Sentencia Nº 2021004841 de Sala Constitucional, 09-03-2021

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente21-002303-0007-CO
Número de sentencia2021004841

*210023030007CO*

Exp: 21-002303-0007-CO

Res. Nº 2021004841


SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del nueve de marzo de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 21-002303-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001] , contra el DIPUTADO ROBERTO HERNÁN THOMPSON CHACÓN.
Resultando

  1. Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 04 de febrero de 2021, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el Diputado Roberto Hernán Thompson Chacón y manifiesta que, el 24 de diciembre de 2020, el diputado accionado le bloqueó en la plataforma social Twitter, después de que él escribió, comentando su posición acerca de la vacunación contra el covid-19, que ese mismo día, la Caja Costarricense de Seguro Social estaba iniciando en el país. El bloqueo se dio hacia la cuenta [...], desde la cuenta oficial del diputado Thompson, identificada como [...]. El recurrente alega que este proceder constituye un acto de autoridad, porque en la cuenta [...] de la red social Twitter, dicho funcionario público se presenta como diputado de la Asamblea Legislativa; la información difundida a través de dicha red social está directamente relacionada con su cargo como funcionario público y la cuenta @[...] de Twitter es la que tiene registrada el diputado en el portal asamblea.go.cr de la Asamblea Legislativa, como mecanismo de comunicación con los ciudadanos. Considera que, por lo tanto, se vulneró su derecho a expresar libremente su opinión y su derecho a mantenerse informado.
  2. Informa bajo juramento Roberto Thompson Chacón, en su condición de diputado de la República, que es titular del usuario denominado “@[...]” en la plataforma Twitter, la cual abrió desde hace ya varios años, lo anterior de conformidad con las políticas de uso establecidas por dicho servicio electrónico. Por definición, cualquier persona puede abrir una cuenta en dicho servicio sin que medie un costo, para lo cual se somete a las condiciones y definiciones del servicio que se encuentran publicadas en el mismo sitio web www.twitter.com. Según la página https://help.twitter.com/es/new-user-faq, el cual es una de las páginas web que utiliza dicho servicio. Señala que Twitter es un servicio que permite que las personas usuarias se comuniquen y estén en contacto a través de mensajes rápidos y frecuentes con sus amigos, familiares y personas conocidas. Los mensajes que se comparten en esta plataforma se denominan “tweets” y éstos pueden contener fotos, videos, enlaces y texto dentro del contexto privado de cada persona que utiliza la plataforma. Dentro de las políticas de privacidad, se brindan varias opciones y alternativas a los miembros que interactúan en la plataforma para que puedan proteger los tweets (forma en que se denominan los mensajes que se publican en esta plataforma) de modo tal que se limite el acceso a dichos mensajes solamente a otros usuarios que el titular de la cuenta desee, según se extrae en otros apartados que se detallan en el “centro de ayuda” donde el servicio Twitter informa a los usuarios acerca de estas opciones, de modo tal que algunas publicaciones (o todas) solo puedan ser observadas por usuarios previamente autorizados por el titular de la cuenta, o bien, por cualquier usuario de la plataforma Twitter. Esta plataforma, esencialmente está dirigida a que el titular de una cuenta pueda, por un lado, publicar con relativa libertad información, opiniones, imágenes, videos y varias otras alternativas informativas, eso sí, a través de un único usuario, lo cual es relevante porque en otras plataformas de interacción social, las personas pueden optar por un usuario particular (llamado perfil) y también pueden optar por un crear lo que se denomina un “fan page” a través del cual cualquier usuario podría suscribirse para seguir publicaciones que sean de su interés. Esa funcionalidad (muy común en la plataforma Facebook) permite no solo a personas, sino también a empresas y entidades públicas disponer de un medio de contacto más allá de los fines para los cuales fue creado, por un lado, el perfil personal de una persona física, y por otra, la posibilidad de tener fines comerciales