Sentencia Nº 2021028067 de Sala Constitucional, 17-12-2021

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha17 Diciembre 2021
Número de sentencia2021028067
Número de expediente21-022951-0007-CO

*210229510007CO*

Exp: 21-022951-0007-CO

Res. Nº 2021028067

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas veinte minutos del diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo que se tramita en expediente No. 21-022951-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], a favor de [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 002] y, [Nombre 003], menor de edad, contra el INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL.
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la S. el 11 de noviembre de 2021, la parte recurrente interpone recurso de amparo a favor de [Nombre 002] y [Nombre 003], contra el INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL, y manifiesta lo siguiente: que la amparada acudió al Instituto Mixto de ayuda Social (IMAS), el 19 de agosto del año en curso, para solicitar ayuda para su hija, la menor [Nombre 003] y para sí misma. Ante lo cual, fue visitada por la trabajadora social L.C.H., quien luego de entrevistarla, la calificó en su informe como "extrema", suponiendo que se trataba de "pobreza extrema". Alega que la trabajadora social, no le explicó a la amparada los beneficios que podría adquirir, ni la condición social que le asignó. Caso contrario de forma muy escueta, la funcionaria indicó que debía pasar la información al instituto Mixto de Ayuda Social, para que realizara la valoración de su caso, situación económica y mediante un análisis, la estarían llamando para indicarle si era candidata o no a recibir los beneficios por su condición Social. En dicha entrevista, la señora [Nombre 006] le indicó a la funcionaria que su hija [Nombre 003], actualmente cursa el octavo año en el Liceo Regional de F. y recibía una beca municipal, la cual finalizaba el 01 de noviembre de 202l y que una vez, finalizada, podría ser tomada en cuenta, para optar por la beca de "avancemos", propia del IMAS. Además, le indicó a la funcionaria que su hija necesita una computadora y servicio de internet para continuar con sus estudios, ya que, en este tiempo resulta una herramienta tecnológica fundamental. Debido a sus escasos recursos económicos, no le es posible comprar un artículo de este tipo a la menor, ya que sus ingresos no superan los ¢50.000 mensuales, tal y como consta en el formulario (véase el documento aportado como prueba). Adicionalmente, la amparada solicitó ayuda al IMAS, para emprender el negocio de estilismo, y con este, hacerle frente a sus obligaciones pues se encuentra estudiando en el IPEC, conforme los requisitos establecidos por el IMAS para acceder a la ayuda. Comenta que en el mes de enero de 2022, será la graduación. Reclama que no obstante lo expuesto, al día que acude en amparo, la recurrida no le ha brindado respuesta alguna a la amparada sobre su solicitud de ayuda social y económica.
2.- Mediante resolución de las 13:10 horas del 19 de noviembre de 2021, se le dio curso al presente amparo.

3.- Por escrito incorporado al Sistema Jurídico el 26 de noviembre de 2021, Tatiana Chaves Chamorro, J. de la Unidad Local de Desarrollo de H. del Instituto Mixto de Ayuda Social, informa bajo juramento que el 18 de agosto de 2021, la señora [Nombre 002] fue atendida por medios virtuales por una profesional de la Unidad Local de Desarrollo de H., con la finalidad de solicitar un subsidio estatal para su familia -no en su casa de habitación- como lo señala el recurrente, en esa fecha, se le confeccionó Ficha de Información Social, en la que señala que sus ingresos no superan los ¢50.000 00 mensuales. Señala que la amparada [Nombre 002], cursa octavo año en el Liceo Regional de F., y, actualmente recibe una beca por parte de la Municipalidad de F.; la cual se encuentra vigente hasta el mes de diciembre 2021, inclusive, por ello, no es posible brindar la Transferencia Monetaria Avancemos, sino hasta el 2022, una vez realizada nuevamente la valoración socio económica requerida. Indica que respecto al Programa de Hogares Conectados, se orientó a la amparada [Nombre 002] ; que este beneficio no es parte de la Oferta Programática del IMAS, ya que las familias deben consultar la página de SUTEL continuamente para verificar si han postulado a la familia para dicho beneficio y se le informó que mi representa no brinda beneficios para la compra de computadoras o pago de internet. Agrega que se le indicó a la señora [Nombre 006] sobre el programa de Emprendimientos Productivos Individuales y sobre el proceso a seguir, en el cual primeramente debe concluir su preparación técnica y con sustento en el respectivo título, puede tramitar una cita a la línea 800-000-4627 para proceder con la respectiva valoración en cuanto a su posible Proyecto y Plan de Negocios. Añade que en el mes de noviembre de 2021, la solicitud para el otorgamiento del beneficio de Atención a Familias (que en su momento se le aprobó a la señora [Nombre 002]) se ingresó al sistema, a fin de que fuera resuelto mediante un proceso de resoluciones masivas (PROSI) que se encuentra prevista para finales de este mes; sin embargo, considerando la situación de la familia se procedió a ingresar la resolución N° 3634 de forma individual, por un monto de ¢75.000 mensuales, beneficio aprobado por los meses de noviembre y diciembre 2021, a fin de garantizar el subsidio a la familia. Por lo expuesto, indica que a la amparada se le atendieron todas sus consultas y dudas mediante la atención brindada de forma virtual.

