Sentencia Nº 2021009106 de Sala Constitucional, 05-05-2021

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2021009106
Número de expediente21-007655-0007-CO

*210076550007CO*

Exp: 21-007655-0007-CO

Res. Nº 2021009106

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cincuenta minutos del cinco de mayo de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo que se tramita en expediente 21-007655-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 12:55 horas del 20 de abril de 2021, el recurrente interpuso recurso de amparo contra la Caja Costarricense de Seguro Social. Señala que a inicios de 2017 realizó una mala fuerza, la cual le provocó un dolor muy fuerte en el costado izquierdo del abdomen y en la espalda, por esa razón acudió al Hospital de Guápiles. Sin embargo, no le realizaron ninguna placa ni radiografía, solo un electrocardiograma, luego le pusieron suero y lo refirieron para su casa. Indica que al continuar con el dolor y no poder caminar, fue a consulta privada con el Dr. Douglas Valverde Carrillo. Señala que por ser una persona de escasos recursos económicos, no pudo continuar con el tratamiento en la consulta privada. En vista de esto el 21 de setiembre del 2020 se presentó al EBAIS La Rita 1, pues sufría mucho dolor y además para que lo refirieran a un especialista en el Hospital de Guápiles, pero solo le realizaron unas placas. Afirma que al continuar con el fuerte dolor, nuevamente fue al EBAIS La Rita 1 el 09 de octubre 2020, para que el médico lo refiriera con un especialista al Hospital de Guápiles, pero se le informó que debía seguir esperando. Por esa razón, el 03 de noviembre de 2020 interpuso un recurso de amparo contra la Caja, el cual fue declarado sin lugar, pero a mediados de noviembre de 2020, el EBAIS recurrido le extendió la referencia para acudir al Servicio de Ortopedia del Hospital de Guápiles. Pese a lo anterior, la Especialidad de Ortopedia del nosocomio recurrido no le ha programado una cita para recibir la atención médica prescrita.
2.- Mediante resolución de Presidencia de la Sala de las 11:35 horas del 21 de abril de 2021, se dio curso al amparo y se les solicitó informe al director médico del Ebais la Rita 1, Guápiles, así como el director médico y al jefe del Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital de Guápiles.
3.- Por escrito incorporado al expediente digital de la Sala a las 08:52 horas del 28 de abril de 2021, informa bajo juramento Nuria Marín Monge, en su condición de directora médica del Área de Salud de Guápiles. Manifiesta que: “… se revisa expediente clínico del paciente y se observa: 1. El día 20 de octubre de 2020 el paciente es atendido en el EBAIS Rita 1 por la Dra. Laura Paniagua Zelada con el diagnóstico de Atención Medica no especializada, con una Historia Clínica que detalla que desde el 2017 sufre de fractura costal a nivel de T11, la cual se trató con médico privado con plasma rico en plaquetas. Se le solicitan las radiografías privadas para poder valorar según los hallazgos radiológicos a cuál especialidad se debe de referir el paciente. 