Sentencia Nº 2021005132 de Sala Constitucional, 12-03-2021

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente21-003271-0007-CO
Fecha12 Marzo 2021
Número de sentencia2021005132

*210032710007CO*

Exp: 21-003271-0007-CO

Res. Nº 2021005132

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del doce de marzo de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo que se tramita en expediente No. 21-003271-0007-CO, interpuesto por NIELCI DE LOS ÁNGELES BARRANTES PÉREZ, cédula de identidad 0108460306 a favor de [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS).

Resultando:

1.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 9:18 horas del 18 de febrero de 2021, la accionante formula recurso de amparo. Indica que el tutelado es una persona adulta mayor de 66 años de edad. Acota que, el 15 de setiembre de 2020, el tutelado planteó una solicitud de pensión por vejez del Régimen No Contributivo ante la Caja Costarricense de Seguro Social. Explica que tal gestión se remitió al correo electrónico rnc-servicios@ccss.sa.cr , debido a que por la pandemia por la covid-19 no se recibían documentos. Acusa que a la fecha de interposición de este recurso, tal solicitud no ha sido resuelta. Solicita que se declare con lugar el recurso.
2.- Mediante resolución de la Sala de las 15:50 horas del 18 de febrero de 2021, se dio curso al amparo y se solicitó informe al gerente de pensiones y al coordinador de la Sucursal de Pérez Zeledón, ambos de la Caja Costarricense de Seguro Social, sobre los hechos alegados por la recurrente.
3.- Por escrito incorporado en el expediente digital a las 19:02 horas del 24 de febrero de 2021, rinde informe bajo juramento Jaime Barrantes Espinoza, en su condición de gerente de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social. Aclara que le solicitó informe al administrador de la Sucursal de Pérez Zeledón sobre los hechos alegados por la recurrente. Afirma que el tutelado es una persona adulta mayor de 66 años de edad. Añade que, el 20 de setiembre de 2020, la parte recurrente remitió una solicitud de pensión por invalidez del Régimen No Contributivo al correo electrónico rnc-servicios@ccss.sa.cr . Acota que en tal fecha la sucursal mantenía una restricción en relación con la pandemia por la covid-19. Sostiene que a la fecha de interposición del recurso tal solicitud no ha sido resuelta. Explica que el trámite se encuentra en la etapa de análisis. Acota que el Subárea de Pensiones coordinó con la Dirección Regional Sucursales Brunca para darle prioridad al caso. Afirma que el asunto del tutelado está a la espera de que se aporte el número de cuenta cliente del amparado, pues es un requisito indispensable. Agrega que tal dato se solicitó al tutelado el 22 de febrero de 2021 mediante correo electrónico remitido a la cuenta bufetebarrantes@hotmail.com . Solicita que se declare sin lugar el recurso en relación con la Gerencia de Pensiones, pues tuvo conocimiento de la situación con ocasión de la interposición del recurso. Reitera que el caso se encuentra en análisis por parte del Subárea de Pensiones de la Dirección Regional Sucursales Brunca, pero se está a la espera de que el tutelado aporte el número de cuenta cliente. Acota que la Gerencia de Pensiones solicitará la colaboración de la sucursal, a los efectos de que el trámite sea resuelto a la brevedad posible.
4.- Por escrito incorporado en el expediente digital a las 19:11 horas del 25 de febrero de 2021, rinde informe bajo juramento Jorge Minor Mata Arias, en su condición de administrador de la Sucursal de Pérez Zeledón de la Caja Costarricense de Seguro Social. Afirma que el tutelado es una persona adulta mayor de 66 años de edad. Sostiene que el 20 de setiembre de 2020, la parte recurrente remitió una solicitud de pensión por invalidez del Régimen No Contributivo al correo electrónico rnc-servicios@ccss.sa.cr . Acota que en tal fecha la sucursal mantenía una restricción en relación con la pandemia por la covid-19. Indica que a la fecha de interposición del recurso tal solicitud no ha sido resuelta. Explica que el trámite se encuentra en la etapa de análisis. Acota que el Subárea de Pensiones coordinó con la Dirección Regional Sucursales Brunca para darle prioridad al caso. Destaca que la administración se compromete a intervenir dentro de su competencia para agotar todas las etapas del procedimiento, por lo que cuando se reciba el análisis administrativo, la sucursal finalizará el trámite ordinario para concluir con la notificación de la resolución final al recurrente.

