Sentencia Nº 2021000309 de Sala Constitucional, 08-01-2021

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente20-022374-0007-CO
Número de sentencia2021000309
Fecha08 Enero 2021

*200223740007CO*

Exp: 20-022374-0007-CO

Res. Nº 2021000309

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del ocho de enero de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 20-022374-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de residencia [Valor 001], a favor del menor [Nombre 002], contra EL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA.

RESULTANDO:

1.- Mediante escrito presentado en la Secretaría de esta Sala, la recurrente interpone recurso de amparo a favor del menor amparado, contra el Patronato Nacional de la Infancia, Oficina Local de La Unión. Manifiesta que, en el PANI recurrido se tramita el expediente [Valor 002], en su contra, por el caso de su hijo menor de edad de nombre [Nombre 002]. Expone que en el mes de octubre de 2020, el menor fue retirado de su hogar por las autoridades recurridas, pues, se adujo que ella tenía problemas de autocontrol en manejo de la ira. Eso provocó que por resolución de las 10:00 horas del 20 de noviembre de 2020, se le ordenara ponerse en control psicológico con la Caja Costarricense de Seguro Social o el Instituto Nacional de la Mujer. Así las cosas, esgrime que la autoridad recurrida le ha indicado que para poder arreglar la situación, primero debe atender su condición; sin embargo, acusa que no se le ha brindado ayuda alguna al respecto -ver oficio INAMU-DE-UDM-00567-2020 del INAMU-. Incluso, arguye que cuando se ha apersonado al PANI para conversar con la persona encargada de su caso, a fin que se le brinde ayuda para la atención psicológica que se le impuso, no la han atendido y la han dejado esperando hasta 3 horas, sin tomar en consideración que ella es una persona que depende de su trabajo. Afirma que ha requerido ayuda en otras oficinas del PANI, donde le recomendaron que acudiera al INAMU y a la Sala Constitucional. Asevera que al momento de interposición de este amparo, su situación no se ha resuelto. Por lo expuesto, estima que con la actuación de las autoridades recurridas se han lesionado sus derechos fundamentales.

2.- Mediante resolución de Presidencia, de las 10:00 horas del 08 de diciembre de 2020, se dio curso al amparo y se solicitó informe al Jefe de la Oficina Local del Patronato Nacional de la Infancia de La Unión.

