Sentencia Nº 2021006980 de Sala Constitucional, 09-04-2021

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente21-004945-0007-CO
Número de sentencia2021006980
Fecha09 Abril 2021

*210049450007CO*

Exp: 21-004945-0007-CO

Res. Nº 2021006980

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del nueve de abril de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 21-004945-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001] , contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS).
Resultando
  1. Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 11 de marzo de 2021, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la CCSS y manifiesta que el 29 de octubre de 2018 fue referida del EBAIS Coyol 1, al Servicio de Dermatología del Hospital San Rafael de Alajuela; empero, a pesar de haber asistido varios días al nosocomio, no se le asignó la cita. Relata que posteriormente volvió a apersonarse al nosocomio con los resultados de exámenes de patología que mostraban un diagnóstico de cáncer baso celular nasal; sin embargo, tampoco se le agendó cita de valoración en la referida especialidad, debido a la falta de espacio en la agenda. Aduce que el 1° de marzo de 2021 acudió al hospital recurrido, ocasión en la que de nuevo se le informó que no había espacio y que la doctora atiende solo a 5 personas sin cita, por lo que se le sugirió que acudiera al EBAIS Coyol 1, a efectos de que se le extendiera una nueva referencia. Aunado a lo anterior, relata que se le manifestó que las citas se están programando hasta el 2022. Explica que ha sido operada en 4 oportunidades a nivel privado y ya no puede costear más atenciones, razón por la cual requiere ser valorada en el Servicio de Dermatología del Hospital San Rafael de Alajuela, a fin de que se le brinde el tratamiento y control necesarios. Solicita la intervención de esta Sala.
  2. Informan bajo juramento -de forma separada, pero en términos similares- Karen Rodríguez Segura, en su condición de Directora General y Néstor Azofeifa Delgado, en su condición de Jefe del Servicio de Medicina, ambos del Hospital San Rafael de Alajuela, que: “se documenta mediante Expediente Digital, que se trata de una paciente femenina de 54 años, quien fue referida del EBAIS Coyol 2 a la especialidad de dermatología del Hospital San Rafael de Alajuela por “Ca Basocelular ulcerado”. En relación con lo mencionado en este amparo sobre la cancelación de citas; cabe destacar que debido a la pandemia por Covid-19, se debieron reestructurar las agendas por parte del Departamento de Registros Médicos y Estadísticas en Salud quienes además son los encargados de programar y reprogramar las citas, por lo tanto, esta jefatura desconoce dicha citación. Sin embargo, debido a que se recurre al jefe de Dermatología y no al Departamento de Registros Médicos (quienes son los encargados de estas funciones); se le solicita a la funcionaria de este departamento, asignar la cita correspondiente dentro de un plazo máximo de 3 meses. Por lo que se le asigna para el día 12 de abril de 2021 presencial con la Dra. Wendy Vindas Calderón. Por lo tanto; dado que la especialidad de dermatología se encarga únicamente de la revisión de referencias y de la atención de pacientes; siendo que no somos los encargados de la asignación de citas, esta jefatura considera que, no se ha negado su atención médica, acceso a la salud, así como tampoco, se ha violentado su derecho a la salud ni seguridad social, por lo que se solicita se nos excluya de este amparo”. Solicitan se declare sin lugar el recurso.

  3. En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Castillo Víquez ; y,

Considerando:

  1. Objeto del recurso. La recurrente reclama la vulneración a sus derechos fundamentales, pues acusa que el 29 de octubre de 2018 fue referida del EBAIS Coyol 1, al Servicio de Dermatología del Hospital San Rafael de Alajuela; empero, a pesar de haber asistido varios días al nosocomio, no se le asignó la cita. Relata que posteriormente volvió a apersonarse al nosocomio con los resultados de exámenes de patología que mostraban un diagnóstico de cáncer baso celular nasal; sin embargo, tampoco se le agendó cita de valoración en la referida especialidad, debido a la falta de espacio en la agenda. Aduce que el 1° de marzo de 2021 acudió al hospital recurrido, ocasión en la que de nuevo se le informó que no había espacio y que la doctora atiende solo a 5 personas sin cita, por lo que se le sugirió que acudiera al EBAIS Coyol 1, a efectos de que se le extendiera una nueva referencia. Aunado a lo anterior, relata que se le manifestó que las citas se están programando hasta el 2022. Explica que ha sido operada en 4 oportunidades a nivel privado y ya no puede costear más atenciones, razón por la cual requiere ser valorada en el Servicio de Dermatología del Hospital San Rafael de Alajuela, a fin de que se le brinde el tratamiento y control necesarios.
  2. Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la parte recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a) La recurrente es paciente del EBAIS Coyol 2 y del Hospital San Rafael de Alajuela (hecho no controvertido).