5.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 11:36 horas del 5 de marzo de 2021, Jorge Minor Mata Arias, en su condición de administrador de la Sucursal de Pérez Zeledón de la Caja Costarricense de Seguro Social manifiesta que la solicitud del tutelado fue resuelta mediante resolución n.° 10380967 del 23 de febrero de 2021. Acota que, el 24 de febrero de 2021, tal documento fue notificado a la parte recurrente.

6.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 11:36 horas del 5 de marzo de 2021, Jaime Barrantes Espinoza, en su condición de gerente de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social manifiesta que la solicitud del tutelado fue resuelta mediante resolución n.° 10380967 del 23 de febrero de 2021. Acota que, el 24 de febrero de 2021, tal documento fue notificado a la parte recurrente. Solicita que se exima a la CCSS del pago de costas, daños y perjuicios.

7.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Rueda Leal ; y,

Considerando:

I.- Sobre la excepción del artículo 41 de la Constitución Política. Uno de los aspectos señalados podría configurar una lesión al derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida. Al respecto, debe aclararse que, a partir del voto número 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa con algunas excepciones aquellos asuntos en los que se discute si la autoridad pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, a fin de resolver por acto final un procedimiento administrativo incoado de oficio o a instancia de parte o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este recurso se plantea un supuesto de excepción pues el sub examine está relacionado con una solicitud de pensión del Régimen No Contributivo que, supuestamente, no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable. En virtud de lo anterior, la Sala entrará a resolver el recurso.