o publicitarios. En esa lógica, Twitter solo tiene un perfil personal (o al menos, no tiene una funcionalidad que separe diferentes vertientes, ya sea de una persona (en lo público y lo privado). Afirma que ha optado por utilizar esta plataforma para compartir con sus contactos aspectos de su vida personal, así como ideas y pensamientos propios de su fuero interno. En ese entendido, añade que la cuenta en Twitter no fue abierta con ocasión de sus funciones como servidor público, ni tiene la pretensión de presentarse como un medio de contacto o rendición pública de cuentas a la ciudadanía, sino simplemente se trata de un medio en el cual, desde su condición de ciudadano, y al amparo de las condiciones que brinda este servicio electrónico, puede hacer uso de sus funcionalidades para compartir e interactuar con usuarios de su interés particular, sea información, imágenes, aspectos de su vida personal así como ideas o comentarios muy propias de su libertad de pensamiento como ciudadano. Sostiene en su usuario de Twitter con alguna frecuencia se incluyen imágenes o contenidos de índole familiar o de su vida personal, lo cual descarta por completo que se trate de una cuenta de tipo “institucional” y, mucho menos, que haya sido abierta y asignada a su persona por la propia Asamblea Legislativa para difundir contenidos asociados a su labor como diputado, por cuanto puede verificarse que se trata de un usuario creado en el año 2011. Reafirma que es un medio de uso personal, donde se indica que es “esposo, padre y abuelo” e incluso hace alusión a sus preferencias. Menciona todo lo anterior con el propósito de hacer notar que, a diferencia del correo electrónico institucional, los teléfonos designados para su despacho o incluso la oficina en la que se le ubicó al momento de su designación como diputado de la República, en su usuario de la plataforma Twitter no es un medio oficial de comunicación con ocasión del ejercicio de su cargo y el mismo no es un perfil proveído o administrado por la Asamblea Legislativa como los insumos mencionados. Agrega que, la plataforma Twitter no es un medio reconocido por el ordenamiento jurídico como un medio de rendición de cuentas ni tampoco como una instancia oficial para difundir información asociada a labores públicas (aunque bien puede y suele tener esa funcionalidad, si es que el usuario ente público le confiere esa connotación). Señala que el ejercicio de un cargo de elección popular tampoco puede ser considerado una carga que disminuya el elenco de garantías constitucionales de la persona, de modo tal que –por su condición de funcionario público– deba entenderse que todos los espacios de su vida se convierten en públicos, por ese solo hecho de ostentar un cargo público. Dice que la Constitución Política igualmente confiere protección de los derechos a la libertad (personal, de pensamiento, de tránsito, de decisión, de expresión) así como el de la intimidad, y no podría en modo alguno constreñirse la posibilidad de que un funcionario público, actuando en su condición de ciudadano particular, pueda y/o prefiera que sus publicaciones de plataformas electrónicas puedan ser consultadas por uno, por algunos o por todos los usuarios de la plataforma, teniendo la libertad de poder limitar el acceso a dichas publicaciones; y esta opción y configuración que está disponible para todos los usuarios de la plataforma por igual. Sostiene que, como cualquier otro usuario de esta plataforma, tampoco es necesario (ni puede ser exigido al titular de una cuenta) que deba motivar o dar razones de algún tipo a la hora de tomar la determinación de graduar el nivel de publicidad y autorización de acceso a las publicaciones que se hacen desde la propia cuenta, teniendo en cuenta que tal decisión puede derivarse simplemente de una ponderación asociada a razones de seguridad, no ser víctima de insultos (que nadie está obligado a tolerar, ni siquiera un funcionario público), o bien, simplemente no tener por qué leer o atender manifestaciones de usuarios que no son de interés del titular de la cuenta (incluso aunque sean respetuosos o bien intencionados). Es decir, estima que se trata de un tema que atañe exclusivamente al arbitrio del titular de la cuenta, en el ejercicio también de sus libertades constitucionales de libertad de pensamiento, intimidad, y