Sentencia Nº 2021009798 de Sala Constitucional, 14-05-2021

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2021009798
Número de expediente21-008352-0007-CO
Fecha14 Mayo 2021

*210083520007CO*

Exp: 21-008352-0007-CO

Res. Nº 2021009798

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del catorce de mayo de dos mil veintiuno .

Redacta el Magistrado Castillo Víquez ; y,

CONSIDERANDO:

I.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente manifiesta que en horas de la madrugada del 09 de abril de 2021 se apersonó al Servicio de Emergencias del Hospital San Rafael de Alajuela debido a que sufría de mucha debilidad en el cuerpo, así como fuertes dolores en el estómago y el vientre. Señala que en esa ocasión le aplicaron procedimientos para el dolor y le dijeron que le iban a hacer un ultrasonido de abdomen; empero, debido a la espera, salió del hospital para realizárselo en una clínica privada. Comenta que una vez realizado el ultrasonido en la Clínica Santa Fe, el profesional encargado le sugirió que de inmediato se fuera para el nosocomio, ya que notaba un líquido regado dentro de su estómago. Por esa razón, una vez en el Servicio de Emergencias y analizado el ultrasonido, la dejaron en observación de adultos y posteriormente la trasladaron al Servicio de Ginecología, donde fue intervenida quirúrgicamente en horas de la madrugada del 11 de abril de 2021. Comenta que posterior a dicha cirugía, personeros del centro médico recurrido le dieron la dolorosa sorpresa que se trataba de un cáncer maligno. No obstante, acusa que el 12 de abril del 2021, fecha en que le dieron la salida, a la fecha en que acude a la Sala, el nosocomio accionado no le ha brindado atención ni tratamiento para el seguimiento de su enfermedad. De otro parte, manifiesta una serie de disconformidades con la atención médica brindada en el Hospital San Rafael de Alajuela. Solicita entre cosas, que se le otorgue una cita de valoración en el centro médico recurrido y se determine el tratamiento para el seguimiento de su enfermedad.

II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a) El 09 de abril de 2021, la recurrente fue atendida por primera vez en el Servicio de Emergencias del Hospital San Rafael de Alajuela debido a un dolor abdominal de una semana de evolución. En esa ocasión, se documentaron signos vitales normales, fue valorada, se envió laboratorios y se prescribió tratamiento (véase el informe adjunto).

b) El 09 de abril de 2021, la amparada fue valorada por segunda ocasión en el Servicio de Emergencias del centro médico recurrido, donde se revaloraron los estudios enviados y como único hallazgo positivo se encontró sangre en orina (hematuria). Además, se trasladó al área de observación, se colocó analgesia y se coordinó un ultrasonido de abdomen (véase el informe adjunto).

c) El 09 de abril de 2021, la usuaria fue valorada por tercera ocasión por un especialista en el Servicio de Emergencias del nosocomio accionado, quien le envió ultrasonido y valoración por ginecología (véase el informe adjunto).

d) Previo a la cuarta valoración, un especialista del centro hospitalario anotó: “Se llama paciente en múltiples ocasiones por el Servicio de Emergencias paciente que se encontraban alrededor de ella refieren que se fugó" (véase el informe adjunto).

e) El 10 de abril de 2021, la accionante fue revalorada en el Servicio de Emergencias del Hospital San Rafael de Alajuela por un cuadro de dolor abdominal. En esa data, traía consigo un ultrasonido de una consulta privada, el cual fue valorado por un especialista en cirugía general (véase el informe adjunto).

f) El 10 de abril de 2021, la promovente fue valorada por segunda ocasión en el Servicio de Emergencias recurrido por un especialista en cirugía general, quien indicó: "Paciente con signos clínicos de peritonitis secundaria a descartar causa. En este momento no presenta indicación de cirugía de emergencia ante condición y tiempo de evolución clínica por lo que se completará estudios con TAC para definir manejo" (véase el informe adjunto).