II.- Objeto del recurso. La recurrente estima lesionados los derechos fundamentales del amparado, pues indica que el 15 de setiembre de 2020 remitió un correo electrónico a la CCSS mediante el que planteó una solicitud de pensión del Régimen No Contributivo; no obstante, acusa que tal trámite no ha sido resuelto.
III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:
a) El 15 de setiembre de 2020, la accionante remitió un correo electrónico a la cuenta rnc-servicios@ccss.sa.cr. En tal correo se adjuntó una solicitud de pensión del Régimen No Contributivo de la CCSS a favor del amparado [Nombre 001]. (Ver prueba documental aportada por la recurrente).
b) En la solicitud de pensión del Régimen No Contributivo planteada el 15 de setiembre de 2020 se señaló el correo electrónico bufetebarrantes@hotmail.com como medio para recibir notificaciones. (Ver prueba documental aportada por la recurrente).
c) El 19 de febrero de 2021, las autoridades recurridas fueron notificadas de la tramitación de este recurso. (Ver actas de notificación).
d) El 22 de febrero de 2021, el Departamento de Pensiones de la Sucursal de Pérez Zeledón remitió un correo electrónico a la cuenta bufetebarrantes@hotmail.com , en el que indicó: “(…) Buenos días, para continuar con el análisis y tramite de la solicitud de pensión es necesario que se presente número de cuenta cliente a nombre del interesado. (…)”. (Ver prueba documental aportada por el gerente de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social).
e) El jefe de la Sucursal de Pérez Zeledón de la CCSS, mediante resolución administrativa n.° [Valor 001]-2021 del 23 de febrero de 2021 dispuso: “ (…) De acuerdo con lo establecido en el RESULTANDO Y CONSIDERANDO anteriores, procede concederle el beneficio de la pensión en el Régimen No Contributivo de Pensiones por monto básico a [Nombre 001] , cédula número [Valor 001], toda vez que a la fecha cumple con la reglamentación y normativas vigentes. El monto de su pensión es por la suma de ¢82,000.00 con el número de caso R10069739 y rige a partir del día 23 DE FEBRERO DEL 2021. El primer pago será por la suma de ¢99,571.42, y corresponde al periodo desde 23 DE FEBRERO DEL 2021 hasta el 31 DE MARZO DE 2021. Este pago se hará efectivo el quinto día hábil del mes de ABRIL de 2021, por medio de CHEQUE EN LA SUCURSAL DE PÉREZ ZELEDÓN, a nombre de [Nombre 001] cédula número [Valor 001] (…)”. (Ver prueba documental aportada por el gerente de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social).
f) El 24 de febrero de 2021, la resolución administrativa n.° [Valor 001]-2021 fue notificada a la parte recurrente. (Ver prueba documental aportada por el gerente de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social).
IV.- Sobre el caso concreto. En la especie, la recurrente estima lesionados los derechos fundamentales del amparado, pues indica que el 15 de setiembre de 2020 remitió un correo electrónico a la CCSS mediante el que planteó una solicitud de pensión del Régimen No Contributivo; no obstante, acusa que tal trámite no ha sido resuelto.
Del estudio de los autos se acredita que, el 15 de setiembre de 2020, la accionante remitió un correo electrónico a la cuenta rnc-servicios@ccss.sa.cr . En tal correo se adjuntó una solicitud de pensión del Régimen No Contributivo de la CCSS a favor del amparado [Nombre 001] . En la solicitud de pensión del Régimen No Contributivo planteada el 15 de setiembre de 2020 se señaló el correo electrónico bufetebarrantes@hotmail.com como medio para recibir notificaciones. El 19 de febrero de 2021, las autoridades recurridas fueron notificadas de la tramitación de este recurso. El 22 de febrero de 2021, el Departamento de Pensiones de la Sucursal de Pérez Zeledón remitió un correo electrónico a la cuenta bufetebarrantes@hotmail.com, en el que indicó: “(…) Buenos días, para continuar con el análisis y tramite de la solicitud de pensión es necesario que se presente número de cuenta cliente a nombre del interesado. (…)”. El jefe de la Sucursal de Pérez Zeledón de la CCSS, mediante resolución administrativa n.° [Valor 001]-2021 del 23 de febrero de 2021 dispuso: “ (…) De acuerdo con lo establecido en el RESULTANDO Y CONSIDERANDO anteriores, procede concederle el beneficio de la pensión en el Régimen No Contributivo de Pensiones por monto básico a [Nombre 001] , cédula número [Valor 001] , toda vez que a la fecha cumple con la reglamentación y normativas vigentes. El monto de su pensión es por la suma de ¢82,000.00 con el número de caso R10069739 y rige a partir del día 23 DE FEBRERO DEL 2021. El primer pago será por la suma de ¢99,571.42, y corresponde al periodo desde 23 DE FEBRERO DEL 2021 hasta el 31 DE MARZO DE 2021. Este pago se hará efectivo el quinto día hábil del mes de ABRIL de 2021, por medio de CHEQUE EN LA SUCURSAL DE PÉREZ ZELEDÓN, a nombre de [Nombre 001] cédula número [Valor 001](…) ”. El 24 de febrero de 2021, la resolución administrativa n.° [Valor 001]-2021 fue notificada a la parte recurrente.
