Sentencia Nº 2021009102 de Sala Constitucional, 05-05-2021

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente21-007465-0007-CO
Número de sentencia2021009102

*210074650007CO*

Exp: 21-007465-0007-CO

Res. Nº 2021009102

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cincuenta minutos del cinco de mayo de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo que se tramita en expediente 21-007465-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL y el MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ.
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 16:18 horas del 16 de abril de 2021, el recurrente interpuso recurso de amparo contra el Ministerio de Justicia y Paz y la Caja Costarricense de Seguro Social. Señala que se encuentra privado de libertad en el centro penal recurrido (Programa Método APAC). Señala que es un paciente positivo por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), por lo que requiere una atención más amplia conforme a sus necesidades. Indica que el 22 de marzo de 2021 envió con el oficial gestor Jesús Prado las recetas de su medicación retroviral y de otros fármacos necesarios para sus padecimientos y según entiende, estas se entregaron en el área médica para su correspondiente programación. El 12 de abril en curso se le llamó para entregarle la mitad del tratamiento pese a que según asegura, este debe tenerse de forma completa para poder lograr el efecto requerido. De otra parte, reclama que desde hace más de un año tiene una cita pendiente en el Servicio de Odontología del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia para una serie de cirugías para lograr una prótesis dental; no obstante, según le informó el encargado del Área de Archivo del Área Médica del centro penal recurrido, no hay quien pueda ir a recoger las citas correspondientes, ya que las autoridades del CAI no llevan a nadie al Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. Estima que los hechos acusados lesionan sus derechos fundamentales, en especial dada su condición de reclusión. Solicita que se declare con lugar el recurso.
2.- Mediante resolución de Presidencia de la Sala de las 12:11 horas del 19 de abril de 2021, se dio curso al amparo y se les solicitó informe al director médico y al jefe del Servicio de Odontología del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, así como el director general y al director de la Clínica, ambos del Centro de Atención Institucional (CAI) Luis Paulino Mora Mora.
3.- Por escrito incorporado al expediente digital de la Sala a las 15:31 horas del 22 de abril de 2021, informa bajo juramento Marvin Miranda León, en su condición de jefe del Servicio de Salud del Centro de Atención Institucional (CAI) Luis Paulino Mora Mora. Señala que: “… el recurrente es portador de 1.HIV EN TX ARV medicado con: 1. ZIDOVUDINA 300 MG C/12 H 2. LAMIVUDINA 150 MG C/12 H 3. LOPINAVIR 200/RITONAVIR 50 2 COMP C/12 H (KALETRA) EN CONTROL Y TRATAMIENTO HOSPITAL MEXICO. SEGUNDO: Que por HIPERTENSION ARTERIAL esta medicado con: ENALAPRIL 20 MG X D 5.AAS 100 MG XD, lo que se le maneja en consulta de control de pacientes con patologías crónicas con fecha de última atención el 9 febrero 2021 y cita de control programada para el 7 mayo 2021. TERCERO: Que el día 12 abril 2021 se le llamo para hacerle entrega de los medicamentos correspondientes a las recetas No. [Valor 002] y [Valor 003], de las cuáles fue devuelta de la farmacia el cupón correspondiente al medicamento Codeína Fosfato 30 mg por encontrarse agotado en la farmacia, cupón para ser renviado en un mes cuando haya disponibilidad del fármaco, ante esta situación el recurrente se negó a recibir los demás medicamentos incluyendo los retrovirales con lo que voluntariamente pone en riesgo su salud y vida, ya que estos medicamentos no pueden dejar de consumirse diariamente…” . Solicitan que se declare sin lugar el recurso.
4.- Por escrito incorporado al expediente digital de la Sala a las 07:40 horas del 22 de abril de 2021, informa bajo juramento Susana Fonseca Rojas, en su condición de directora a.i. del Centro de Atención Institucional (CAI) Luis Paulino Mora Mora. Manifiesta que: “…esta dirección se adhiere en todos sus extremos al informe médico rendido por el Dr. Marvin Miranda, recibido el 22 de abril del 2021 bajo el oficio número 0127-2021-SSCLPMM...”. Solicita que se declare sin lugar el recurso.
5.- Por escrito incorporado al expediente digital de la Sala a las 11:19 horas del 23 de abril de 2021, informan bajo juramento Taciano Lemos Pires y Melisa Loaiza Morales, por su orden director general y jefa a.i. del Servicio de Odontología del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. Indican que: “…las atenciones médicas al paciente en nuestro hospital en el Servicio de Odontología, han sido las siguientes: 06 junio 2019: Toma de impresiones para inmediata superior e inferior color b3. Dra. Loaiza 13 junio 2019: 12:20pm. Entrega y ajuste e indicación de prótesis inmediata. Dra. Rojas 13 junio 2019: Valoración de cirugía de piezas de 1.5 a 1.8 y de 2.2 a 2.7 Dra. Morales. 13 Agosto 2019: Doble colgajo en piezas 1.5 a1.8. Receta amoxicilina 500 mg 1 cada 8 horas por 7 días Acetaminofén 500 mg 1 cada 6 horas por 5 días Ibuprofeno 400 mg 1 cada 8 horas por 5 días. Voltarén 1 ampolla intramuscular. Dra. Morales 30 octubre 2019: Ausente 12 md. Dra. Morales. 20 abril 2021: Doble colgajo de pieza 2.2 a 2.8. Receta: Amoxicilina 500 mg 1 cada 8 horas por 7 días Acetaminofén 500 mg 1 cada 6 horas por 5 días Ibuprofeno 400 mg 1 cada 8 horas por 5 días. Se le programa cita para el 26 mayo 7 am con la Dra. Morales…”. Solicitan que se declare sin lugar el recurso.
6.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Garro Vargas ; y,

