Sentencia Nº 2021004875 de Sala Constitucional, 09-03-2021

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente21-003760-0007-CO
Número de sentencia2021004875

*210037600007CO*

Exp: 21-003760-0007-CO

Res. Nº 2021004875

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del nueve de marzo de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo que se tramita en expediente N° 21-003760-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL Y EL MINISTERI ODE JUSTICIA Y PAZ.
RESULTANDO:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 13:36 horas de 24 de febrero de 2021, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Justicia y Paz, y manifiesta que se encuentra privado de libertad en el Centro de Atención Institucional Jorge Debravo, y desde 2016 fue atendido en el Servicio de Urología del Hospital Tony Facio y referido al Hospital Max Peralta de Cartago, donde se le realizó un ultrasonido el 06 de julio de 2020, detectándole una hernia inguinal derecha. Indica que el 22 de julio de 2020 se confeccionó una referencia al Servicio de Cirugía del mismo nosocomio para la intervención quirúrgica que requiere, pero, no se le fijó fecha, por lo que interpuso el recurso de amparo N° 20-015293-0007-CO para que le asignaran la cita respectiva, por lo que fue atendido el 22 de febrero de 2021 en el Servicio de Cirugía General. Reclama que en dicha valoración le indicaron que la cita para la operación podría durar meses o años. Manifiesta que tiene cinco años luchando con este problema, le han medicado distintos tipos de pastillas para el dolor, las cuales no le han quitado o disminuido el dolor y aunque le inyectan una vez a la semana, el dolor cede un par de días y vuelve a la misma situación. Estima que tal omisión resulta violatoria de sus derechos fundamentales.
2.- Por resolución de las 10:47 horas del 25 de febrero de 2021, se concedió audiencia al Director General y al Director Médico; ambos del Centro de Atención Institucional Jorge Debravo, así como al Director Médico y al Jefe del Servicio de Cirugía General; ambos del Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.
3.- Informa bajo juramento Adriana Masís Carpio, en su condición de Directora a.i. del Centro de Atención Institucional Jorge Debravo, que el amparado se encuentra recluido en ese centro penitenciario, descontando una pena de veintisiete años de prisión, por el delito de Homicidio Simple. Señala que, según lo indicado por la Jefatura del Área Médica, el amparado presenta una hernia inguinal derecha, por lo que fue valorado el 22 de febrero de 2021 en el Servicio de Cirugía del Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, donde fue anotado en lista de espera para cirugía. Asegura que el amparado controla el dolor en la clínica del centro penal. Solicita se declare sin lugar el recurso.
4.- Informan bajo juramento Krisia Díaz Valverde y Alexander Sánchez Cabo, por su orden Directora General y Jefe del Servicio de Cirugía General; ambos del Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, que el tutelado es una persona de veintisiete años de edad, y fue valorado el 22 de febrero de 2021, en el Servicio de Cirugía General, donde se determinó que poseía una hernia inguinal, por lo que fue colocado en lista de espera. Explican que no cuenta con una fecha de cirugía programada, ya que, debido a la pandemia, no pueden programar cirugías que no se constituyan como una emergencia. Además, aseguran que el caso del amparado tiene una prioridad baja. Señalan que el amparado tiene solamente quince días de haberse incluido en la lista de espera, por lo que solicitan se declare sin lugar el recurso.

5.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Sánchez Navarro ; y,

CONSIDERANDO:
I.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente alega que es una persona privada de libertad, y cuenta con una hernia inguinal derecha que requiere de una cirugía. No obstante, a la fecha de interposición de este recurso, no se le ha brindado una fecha cierta para tratar su patología, por lo que estima lesionados sus derechos fundamentales.
II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
a) El amparado es una persona de veintisiete años de edad (véase consulta pública del Tribunal Supremo de Elecciones).
b) El paciente fue atendido el 22 de febrero de 2021, en el Servicio de Cirugía del Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, y tras diagnosticarse con una hernia inguinal derecha, fue colocado en lista de espera para cirugía, sin criterio de prioridad (véase informe rendido por las autoridades recurridas).
c) El tutelado se encuentra privado de libertad en el Centro de Atención Institucional Jorge Debravo, donde recibe medicamentos para el dolor cuando es requerido (véase informe rendido por las autoridades recurridas).
d) Actualmente las autoridades médicas no están ingresando pacientes para cirugía, debido al riesgo de infección a causa de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, según los protocolos para evitar contagios, y únicamente se atienden casos oncológicos y de emergencia (véase informe rendido por las autoridades recurridas).
III.- HECHO NO PROBADO. No se tiene como debidamente demostrado el siguiente hecho, de importancia para la resolución de este asunto:
ÚNICO.- Que el amparado cuente con fecha cierta para la cirugía requerida.
IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En este asunto, se acreditó que el amparado, una persona privada de libertad en el Centro de Atención Institucional Jorge Debravo, fue atendido en el Servicio de Cirugía General del Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, el 22 de febrero de 2021, y fue ingresado a lista de espera para cirugía, tras diagnosticarse una hernia inguinal derecha. No obstante, a la fecha de interposición de este recurso -sea el 24 de febrero de 2021-, no cuenta con fecha cierta para su intervención. Al respecto, las autoridades recurridas no niegan los hechos, y recalcan que, en el caso de la cirugía indicada, el paciente no fue anotado con criterio de urgencia, por lo que se mantiene en lista de espera.
Ahora bien, este Tribunal tiene como debidamente demostrado, en primer lugar, que la interposición del presente recurso de amparo deviene prematura, ya que, a la fecha de interposición de este recurso, habían transcurrido únicamente dos días desde el ingreso del amparado en la lista de espera para la intervención quirúrgica que requiere. Además, observa esta Sala que, actualmente, no se están ingresando pacientes para cirugía, debido al riesgo de infección a causa de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, según los protocolos para evitar contagios, y únicamente se atienden casos oncológicos y de emergencia, y siendo que el caso del amparado no constituye ninguno de esos supuestos, se mantiene en lista de espera para su cirugía, hasta que transcurra la pandemia. Por lo anterior, considera esta Sala que la decisión de diferir los procedimientos que no son urgentes, tiene sustento en un criterio médico, ya que se pretende proteger la vida de los pacientes, siendo que la ejecución de una cirugía en tiempos de pandemia impone un alto riesgo para la salud del tutelado. En mérito de lo expuesto, se descarta la lesión a los derechos fundamentales del tutelado.
V.- No obstante, deberán tomar nota las autoridades médicas, para procurar adoptar las medidas del caso para que la cirugía requerida por el amparado en el Servicio de Cirugía General, sea programada en un plazo prudencial, luego de superada la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, siempre y cuando no exista posibilidad de hacerlo antes. En ese sentido, deberán programar la cirugía requerida, lo más pronto posible y comunicar dicho dato al paciente, tomando en cuenta su situación de salud, el avance de la pandemia y las medidas sanitarias dispuestas.
VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes, que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del Despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso. Tomen nota las autoridades recurridas de lo dispuesto en el Considerando V de esta Sentencia. Notifíquese.-
Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ileana Sánchez N.
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