g) El 10 de abril de 2021, la recurrente fue valorada por tercera ocasión en el servicio recurrido, donde se anotó: “Se valora reporte de Tac de abdomen, y por los hallazgos encontrados se solicita valoración por el especialista en Ginecología” (véase el informe adjunto).

h) El 10 de abril de 2021, la amparada fue valorada por cuarta ocasión por un especialista en ginecología, quien ante los hallazgos de TAC de abdomen y ultrasonido endo vaginal, decidió internar a la paciente para llevarla a sala de operaciones en conjunto con el especialista de cirugía general (véase el informe adjunto).

i) El 11 de abril de 2021, la tutelada fue intervenida de emergencia en el Servicio de Ginecología del centro médico recurrido (véase el informe adjunto).

j) El 12 de abril de 2021, la usuaria fue egresada del nosocomio accionado para continuar seguimiento en consulta externa de Ginecología (véase el informe adjunto).

k) El 27 de abril de 2021, la accionante se apersonó al Servicio de Emergencias del Hospital San Rafael de Alajuela; empero, se retiró del lugar sin esperar a ser atendida (véase el informe adjunto).

l) Con ocasión a la notificación del auto de curso, a la paciente se le programó una cita en la especialidad de Ginecología, servicio de consulta externa del centro hospitalario para el 07:30 horas del 25 de mayo de 2021 con el Dr. Picáns para seguimiento de su caso (véase el informe adjunto).

III.- SOBRE LA ATENCIÓN MÉDICA. En el sub lite se tuvo por acreditado que el 09 de abril de 2021, la recurrente fue atendida por primera vez en el Servicio de Emergencias del Hospital San Rafael de Alajuela debido a un dolor abdominal de una semana de evolución. En esa ocasión, se documentaron signos vitales normales, fue valorada, se envió laboratorios y se prescribió tratamiento. Se colige que ese mismo día, la amparada fue valorada por segunda ocasión en el Servicio de Emergencias del centro médico recurrido, donde se revaloraron los estudios enviados y como único hallazgo positivo se encontró sangre en orina (hematuria). Además, se trasladó al área de observación, se colocó analgesia y se coordinó un ultrasonido de abdomen. Consta que el 09 de abril de 2021, la usuaria fue valorada por tercera ocasión por un especialista en el Servicio de Emergencias del nosocomio accionado, quien le envió ultrasonido y valoración por ginecología. No obstante, previo a la cuarta valoración, un especialista del centro hospitalario anotó: “Se llama paciente en múltiples ocasiones por el Servicio de Emergencias paciente que se encontraban alrededor de ella refieren que se fugó".

Ahora bien, quedó demostrado que el 10 de abril de 2021, la accionante fue revalorada en el Servicio de Emergencias del Hospital San Rafael de Alajuela por un cuadro de dolor abdominal. En esa data, traía consigo un ultrasonido de una consulta privada, el cual fue valorado por un especialista en cirugía general. Se tiene que ese mismo día, la promovente fue valorada por segunda ocasión en el Servicio de Emergencias por un especialista en cirugía general, quien indicó: "Paciente con signos clínicos de peritonitis secundaria a descartar causa. En este momento no presenta indicación de cirugía de emergencia ante condición y tiempo de evolución clínica por lo que se completará estudios con TAC para definir manejo ". Se corrobora, que el 10 de abril de 2021 la recurrente fue valorada por tercera ocasión en el servicio recurrido, donde se anotó: “Se valora reporte de Tac de abdomen, y por los hallazgos encontrados se solicita valoración por el especialista en Ginecología”. Posteriormente, fue valorada por cuarta ocasión por un especialista en ginecología, quien ante los hallazgos de TAC de abdomen y ultrasonido endo vaginal, decidió internar a la paciente para llevarla a sala de operaciones en conjunto con el especialista de cirugía general. En ese contexto, del informe adjunto se desprende que el 11 de abril de 2021, la tutelada fue intervenida de emergencia en el Servicio de Ginecología. Acto seguido, sea el 12 de abril de 2021, fue egresada del nosocomio accionado para continuar seguimiento en consulta externa de Ginecología. Finalmente, se refleja que el 27 de abril de 2021, la accionante se apersonó al Servicio de Emergencias del Hospital San Rafael de Alajuela; empero, se retiró del lugar sin esperar a ser atendida.

