Sentencia Nº 2021009108 de Sala Constitucional, 05-05-2021

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2021009108
Número de expediente21-007822-0007-CO

*210078220007CO*

Exp: 21-007822-0007-CO

Res. Nº 2021009108

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cincuenta minutos del cinco de mayo de dos mil veintiuno .
Recurso de Hábeas Corpus interpuesto por Geovanny José Sibaja Fallas, mayor, divorciado una vez, abogado y notario público, cédula de identidad No. 1-1298-0233, a favor de [Nombre 001], mayor, soltero, cédula de identidad No. [Valor 001] , contra el Director del Instituto Nacional de Criminología, la Directora General y la Presidenta del Consejo Interdisciplinario del Ámbito de Convivencia A, ambas del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro.
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:48 horas del 22 de abril de 2021, el recurrente interpone recurso de hábeas corpus contra el Director del Instituto Nacional de Criminología, la Directora General y la Presidenta del Consejo Interdisciplinario del Ámbito de Convivencia A, ambas del Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero Castro y expresa que su defendido se encuentra recluido en el CAI Jorge Arturo Montero Castro. Acota que al tutelado le correspondía su valoración técnica ordinaria el 12 de abril de 2020, conforme lo establecido en el Reglamento del Sistema Penitenciario Nacional; empero, fue hasta principios de 2021 que, por orden de la Sala Constitucional, se le realizó a su patrocinado la valoración pertinente. Agrega que en múltiples ocasiones ha llamado al Instituto Nacional de Criminología, a fin de conocer en qué sesión y en qué día se analizará la aludida valoración. Sin embargo, acusa que, a la fecha de interposición de este recurso, no se tiene una fecha prevista para tales efectos, pese a que hace aproximadamente 3 meses que la valoración fue remitida al Instituto Nacional de Criminología. Indica que su patrocinado cumple todos los elementos objetivos para descontar la pena en un programa semiinstitucional. Reclama que, de acuerdo con el principio de humanidad, resulta necesario acelerar ese tipo de procesos y revisiones, máxime que el país enfrenta una situación de emergencia sanitaria. Estima que lo descrito conculca los derechos constitucionales del tutelado. Solicita declarar con lugar el recurso.
2.- Mediante resolución de las 15:46 horas del 22 de abril de 2021, la Presidencia de la Sala dio curso a este asunto y se les pidió informe al Director del Instituto Nacional de Criminología, así como al Director General y al Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario, ambos del CAI Jorge Arturo Montero Castro, sobre los hechos alegados por el recurrente.
3.- Informa bajo juramento Medelyn Garita Oviedo, en su condición de Directora General a.i. y Presidenta del Consejo Interdisciplinario del Ámbito de Convivencia A, ambos del CAI Jorge Arturo Montero Castro (escrito presentado a las 15:46 horas del 26 de abril de 2021), que el amparado se encuentra ubicado en el Módulo A-1 del Ámbito de Convivencia A de ese Centro Penitenciario. Descuenta a la orden del Instituto Nacional de Criminología una pena de doce años de prisión que le fuera impuesta por el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José, ante la comisión del delito de tráfico internacional de drogas, cometido en perjuicio de la salud pública. Su pena líquida data del 12 de abril de 2016 y posee fecha de cumplimiento con descuento aproximado el 10 de julio de 2023. Respecto a los alegatos del accionante, revisado el expediente administrativo del tutelado se constata que, acorde con los lineamientos del Reglamento del Sistema Penitenciario Nacional, así como Circulares al respecto del Instituto Nacional de Criminología, para lo cual se toma como parámetro la fecha del inicio de su pena líquida, misma que data del 12 de abril de 2016, a este le correspondía revisión de su plan de atención profesional en fecha 12 de abril de 2020. Reconoce que es su derecho que se le valore en los plazos que la normativa establece, no obstante, las circunstancias que actualmente se viven producto de la pandemia del COVID-19, mismas que como ya se ha informado a esta Sala en recursos anteriores, ha venido a afectar de sobremanera el trabajo penitenciario, tanto con las modalidades del teletrabajo, dictado de órdenes sanitarias a funcionarios, además de otras medidas como el congelamiento de nuevas plazas de profesionales, lo cual afecta la dinámica que se vive a nivel de todo el Sistema Penitenciario Nacional, pero que con