2. El 12 de noviembre de 2020 es atendida por el Dr. Ricardo Bula Magallón en la sede del Área de Salud de Guápiles, donde describe el resultado de las radiografías que indica osteofitos dorsales y lumbares, no se observan fracturas ni impresionan hernias de disco. Le confecciona referencia al Servicio de Ortopedia del Hospital de Guápiles. TERCERO El día de hoy 27 de abril 2021 se revisa el sistema SIAC de citas en EDUS y se evidencia que la referencia fue aprobada por el Gestor de Referencias del Hospital de Guápiles el 12/11/2020 autorizando dar cita con prioridad; y se observa una cita agendada para el 04 de mayo 2021…”. Solicita que se declare sin lugar el recurso.
4.- Por escrito incorporado al expediente digital de la Sala a las 10:15 horas del 30 de abril de 2021, informa bajo juramento María del Carmen Chacón Castillo, en su condición de directora general del Hospital de Guápiles. Señala que: “…En lo que corresponde al hospital de Guápiles, informamos: - Que en el Expediente Digital Único en Salud (EDUS), se registra apertura de atención para el amparado en el servicio de emergencias del Hospital de Guápiles en fecha 21 de enero 2017, con diagnóstico de “dolor abdominal”, se observa anotación de toma de signos vitales, sin embargo, se indica que paciente estuvo AUSENTE, lo que significa que al ser llamado por médico para brindar atención, el amparado no estaba presente. En el expediente físico no se observa registro de atención en la fecha citada. - Que en fecha 12 de noviembre de 2020, el Área de Salud de Guápiles refiere al amparado a la especialidad de Ortopedia del Hospital de Guápiles. En misma fecha este centro médico aprueba la referencia y otorga cita para el día 14 de diciembre 2020 con el especialista en Ortopedia Dr. Pedro Enrique Roig Zamora. Según se observa en EDUS, se registra que el amparado estuvo AUSENTE a la cita señalada. Como puede observarse, el Hospital de Guápiles no ha violentado el derecho a la salud del amparado, pues de manera diligente y prioritaria, atendió la referencia emitida por el Área de Salud a la especialidad de Ortopedia de este centro médico, otorgándole cita en el plazo de 1 mes aproximadamente con el Dr. Roig Zamora especialista en Ortopedia, no obstante se desconoce la razón por la cual el amparado estuvo ausente a la cita otorgada para el 14 de diciembre del 2020. Ahora bien, en atención a la medida cautelar ordenada por los señores magistrados, el amparado fue atendido en el servicio de Ortopedia de este centro médico, el día 29 de abril de 2021 por el Dr. Roberto Rivero Rogert, quien labora en este nosocomio como médico general pero con amplio conocimiento en la especialidad de Ortopedia, quien al realizarle el examen físico anota: Movilidad del tronco, dolor leve neurológico conservado, lasague y Bragard negativo. (Según la literatura médica, la maniobra de Lasague y Bragard consiste en un examen físico realizado al paciente con dolor lumbar para determinar o no la existencia de una afectación radicular). El Dr. Rivero valora resultados de Rayox X del 2020 y observa Espondiliatrosis, le prescribe nuevos Rayos X, anota como diagnóstico Lumbago no especificado, prescribe tratamiento para el dolor y refiere cita a cupo para Fisiatría Clínica de Espalda para rehabilitación...”. Solicita que se declare sin lugar el recurso.
5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Garro Vargas ; y,