Considerando:
I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente señala que se encuentra privado de libertad en el CAI Luis Paulino Mora Mora. Añade que es un paciente positivo por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Afirma que el 12 de abril de 2021 se le llamó para entregársele solamente la mitad del tratamiento. Además, reclama que desde hace más de un año tiene una cita pendiente en el Servicio de Odontología del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia.
II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
a) El amparado se encuentra privado de libertad en el Centro de Atención Institucional (CAI) Luis Paulino Mora Mora (hecho incontrovertido).
a) El recurrente es portador de “1.HIV EN TX ARV medicado con: 1. ZIDOVUDINA 300 MG C/12 H 2. LAMIVUDINA 150 MG C/12 H 3. LOPINAVIR 200/RITONAVIR 50 2 COMP C/12 H (KALETRA)” (ver informe rendido bajo juramento por el centro penal recurrido y prueba adjunta).
b) Que el amparado padece de hipertensión arterial, por lo que se encuentra medicado con “ENALAPRIL 20 MG X D 5.AAS 100 MG XD”. Su padecimiento es atendido en consulta de control de pacientes con patologías crónicas. Su última atención médica fue el 09 de febrero de 2021, con cita de control programada para el 07 de mayo de 2021 (ver informe rendido bajo juramento por el centro penal recurrido y prueba adjunta).
c) El 12 de abril de 2021, el Servicio de Salud del CAI recurrido llamó al amparado para hacerle entrega de los medicamentos correspondientes a las recetas No. [Valor 002] y [Valor 003], de las que fue devuelta de la farmacia, el cupón correspondiente al medicamento codeína fosfato 30 mg por encontrarse agotado (cupón para ser renviado en un mes cuando haya disponibilidad del fármaco), ante esta situación el recurrente se negó a recibir los demás medicamentos incluyendo los retrovirales (ver informe rendido bajo juramento por el centro penal recurrido y prueba adjunta).
d) Las atenciones médicas brindas al paciente por el Servicio de Odontología del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia son las siguientes: “…06 junio 2019: Toma de impresiones para inmediata superior e inferior color b3. Dra. Loaiza 13 junio 2019: 12:20pm. Entrega y ajuste e indicación de prótesis inmediata. Dra. Rojas 13 junio 2019: Valoración de cirugía de piezas de 1.5 a 1.8 y de 2.2 a 2.7 Dra. Morales. 13 Agosto 2019: Doble colgajo en piezas 1.5 a1.8. Receta amoxicilina 500 mg 1 cada 8 horas por 7 días Acetaminofén 500 mg 1 cada 6 horas por 5 días Ibuprofeno 400 mg 1 cada 8 horas por 5 días. Voltarén 1 ampolla intramuscular. Dra. Morales 30 octubre 2019: Ausente 12 md. Dra. Morales. 20 abril 2021: Doble colgajo de pieza 2.2 a 2.8. Receta: Amoxicilina 500 mg 1 cada 8 horas por 7 días Acetaminofén 500 mg 1 cada 6 horas por 5 días Ibuprofeno 400 mg 1 cada 8 horas por 5 días. Se le programa cita para el 26 mayo 7 am con la Dra. Morales…” (ver informe rendido bajo juramento por el centro hospitalario recurrido).
III.- HECHO NO PROBADO. De importancia para la resolución del presente recurso, se estima como indemostrado el siguiente hecho de relevancia:
ÚNICO.- Que el Servicio de Odontología del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia le haya prescrito al amparado algún procedimiento quirúrgico o la necesidad de una prótesis dental.