mayor ímpetu afecta a este CAI Jorge Arturo Montero Castro ya que como es de todos bien sabido es el que alberga la mayor cantidad de población penal del país, siendo precisamente el Ámbito de Convivencia A, lugar donde pernocta el amparado, el que a nivel de todo este complejo penitenciario alberga la mayor cantidad de población penal, lo cual no es proporcional con el reducido talento humano con que se cuenta, situación que escapa a sus manos, ya que ni siquiera depende en su totalidad de las autoridades superiores de ese Ministerio de Justicia y Paz el nombramiento de nuevas plazas sino que es una política de Gobierno en aras de reducir el gasto público. No obstante a ello, como también se ha informado a esa Sala en otras ocasiones, la Dirección del Ámbito de Convivencia A, en conjunto con los profesionales que conforman el Equipo Interdisciplinario de éste, ha venido llevado a cabo de forma muy comprometida y diligente su trabajo, no solo de valoraciones ordinarias de las personas privadas de libertad que bajo su cargo se encuentran, sino todas aquellas demás labores que la propia dinámica penitenciaria conlleva, como lo son los diversos informes para las instancias judiciales o administrativas que lo soliciten, además de la gran demanda que a diario la población penal solicita. En este orden de ideas, si bien no se puede agendar y valorar a cada persona en la fecha exacta que le corresponde, si se trata de una forma comprometida que su valoración se vea atrasada el menor tiempo posible, por lo que el amparado fue agendado para analizar su caso en sesión ordinaria A-03-2021 de fecha 29 de enero de 2021, llevada a cabo en el Ámbito de Convivencia A de ese Centro Penal. Para esa fecha se contó con los respectivos informes de las diversas disciplinas, contándose con la corroboración vía telefónica de su recurso domiciliar con su hermana en la zona de Golfito, mismo que resultó viable, ya que no se logró disponer de vehículo institucional para la respectiva visita de campo, no lográndose la verificación del recurso laboral por los mismos motivos señalados. En tales circunstancias y al considerar el Consejo Interdisciplinario que este constituía un caso positivo, lo valoró y emitió criterio positivo ante el Instituto Nacional de Criminología para que el valorado fuera ubicado en el C.A.S.I. San Luis y que una vez estando en dicho Centro de Nivel Semiinstitucional los funcionarios de este verificaran la viabilidad de su recurso laboral. Acuerdo que a la fecha se encuentra pendiente de transcripción y notificación al interesado, así como una vez transcrito ser elevado ante la Secretaría Técnica del Instituto Nacional de Criminología para su respectivo pronunciamiento. No obstante, al contar el tutelado con trámites de libertad condicional ante el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela y solicitar dicho despacho judicial los estudios pertinentes, entre estos la verificación in situ del recurso domiciliar y recurso laboral, para lo cual ante la urgencia y a su vez necesidad del vehículo institucional para su verificación, se solicitó colaboración a los compañeros del CAI Antonio Bastida de Paz de Pérez Zeledón, ya que los recursos ofrecidos por el tutelado son en Golfito, resultando estos viables. Por tal razón el amparado fue nuevamente agendado para revalorarlo en sesión ordinaria 06-2021, de fecha 25 de febrero de 2021 con el fin de conocer los recursos laboral y domiciliar del tutelado y emitir un nuevo criterio ante el Instituto Nacional de Criminología como prueba para mejor resolver, siendo que al contarse esta vez con la verificación de dichos recursos externos y resultar estos viables, el Consejo Interdisciplinario del Ámbito de Convivencia A emitió como prueba para mejor resolver ante el Instituto Nacional de Criminología, criterio de recomendación de ubicación del amparado en el CASI de Pérez Zeledón. Dicho Acuerdo fue transcrito y notificado al tutelado el 8 de abril de 2021, y ese mismo día fue remitido a la Secretaría del INC, para su conocimiento. Por las razones señaladas, solicita se les exima de toda culpa y responsabilidad en los hechos alegados en el presente recurso de hábeas corpus, toda vez que, tal como ha quedado debidamente fundamentado, en lo que a esa Dirección del Centro, así como la Presidencia del Consejo Interdisciplinario del Ámbito de Convivencia A concierne, se han llevado a cabo las diligencias respectivas acorde a derecho y a la normativa que los rige, siendo el amparado recomendado en un primer momento para el CASI San Luis y en un segundo momento al tenerse nuevos elementos de prueba, recomendado para el CASI de Pérez Zeledón.
