta del planteamiento de la defensa diciendo que no resulta aplicable, sin ahondar en sus apreciaciones Añade que la sentencia contiene apreciaciones subjetivas, consideraciones personales y valoraciones parcializadas de la prueba para sustentar el fallo condenatorio. En cuanto a la propuesta defensiva, refiere que la ley número 7410 Ley General de Policía reglamenta qué funcionarios están autorizados a hacer detenciones conforme los requerimientos de ley y para no causar agravio a las personas. En este caso, de la declaración de [Nombre 003] se desprende que cuando su representado se disponía a salir del local comercial fue increpado por el testigo, quien para ese momento suple al compañero que trabaja en la puerta, es decir, con investidura de guarda, le solicita la factura y, ante su negativa, le revisa la bolsa que portaba y procede a detenerlo. La función propia de ese guarda es la de vigilar para conservar la tranquilidad y el orden del lugar, mas no la de efectuar requisas y detenciones afectando derechos constitucionales y derechos internacionales, como lo dispuesto en el artículo 7 inciso 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos y artículo 37 de la Carta Magna en cuanto a que una persona solamente puede ser detenida por indicio comprobado de responsabilidad penal. El razonamiento de la juzgadora transgrede el debido proceso al considerar que cualquier funcionario del local podía hacer la detención, pues ello está prohibido por el artículo 104 citado en cuanto dispone: “Prohíbese lo siguiente, a las personas físicas o jurídicas, a los agentes y a los propietarios de las agencias de seguridad privada… e) Detener, interrogar, requisar o de cualquier manera, privar de libertad a una persona, excepto si se encuentra cometiendo flagrante delito” . Reprocha que en el caso de su representado no existía ese indicio, pues se le pidió factura cuando no se vislumbraba que hubiera comprado algo, ya que la bolsa que portaba no era del local comercial y porque se giró a observar en tres ocasiones detrás de él. Señala que esas apreciaciones del vigilante del local no se basan en ningún elemento legal porque el testigo [Nombre 003] nunca logra observar la supuesta sustracción de los bienes. También considera que no es admisible que se valore que el testigo no dijo que era guarda de seguridad para legalizar la requisa que efectuó y la posterior detención. Por último, sostiene que hay una serie de resoluciones jurisprudenciales tendentes a esclarecer que ni siquiera la Fuerza Pública puede realizar una requisa y detención de un ciudadano sin al menos una noticia críminis de la existencia de un acto delictivo, mucho menos se puede sostener que un trabajador de un local comercial pueda revisar las pertenencias de los clientes sin motivo o justificación, de manera que las conclusiones del Tribunal se basan en argumentos subjetivizados y apreciaciones personales que riñen con las reglas de la sana crítica racional y la aplicación de la ley conexa al derecho penal, con lo que se causó agravio a su representado pues una valoración correcta de la prueba hubiese llevado a un resultado diferente. Solicita se declare con lugar el recurso y se ordene el reenvío para nueva sustanciación. Sin lugar el reproche. Del estudio de la sentencia apelada deriva que no se presentan los supuestos vicios que la recurrente reclama. El alegato de la defensa se centra en cuestionar la legitimidad de la actuación realizada por los personeros del local comercial contra su representado y el análisis que la juzgadora efectuó en el fallo sobre este tema. Según su hipótesis, el empleado que abordó al imputado no tenía conocimiento de que este hubiese sustraído algún bien, por lo cual no era viable que le solicitara mostrar sus pertenencias. Sin embargo, ese supuesto del que parte la defensora es equivocado, pues se aleja de lo que deriva de la prueba recibida en juicio y soslaya los razonamientos realizados por la juzgadora mediante los cuales concluyó que las acciones realizadas por quienes laboraban en el local comercial y, posteriormente, por la policía administrativa, sí están autorizadas por el ordenamiento jurídico. Durante el debate declaró de viva voz el testigo [Nombre 003] y, con base en su dicho, relacionado con el resto de la prueba, la jueza estableció, en el considerando tercero de la sentencia oral, respaldada en el archivo digital 180025720345PE-16082019084631-2_Multi—1.wmv, a partir del contador 11:55, que para la fecha de los hechos él se encontraba laborando en el Depósito Las Gravilias y el compañero a cargo de la salida de los clientes y de chequear sus facturas de compra le pidió que lo cubriera en su función unos minutos para ir al baño, momento en el cual el acusado, a quien el testigo previamente había observado dentro de la tienda, dando vueltas, acercándose a los materiales de construcción, con una bolsa en sus manos, se dirigió hacia una salida opuesta a las cajas y le llamó la...

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