Considerando:
I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente señala que a mediados de noviembre de 2020, el EBAIS recurrido le extendió una referencia para acudir al Servicio de Ortopedia del Hospital de Guápiles. Pese a lo anterior, alega que la Especialidad de Ortopedia del nosocomio recurrido, aun no le ha programado cita para recibir la atención médica especializada.
II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
a) El amparado tiene 49 años de edad (ver página web del Tribunal Supremo de Elecciones).
b) El 12 de noviembre de 2020, el EBAIS recurrido le extendió una referencia al paciente para acudir al Servicio de Ortopedia del Hospital de Guápiles (ver prueba).
c) La Especialidad de Ortopedia del nosocomio accionado le programó una cita al tutelado para el 14 de diciembre 2020, con el Dr. Pedro Enrique Roig Zamora. No obstante, según consta en el EDUS, el amparado estuvo ausente (ver informe rendido bajo juramento por el centro hospitalario recurrido y prueba adjunta).
d) Con ocasión de la medida cautelar ordenada “ab initio” por este Tribunal, el 29 de abril de 2021, el recurrente fue atendido por el Dr. Roberto Rivero Rogert del Servicio de Ortopedia del centro médico recurrido, quien al realizar el examen físico anotó: “Movilidad del tronco, dolor leve neurológico conservado, lasague y Bragard negativo. (Según la literatura médica, la maniobra de Lasague y Bragard consiste en un examen físico realizado al paciente con dolor lumbar para determinar o no la existencia de una afectación radicular). Se valora resultados de Rayox X del 2020 y observa Espondiliatrosis, se prescribe nuevos Rayos X, como diagnóstico Lumbago no especificado, se prescribe tratamiento para el dolor y refiere cita a cupo para Fisiatría Clínica de Espalda para rehabilitación…” (ver informe rendido bajo juramento por el centro hospitalario recurrido y prueba adjunta).
III.- SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD. El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud. Evidentemente, cualquier retardo de los hospitales, clínicas y demás unidades de atención sanitaria de la Caja Costarricense del Seguro Social puede repercutir negativamente en la preservación de la salud y la vida de sus usuarios. Los entes, órganos y funcionarios públicos se deben a los usuarios con una clara e inequívoca vocación de servicio, puesto que esa ha sido la razón de su creación y existencia.
IV.- SOBRE LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA, CONTINUIDAD, REGULARIDAD Y ADAPTACIÓN EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD. Los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes y, sobre todo, de aquellos que demandan una atención médica inmediata y urgente, sin que la carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal obligación. Desde esta perspectiva, los servicios de las clínicas y hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social están en el deber de adoptar e implementar los cambios organizacionales, de contratar el personal médico o auxiliar y de adquirir los materiales y equipo técnico que sean requeridos para brindar prestaciones eficientes, eficaces y rápidas. Los jerarcas de las Clínicas y Hospitales no pueden invocar, para justificar una atención deficiente y precaria de los pacientes, el problema de las “listas de espera” para las intervenciones quirúrgicas y aplicación de ciertos exámenes especializados o de la carencia de recursos financieros, humanos y técnicos, puesto que, es un imperativo constitucional que los servicios de salud pública sean prestados de forma eficiente, eficaz, continua, regular y célere. Los jerarcas de la Caja Costarricense de Seguro Social y los Directores de Hospitales y Clínicas que les pertenecen están en el deber y, por consiguiente son los personalmente responsables en los términos del artículo 199 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública , de adoptar e implementar todas las providencias y medidas administrativas y organizacionales para poner coto definitivo a la prestación tardía la cual, en ocasiones, deviene en omisa por sus consecuencias de los servicios de salud, situación que constituye, a todas luces, una inequívoca falta de servicio que puede dar lugar a la responsabilidad administrativa patrimonial de esa entidad por las lesiones antijurídicas provocadas a los administrados o usuarios (artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública).
V.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite , el recurrente estima lesionado su derecho fundamental a la salud. Se constata que el 12 de noviembre de 2020, el EBAIS recurrido le extendió una referencia al paciente para acudir al Servicio de Ortopedia del Hospital de Guápiles. Se comprueba que la Especialidad de Ortopedia del nosocomio accionado le programó una cita al tutelado para el 14 de diciembre 2020, con el Dr. Pedro Enrique Roig Zamora. No obstante, según consta en el EDUS, el amparado estuvo ausente. Se comprueba que con ocasión de la medida cautelar ordenada “ab initio” por este Tribunal, el 29 de abril de 2021 el recurrente fue atendido por el Dr. Roberto Rivero Rogert del Servicio de Ortopedia del centro médico recurrido, quien al realizar el examen físico anotó: “Movilidad del tronco, dolor leve neurológico conservado, lasague y Bragard negativo. (Según la literatura médica, la maniobra de Lasague y Bragard consiste en un examen físico realizado al paciente con dolor lumbar para determinar o no la existencia de una afectación radicular). Se valora resultados de Rayox X del 2020 y observa Espondiliatrosis, se prescribe nuevos Rayos X, como diagnóstico Lumbago no especificado, se prescribe tratamiento para el dolor y refiere cita a cupo para Fisiatría Clínica de Espalda para rehabilitación…”.