4.- Según constancia del 28 de abril de 2021, el Director del Instituto Nacional de Criminología no rindió el informe que se le solicitó en la resolución dictada a las 15:46 horas del 22 de abril de 2021.
5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.:
Redacta la Magistrada Garro Vargas ; y,
Considerando:
I.- Objeto del recurso. El recurrente alega demora del Instituto Nacional de Criminología en conocer sobre la valoración técnica ordinaria del amparado, la cual le fue remitida hace aproximadamente 3 meses por parte del CAI Jorge Arturo Montero Castro, donde está recluido el tutelado.
II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque las autoridades recurridas hayan omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
1) El amparado [Nombre 001], quien tiene 36 años de edad, se encuentra ubicado en el Módulo A-1 del Ámbito de Convivencia A del CAI Jorge Arturo Montero Castro. Descuenta a la orden del Instituto Nacional de Criminología una pena de doce años de prisión que le fuera impuesta por el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José, ante la comisión del delito de tráfico internacional de drogas, en perjuicio de la salud pública (informe de las autoridades recurridas del CAI Jorge Arturo Montero Castro y prueba documental aportada).
2) Al amparado le correspondía la revisión de su plan de atención profesional el 12 de abril de 2020, sin embargo, su caso fue analizado en sesión ordinaria A-03-2021, de fecha 29 de enero de 2021, donde el Consejo Interdisciplinario lo valoró y emitió criterio positivo ante el Instituto Nacional de Criminología para que fuera ubicado en el Centro de Atención Semiinstitucional San Luis y que una vez estando en dicho Centro, los funcionarios verificaran la viabilidad de su recurso laboral. Acuerdo que a la fecha se encuentra pendiente de transcripción y notificación al interesado, así como una vez transcrito ser elevado ante la Secretaría Técnica del Instituto Nacional de Criminología para su respectivo pronunciamiento (informe de las autoridades recurridas del CAI Jorge Arturo Montero Castro y prueba documental aportada).
3) A solicitud del Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela en un trámite de solicitud de libertad condicional, el amparado fue nuevamente revalorado en sesión ordinaria 06-2021, de fecha 25 de febrero de 2021 y el Consejo Interdisciplinario del Ámbito de Convivencia A emitió, como prueba para mejor resolver, ante el Instituto Nacional de Criminología criterio de recomendación de su ubicación en el Centro de Atención Semiinstitucional de Pérez Zeledón (informe de las autoridades recurridas del CAI Jorge Arturo Montero Castro y prueba documental aportada).
4) El 08 de abril de 2021, el anterior acuerdo fue notificado al amparado y remitido a la Secretaría del Instituto Nacional de Criminología, para su conocimiento (informe de las autoridades recurridas del CAI Jorge Arturo Montero Castro y prueba documental aportada).
III.- Hecho no probado. Se considera indemostrado el siguiente hecho de relevancia para la resolución de este proceso constitucional.
Único. Que el Instituto Nacional de Criminología se haya pronunciado sobre la recomendación emitida por el CAI Jorge Arturo Montero Castro en cuanto a la ubicación del amparado en el Centro de Atención Semiinstitucional de Pérez Zeledón.
IV.- Sobre el derecho a una justicia pronta y cumplida. La Administración, a la luz del artículo 41, Constitucional, tiene la obligación de garantizarle a la ciudadanía el cumplimiento de la justicia pronta y cumplida, sin denegación, lo que implica, en el ámbito de la justicia administrativa, su obligación de decidir con diligencia y celeridad los reclamos planteados por los administrados, de tal manera que su resolución sea congruente con los extremos alegados, así como de comunicarles a los interesados lo dispuesto, todo ello dentro de un plazo razonable. En este sentido, el carácter "razonable" de la duración de la actividad administrativa se determina casuísticamente con base en diversos elementos, tales como la complejidad técnica del asunto administrativo, la amplitud de la prueba por evacuar o el grado de afectación a la persona o al ambiente del acto impugnado, de lo cual se infiere que no existe un derecho estricto a la constitucionalización de los plazos, sino más bien un derecho a que se aplique el control de constitucionalidad sobre aquellas actuaciones de la Administración, en las cuales no existan motivos suficientes para justificar el tiempo demorado en la solución de algún tipo de gestión administrativa (sentencia No. 2020-009586, de las 09:10 horas del 26 de mayo de 2020).
