Sentencia Nº 2021004879 de Sala Constitucional, 09-03-2021

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente21-003806-0007-CO
Número de sentencia2021004879

*210038060007CO*

Exp: 21-003806-0007-CO

Res. Nº 2021004879

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del nueve de marzo de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra el HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS.
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 24 de febrero de 2021, el recurrente interpone recurso de amparo contra el Hospital San Juan de Dios y manifiesta que es una persona adulta de 73 años de edad. Relata que en el 2019 acudió al Servicio de Ortopedia del Hospital San Juan de Dios, a fin de ser valorado, toda vez que adolece de un problema a nivel de cadera derecha. Acota que se le diagnosticó un desgaste de cadera derecha y le fue indicada una cirugía; no obstante, se le agendó una nueva cita para dentro un año, por cuanto en aquel momento no había cupo para la operación. Señala que al cumplirse período señalado se apersonó al nosocomio accionado, a efectos de ser atendido por los especialistas en Ortopedia, oportunidad en la cual se le manifestó que no se estaban practicando intervenciones quirúrgicas debido a la pandemia, razón por la que se le programó cita para noviembre de 2021. Aduce que con el paso del tiempo su patología ha empeorado, al extremo que no puede caminar y sufre de fuertes dolores, por lo que requiere ser operado lo antes posible. Considera que lo descrito conculca su derecho constitucional a la salud. Solicita que se declare con lugar el recurso.
2.- Mediante resolución de las 10:43 horas del 25 de febrero de 2021, este Tribunal dictó la resolución del curso del presente asunto.
3.- Informa bajo juramento Ileana Balmaceda Arias, en su condición de directora general del Hospital San Juan de Dios (informe rendido el 03 de marzo de 2021), que el jefe de Servicio de Ortopedia de ese centro médico indicó lo siguiente: “(…) El paciente fue valorado por un Ortopedista subespecialista en reemplazos articulares el 22/05/2019, se le diagnosticó coxartrosis severa y se le indicó una cirugía electiva de reemplazo total de caderas con un nivel alto de prioridad. La prioridad de los procedimientos quirúrgicos es asignada por el médico especialista en Ortopedia, según su criterio técnico experto y posterior a un exhaustivo estudio del caso. A esto se suman una gran cantidad de casos que ingresaron antes que el del señor [Nombre 001] a la lista de espera de cirugía electiva y que deben ser operados antes que él, las prioridades quirúrgicas, los casos oncológicos y las cirugías que deben realizarse en cumplimiento de las resoluciones de la Sala Constitucional. Además, la programación del procedimiento del señor [Nombre 001] se ha retrasado como consecuencia de la reorganización hospitalaria y del servicio ante la pandemia por COVID-19, situación ampliamente conocida por la Sala Constitucional. Se justifica el tiempo para la cirugía del señor [Nombre 001] , puesto que la presencia de coxartrosis bilateral no corresponde a una patología traumática aguda o tumoral maligna que ponga en riesgo la vida, por lo que su tratamiento quirúrgico puede realizarse de manera electiva y diferida sin poner en riesgo la salud o la integridad física del paciente. Respecto al cumplimiento de la medida cautelar establecida, se realizarán los exámenes y la valoración preoperatoria al paciente y de no existir contraindicación médica, se le realizará su cirugía durante el mes de junio de 2021, siempre que sea posible de acuerdo con la reorganización hospitalaria y del servicio decretada por la emergencia nacional provocada por la pandemia por COVID-19 (...)”. Solicita que se declare sin lugar el recurso planteado.
4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Araya García; y,

