Sentencia Nº 2021022036 de Sala Constitucional, 01-10-2021

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha01 Octubre 2021
Número de sentencia2021022036
Número de expediente21-018041-0007-CO

*210180410007CO*

Exp: 21-018041-0007-CO

Res. Nº 2021022036


SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas cincuenta minutos del uno de octubre de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo que se tramita en expediente n.° 21-018041-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra el CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL (COSEVI).

Resultando:

1.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 12:43 horas del 13 de setiembre de 2021, el accionante interpone recurso de amparo. Relata que interpuso un recurso de apelación contra la boleta de citación 2021-335500345. Sostiene que el COSEVI, mediante la Oficina Regional de Impugnaciones de Boletas de Citación de H. abrió el expediente n.° [Valor 002] . Asevera que por resolución n.° [Valor 002] se declaró sin lugar la impugnación. Sostiene que el 27 de agosto de 2021 remitió un correo electrónico a la cuenta impugheredia@csv.go.cr , mediante el que le solicitó a la Oficina Regional de Impugnación de Boletas de Citación de H. una copia certificada de la totalidad del expediente. Arguye que el motivo de su requerimiento es poder conocer y examinar la totalidad del expediente para interponer el respectivo proceso contencioso administrativo en contra de la boleta y la resolución. Reclama que no ha recibido respuesta alguna. Solicita que se declare con lugar el recurso.
2.- Mediante resolución de la S. 11:37 horas del 14 de setiembre de 2021, se dio curso al proceso y se requirió informe al jefe de la Oficina de Impugnación de Boletas de Citación de H. y el director ejecutivo del Consejo de Seguridad Vial.

3.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 7:57 horas del 20 de setiembre de 2021, informan bajo juramento J.R.E. y C.E.R., por su orden, jefe de la Unidad de Impugnaciones de H. y apoderado especial judicial, ambos del Consejo de Seguridad Vial. Detallan: “Primero: De acuerdo a los términos de la inconformidad del amparante, éste indica que presentó un recurso de impugnación contra la boleta citación número 2021-335500345 ante la Unidad de Impugnaciones del Consejo de Seguridad Vial con sede en H.. Adicionalmente indica el amparante, que por resolución administrativa dicha Unidad declaró sin lugar el recurso de impugnación y que el día 27 de agosto de 2021 remitió una solicitud vía correo electrónico a esa dependencia a efectos de obtener copia certificada el expediente administrativo número [Valor 002] , en el que se conoció su inconformidad. La solicitud fue remitida al correo electrónico impugheredia@csv.go.cr, la cual corresponde al mecanismo de presentación oficial para atender gestiones por parte de usuarios del Consejo de Seguridad Vial durante el periodo de emergencia, por la declaratoria de pandemia mundial ocasionada por el virus Sars- Cov 2, según publicación realizada en el alcance número N°53 de la Gaceta N°55 del día 20 de marzo de 2020. Segundo: Se informa que la petición que realiza el amparado respecto de la solicitud de certificación del expediente administrativo número [Valor 003] le fue remitida al amparante vía correo electrónico, por lo que no existe lesión efectiva alguna de rango constitucional y para tales efectos se adjunta la imagen respectiva sobre el cumplimiento de la petición planteada por el recurrente: (…) Consecuentemente, al no mediar lesión alguna a los derechos fundamentales del amparante con respecto a la conducta administrativa impugnada en este momento, se solicita respetuosamente se declare sin lugar el recurso de amparo en cuanto a las imputaciones vertidas y a partir de las razones antes descritas, no estimando que se haya violentado disposiciones de orden constitucional en lo actuado por el Consejo de Seguridad Vial”.