IV.- SOBRE EL DERECHO A LA SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD. Esta Sala ha sentado una doctrina, reiterada en sus pronunciamientos, en la cual ha reconocido que algunos de los derechos de las personas condenadas o detenidas preventivamente, son objeto de limitaciones propias de las circunstancias, pero ha destacado también que el núcleo esencial de sus derechos fundamentales permanece inalterable, particularmente aquellos relacionados con la dignidad de manera directa, como lo es el derecho a la salud. Resulta claro que el Estado tiene una grave responsabilidad en el resguardo de los derechos de las personas a quienes tenga privadas de libertad, cuyos otros derechos fundamentales no habrán de sufrir mengua y corresponde precisamente a la Administración Penitenciaria enfrentar esa responsabilidad a nombre de aquél, desde el momento de su ingreso hasta el instante mismo de su salida. Se parte así de que el Estado tiene el deber de no exigir más de lo que la sentencia y la ley reclaman, y la persona condenada tiene el derecho de no sufrir más restricciones o limitaciones que las establecidas en ellas. De ahí que también es reiterada la jurisprudencia constitucional en el sentido de que todo lo que se refiere a la salud de los detenidos, sean condenados o presos cautelarmente, debe ser atendida en forma expedita y eficaz por parte de la Administración Penitenciaria, sin que sea de recibo la justificación que supedite la protección de dicho derecho a la realización de trámites burocráticos o a la existencia de recursos económicos, al igual que se exige para las personas que gozan de libertad ambulatoria, en cuya tutela tampoco ha admitido este Tribunal Constitucional semejante elenco de argumentaciones por parte del Estado. Es así como resulta claro para esta Sala que cuando un privado de libertad sufre o padece un quebranto en su salud, tiene derecho a recibir el tratamiento que le haya sido prescrito. Además, si su padecimiento es de tal magnitud que requiera asistencia o condiciones especiales, la Administración Penitenciaria está ineludiblemente obligada a brindárselos. En esta materia, las condiciones mínimas que el Estado debe asegurar a los privados de libertad siempre han de entenderse como las absolutamente suficientes para asegurar su vida y su salud (véase en ese sentido sentencia número 2006-011410 de las quince horas treinta minutos del 8 de agosto de 2006).
V.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, el recurrente estima lesionado su derecho fundamental a la salud. Después de analizar los elementos probatorios aportados y los informes rendidos bajo juramento por las autoridades penitenciarias recurridas, con oportuno apercibimiento de las consecuencias previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se constata que el recurrente es portador de “1.HIV EN TX ARV medicado con: 1. ZIDOVUDINA 300 MG C/12 H 2. LAMIVUDINA 150 MG C/12 H 3. LOPINAVIR 200/RITONAVIR 50 2 COMP C/12 H (KALETRA)”. Asimismo, el amparado padece de hipertensión arterial, por lo que se encuentra medicado con “ENALAPRIL 20 MG X D 5.AAS 100 MG XD”. Su padecimiento es atendido en consulta de control de pacientes con patologías crónicas. Su última atención médica fue el 09 de febrero de 2021, con cita de control programada para el 07 de mayo de 2021. Se comprueba que el 12 de abril de 2021, el Servicio de Salud del CAI recurrido llamó al amparado para hacerle entrega de los medicamentos correspondientes a las recetas No. [Valor 002] y [Valor 003], de las que fue devuelta de la