3.- Mediante escrito agregado al Sistema Electrónico de Gestión de este Despacho, rinde informe bajo fe de juramento, Luis Rojas Rojas, Coordinador de la Oficina Local de La Unión, del Patronato Nacional de la Infancia. Indica que: "…PRIMERO: La situación particular de la persona menor de edad [Nombre 002] es conocida en el Patronato Nacional de la Infancia, sede La Unión, bajo expediente administrativo [Valor 003], con ocasión de denuncia interpuesta en contra de la progenitora, señora [Nombre 011], aquí recurrente. Una vez realizada la Investigación Preliminar por parte de la profesional responsable del proceso, se determinó la existencia de indicadores de riesgo con intensidad, frecuencia y cronicidad grave y suficiente que ameritaban brindar protección inmediata al menor reubic ándolo provisionalmente en el hogar de un recurso familiar adecuado para asumirlo. (Se adjunta Informe de Investigación Preliminar). 2 SEGUNDO: Mediante resolución de las diez horas del veinte de noviembre de dos mil veinte, el Representante Legal del PANI, sede La Unión, ordena el CUIDO PROVISIONAL de la persona menor de edad [Nombre 002] bajo la protección del recurso familiar de la señora [Nombre 017]; en la misma resolución administrativa, se señala hora y fecha para la celebración de comparecencia oral y privada para las partes involucradas, a saber, martes 24 de noviembre de 2020. La resolución de marras fue debidamente notificada en forma personal a la progenitora en fecha 23 de noviembre de 2020 y mediante la publicación de edictos al progenitor en razón de desconocerse el paradero actual de este último. (Se adjunta copia de la resolución dictada y la notificación respectiva) TERCERO: Mediante Acta levantada a las ocho horas veinte minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, el Representante Legal de la oficina local del PANI, sede La Unión, deja constancia de la no celebración de la comparecencia oral y privada señalada para esa fecha y ordenada mediante resolución de las diez horas del veinte de noviembre de dos mil veinte, en razón de la no asistencia ni participación a la diligencia de ninguna de las partes involucradas. (Se adjunta copia del Acta) CUARTO: Mediante escrito presentado en la Asesoría Jurídica del PANI y recibido en la oficina local de La Unión mediante correo electrónico en fecha 11 de diciembre de 2020, la señora [Nombre 011] interpone Recurso de Apelación en contra de la supra citada resolución, al encontrarse inconforme con lo dispuesto en su caso por la oficina local de La Unión, ente recurrido. QUINTO: En fecha 14 de diciembre de 2020, el Representante Legal del PANI La Unión procede a elevar formalmente ante la Presidencia Ejecutiva institucional el recurso de apelación interpuesto por la aquí recurrente, a efecto de que dicha dependencia jerárquica se pronuncie sobre la impugnación interpuesta. (Se adjuntan las copias respectivas) SOBRE LOS ALEGATOS DE LA RECURRENTE PRIMERO: Alega la recurrente que la persona menor de edad involucrada fue retirada de su hogar por el Patronato Nacional de la Infancia, aduciéndole que tenía problemas de auto control en el manejo de la ira: En tal sentido, puede observarse del contenido del Informe de Investigación Preliminar adjunto que se lograron constatar como hechos probados en el presente caso, el uso de maltrato físico y abuso emocional desmedido en perjuicio de los derechos humanos del niño involucrado, lo cual causaba en este inestabilidad emocional y conductual , además de temores y traumas que ameritaron su separación provisional del hogar de la progenitora; la investigación concluye que a la aquí recurrente se le presentan dificultades en el control del enojo que le imposibilitan un manejo adecuado de límites claros y comunicación asertiva en el proceso de crianza de su hijo. SEGUNDO: Alega la recurrente que en la oficina local del PANI recurrida no se le ha atendido y la han dejado esperando sin tomar en consideración que ella es una persona que depende de su trabajo. Señala que al momento de interponer el recurso de amparo su situación no se ha resuelto, por lo cual se le han violentado sus derechos fundamentales. Tal y como puede observarse en el contenido de la resolución administrativa dictada a las diez horas del veinte de noviembre de dos mil veinte, por parte del Representante Legal del PANI, sede La Unión, notificada a la progenitora, se tienen definidas fechas específicas para la atención en el área de psicología del grupo familiar, incluyendo a la recurrente; la primera de ellas se encuentra fijada para el próximo 17 de diciembre de 2020 a partir de las 2:30 pm. De igual forma y como parte del abordaje y seguimiento institucional en casos de esta naturaleza, corresponde a la profesional en psicología designada de la oficina local del PANI la elaboración de un PLAN DE INTERVENCIÓN que defina actividades, plazos y responsables para trabajar con el grupo familiar durante el plazo de vigencia del Proceso Especial de Protección iniciado. NO ES CIERTO como afirma la recurrente que, haya sido sujeto de tiempos de espera prolongados durante las reiteradas ocasiones que 4 suele apersonarse a la oficina local de previo a sus citas de seguimiento; por el contrario, en todo momento se le ha brindado la atención por parte del profesional de derecho encargado del caso, dándosele la asesoría y orientación necesaria que le permite conocer con claridad las diversas fases atencionales y los tiempos previstos para su resolución. Así las cosas, toda la intervención psico social y jurídica llevada a cabo por el Patronato Nacional de la Infancia, sede La Unión, en el caso de la persona menor de edad [Nombre 002] , ha estado enmarcada dentro del marco de la legalidad y los protocolos institucionales vigentes y aplicables a este tipo de materia. Todas las actuaciones adoptadas en el caso concreto han estado revestidas de las formalidades de rigor, materializándose en actos administrativos debidamente comunicados a las partes intervinientes y apegados al mejor interés de la persona menor de edad. Tanto por la forma como por el fondo, la intervención del PANI en el caso de marras ha sido necesaria, urgente, oportuna, técnicamente sustentada y llevada a cabo dentro de los plazos de ley, encontrándonos en la actualidad a la espera de lo que resuelva el órgano administrativo de segunda instancia (Presidencia Ejecutiva) en torno al recurso de apelación interpuesto por la se ñora [Nombre 011] en el caso de marras. No existe en el presente caso entonces, la tan alegada violación de los derechos humanos fundamentales en perjuicio de los progenitores y mucho menos de la persona menor de edad [Nombre 002]...".

5.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

.-

Redacta la Magistrada Hernández López; y,

CONSIDERANDO:

I.- OBJETO DEL RECURSO: La recurrente estima lesionados sus derechos fundamentales. Refiere que, en la Oficina Local de La Unión, del Patronato Nacional de la Infancia, se tramita el expediente [Valor 002], en su contra, por el caso de su hijo menor de edad de nombre [Nombre 002]. Expone que en el mes de octubre de 2020, el menor fue retirado de su hogar por las autoridades recurridas. Acusa que, el menor amparado fue retirado de su hogar y que ella debe llevar un control psicológico con la Caja Costarricense de Seguro Social o el Instituto Nacional de la Mujer, para solventar la situación; no obstante, en el PANI, no le brindan la atención que requiere, sin que pueda resolver su situación.

II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

1.- La recurrente, es madre del menor amparado - [Nombre 002]-. (Hecho no Controvertido)

2.- El caso que refiere la recurrente, se tramita en el Patronato Nacional de la Infancia, sede La Unión, bajo expediente administrativo [Valor 003], con ocasión de denuncia interpuesta en contra de la progenitora. (Ver informe rendido bajo fe de juramento y documentación aportada)

3.- Una vez realizada la Investigación Preliminar por parte de la profesional responsable del proceso, se determinó la existencia de indicadores de riesgo con intensidad, frecuencia y cronicidad grave y suficiente que ameritaban brindar protección inmediata al menor reubicándolo provisionalmente en el hogar de un recurso familiar adecuado para asumirlo. (Ver informe rendido bajo fe de juramento y documentación aportada)

4.- Mediante resolución de las diez horas del veinte de noviembre de dos mil veinte, el Representante Legal del PANI, sede La Unión, ordena el CUIDO PROVISIONAL de la persona menor de edad [Nombre 002] bajo la protecci ón del recurso familiar de la señora [Nombre 017]; en la misma resolución administrativa, se se ñaló hora y fecha para la celebración de comparecencia oral y privada para las partes involucradas, a saber, martes 24 de noviembre de 2020. (Ver informe rendido bajo fe de juramento y documentación aportada)

5.- En fecha 23 de noviembre de 2020, se notificó al progenitor del menor amparado; la resolución de las diez horas del veinte de noviembre de dos mil veinte, lo anterior, por medio de edictos, pues se desconoce el paradero actual del mismo. (Ver informe rendido bajo fe de juramento y documentación aportada)

6.- El Representante Legal de la oficina local del PANI, sede La Unión, deja constancia de la no celebración de la comparecencia oral y privada señalada para esa fecha y ordenada mediante resolución de las diez horas del veinte de noviembre de dos mil veinte, en razón de la no asistencia ni participación a la diligencia de ninguna de las partes involucradas. (Ver informe rendido bajo fe de juramento y documentación aportada)

7.- En fecha 11 de diciembre de 2020, la recurrente, interpuso un Recurso de Apelación en contra de la supra citada resolución, al encontrarse inconforme con lo dispuesto en su caso por la oficina local de La Unión, ente recurrido. (Ver informe rendido bajo fe de juramento y documentación aportada)

8.- El 14 de diciembre de 2020, el Representante Legal del PANI La Unión procede a elevar formalmente ante la Presidencia Ejecutiva institucional el recurso de apelación interpuesto por la recurrente, a efecto de que dicha dependencia jerárquica se pronuncie sobre la impugnación interpuesta. (Ver informe rendido bajo fe de juramento y documentación aportada)

9.- Actualmente, se tienen definidas fechas específicas para la atención en el área de psicología del grupo familiar, incluyendo a la recurrente; la primera de ellas se encuentra fijada para el próximo 17 de diciembre de 2020 a partir de las 2:30 pm. De igual forma y como parte del abordaje y seguimiento institucional en casos de esta naturaleza, corresponde a la profesional en psicología designada de la oficina local del PANI la elaboración de un PLAN DE INTERVENCIÓN que defina actividades, plazos y responsables para trabajar con el grupo familiar durante el plazo de vigencia del Proceso Especial de Protección iniciado. (Ver informe rendido bajo fe de juramento y documentación aportada)

10.- La autoridad recurrida, en todo momento se le ha brindado la atención por parte del profesional de derecho encargado del caso, dándosele la asesoría y orientación necesaria que le permite conocer con claridad las diversas fases atencionales y los tiempos previstos para su resolución. (Ver informe rendido bajo fe de juramento y documentación aportada)

11.- Actualmente, el proceso administrativo de protección No. [Valor 003], se encuentra a la espera de lo que resuelva el órgano administrativo de segunda instancia (Presidencia Ejecutiva) en torno al recurso de apelación interpuesto por la recurrente. (Ver informe rendido bajo fe de juramento y documentación aportada)