En virtud de lo expuesto, la Sala observa que la solicitud de pensión del Régimen No Contributivo fue resuelta luego de un plazo desproporcionado (más de cinco meses de espera) y con ocasión de la notificación del curso de este amparo a las autoridades recurridas. Ahora, como tal omisión fue subsanada y se declaró el derecho de la parte tutelada a recibir la pensión, lo que corresponde es declarar con lugar el recurso en los términos del numeral 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional con condenatoria en costas, daños y perjuicios, tal y como se indicará en el siguiente considerando.
V.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios en el caso concreto. Por las razones ampliamente expuestas en las sentencias correspondientes, es criterio de mayoría de esta Sala que cuando la declaratoria con lugar de un recurso de amparo obedezca a la aplicación del primer párrafo del artículo 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sea, porque habiéndose notificado la resolución de curso del amparo se revoque, suspenda o detenga la actuación impugnada, dicha estimatoria lo debe ser sin especial condena en daños y perjuicios. Sin embargo, bajo una mejor ponderación y como tesis de excepción, debe señalarse que cuanto el recurso de amparo verse de forma concreta sobre una situación patrimonial directa y estrictamente relacionada con la protección de derechos pecuniarios –sea la omisión de pago del salario o de las prestaciones que por derecho le corresponda a la persona interesada- sí procede la plena aplicación de la estimatoria del recurso de amparo, incluso con la correspondiente condena en costas, daños y perjuicios, por cuanto dicha condenatoria se erige en garantía de que lo adeudado podrá ser honrado por la administración –de oficio o a gestión de parte- con la debida actualización o indexación que corresponda fijar en el ámbito de la legalidad ordinaria, en el correspondiente proceso de ejecución de la sentencia constitucional estimatoria. Es por esta razón, que en el caso bajo estudio sí resulta procedente la condenatoria en costas, daños y perjuicios.
VI.- Razones diferentes de la Magistrada Hernández López sobre las consecuencias económicas derivadas de declarar con lugar este recurso. Coincido con la mayoría de la Sala en la decisión tomada respecto de la existencia de una lesión a los derechos fundamentales en este caso, la cual ha sido corregida con ocasión de la intervención de la Sala. No obstante, sostengo una posición particular en relación con el tema de las consecuencias económicas de esta sentencia, y es la siguiente:
La jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, enfrentadas por una disputa legal. Su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales de manera que no sean perturbados en su disfrute, o privados de ellos, por actos de quien, de hecho o de derecho, realiza ejercicios concretos de autoridad, capaces de vulnerarlos.
Esa vocación protectora de la jurisdicción constitucional se concreta en un diseño procesal también peculiar, célere y gratuito en donde se impone a la autoridad pública recurrida la simple rendición de “un informe” sobre lo actuado en el caso denunciado (artículos 43, 44, 45 y 46 de la LJC). Así que no se trata técnicamente de un litigio y acorde con ello, se entregan a la Sala Constitucional amplios poderes para orientar el curso del proceso de amparo o de hábeas corpus, tanto respecto de la posibilidad de requerir información a otras autoridades sobre lo sucedido, como respecto del manejo amplio de la prueba que pueda servir para aclarar lo sucedido.
Ese marco procesal, de la jurisdicción de la libertad, donde no existen dos partes antagónicas enfrentadas de modo que lo que gane una lo pierda la otra, impone alejarnos de las soluciones que para estas últimas cuestiones han sido previstos en sistemas procesales como el civil, el contencioso o el laboral, y esto incluye naturalmente -y en lo que nos viene a interesar aquí- la forma de entender las reglas prescritas sobre las consecuencias económicas de tales procesos de amparo y habeas corpus, en caso de que se compruebe una violación a los derechos constitucionales, de manera tal que –ante el reconocimiento de una lesión parte de la Sala, exista una restauración del disfrute de tales derechos y además una efectiva indemnización de los daños y gastos ocasionados, como parte del derecho a una justicia efectiva en cuanto a la reparación de las consecuencias dañosas generadas por las autoridades que resulten infractoras.
En concordancia con lo anterior los artículos 49 y 50 de la Ley, fijan las potestades de la Sala para que –en caso de que se acoja el amparo- se pueda lograr el efectivo restablecimiento del disfrute de los derecho fundamentales afectados o bien –en los casos extremos de imposibilidad de restablecimiento- la prevención de que no se vuelva a incurrir en los actos lesivos. Y es por eso que, en esa línea, el artículo 51 de ley establece que: “(a)demás de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso…”. Esta es la regla general con la que se debe operar en el ámbito indemnizatorio, cuando la Sala ha tenido como comprobado el agravio en su decisión, y que se ampara en el concepto antes citado de una tutela efectiva de los derechos de las personas y en la noción de que la administración debe hacerse responsable por los daños y gastos que ocasione con su actuar inconstitucional.