Considerando:
I.- Objeto del recurso. El recurrente, quien es un adulto mayor, reclama violación a su derecho a la salud, pues acusa que se encuentra en lista de espera para realizarle una intervención quirúrgica desde el 2019, plazo que considera desproporcionado.
II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
a) El 22 de mayo de 2019, el recurrente fue valorado en el Servicio de Ortopedia del Hospital San Juan de Dios y se le diagnosticó coxartrosis severa, por lo que se le indicó una cirugía electiva de reemplazo total de caderas con un nivel alto de prioridad (ver informe rendido).
b) Con ocasión de la medida cautelar, el recurrente será operado en el Servicio de Ortopedia del Hospital San Juan de Dios en el mes de junio de 2021 (ver informe rendido).
c) Actualmente, el recurrente se mantiene en lista de espera en el Servicio de Ortopedia del Hospital San Juan de Dios (ver informe rendido).
III.- SOBRE EL DERECHO A LA SALUD DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución Política es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la Carta Política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Evidentemente, cualquier retardo de los hospitales, clínicas y demás unidades de atención sanitaria de la Caja Costarricense de Seguro Social puede repercutir negativamente en la preservación de la salud y la vida de sus usuarios. Los entes, órganos y funcionarios públicos se deben a los usuarios con una clara e inequívoca vocación de servicio, puesto que, esa ha sido la razón de su creación y existencia. De esta forma, el artículo 12, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece el derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, por lo que el Estado y sus Instituciones tienen la obligación de asegurar la plena efectividad de ese derecho a través de una serie de acciones positivas y del ejercicio de las potestades de regulación, fiscalización y de policía sanitaria. Esto se traduce en el deber de la prevención y el tratamiento efectivo de enfermedades, así como la creación de condiciones que asegure el acceso a los servicios de salud, en condiciones de igualdad, para todas las personas. Sumado a esto, resulta de relevancia lo dispuesto en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual, en el artículo 3, inciso k), establece como un principio general el buen trato y la atención preferencial. En congruencia con el artículo anterior, el numeral 19 de la Convención enuncia en su primer inciso, que los Estados deberán asegurar la atención preferencial y el acceso universal, equitativo y oportuno en los servicios integrales de salud de calidad basados en la atención primaria, y aprovechar la medicina tradicional, alternativa y complementaria, de conformidad con la legislación nacional y los usos y costumbres. Igualmente, en el inciso m) del mismo artículo, se estipula que se deberá garantizar a la persona mayor la disponibilidad y el acceso a los medicamentos reconocidos como esenciales por la Organización Mundial de la Salud, incluyendo los fiscalizados necesarios para los cuidados paliativos. Adicionalmente, el artículo 6 de la precitada Convención, indica que los Estados tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias con el fin de garantizar a las personas adultas mayores, un efectivo goce del derecho a la vida y al derecho de vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, y en igual de condiciones con los demás sectores de la población. Esta obligación, además, conlleva la toma de medidas para que las personas mayores tengan un acceso no discriminatorio a cuidados integrales.
IV.- Sobre el fondo. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal verifica la violación al derecho a la salud del recurrente. Lo anterior, porque en el informe rendido por el representante de la autoridad recurrida -que se tiene por dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto, ha sido debidamente acreditado que el 22 de mayo de 2019 el recurrente, quien es un adulto mayor, fue valorado en el Servicio de Ortopedia del Hospital San Juan de Dios y se le diagnosticó coxartrosis severa, por lo que se le indicó una cirugía electiva de reemplazo total de caderas con un nivel alto de prioridad. De esta forma, se constata que el recurrente tiene de estar esperando su cirugía desde hace más de 20 meses, lo cual es un plazo desproporcionado. En virtud de ello, se acredita la lesión a su derecho a la salud del paciente, pues si bien es cierto, esta Sala comprende la necesidad de priorizar los asuntos en los centros médicos, de modo que las situaciones que impliquen un mayor riesgo sean atendidas con prontitud, es deber de la Caja Costarricense de Seguro Social, resguardar de forma efectiva el derecho a la salud de toda persona, lo que incluye la obligación de prestar, de manera oportuna y diligente, la atención especializada y el tratamiento médico que necesitan sus pacientes, incluyendo las soluciones quirúrgicas; por lo que mantener en lista de espera en estado de incertidumbre a un paciente sin una fecha cierta para la realización del procedimiento conlleva una violación a su derecho a la salud. Así, es menester recordar que, tratándose de adultos mayores, este Tribunal Constitucional ha indicado que no deben esperar más de un mes para recibir la atención médica que requieren (ver sentencia No. 2018-20332 de las 9:30 horas de 5 de diciembre de 2018), razón por la cual, considera esta Sala que la espera en la que la autoridad pretende mantener al recurrente para realizarle la cirugía que requiere, constituye una violación al derecho a la salud, consagrado en el numeral 21 de la Constitución Política. De tal forma, al acreditarse la violación al derecho a la salud en los términos dichos, el recurso debe ser declarado con lugar.
Ahora bien, se comprueba que, con ocasión de la medida cautelar, el recurrente será operado en el Servicio de Ortopedia del Hospital San Juan de Dios en el mes de junio de 2021. No obstante, lo anterior, este Tribunal considera que esa situación no subsanada la violación constatada, pues el recurrente todavía tendría que esperar más de tres meses para ser operado, lo cual, continúa siendo desproporcionado, tomando en cuenta que se trata de un adulto mayor que ya ha esperado su cirugía 20 meses. Por ende, el presente asunto será declarado con lugar, con las consideraciones que se dirán en la parte dispositiva de esta sentencia
V.- NOTA SEPARADA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ, Y LA MAGISTRADA GARRO VARGAS, CON REDACCIÓN DEL PRIMERO. Si bien en este caso concurrimos con nuestro voto a declarar con lugar el recurso de amparo por la dilación en la realización de la cirugía requerida por la amparada, la orden que se dispone en la parte dispositiva de este fallo, en el sentido de que se le intervenga en el plazo establecido en el por tanto, se aplicará siempre y cuando no conlleve desplazar a otro paciente que requiere de una cirugía prioritaria o urgente en vista de que está en peligro su vida o se le causará un daño grave en su salud.
VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Ileana Balmaceda Arias, en su condición de directora general del Hospital San Juan de Dios, o a quien ocupe ese cargo, que gire las órdenes pertinentes y lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de su competencias, para que la cirugía que requiere el recurrente en el hospital recurrido le sea realizada dentro del plazo de un mes, contado a partir de la notificación de esta sentencia, todo bajo estricta responsabilidad y supervisión de su médico tratante, siempre y cuando sea posible de acuerdo con la reorganización del servicio decretada por la emergencia hospitalaria con ocasión de la epidemia de coronavirus (COVID-19). En caso de que no sea posible cumplir con lo anterior, en atención a las razones mencionadas, deberán adoptarse las medidas del caso para que la orden dada sea acatada dentro del plazo otorgado por este pronunciamiento, luego de superada la epidemia de coronavirus, siempre y cuando no exista posibilidad de hacerlo antes. Lo anterior, bajo la advertencia que de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Los Magistrados Castillo Víquez, Hernández López y Garro Vargas ponen nota. Notifíquese.

Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ileana Sánchez N.

Documento Firmado Digitalmente

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