III.- SOBRE LAS ATRIBUCIONES DEL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA. El Patronato Nacional de la Infancia, por disposición constitucional, es la institución autónoma encargada de la protección especial de los menores de edad. Además, otorga una protección especial al niño por parte del Estado, y establece la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad (artículos 51 y 55 de la Constitución Política). Al respecto, este Tribunal ha resuelto en lo conducente:

"(…) El legislador Constituyente en aras de proteger a la madre y al menor, creó con rango Constitucional, el Patronato Nacional de la Infancia, convirtiéndola en la Institución rectora, por excelencia, de la niñez costarricense. Este sentimiento expresado en esta norma, está indudablemente unido también al interés de proteger a la familia como uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad. Los artículos 51 y 55 preceptan pues, dos de los valores más arraigados de nuestro pueblo, valores que gracias a la aprobación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, hoy son compartidos a nivel mundial, existiendo consenso sobre el deber del Estado de proteger siempre, el interés superior del menor (…)" (ver sentencia Nº 227-93 de las 12:36 hrs. del 15 de enero de 1993).

IV.- SOBRE EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO: Ésta Sala en sentencias números 3173-93, de las 14:57 horas del 6 de julio de 1993 y 4205-96 de las 14:33 horas del 20 de agosto de 1996, dispuso:

"VIII.- El interés superior del niño. De igual manera, diferentes instrumentos internacionales reconocen e imponen el deber estatal de prestar particular protección a los derechos de los niños y las niñas; desde instrumentos declarativos como la misma Declaración Universal, y especialmente a partir de la aprobación y vigencia de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, se ha dado un impulso determinante en la protección de este grupo especial, procurando que en todo momento se brinde la adecuada asistencia y respeto de los derechos a él reconocidos, dentro de los que sobresalen a efectos del presente recurso, la promoción de las condiciones necesarias para la convivencia familiar, así como el derecho de los niños a permanecer junto a sus padres, particularmente junto a su madre -artículo dieciséis del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o Protocolo de San Salvador-. La jurisprudencia de la Sala es contundente en reconocer la protección que debe otorgarse a los derechos de los niños y las niñas, reconociendo, igualmente, al interés superior del niño su condición y naturaleza de principio general que, como tal, forma parte del ordenamiento jurídico y debe ser aplicado para que rija y gobierne toda actividad administrativa y judicial relacionada con las personas menores de edad. Ejemplo claro de la protección que la Sala otorga al interés superior del niño, se encuentra en la sentencia número 2006-11262, de las quince horas del 24 de agosto de 2006, en la cual la Sala manifestó: "III.- Sobre el inter és superior del niño (a).- En materia de los derechos especiales que tienen los niños se encuentran varias normas de rango constitucional, internacional e infraconstitucional; reconociéndose en todas ellas el interés superior del niño (a) como criterio de toda acción pública o privada concerniente a una persona menor de dieciocho años. (…) En igual sentido la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (aprobada y ratificada por nuestro país, mediante, la Ley No. 7184 del 18 de julio de 1990, la cual entró en vigencia, a tenor del numeral 2 de ese instrumento legal, el día de su publicación en La Gaceta No. 149 del 9 de agosto de 1990), le establece una serie de derechos a cualquier niño, independientemente, de su raza o nacionalidad (artículo 2°), tales como: el derecho a ser cuidado por sus padres (artículo 7º), el derecho a un "nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social" reconociéndose a los padres como los responsables primordiales de proporcionarles las condiciones de vida necesarias para su desarrollo y el deber del Estado de adoptar "medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho" (artículo 27) y en caso de tratarse además de un niño (a) mental o físicamente impedido el derecho a "disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren dignidad, permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad" además de "recibir cuidados especiales" (artículo 23). Por otro