Visto lo anterior, este Tribunal no corrobora los alegatos de la recurrente en el sentido de que no haya recibido la atención médica que merece. Por el contrario, en este caso con mediana claridad se observa que el nosocomio recurrido ha abordado su caso de manera diligente, siendo que la valoró en reiteradas ocasiones e incluso le practicó una cirugía de emergencia el pasado 11 de abril en el Servicio de Ginecología. En ese contexto, se estima que en fondo lo que realmente existe es una disconformidad de la asegurada con la atención brindada en el centro médico recurrido. Reflejo de ello, es que en el libelo de interposición la recurrente acusa una serie de inconformidades, tales como: que la dejan esperando muchas horas; que no ha recibido ninguna llamada por parte de los médicos tratantes para conocer su condición de salud; que una funcionaria del hospital le indicó que con sangrado no la iban a atender y; que la atención del 27 de abril fue pésima e inhumana. Sobre el particular, es menester indicarle a la parte amparada que esta Sala no es una instancia tramitadora de este tipo de inconformidades o denuncias. Lo anterior, sin lugar a dudas es ajeno tanto a la naturaleza sumaria del proceso de amparo, como la competencia de esta jurisdicción especializada, consagrada por la Ley de la Jurisdicción Constitucional y la propia Constitución Política. Dichas inconformidades, más bien deben ser planteadas y resueltas ante las instancias que conocen de tales quejas en la propia Caja Costarricense de Seguro Social, ante la Defensoría de los Habitantes, que es el órgano competente para vigilar el grado de eficiencia con que trabajan las instituciones públicas, o inclusive en la vía penal, ante el supuesto de incumplimiento de deberes (véase en similar sentido la sentencia No. 2020017886 de las 09:20 horas del 18 de setiembre de 2020).

IV.- SOBRE LA CITA DE VALORACIÓN. La recurrente acusa que, posterior a su cirugía, el Hospital San Rafael de Alajuela no ha programado una valoración a fin de que se determine el tratamiento para el seguimiento de su enfermedad. Al respecto, la representante del centro hospitalario no desmintió lo acusado y más bien, subrayó que a la paciente se le programó una cita en la especialidad de Ginecología, servicio de consulta externa para las 07:30 horas del 25 de mayo de 2021 con el Dr. Picáns para seguimiento de su caso. Así las cosas, como se determina que fue con ocasión a la notificación del auto de curso que se programó la cita de valoración que demanda la amparada, lo que procede es declarar con lugar el recurso en cuanto a este extremo sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, tal y como se señalará a continuación.

V.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine , de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“ Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes ”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “ toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia” , donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr . artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

VI.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una“terminación anormal del proceso”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.

VII.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.

VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

De conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se declara parcialmente con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, únicamente respecto a la cita de valoración. Se ordena a Karen Rodríguez Segura, en su condición de Directora General del Hospital San Rafael de Alajuela, o a quien ejerza ese cargo, que adopte las medidas necesarias para garantizar que a la recurrente se le practique la cita de valoración que tiene programada a las 07:30 horas del 25 de mayo de 2021 en la especialidad de Ginecología, servicio de consulta externa con el Dr. Picáns para seguimiento de su caso. Lo anterior, siempre y cuando sea posible de acuerdo con la reorganización del servicio decretada por la emergencia hospitalaria con ocasión de la epidemia de coronavirus (COVID-19). Se previene a los recurridos que, de conformidad con el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se les impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. Notifíquese.

Fernando Castillo V.
Presidente
Luis Fdo. Salazar A.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ana María Picado B.
Alejandro Delgado F.
Ileana Sánchez N.

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