farmacia, el cupón correspondiente al medicamento codeína fosfato 30 mg por encontrarse agotado (cupón para ser renviado en un mes cuando haya disponibilidad del fármaco), ante esta situación el recurrente se negó a recibir los demás medicamentos incluyendo los retrovirales. Por otra parte de verifica que el Servicio de Odontología del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia le brindó al recurrente las siguientes atenciones odontológicas: “…06 junio 2019: Toma de impresiones para inmediata superior e inferior color b3. Dra. Loaiza 13 junio 2019: 12:20pm. Entrega y ajuste e indicación de prótesis inmediata. Dra. Rojas 13 junio 2019: Valoración de cirugía de piezas de 1.5 a 1.8 y de 2.2 a 2.7 Dra. Morales. 13 Agosto 2019: Doble colgajo en piezas 1.5 a1.8. Receta amoxicilina 500 mg 1 cada 8 horas por 7 días Acetaminofén 500 mg 1 cada 6 horas por 5 días Ibuprofeno 400 mg 1 cada 8 horas por 5 días. Voltarén 1 ampolla intramuscular. Dra. Morales 30 octubre 2019: Ausente 12 md. Dra. Morales. 20 abril 2021: Doble colgajo de pieza 2.2 a 2.8. Receta: Amoxicilina 500 mg 1 cada 8 horas por 7 días Acetaminofén 500 mg 1 cada 6 horas por 5 días Ibuprofeno 400 mg 1 cada 8 horas por 5 días. Se le programa cita para el 26 mayo 7 am con la Dra. Morales…” (el realce no es del original).
Nótese que según señalan bajo juramento las autoridades penitenciarias recurridas, fue el propio privado de libertad quien se negó a recibir los medicamentos retrovirales prescritos por su médico tratante, debido a que no le fue entregada la “codeína fosfato 30 mg” por encontrarse agotada, a pesar de que la indicación fue que el cupón (receta) sería renviado en un mes a la farmacia del centro penal, cuando estuviese disponible dicho fármaco.
Por otra parte, se consta que la Especialidad de Odontología del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia ya le expidió al amparado la atención médica requerida, efectuándole un doble colgajo de pieza 2.2 a 2.8. Además, es importante indicar que no consta que el centro hospitalario recurrido le haya prescrito al amparado alguna cirugía u ordenara la necesidad de una prótesis dental.
En virtud de lo expuesto, esta Sala no acredita ninguna actuación arbitraria por parte de las autoridades recurridas capaz de lesionar los derechos del recurrente. En consecuencia, se declara sin lugar el recurso.
VI.- NOTA DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. El tema de los recursos de amparo relacionados con el derecho a la salud y, sobre todo, el de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social son agravios que se ha tornado recurrentes en esta Sala Constitucional. Este tipo de procesos han venido en un aumento exponencial, los cuales se evidencian mediante los números que se lleva en la estadística de este Tribunal:
Cantidad de expedientes de salud ingresados a la Sala Constitucional:
AÑO
CANTIDAD EN SALUD
2012
1745
2013
1891
2014
2710
2015
3725
2016
4865
2017
5682
2018
6932
2019
7623
2020 (*)
2780
(*) Asuntos ingresados del 01 de enero al 31 de mayo de 2020.