lado, la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, precisa en su art ículo 16, párrafo 3º, que "La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene el derecho a la protección de la sociedad y del Estado" (en idéntico sentido artículo 23, párrafo 1º, del Protocolo Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 19 de diciembre de 1966). Por su parte, el artículo 25, párrafo 2º, de la supraindicada Declaración señala que "La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales..." y, finalmente, en el artículo 24, párrafo 1º, se establece que "Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna... a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado". De las normas de los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos transcritas, resulta, a todas luces, que los Estados tienen como deberes fundamentales la protección del interés superior del niño, evitando la desmembración del núcleo familiar y promover las condiciones necesarias para que gocen de la presencia permanente de la autoridad parental en especial cuando el niño (a) requiere cuidados especiales. Los derechos humanos o fundamentales y las obligaciones correlativas de los poderes públicos, han sido también, desarrollados en el plano infraconstitucional, tenemos así el Código de la Niñez y de la Adolescencia en general y la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, cuando se trate además de un niño (a) con necesidades especiales. Así, el Código de la Niñez y de la Adolescencia (Ley No. 7739) puntualiza que el norte interpretativo de toda acción pública o privada debe ser el interés superior del niño (artículo 5º). El ordinal 12 de ese cuerpo normativo estipula que el Estado deberá garantizar el derecho a la vida "con políticas económicas y sociales que aseguren condiciones dignas para la gestación, el nacimiento y el desarrollo integral". El numeral 29 establece la obligación del padre, la madre o la persona encargada de "velar por el desarrollo físico, intelectual, moral, espiritual y social de sus hijos menores de dieciocho años" y de "cumplir con las instrucciones y los controles que se prescriban para velar por la salud de las personas menores de edad bajo su cuidado" (artículo 45). Por su parte, además de todo lo dicho, cuando el niño (a) requiera de necesidades especiales en razón de su discapacidad entendida como "una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social" (artículo I de la Convención Americana para la Eliminaci ón de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad) es aplicable además los derechos de las personas discapacitadas, reconocidos también en normas internacionales (Convención Americana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad ratificada por la Asamblea Legislativa mediante Ley N° 7948) y con rango legal la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad N° 7600, publicada en La Gaceta del 29 de mayo de 1996. Así pues, a las personas discapacitadas se les debe garantizar igualdad de oportunidades, mediante la supresión de todos los obstáculos determinados socialmente, ya sean físicos, económicos, sociales o psicológicos que excluyan o restrinjan su plena participación en la sociedad, en este sentido define el artículo 2 la estimulación temprana cuando dice que es toda aquella "atención brindada al niño entre cero y siete años para potenciar y desarrollar al máximo sus posibilidades físicas, intelectuales, sensoriales y afectivas, mediante programas sistemáticos y secuenciados que abarcan todas las áreas del desarrollo humano…" y el artículo 13 de la Ley General de Salud No. 5395, del 30 de octubre de 1973 cuando reconoce el deber de los padres y el Estado de velar por la salud y el desarrollo de los niños: "Los niños tienen derecho a que sus padres y el Estado velen por su salud y su desarrollo social, físico y psicológico. Por tanto, tendrán derecho a las prestaciones de salud estatales desde su nacimiento hasta la mayoría de edad. Los niños que presenten discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales y emocionales gozarán de servicios especializados.". En conclusión, luego de todo lo dicho es claro que a los niños le asisten una serie de derechos especiales y correlativamente al Estado y los padres o encargados de los niños le asisten una serie de obligaciones y deberes para con ellos, más aún cuando se trate de niños con necesidades especiales, todo lo cual tiene respaldos en numerosos instrumentos internacionales, en nuestra Constitución Política y en normas legales. (…)