en general del derecho a la libertad de efectuar actos de índole privado que no dañen o afecten la moral y las buenas costumbres. Insiste que el usuario @[...] corresponde a un usuario de uso personal y en el mismo comparte información de su vida personal y no solo temas con ocasión de su cargo situación como puede verificarse a continuación: Adjunta una serie de tweets relacionados con una serie de imágenes de comida, del equipo Liga Deportiva Alajuelense, de su nieto y presuntamente de sus mascotas. Afirma que es su usuario personal, en donde comparte temas de su interés sobre su familia o sus gustos personales que desea compartir con sus amigos y usuarios de su interés. Dice que en ningún momento violentó el derecho de expresión o de información ya que no se le ha impedido publicar sus propias ideas o pensamientos en la plataforma Twitter, sea a través de su propio usuario personal. Destaca que su persona no tiene “poderes de administrador del sitio web ni del servicio Twitter” como para tener la capacidad de inutilizar el usuario del recurrente en dicha plataforma. Tampoco se le ha imposibilitado al recurrente enviar correos electrónicos a su cuenta oficial como diputado (roberto.thompson@asamblea.go.cr), ni se le impidió llamar a mi oficina (a los números que constan en la página oficial de la Asamblea Legislativa y que han sido aportados por el recurrente). Considera que existe en la especie una falta de legitimación pasiva que determina la improcedencia del recurso de amparo. Alega que este tipo de acciones de tutela constitucional están dirigidos a proteger derechos fundamentales de las personas frente a actuaciones u omisiones de las entidades y/o autoridades públicas. Sostiene que no cabe dentro de esas hipótesis, porque cualquier actuación que se le atribuya en torno al manejo del usuario @[...] en la plataforma Twitter, responde exclusivamente a decisiones de tipo privado, ajenas a cualquiera de sus responsabilidades u obligaciones como funcionario público. Por otra parte, tampoco podría prosperar el amparo en cuestión atribuyéndose la connotación de persona privada que ostente una condición de poder frente a otro particular. Lo anterior, porque no es quien diseña, administra o define los parámetros, la configuración de seguridad y privacidad o las funcionalidades del servicio Twitter, ni tampoco su usuario tiene la capacidad de limitarle o impedirle al recurrente que desde su propia cuenta publique lo que bien tenga. Menciona que, en un amparo previamente conocido por esta Sala Constitucional (voto 2121-2015) que correspondía a un amparo dirigido contra un diputado por razones, en algún sentido similares (bloqueo en el acceso a un perfil en una red social del diputado), dicho recurso fue declarado sin lugar, según se colige de la información relevante disponible en el sistema Nexus del Poder: 02121-15. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LIMITAN ACCESO A LA RED SOCIAL (FACEBOOK Y TWITTER) DE UN DIPUTADO A OTRO. ASUNTO DE MERA LEGALIDAD. CUENTAS PERSONALES. SIN LUGAR “(…) la Sala llega a la conclusión de que, en el caso bajo estudio, no se ha dado ninguna vulneración de derechos fundamentales del recurrente, que merezca la tutela constitucional. Por el contrario, más bien considera este Tribunal que, de haberse dado alguna situación contraria al ordenamiento jurídico, sería propia de legalidad y debería de ser dirimida en la vía ordinaria correspondiente”. Por otra parte, alega que la afirmación del recurrente de que se vulneró su derecho como ciudadano a estar informado, es abiertamente errónea, por cuanto toda la información atinente a su gestión consta en los medios oficiales de la Asamblea Legislativa, y en la cual se puede revisar información atinente a los órganos que integra como Diputado, sus intervenciones en las comisiones y Plenario, los proyectos presentados junto con las actas completas de las sesiones de los órganos en los cuales interviene. Todo lo anterior sin perjuicio de que, por medio del correo electrónico oficial, o bien, a través de cualquier otro medio escrito (en el ejercicio también de la libertad de petición y pronta respuesta) el recurrente bien puede solicitar cualquier información que sea de su interés sobre aspectos específicos de su labor legislativa. Solicita se declare sin lugar el recurso.