4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,

Considerando:


I.- OBJETO DEL RECURSO. El accionante aduce que mediante expediente administrativo n.° [Valor 002] se tramitó una impugnación que planteó contra una boleta de citación, la cual fue declarada sin lugar. Sostiene que, por lo anterior, el 27 de agosto de 2021 remitió un correo electrónico a la cuenta impugheredia@csv.go.cr, mediante el que le solicitó a la Oficina Regional de Impugnación de Boletas de Citación de H. una copia certificada de la totalidad del expediente. Reclama que no ha recibido respuesta alguna.
II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:
  1. El 27 de agosto de 2021, el recurrente remitió un correo electrónico desde la cuenta [...] a la dirección impugheredia@csv.go.cr . En tal correo electrónico planteó una gestión dirigida a la Oficina Regional de Impugnación de Boletas de Citación de H., en la que solicitó: “(…) 1- Que en el plazo de ley correspondiente se le brinde al suscrito una copia certificada de la totalidad del expediente, incluyendo toda la prueba aportada, incluso los archivos digitales o electrónicos (…)”. (Ver prueba documental).
  2. El correo electrónico impugheredia@csv.go.cr constituye un mecanismo oficial para plantear gestiones ante la autoridad recurrida. (Ver informe rendido bajo juramento).
  3. A las 7:48 horas del 16 de setiembre de 2021, la autoridad recurrida fue notificada de la tramitación de este recurso. (Ver actas de notificación).
  4. A las 17:06 horas del 16 de setiembre de 2021, la autoridad recurrida remitió a la cuenta [...] las copias solicitadas por el amparado. (Ver prueba documental e informe rendido bajo juramento).
III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En la especie, el accionante aduce que mediante expediente administrativo n.° [Valor 002] se tramitó una impugnación que planteó contra una boleta de citación, la cual fue declarada sin lugar. Sostiene que, por lo anterior, el 27 de agosto de 2021 remitió un correo electrónico a la cuenta impugheredia@csv.go.cr , mediante el que le solicitó a la Oficina Regional de Impugnación de Boletas de Citación de H. una copia certificada de la totalidad del expediente. Reclama que no ha recibido respuesta alguna.
Ahora bien, de los autos se colige que, el 27 de agosto de 2021, el recurrente remitió un correo electrónico desde la cuenta [...] a la dirección impugheredia@csv.go.cr . En tal correo electrónico planteó una gestión dirigida a la Oficina Regional de Impugnación de Boletas de Citación de H., en la que solicitó: “(…) 1- Que en el plazo de ley correspondiente se le brinde al suscrito una copia certificada de la totalidad del expediente, incluyendo toda la prueba aportada, incluso los archivos digitales o electrónicos (…)”. El correo electrónico impugheredia@csv.go.cr constituye un mecanismo oficial para plantear gestiones ante la autoridad recurrida. A las 7:48 horas del 16 de setiembre de 2021, la autoridad recurrida fue notificada de la tramitación de este recurso. A las 17:06 horas del 16 de setiembre de 2021, la autoridad recurrida remitió a la cuenta [...] las copias solicitadas por el amparado.
Desde este panorama, la S. observa que la situación que lesionaba los derechos fundamentales de la parte amparada, sea, la falta de entrega de las copias certificadas solicitada por el tutelado, fue subsanada con ocasión de la tramitación de este recurso, por lo que procede acoger el recurso según los términos dispuestos en el numeral 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

IV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la S. considera que, en el sub examine , de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“ Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes . Se subraya que la Ley indica “ si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “ toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia” , donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr . artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

V.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO S.A., ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Si bien coincido con el resto de la S. en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:
Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:
...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.
En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la S. ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la S. haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.
Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la S., aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la S., implica una“terminación anormal del proceso”.
El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta S. puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.
En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.
VI.- VOTO SALVADO PARCIAL DE LA MAGISTRADA G.V.. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.
Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Si el derecho ha sido violado y la S. así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.
Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la S. condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.

VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Debe prevenir esta S. a la parte recurrente que de haber aportado algún documento, ya sea en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI .


Por tanto:


Se declara con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El magistrado S.A. salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada G.V. salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. N..


Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Luis Fdo. S.zar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
Hubert Fernández A.



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Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, C.M., 100 mts.Sur de la iglesia del P.S.. Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, S.J., Distrito Catedral, B.G.L., calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

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