V.-SOBRE EL CASO CONCRETO. LA ACTUACIÓN DEL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA.- En el sub examine, la recurrente reclama que en la Oficina Local de La Unión, del Patronato Nacional de la Infancia, se tramita el expediente [Valor 002] , en su contra, por el caso de su hijo menor de edad de nombre [Nombre 002]. Expone que en el mes de octubre de 2020, el menor fue retirado de su hogar por las autoridades recurridas. Acusa que, el menor amparado fue retirado de su hogar y que ella debe llevar un control psicológico con la Caja Costarricense de Seguro Social o el Instituto Nacional de la Mujer, para solventar la situación; no obstante, en el PANI, no le brindan la atención que requiere (a fin que se le brinde ayuda para la atención psicológica que se le impuso, no la han atendido y la han dejado esperando hasta 3 horas, sin tomar en consideración que ella es una persona que depende de su trabajo) sin que pueda resolver su situación.

Ahora bien, del estudio del expediente y del informe rendido bajo juramento por las autoridades recurridas, se extrae, que la recurrente, es madre del menor amparado - [Nombre 002]-. Además, que el caso que refiere la recurrente, se tramita en el Patronato Nacional de la Infancia, sede La Unión, bajo expediente administrativo [Valor 003], con ocasión de denuncia interpuesta en contra de la progenitora. Aunado a lo anterior, que una vez realizada la Investigación Preliminar por parte de la profesional responsable del proceso, se determinó la existencia de indicadores de riesgo con intensidad, frecuencia y cronicidad grave y suficiente que ameritaban brindar protección inmediata al menor reubicándolo provisionalmente en el hogar de un recurso familiar adecuado para asumirlo. Es así, como mediante la resolución de las diez horas del veinte de noviembre de dos mil veinte, el Representante Legal del PANI, sede La Unión, ordena el CUIDO PROVISIONAL de la persona menor de edad [Nombre 002] bajo la protecci ón del recurso familiar de la señora [Nombre 017] ; en la misma resolución administrativa, se se ñaló hora y fecha para la celebración de comparecencia oral y privada para las partes involucradas, a saber, martes 24 de noviembre de 2020. En fecha 23 de noviembre de 2020, se notificó al progenitor del menor amparado; la resolución de las diez horas del veinte de noviembre de dos mil veinte, lo anterior, por medio de edictos, pues se desconoce el paradero actual del mismo. Por su parte, el Representante Legal de la oficina local del PANI, sede La Unión, deja constancia de la no celebración de la comparecencia oral y privada señalada para esa fecha y ordenada mediante resolución de las diez horas del veinte de noviembre de dos mil veinte, en razón de la no asistencia ni participación a la diligencia de ninguna de las partes involucradas. En fecha 11 de diciembre de 2020, la recurrente, interpuso un Recurso de Apelación en contra de la supra citada resolución, al encontrarse inconforme con lo dispuesto en su caso por la oficina local de La Unión, ente recurrido. El 14 de diciembre de 2020, el Representante Legal del PANI La Unión procede a elevar formalmente ante la Presidencia Ejecutiva institucional el recurso de apelación interpuesto por la recurrente, a efecto de que dicha dependencia jerárquica se pronuncie sobre la impugnación interpuesta. Actualmente, se tienen definidas fechas específicas para la atención en el área de psicología del grupo familiar, incluyendo a la recurrente; la primera de ellas se encuentra fijada para el próximo 17 de diciembre de 2020 a partir de las 2:30 pm. De igual forma y como parte del abordaje y seguimiento institucional en casos de esta naturaleza, corresponde a la profesional en psicología designada de la oficina local del PANI la elaboración de un PLAN DE INTERVENCIÓN que defina actividades, plazos y responsables para trabajar con el grupo familiar durante el plazo de vigencia del Proceso Especial de Protección iniciado. La autoridad recurrida, en todo momento se le ha brindado la atención por parte del profesional de derecho encargado del caso, dándosele la asesoría y orientación necesaria que le permite conocer con claridad las diversas fases atencionales y los tiempos previstos para su resolución. Finalmente, que el proceso administrativo de protección No. [Valor 003] , se encuentra a la espera de lo que resuelva el órgano administrativo de segunda instancia (Presidencia Ejecutiva) en torno al recurso de apelación interpuesto por la recurrente.

Del cuadro fáctico descrito, este Tribunal descarta la lesión a los derechos fundamentales de la recurrente y el menor amparado. Nótese, que contrario al dicho de la recurrente en el líbelo de interposición del recurso de amparo, las autoridades del Patronato Nacional de la Infancia, han actuado en apego a sus facultades y en resguardo de la protección de la integridad física y emocional del menor amparado. No se logró acreditar además, el dicho de la parte accionante en cuanto a la falta de atención al momento de acudir a solicitar colaboración con su caso y por el contrario, se logró acreditar que en todo momento se le ha brindado la atención por parte del profesional de derecho encargado del caso, dándosele la asesoría y orientación necesaria que le permite conocer con claridad las diversas fases atencionales y los tiempos previstos para su resolución. Además, actualmente, el proceso administrativo de protección No. [Valor 003], se encuentra a la espera de lo que resuelva el órgano administrativo de segunda instancia (Presidencia Ejecutiva) en torno al recurso de apelación interpuesto por la recurrente, lo cual, se dio recientemente en fecha 11 de diciembre de 2020, sin que pueda estimarse que ha transcurrido un plazo irracional o desproporcionado, capaz de lesionar los derechos fundamentales de la recurrente y el menor amparado y como se dijo líneas atrás, tampoco se logra acreditar la falta de atención a su caso en los términos que alegó la recurrente en el recurso de amparo que nos ocupa. En mérito de lo expuesto, se debe declarar sin lugar el recurso como en efecto se dispone.

VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara sin lugar el recurso.

Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Jose Paulino Hernández G.
Marta Eugenia Esquivel R.

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