  3. En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,

Considerando:

  1. Objeto del recurso. El recurrente reclama la vulneración a sus derechos fundamentales, pues acusa que el 24 de diciembre de 2020, el diputado Thompson Chacón le bloqueó en la plataforma social Twitter, después de que él escribió, comentando su posición acerca de la vacunación contra el covid-19, que ese mismo día, la Caja Costarricense de Seguro Social estaba iniciando en el país. El bloqueo se dio hacia la cuenta @[...], desde la cuenta oficial del diputado Thompson, identificada como @[...].
  2. Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la parte recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

    1. El recurrente es usuario de la cuenta de Twitter @[...] (hecho no controvertido).

    2. El recurrido tiene como usuario de Twitter @[...] (hecho no controvertido).

    3. El recurrido abrió su cuenta de Twitter desde antes de ser diputado de la República (véase el informe).

    4. La cuenta de Twitter del recurrido no es una cuenta institucional asignada como diputado de la República para difundir contenidos asociados a su labor como diputado (véase el informe).

    5. El usuario @[...] corresponde a un usuario de uso personal y en el mismo comparte información de su vida personal y temas con ocasión de su cargo (véase el informe).

    6. El medio electrónico mediante el cual puede ser ubicado el diputado recurrido es el correo electrónico roberto.thompson@asamblea.go.cr (véase el informe).

    7. A las 08:17 horas del 24 de diciembre de 2020, el usuario @[...] -el recurrido- emitió el siguiente “Tweet”: “Vacuna! Qué importa el show si hemos esperado un año por este momento que debe llenarnos de esperanza en la lucha contra esta maldita enfermedad que ha causado tanto dolor. Unámonos en agradecimiento a celebrarlo hoy, enfocados en seguir abrazando juntos, esta pelea por la vida!” (consúltese el perfil público de Twitter del recurrido).

    8. A las 17:27 horas del 24 de diciembre de 2020, el usuario @[...] emitió una respuesta al “tweet” del recurrido: “Es interesante tener la visión de 2 políticos acerca de un mismo tema. Tan difícil que es ganar la credibilidad y tan fácil que se pierde. Espero seguir viviendo a uno de ellos liderando al país en los próximos años @[...] @josemvillalta”. En el tweet se incorporaron tres screenshots que tenían tres tweets, que dos de ellos fueron emitidos por el Diputado José María Villalta Flórez-Estrada y el tweet del recurrido (consúltese el perfil público de Twitter del recurrido).

    9. El 24 de diciembre de 2020, el recurrido bloqueó al usuario del recurrente en la plataforma social Twitter, después de que él escribió, comentando su posición acerca de la vacunación contra el covid-19, que ese mismo día, la Caja Costarricense de Seguro Social estaba iniciando en el país (hecho no controvertido).

  1. Sobre el caso concreto. Después de haber analizado el informe y las pruebas aportadas por las partes, esta Sala descarta la vulneración a los derechos fundamentales de la parte recurrente, por las razones que a continuación serán expuestas. Del análisis de las pruebas aportadas, se ha tenido por demostrado que el recurrente es usuario de la cuenta de Twitter @[...]. Mientras que el recurrido tiene como usuario de Twitter @[...]. Bajo ese orden de ideas, La cuenta de Twitter del recurrido no es una cuenta institucional asignada como diputado de la República para difundir contenidos asociados a su labor como diputado. Según se informó bajo juramento, el usuario @[...] corresponde a un usuario de uso personal y en el mismo comparte información de su vida personal y temas con ocasión de su cargo. Bajo esa línea, se ha tenido por demostrado –por ser un hecho no controvertido– que el 24 de diciembre de 2020, el recurrido bloqueó al usuario del recurrente en la plataforma social Twitter, después de que él escribió, comentando su posición acerca de la vacunación contra el covid-19, que ese mismo día, la Caja Costarricense de Seguro Social estaba iniciando en el país. Sin embargo, dicha actuación no infringe los derechos fundamentales de la parte recurrente, porque la cuenta de Twitter del recurrido no es una cuenta institucional diseñada exclusivamente para informar sobre su gestión como diputado de la República, sino donde también externa sus gustos personales (sobre comida, deportes, etc.). Esta Sala conoció de un recurso similar mediante sentencia No. 2019-11342 de las 09:30 horas del 21 de junio de 2019, donde se resolvió:
El recurrente alega tras unas quejas que efectuó en el año 2010 en contra del señor Thompson Chacón, actual diputado, fue bloqueado en la red social “FACEBOOK” tanto del perfil personal en la dirección https://www.facebook.com/roberto.thompson.33, como de la página utilizada en su momento como alcalde y hoy en día como diputado con la dirección https://www.facebook.com/RobertoThompsonChacon/, -ambas dentro de la misma red social-. Al día de hoy, el bloqueo en dicha red social por parte del señor diputado se mantiene. Considera que lo expuesto violenta su libertad de expresión, y en consecuencia, esta Sala le debe ordenar al accionado eliminar cualquier tipo de bloqueo de páginas, a perfiles suyos.
II.- Del propio dicho del recurrente y de la prueba aportada, esta Sala llega a la conclusión de que, en el caso bajo estudio, no se ha dado ninguna vulneración de derechos fundamentales, que merezca la tutela constitucional. Por el contrario, más bien considera este Tribunal que, de haberse dado alguna situación contraria al ordenamiento jurídico, sería propia de legalidad y debería de ser dirimida en la vía ordinaria correspondiente, como podría ser en la instancia penal en donde se podrían analizar los alegatos que se pudieran partes sobre la posible existencia del delito de injurias, calumnias y difamación. Como ya se ha señalado en anteriores ocasiones por esta Sala (ver en ese sentido la sentencia número 2012-011766 de las 11 horas 31 minutos del 24 de agosto del 2012), las páginas de redes sociales a las que se refiere el recurrente (Twitter y Facebook) donde se han dado los comentarios e interacciones entre el recurrente y el accionado Thompson Chacón, corresponden a cuentas electrónicas que pertenecen, a título personal al recurrido, en donde se dio una interacción propia de su naturaleza que ha permitido el intercambio de comentarios que provocaron el bloqueo del recurrente desde el año 2010. Para la Sala ha quedado debidamente acreditado que las cuentas del accionado, no está referida a una cuenta de una entidad pública que utilizara tal medio de comunicación para divulgar algún tipo de información o interactuar de alguna forma con los administrados y en ese sentido debe resaltarse que, como se desprende de autos, las cuentas del accionado Thompson Chacón, no están a nombre de ningún ente público. Según se observa, se trata de cuentas que se abrieron antes de que el recurrido ostentara el cargo de Diputado desde año anterior y que probablemente seguirán existiendo a su nombre y en su carácter personal, con independencia de que ocupe ese cargo durante los 3 años restantes o ya no esté ejerciendo labores como legislador. De igual manera, de las pruebas aportadas a los autos, no se ha logrado demostrar que los mensajes con los cuales interactuaron ambas partes antes del año 2010, se hayan dado en el marco de una gestión pública, pero de igual manera, expuesto a que el propietario de una u otra cuenta, pueda decidir optar por el bloqueo de alguna cuenta en especial cuando pierde el interés en continuar manteniendo