Las dudas que han surgido tienen como base la disposición del artículo 51 de la ley que, en apariencia, contiene una excepción al sistema general recién descrito; sin embargo, una lectura apegada al texto legal, y bajo el prisma de la especialidad de la jurisdicción constitucional apuntan a la inexistencia de tal excepción; en efecto, el artículo citado recoge un caso distinto, en donde el Tribunal Constitucional no ha alcanzado una convicción sobre la existencia de alguna lesión, como se expresa claramente cuando se dice que: “si estando en curso el amparo, se dictare resolución administrativa o judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas si fueren procedentes.
La mención de una “resolución administrativa o judicial” debe llevarnos a entender que: a) se trata, por una parte, de situaciones en donde una autoridad distinta de la autora del agravio, interviene en el caso para revertir los efectos jurídicos de la actuación discutida; y b), que tal intervención se realiza previamente a que la Sala conozca el fondo del asunto y, por tanto, no se emitirá en el proceso una valoración de fondo de los elementos de convicción existentes. Simplemente, la Sala constataría en tal caso la existencia de la citada resolución (administrativa o judicial emitida por una autoridad diferente de la autora del agravio) y declararía con lugar el recurso, no por hallar de hecho alguna violación sino por mero imperativo legal y valorando apropiadamente la oportunidad de una condenatoria en daños perjuicios y costas.
Esta es la solución interpretativa que resulta más coherente con el artículo 50 de la Ley, en donde sí se regula de forma expresa el caso en que la Sala -al momento de valorar el caso y dictar sentencia- se encuentra con que ya han “cesado los efectos del acto impugnado” , situación que –para poder distinguirla cabalmente del caso del artículo 52 de la LJC- debe entenderse que alude al supuesto de que la propia autoridad recurrida es quien ha hecho cesar los efectos del acto impugnado. En este supuesto, tal y como lo ordenan los numerales 50 y 51 de la LJC, el recurso debe acogerse, disponiendo a la vez la condenatoria en daños, perjuicios y costas.
En este caso, puede afirmarse que la Sala ha valorado los elementos de juicio existentes y concluido la existencia de una lesión a derechos fundamentales, cuyos efectos nocivos han cesado al momento del pronunciamiento por la intervención de la autoridad recurrida, de modo que lo procedente es aplicar la doctrina de los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, excluyendo lo dispuesto en el artículo 52 por no corresponder su presupuesto de hecho al que se presenta en este proceso.
VII.- Razones diferentes del Magistrado Salazar Alvarado, en relación con la condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida. Coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, pero difiero en cuanto a las razones que aduce la mayoría del Tribunal para condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:
Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:
...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.
El artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.
Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que implica una “ terminación anormal del proceso”.
El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.
En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios.
VIII.- Razones diferentes de la Magistrada Garro Vargas . En términos generales, cuando la Sala por mayoría declara con lugar un recurso de amparo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, al tenor del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), he salvado parcialmente mi voto. Lo anterior, porque el artículo 52 de la LJC dice:
“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “ resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “ si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.
Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.
Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.
En síntesis, mi posición es que en los recursos de amparo declarados con lugar de conformidad con el artículo 52 de la LJC procede siempre la condenatoria en abstracto de los daños y perjuicios. En lo que respecta a las costas, la misma norma faculta a la Sala a determinar –cuando lo considere justo- la procedencia de las mismas.
En consecuencia, concurro con la parte dispositiva de esta sentencia, al declarar con lugar el recurso de amparo por la condenatoria en daños y perjuicios, y en atención a las características del presente asunto estimo que también corresponde la condenatoria en costas.
IX.- Documentación aportada al expediente . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. La Magistrada Hernández López da razones diferentes sobre la condenatoria en daños, perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El Magistrado Salazar Alvarado da razones diferentes en relación con la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada Garro Vargas da razones diferentes en cuanto a la condenatoria en costas, daños y perjuicios. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ileana Sánchez N.
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EXPEDIENTE N° 21-003271-0007-CO

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