Sobre el particular, si bien se logró demostrar que fue con ocasión de la medida cautelar ordenada por este Tribunal que la autoridad hospitalaria recurrida programó la cita que demanda el recurrente en el escrito de interposición para el 29 de abril de 2021 -fecha en la que efectivamente fue valorado- no menos cierto es que el nosocomio accionado le había agendado una cita al paciente para el 14 de diciembre 2020, sin embargo, según el EDUS fue reportado como ausente.
Nótese que la autoridad médica recurrida ya le había programado una cita de valoración al amparado para diciembre de 2020, fecha en la que el paciente no se presentó al centro hospitalario para recibir la atención médica prescrita, por lo que no es posible endilgar responsabilidad alguna al Hospital accionado por la ausencia del tutelado. Además, desde el 29 de abril de este año el paciente fue valorado en la Especialidad de Ortopedia del centro médico recurrido, donde fue diagnosticado con lumbago no especificado, prescribiéndosele tratamiento para el dolor con referencia al Servicio de Fisiatría Clínica de Espalda del mismo centro de salud, para rehabilitación.
Bajo esta inteligencia, se descarta la acusada lesión al derecho a la salud del amparado. Ergo, se declara sin lugar el recurso.
VI.- NOTA DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. El tema de los recursos de amparo relacionados con el derecho a la salud y, sobre todo, el de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social son agravios que se ha tornado recurrentes en esta Sala Constitucional. Este tipo de procesos han venido en un aumento exponencial, los cuales se evidencian mediante los números que se lleva en la estadística de este Tribunal:
Cantidad de expedientes de salud ingresados a la Sala Constitucional:
AÑO
CANTIDAD EN SALUD
2012
1745
2013
1891
2014
2710
2015
3725
2016
4865
2017
5682
2018
6932
2019
7623
2020 (*)
2780
(*) Asuntos ingresados del 01 de enero al 31 de mayo de 2020.
Del cuadro anterior se infiere que, desde el año 2012 a la fecha, ha habido un aumento constante en la cantidad de asuntos por violación al derecho a la salud que han ingresado a la jurisdicción constitucional. De esos asuntos, buena cantidad corresponde a listas de espera. A propósito de lo anterior, este Tribunal en la sentencia No. 2019-5560 de las 09:30 horas del 29 de marzo de 2019, declaró la vulneración sistemática y reiterada por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social al derecho a la salud de las personas aseguradas, específicamente, en virtud del estado de las listas de espera. Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal ordenó la elaboración, en el plazo de seis meses, de un sistema de gestión integrado para solventar los problemas de lista de espera e incorporar soluciones a las causas estructurales reconocidas por la propia Caja Costarricense de Seguro Social en su informe rendido en el expediente 18-14499-0007-CO; entre otras, ausencia de infraestructura adecuada, aumento poblacional, las consideraciones epidemiológicas, ausencia de un sistema adecuado para cubrir la falta de médicos especialistas, necesidades de equipamiento y demanda en aumento del primer nivel de atención, así como el ausentismo de pacientes a citas en diversos centros médicos de la institución recurrida. En el citado proyecto de sistema de gestión integrado, deberán definirse los plazos de espera razonables por patología o grupos relacionados de diagnóstico de acuerdo con la sintomatología, el nivel de urgencia y las condiciones del paciente, así como los criterios objetivos para precisar la inclusión y ubicación de un paciente en las listas de espera. Aunado a ello, el proyecto de sistema de gestión integrado deberá tomar en cuenta las particularidades de las poblaciones en estado de vulnerabilidad (personas adultas mayores, indígenas, personas en condición de pobreza, madres, niños, niñas y adolescentes, privados de libertad, entre otros) y orientarse bajo los principios constitucionales del servicio público: eficiencia, eficacia, razonabilidad, disponibilidad, accesibilidad y universalidad. Es decir, con la citada sentencia se pretende que la Caja Costarricense de Seguro Social –de conformidad con sus competencias constitucionales y legales- tome las medidas para poner fin a la vulneración sistemática y reiterada al derecho a la salud de las personas que acuden a esa institución a recibir atención médica. Aunado a ello, en aras de dar un seguimiento del cumplimiento de esta sentencia, la Sala Constitucional convocó a una audiencia oral y pública para el 14 de noviembre de 2019. Asimismo, se le ordenó a la Defensoría de los Habitantes que deberá coadyuvar con el seguimiento de la ejecución de esta resolución. Así las cosas, esta intervención promueve la obligación de la Caja Costarricense de disponer de acciones que reduzcan la problemática y que evite que los ciudadanos tengan que recurrir ante la Sala Constitucional para poder ver satisfecho su derecho a la salud.
VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Rueda Leal pone nota.

Fernando Castillo V.
Presidente
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.

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