el contacto con aquélla, por razones que, obviamente, escapan del control de constitucionalidad y que más bien, son propias de sujetos privados en uso de sus atribuciones personales y de las facilidades que, en ese sentido, les ofrece la tecnología. Recuérdese que esta Sala no puede fungir como un contralor del interés personal que pueda tener alguna de las partes, por continuar manteniendo el contacto con la otra, pues evidentemente ello queda reducido al ámbito privado de ambas. De igual manera, la Sala tampoco es un contralor de la legalidad y por ende no le compete revisar si las acciones cuestionadas se ajustan o no a los términos de uso aceptados por el recurrente o el accionado, o a la normativa legal vigente, pues esa es una labor propia de la vía común (ver en tal sentido sentencia número 2012-011766 de las 11 horas 31 minutos del 24 de agosto del 2012). Por ello, como ya se indicó supra, en el eventual supuesto de que los comentarios que se hicieren en esas cuentas personales, pudieren contener algún vicio de legalidad, deberán las partes plantear su inconformidad o reclamo en la vía jurisdiccional competente, sede en la cual se podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto, hacer valer sus pretensiones y, eventualmente, reclamar por alguna injuria, calumnia o difamación, en el caso de que se hubieren dado (ver en similar sentido la sentencia número 2015-002121 de las once horas treinta y uno minutos del trece de febrero de dos mil quince). En consecuencia, este recurso es inadmisible, como en efecto se ordena” (el resaltado no es del original).
En consecuencia, dado que la cuenta de recurrido no está a nombre de ningún ente público y es una cuenta personal, lo que procede es declarar sin lugar el recurso, como en efecto se hace.
  1. Nota del Magistrado Rueda Leal. En la especie, este asunto difiere de otros, en los que se ha demostrado el uso de redes sociales por entes públicos para la divulgación de la labor institucional (ver sentencias números 2012016882 de las 14:30 horas del 4 de diciembre de 2012 y 2020016812 de a las 9:15 horas del 4 de setiembre de 2020) o bien cuando es utilizado por un servidor para la divulgación de su actividad oficial de modo específico y directo (voto salvado en la sentencia número 2015002121de las 11:31 horas del 13 de febrero de 2015), lo que -a semejanza del sub iudice‑ no ocurre cuando tal vínculo carece de esas cualidades (sentencias números 2012011766 de las 11:30 horas del 21 de agosto de 2012 y 2019011342 de las 9:30 horas del 21 de junio de 2019).
  2. Nota de la Magistrada Hernández López. – En el presente asunto, coincido con la desestimatoria dispuesta. En ese sentido, tal y como lo indiqué en la sentencia 20160017206, “Como ya se ha señalado en anteriores ocasiones por esta Sala (ver en ese sentido las sentencias números 2012-011766 de las 11 horas 31 minutos del 24 de agosto del 2012 y 2015-002121 de las 11 horas 31 minutos del 13 de febrero del 2015), las páginas de redes sociales como la de Twitter a la que se refiere el recurrente, en donde se han dado los comentarios e interacciones entre el recurrente y otras personas en contra de la señora Ministra de Justicia y Paz, corresponde a una cuenta electrónica que pertenece, a la recurrente, en donde se ha dado una interacción propia de su naturaleza, la cual ha permitido el intercambio de comentarios y opiniones respecto de una publicación que, bajo juramento se afirma que se hizo por error, en la cuenta personal de Twitter de la señora [Nombre 007] , y que tan pronto como se detectó el yerro, se corrigió y se aclaró lo que había ocurrido, explicándose que lo divulgado no correspondía, en modo alguno, a su posición oficial como Ministra de Justicia y Paz. En el caso concreto se observa un ir y venir de comentarios que se realizaron entre varias personas a través de un medio de internet abierto al público inscrito, pero de igual manera, expuesto a que el propietario de una u otra cuenta, pueda decidir optar por corregir o eliminar comentarios o contestarlos, lo que constituye aspectos que escapan del control de constitucionalidad y que más bien, son propios de la voluntad de sujetos privados en uso de sus atribuciones personales y de las facilidades que, en ese sentido, les ofrece la tecnología. Básicamente se trata de un ejercicio de libertad de expresión y libre autodeterminación. En ese sentido, en el eventual supuesto de que los comentarios que se hicieren en esas cuentas personales, pudieren contener algún vicio de legalidad, deberán las partes plantear su inconformidad o reclamo en la vía jurisdiccional competente, sede en la cual se podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto, hacer valer sus pretensiones y, eventualmente, reclamar por alguna amenaza, injuria, calumnia o difamación, en el caso de que se hubieren dado. En consecuencia, procede declarar sin lugar el recurso, como en efecto se ordena.”