V.- Sobre el caso concreto. De los informes rendidos por las autoridades recurridas, dados bajo la solemnidad del juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y la prueba documental aportada, se acredita que el amparado [Nombre 001], quien 36 años de edad, se encuentra privado de libertad en el CAI Jorge Arturo Montero Castro. Lo anterior debido a que está a la orden del Instituto Nacional de Criminología, descontando una sentencia de doce años de prisión, por el delito de tráfico internacional de drogas. Pena impuesta por el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José. Quedó demostrado que le correspondía la revisión de su plan de atención profesional el 12 de abril de 2020. Sin embargo, fue hasta el 29 de enero de 2021 que el Consejo Interdisciplinario lo valoró y emitió criterio positivo ante el Instituto Nacional de Criminología para que fuera ubicado en el Centro de Atención Semiinstitucional San Luis. No obstante, se informa que dicho acuerdo a la fecha se encuentra pendiente de transcripción y notificación al interesado, así como que una vez transcrito ser elevado ante la Secretaría Técnica del Instituto Nacional de Criminología para su respectivo pronunciamiento. También se constata que, a solicitud del Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela en un trámite de libertad condicional, el amparado fue nuevamente revalorado el 25 de febrero de 2021 y el Consejo Interdisciplinario del Ámbito de Convivencia A emitió, como prueba para mejor resolver, ante el Instituto Nacional de Criminología criterio de recomendación de su ubicación en el Centro de Atención Semiinstitucional de Pérez Zeledón. Acuerdo que se le notificó el 08 de abril de 2021, misma fecha en que se remitió a la Secretaría del Instituto citado, para su conocimiento. De tal manera, considera esta Cámara que, efectivamente, se configuró una violación a los derechos fundamentales del tutelado respecto a la demora en resolverse, primero, sobre su valoración técnica y después en cuanto a la última recomendación emitida por el Consejo Interdisciplinario del Ámbito de Convivencia A del CAI Jorge Arturo Montero Castro. Nótese que le correspondía ser valorado el 12 de abril de 2020, pero se acepta que fue más de ocho meses después que se realizó esa valoración técnica, el 29 de enero de 2021. Aunque no tuvo ninguna efectividad en la práctica, pues lo acordado todavía no ha sido trascrito y, mucho menos, remitido al Instituto Nacional de Criminología. Se tiene que fue revalorado el 25 de febrero de 2021 y el Consejo Interdisciplinario del Ámbito de Convivencia A emitió, como prueba para mejor resolver, ante el Instituto Nacional de Criminología criterio de recomendación de su ubicación en el Centro de Atención Semiinstitucional de Pérez Zeledón. Acuerdo que se le notificó el 08 de abril de 2021 y se desconoce si ya se conoció, por cuanto el representante del Instituto Nacional de Criminología no rindió el informe que se le requirió. Así, no hay duda que ese retraso constituye no solo una infracción al principio de justicia pronta y cumplida, sino además una amenaza a la libertad personal del tutelado por la dilación indebida de los procedimientos, ya que podía incidir en que éste continúe o no detenido, lo que se resuelva en cuanto a la recomendación de comentario.
VI.- Conclusión. Por consiguiente, lo que procede es declarar con lugar el recurso y con los efectos que se indican en la parte dispositiva, pues de los autos no se desprende que se haya resuelto en definitiva sobre la valoración técnica del amparado.
VII.- Documentación aportada al expediente . Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" , aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso, sin disponer la libertad del amparado [Nombre 001]. Se le ordena a Gustavo Solórzano Arias, en su condición de Subdirector del Instituto Nacional de Criminología, tomar todas aquellas medidas que se encuentren dentro del ámbito de sus competencias y coordinar lo que corresponda, para que, dentro del plazo de diez días , contado a partir de la notificación de esta sentencia, se resuelva y notifique la valoración técnica al amparado [Nombre 001] . Se advierte al recurrido que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de hábeas corpus y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese.

Fernando Castillo V.
Presidente
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.

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