Del cuadro anterior se infiere que, desde el año 2012 a la fecha, ha habido un aumento constante en la cantidad de asuntos por violación al derecho a la salud que han ingresado a la jurisdicción constitucional. De esos asuntos, buena cantidad corresponde a listas de espera. A propósito de lo anterior, este Tribunal en la sentencia No. 2019-5560 de las 09:30 horas del 29 de marzo de 2019, declaró la vulneración sistemática y reiterada por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social al derecho a la salud de las personas aseguradas, específicamente, en virtud del estado de las listas de espera. Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal ordenó la elaboración, en el plazo de seis meses, de un sistema de gestión integrado para solventar los problemas de lista de espera e incorporar soluciones a las causas estructurales reconocidas por la propia Caja Costarricense de Seguro Social en su informe rendido en el expediente 18-14499-0007-CO; entre otras, ausencia de infraestructura adecuada, aumento poblacional, las consideraciones epidemiológicas, ausencia de un sistema adecuado para cubrir la falta de médicos especialistas, necesidades de equipamiento y demanda en aumento del primer nivel de atención, así como el ausentismo de pacientes a citas en diversos centros médicos de la institución recurrida. En el citado proyecto de sistema de gestión integrado, deberán definirse los plazos de espera razonables por patología o grupos relacionados de diagnóstico de acuerdo con la sintomatología, el nivel de urgencia y las condiciones del paciente, así como los criterios objetivos para precisar la inclusión y ubicación de un paciente en las listas de espera. Aunado a ello, el proyecto de sistema de gestión integrado deberá tomar en cuenta las particularidades de las poblaciones en estado de vulnerabilidad (personas adultas mayores, indígenas, personas en condición de pobreza, madres, niños, niñas y adolescentes, privados de libertad, entre otros) y orientarse bajo los principios constitucionales del servicio público: eficiencia, eficacia, razonabilidad, disponibilidad, accesibilidad y universalidad. Es decir, con la citada sentencia se pretende que la Caja Costarricense de Seguro Social –de conformidad con sus competencias constitucionales y legales- tome las medidas para poner fin a la vulneración sistemática y reiterada al derecho a la salud de las personas que acuden a esa institución a recibir atención médica. Aunado a ello, en aras de dar un seguimiento del cumplimiento de esta sentencia, la Sala Constitucional convocó a una audiencia oral y pública para el 14 de noviembre de 2019. Asimismo, se le ordenó a la Defensoría de los Habitantes que deberá coadyuvar con el seguimiento de la ejecución de esta resolución. Así las cosas, esta intervención promueve la obligación de la Caja Costarricense de disponer de acciones que reduzcan la problemática y que evite que los ciudadanos tengan que recurrir ante la Sala Constitucional para poder ver satisfecho su derecho a la salud.
VII.- NOTA DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. Advierto que en este recurso no salvo el voto como ordinariamente lo hago y remito el asunto al Juez de Ejecución de la Pena, dado que el amparo está relacionado con aspectos de salud que según aduce el amparado le afectan, lo que es una excepción para mí, dada la relevancia de dicho derecho para la propia existencia del ser humano y cuya resolución debe ser atendida céleremente. Por consiguiente, estimo procedente conocer por el fondo el recurso.
VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Rueda Leal pone notas.

Fernando Castillo V.
Presidente
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

*9FU98YWBFJI61*

9FU98YWBFJI61

EXPEDIENTE N° 21-007465-0007-CO

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6