Ahora, respecto a las anteriores razones, es necesario complementar mi criterio, no solo para el presente asunto, sino, para casos futuros. En ese sentido, es necesario diferenciar la actividad en redes sociales que una persona puede ejercer, desde el ámbito de su privacidad, es decir, desde un perfil privado, y, otra, la actividad en redes sociales, que ejerce una persona desde su función pública, máxime, cuando esta es de elección popular.
En el primero de los escenarios, la persona ejerce su libertad, compartiendo el pensamiento libre, como forma de expresar su personalidad, a través de la proyección de su vida, respecto a sus semejantes, en redes sociales. Sobre el particular, en este tipo de perfiles privados, la persona titular de la cuenta, ostenta la posibilidad -a partir de su autonomía de la voluntad- de publicar el material de su interés, de aceptar las amistades de otros perfiles, de bloquearlos, dejarlos de seguir, así como, de eliminar los comentarios, tanto propios, como ajenos, que le parezcan inconvenientes, u, ofensivos. Igualmente, dicha actividad, por así haberlo aceptado la persona usuaria de la Red Social, se verá limitado a partir de las regulaciones propias de la Red Social utilizada.
En el segundo de los escenarios, la persona, ahora desde su investidura de funcionaria pública, y, en algunos casos, de funcionaria electa popularmente, decide crear un Perfil oficial, para compartir las acciones propias de su cargo a través de una Red Social, con el fin de rendirle cuentas a la ciudadanía, o, de compartir información de interés político, social, o de políticas públicas entre otras. Este tipo de plataformas, se comportan como una herramienta de mayor eficacia y eficiencia, para que las personas puedan hacerse escuchar por sus representantes políticos, y, por las Instituciones Públicas. Ahora, dichos perfiles oficiales, como herramientas para interactuar con las personas, y, para compartir la función pública propia de la persona funcionaria, no escapan de cometarios de usuarios, o de perfiles privados, que más allá de una crítica al funcionario, o, al ejercicio de su cargo, implican más, un insulto, u, ofensa, sin razón alguna. Es cierto, que la jurisprudencia de este Tribunal, y, hasta de los Tribunales Penales, ha desarrollado la tesis, sobre el mayor estándar de tolerancia a las críticas, incluso a los insultos, que los funcionarios públicos deben de soportar.
Ahora, dicha tolerancia, es respecto a la posibilidad de incoar procesos penales, o hasta civiles, sin embargo, lo anterior no impide, que la persona funcionaria, incluso desde el uso de su perfil oficial, elimine, o denuncie -según las políticas que regulan la Red Social-, comentarios que claramente se circunscriben a insultos, o agravios, que ni siquiera tienen conexidad con el ejercicio de la función pública de la persona. Ahora, pese a la anterior facultad, la persona funcionaria, no puede eliminar el perfil de la persona -supuestamente agresora-, o, pretender su bloqueo definitivo (conocido como “Banneo” de cuenta), ya que lo anterior bloquearía del todo una posibilidad que tiene el ciudadano, de comunicarse con su representante político, o, de exigirle cuentas, que, al fin y al cabo, son derechos fundamentales de cualquier persona. Que, existan otros medios, o, herramientas tecnológicas para que las personas se puedan comunicar con sus representantes políticos, no justifica que se le impida al ciudadano -pese a su abuso- el uso de un Perfil Oficial, que fue dispuesta -a través de una Red Social- para la comunicación entre las personas y sus representantes políticos, ya que cada persona se encuentra en la libertad, de elegir el medio de comunicación con su representante político, que le convenga.
En el caso concreto, no existe duda, que la Red Social del Diputado recurrido, es su perfil privado, sin que exista evidencia de que su naturaleza ha mutado a la de un perfil público u oficial (que sería otro supuesto). Por tal razón, considero, que el Diputado accionado, contaba con el mecanismo de defensa de su honor según las reglas de la propia red que utiliza, razón por la cual me uno a la desestimatoria del presente recurso.
  1. Documentación aportada al expediente. Debe prevenir esta Sala a las partes que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Rueda Leal pone nota. La Magistrada Hernández López pone nota.


Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ileana Sánchez N.



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