Sentencia Nº 2021025591 de Sala Constitucional, 12-11-2021

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha12 Noviembre 2021
Número de expediente21-021953-0007-CO
Número de sentencia2021025591

*210219530007CO*

Exp: 21-021953-0007-CO

Res. Nº 2021025591

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas quince minutos del doce de noviembre de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo promovido por L.G.S., cédula de
identidad 0108760664, a favor de [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001] , contra la CAJA COSATRRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
RESULTANDO:
1.- Mediante memorial presentado a las 8:34 horas de 31 de octubre d e 2021, el recurrente promovió recurso de amparo, contra la Caja Costarricense de Seguro Social, pues, según afirma, el amparado tiene 64 años de edad y sufre cataratas en su ojo derecho. Por lo anterior, desde el 11 de febrero de 2020 se encuentra anotado en lista de espera del Servicio de Oftalmología del Hospital San Rafael de Alajuela. Reclama que a la fecha de interposición del recurso, el tutelado no ha sido operado ni se le ha programado una fecha cierta para tal intervención. Estima lesionados los derechos fundamentales de su representado. Solicita que se declare con lugar el recurso.
2.- Por resolución de las 12:01 horas de 3 de noviembre de 2021 se dio curso al recurso y se requirió un informe a la directora médica y al jefe del Servicio de Oftalmología, ambos del Hospital San Rafael de Alajuela, sobre esos hechos.
3.- Informa bajo juramento K.R.S. y J.S.D., respectivamente, en condición de directora general y de jefe, Servicio de Oftalmología, ambos del Hospital San Rafael de Alajuela, e indica que según ese Servicio:
“(…)se consultó en expediente de salud digital, ha recibido atenciones en nuestro servicio de Oftalmología, como parte de su historia oftalmológica, sufri ó trauma ocular izquierdo hace varios años dejando afectación visual, es un ojo ambliope u ojo “ perezoso”, lo que quiere decir que el paciente no ve con ese ojo como consecuencia de alguna patología, no hay una terapia para mejorar su visión en ese ojo, en el ojo derecho se diagnosticó con catarata por lo que se le dejó una cita para B. ( examen que permite obtener la medida del lente intraocular que se coloca en cirugía de catarata), dicho examen fue realizado el pasado 11 de noviembre 2020 y se envió a programación para cirugía de catarata del ojo derecho. Debido a la Pandemia por COVID-19, la mayoría de cirugías no prioritarias, como lo es una cirugía de catarata, fueron suspendidas debido al riesgo de contagio. Catarata consiste en una opacidad del cristalino, el paciente puede recuperar su visión posterior la cirugía, por lo que no amerita hacerse como cirugías urgentes, los pacientes pueden esperar por sus cirugías, de acuerdo al conocimiento de la ciencia y la técnica. Se le dará una cita para el día 28 de diciembre 2021 en consulta preoperatoria con el fin de solicitar estudios prequirúrgicos para proceder a programar la cirugía posteriormente. (…)”
4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta la M.....P.B. ; y,

CONSIDERANDO:
I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente apunta que su representado presenta una catarata en su ojo derecho, por la que se le prescribió una cirugía, la cual se incluyó en lista de espera, sin que existiera fecha cierta o al menos probable para someterlo a dicho procedimiento quirúrgico. Afirma que el plazo de espera e incertidumbre al que han sometido al amparado, vulnera los derechos fundamentales de su representado.
II.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para la decisión del presente amparo se tienen por demostrados los siguientes: 1) En fecha indeterminada se diagnosticó que el amparado presentaba una catarata en su ojo derecho, e indicó una cirugía por esa patología (hecho no controvertido). 2) El 11 de febrero de 2020 se incluyó esa cirugía en lista de espera (hecho no controvertido). 3) El 3 de noviembre de 2021 se notificó el auto de traslado a las autoridades recurridas (actas de notificación visibles en el Historial de Acontecimientos del Expediente Electrónico). 4) En fecha indeterminada se otorgó cita al amparado en consulta preoperatoria con el fin de solicitar estudios prequirúrgicos para proceder a programar la cirugía posteriormente, para el 28 de diciembre 2021 (informe rendido bajo juramento).
III.- HECHOS NO PROBADOS. Se estiman como no demostrados, los siguientes de relevancia: Único.- Que de previo a la interposición de este recurso, existiera fecha cierta o probable para realizar el procedimiento quirúrgico que se echa de menos.
IV.- CASO CONCRETO. En la especie, el recurrente apunta que su representado presenta una catarata en su ojo derecho, por la que se le prescribió una cirugía, la cual se incluyó en lista de espera, sin que existiera fecha cierta o al menos probable para someterlo a dicho procedimiento quirúrgico. Afirma que el plazo de espera e incertidumbre al que han sometido al amparado, vulnera los derechos fundamentales de su representado.
De los autos se acredita que, el 11 de febrero de 2020 se incluyó la cirugía de catarata de ojo derecho que se reclama, en lista de espera del Hospital San Rafael, sin que existiera fecha cierta o probable para realizarla. Aunado a lo anterior, se demostró que con ocasión de la notificación del auto de traslado a las autoridades recurridas, se otorgó cita al amparado en consulta preoperatoria con el fin de solicitar estudios prequirúrgicos para proceder a programar la cirugía posteriormente, para el 28 de diciembre 2021. Empero, como esto ocurrió una vez cursado este asunto, estima la Sala que se impone acoger el recurso, conforme se dirá.

V.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional ("Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes"), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta "únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes". Se subraya que la Ley indica "si fueren procedentes", lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: "toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia", donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. Artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

VI.- VOTO SALVADO PARCIAL DE LA MAGISTRADA G.V..

Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.

VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:
Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se ordena a K.R.S. y J.S.D., respectivamente, en condición de directora general y de jefe, del Servicio de Oftalmología, ambos del Hospital San Rafael de Alajuela, o a quienes en su lugar ocupen dichos cargos, que dispongan lo necesario para que, conforme se comprometieron en su informe, el 28 de diciembre de 2021, se valore al amparado en consulta preoperatoria, se soliciten los estudios prequirúrgicos que se estimen necesarios y se programe la cirugía reclamada, si se estima procedente, en el entendido de que dicho procedimiento quirúrgico debe realizarse dentro de los tres meses siguientes a la notificación de esta resolución, bajo la supervisión y responsabilidad de su médico tratante, siempre que no se encuentre contraindicada. Lo anterior, según sea posible de acuerdo con la reorganización del servicio decretada por la emergencia hospitalaria con ocasión de la pandemia de coronavirus (COVID-19). Se advierte a los recurridos que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. La Magistrada G.V. salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. N..
Fernando Castillo V.
Presidente
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ana María Picado B.
Alicia Salas T.
Ileana Sánchez N.
Documento Firmado Digitalmente
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