b) El 29 de octubre de 2018, la accionante fue referida del EBAIS Coyol 1, al Servicio de Dermatología del Hospital San Rafael de Alajuela; empero, a pesar de haber asistido varios días al nosocomio, no se le asignó la cita (hecho no controvertido).

c) En fecha indeterminada, la paciente volvió a apersonarse al nosocomio con los resultados de exámenes de patología que mostraban un diagnóstico de cáncer baso celular nasal; sin embargo, tampoco se le agendó cita de valoración en la referida especialidad, debido a la falta de espacio en la agenda (hecho no controvertido).

d) El 1° de marzo de 2021, la recurrente acudió al hospital recurrido, ocasión en la que de nuevo se le informó que no había espacio y que la doctora atiende solo a 5 personas sin cita, por lo que se le sugirió que acudiera al EBAIS Coyol 1, a efectos de que se le extendiera una nueva referencia (hecho no controvertido).

e) Con ocasión de la notificación del recurso de amparo, el Hospital San Rafael de Alajuela le expidió una cita a la paciente en el Servicio de Dermatología para el 12 de abril de 2021 (véase el informe de la autoridad recurrida).

  1. Sobre el caso concreto. Después de haber analizado el informe y las pruebas aportadas por las partes, esta Sala verifica la vulneración a los derechos fundamentales de la parte recurrente, por las razones que a continuación serán expuestas. Se ha tenido por demostrado que la accionante es paciente del Hospital San Rafael de Alajuela y requiere ser valorada en la especialidad de Dermatología. Lo anterior, porque se ha constatado que desde el año 2018, el EBAIS de Coyol 1, referenció a la tutelada a dicho servicio. No obstante, a la fecha de interposición del recurso, habían transcurrido más de dos años, sin que la paciente haya tenido la oportunidad de recibir atención médica especializada por ese centro médico, lo cual deviene en desproporcionado y no se garantiza la atención médica oportuna que como asegurada tiene derecho. Pese a ello, se informó que es con ocasión de la notificación del recurso de amparo que el 12 de abril de 2021 la paciente será valorada en el Servicio de Dermatología y por ende, el objeto del recurso -la imposibilidad de recibir atención médica especializada- ha sido subsanada, ya que se le expidió una cita. En consecuencia, lo que procede es declarar con lugar el recurso al tenor del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
  2. SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dict a “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes . Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes ”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia” , donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.
  3. Voto salvado parcial del Magistrado Salazar Alvarado, únicamente en relación con la no condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida.
Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.
En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.
Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una“terminación anormal del proceso”.
El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.
En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.
  1. VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.
  1. Documentación aportada al expediente. Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
De conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se ordena a Karen Rodríguez Segura, en su condición de Directora General y Néstor Azofeifa Delgado, en su condición de Jefe del Servicio de Medicina, ambos del Hospital San Rafael de Alajuela, o a quienes ocupen esos cargos, que de manera inmediata giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de su competencia para que para que la paciente sea valorada en el Servicio de Dermatología el 12 de abril de 2021, tal como así fue informado a esta Sala. Lo anterior, siempre que no exista alguna causa que lo impida con ocasión de la pandemia de la covid-19 que está enfrentando el país. Se advierte a la parte recurrida que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y ordena también la condenatoria en daños, perjuicios y costas a la parte recurrida. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. Notifíquese.

Fernando Castillo V.
Presidente
Luis Fdo. Salazar A.
Anamari Garro V.
Jose Paulino Hernández G.
Marta Eugenia Esquivel R.
Mauricio Chacón J.
Ileana Sánchez N.

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