4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado S.A. ; y,
Considerando:
I.- Objeto del recurso. El recurrente manifiesta que la amparada acudió ante la autoridad accionada a solicitar ayuda para su hija y para sí misma. No obstante, reclama que no se le explicó respecto a los beneficios que podría adquirir y que se la estarían llamando para indicarle si era candidata o no a recibir los beneficios por su condición Social, pero al día que acude en amparo, la recurrida no le ha brindado respuesta alguna a la amparada sobre su solicitud de ayuda social y económica.

II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

  1. La amparada [Nombre 002], es madre de la menor de edad [Nombre 002]. (hecho no controvertido);

  2. La amparada menor de edad cursa el octavo año en el Liceo Regional de F. y recibe una beca por parte de la Municipalidad de F.; la cual se encuentra vigente hasta el mes de diciembre 2021. (ver informe rendido bajo juramento);

  3. El 18 de agosto de 2021, la amparada fue atendida por medios virtuales por parte de una profesional de la Unidad Local de Desarrollo de H., en esa oportunidad, se le confeccionó Ficha de Información Social donde se señaló que sus ingresos no superan los ¢50.000 mensuales; además, se le indicó que el Programa de Hogares Conectados ya no forma parte de la Oferta Programática del IMAS, por lo que debía consultar en la página de SUTEL y que respecto al programa de Emprendimientos Productivos Individuales, primero debe concluir su preparación técnica y con sustento en el respectivo título, puede tramitar una cita a la línea 800-000-4627 para proceder con la respectiva valoración en cuanto a su posible Proyecto y Plan de Negocios. (ver informe rendido bajo juramento);

  4. El 24 de noviembre de 2021 a las 11:44 horas, la J. de la Unidad Local de Desarrollo de H. del Instituto Mixto de Ayuda Social fue notificada de la resolución que dio curso al presente recurso. (ver acta de notificación);

  5. El 25 de noviembre de 2021, las autoridades de la Unidad Local de Desarrollo de H. del Instituto Mixto de Ayuda Social procedieron a ingresar la resolución N° 3634 de forma individual, por un monto de ¢75.000 mensuales, beneficio aprobado por los meses de noviembre y diciembre 2021, a fin de garantizar el subsidio solicitado a la familia. (ver informe rendido bajo juramento).

III.- Sobre el caso concreto.- Después de analizar el informe rendido bajo juramento por la representante de la autoridad recurrida, y la prueba aportada para la resolución del asunto, esta S. verifica la lesión a los derechos fundamentales de la amparada. En ese sentido, ha sido debidamente acreditado, que efectivamente el 18 de agosto de 2021, la amparada fue atendida por parte de la profesional de la Unidad Local de Desarrollo de H., quien le informó y atendido sus consultas respecto a los distintos beneficios que el IMAS ofrece; además, se le confeccionó Ficha de Información Social donde se señaló que sus ingresos no superan los ¢50.000 mensuales. Ahora bien, esta S. procede acoger el presente recurso, debido a que, se evidencia que el otorgamiento del beneficio de Atención a Familias que solicitó la amparada, fue atendido y resuelto con ocasión a la interposición del presente recurso –realizada el 24 de noviembre de 2021 a las 11:44 horas-, debido a que, fue hasta el 25 de noviembre de 2021 que los recurridos procedieron a ingresar la resolución N° 3634 de forma individual, por un monto de ¢75.000 mensuales, beneficio aprobado por los meses de noviembre y diciembre 2021, a fin de garantizar el subsidio solicitado a la familia. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso, sin especial condenatoria en cuanto a costas, daños y perjuicios.

IV.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la ley de la jurisdicción constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la S. considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recursoúnicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes. Se subraya que la Ley indica “ si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr . artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.
V.- Voto salvado parcial del Magistrado S.A., únicamente en relación con la no condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida.
Si bien coincido con el resto de la S. en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.
En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la S. ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la S. haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.
Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la S., aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la S., implica una “terminación anormal del proceso”.
El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta S. puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.
En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.
VI.-Voto salvado parcial de la Magistrada G.V.. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): "Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes".
Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa " resolución" es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase "si fueren procedentes" se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.
Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: " Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia".
Si el derecho ha sido violado y la S. así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título -derivado de este proceso- para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.
Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la S. condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido.
En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.
VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta S. a la parte recurrente que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se declara con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El Magistrado S.A. salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada G.V. salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. N..-

Paul Rueda L.
Presidente a.i
Luis Fdo. S.zar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Hubert Fernández A.
Ana Cristina Fernandez A.
Jorge Isaac Solano A.

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

*E8BQLSA3VZS61*

E8BQLSA3VZS61

EXPEDIENTE N° 21-022951-0007-CO

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, C.M., 100 mts.Sur de la iglesia del P.S.. Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, S.J., Distrito Catedral, B.G.L., calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR