Sentencia Nº 2022-000601 de Sala Segunda de la Corte, 16-03-2022

EmisorSala Segunda de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2022-000601
Número de expediente19-007527-1027-CA
Fecha16 Marzo 2022
*190075271027CA*
Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA
Exp: 19-007527-1027-CA
Res: 2022-000601
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las diez horas quince minutos del dieciséis de marzo de dos mil veintidós.
Proceso ordinario seguido en el Juzgado de Seguridad Social del Primer Circuito Judicial de S.J., por [Nombre 001], viuda, oficio ignorado, vecina de S.J., contra la JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL, representada por su apoderado general judicial, el licenciado Diego Vargas Sanabria, divorciado, domicilio desconocido, y el ESTADO, representado por su procuradora adjunta, la licenciada M.B.Z., casada y vecina de Heredia. Todos mayores y abogados, con la excepción indicada.
Redacta el Magistrado A.G.; y,
CONSIDERANDO:
I.- ANTECEDENTES: Con la acción, la actora pretende que se condene a la parte demandada a otorgarle una pensión por viudez, así como a pagarle los intereses desde la solicitud administrativa más las costas (imágenes 1 a 21 del primer archivo incorporado en fecha 18-11-2019). El apoderado general judicial de la Junta accionada contestó en términos negativos y opuso las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación ad causam activa y pasiva (primer archivo incorporado en fecha 08-07-2020). La representación estatal contestó de igual forma e interpuso la defensa de falta de derecho (archivo incorporado en fecha 30-07-2020). El Juzgado declaró con lugar la demanda y condenó solidariamente a los demandados a otorgarle a la actora una pensión por viudez del Régimen del Magisterio Nacional, a partir de la solicitud administrativa (14 de marzo de 2019), así como al pago de los intereses, a partir de la fecha en cada suma debió ser cancelada y hasta su efectivo pago y a la indexación de las rentas vencidas, entre el mes anterior a la presentación de la demanda y el precedente a aquel en que efectivamente se realice el pago, más las costas, fijando las personales en la suma prudencial de ¢250.000,00, más los intereses sobre dicho monto igual a la tasa básica pasiva del Banco Central de Costa Rica, a partir de la firmeza de esta sentencia y hasta su efectivo pago (archivo incorporado en fecha 16-02-2021).
II.- AGRAVIOS: Ante la Sala recurre la representación estatal. En primer lugar, alega que en forma errónea se aplicó la Ley n.° 2248 del 5 de setiembre de 1958, cuando debió aplicarse la Ley n.° 7531, dado que la solicitud de la actora se dio durante la vigencia de ésta.º Sostiene que la pensión por sobrevivencia es un derecho originario y no derivado y, en consecuencia, la legislación aplicable es la vigente para el momento en que ocurre el hecho generador (la muerte del asegurado). En segundo lugar, plantea una errónea valoración de la prueba, pues se le da plena credibilidad a una declaración jurada aportada por la actora, en la que se indica que ésta siempre recibió auxilio económico del causante. Sobre el particular, expresa que se demostró, según lo manifestado por la propia actora, que ella y el causante se mantenían separados judicialmente, situación que se generó el 13 de agosto de 1984 y se mantuvo por más de 35 años, hasta la muerte del causante el 02 de marzo de 2019, sin que la actora haya aportado prueba que acreditara que durante aquel lapso (el de separación, a saber: del 13 de agosto de 1984 al año 2018) recibiera auxilio económico del causante. Al efecto, sostiene que no hay elemento probatorio que establezca un monto por concepto de pensión alimenticia como tampoco que éste fuera voluntario. En su criterio, conforme al artículo 60 de la Ley n.° 7531, que era el aplicable, la demandante no tenía derecho al beneficio concedido, por cuanto no se determinó una dependencia económica, toda vez que para estos efectos no resulta suficiente la suma de dinero que presuntamente depositó el causante durante el año 2018 y enero y febrero de 2019, sin que quedara claro, en muchos de ellos, la persona que depositaba y el motivo por el que se hacía. Sobre el particular, cita el voto de esta Sala número 874 de las 10:05 horas, del 16 de junio de 2010. En tercer lugar, reprocha la condena al pago de intereses, toda vez que la accionante no tenía derecho a recibir la pensión en los términos expuestos. En cuarto lugar y último lugar, objeta la condena en costas, por las razones previamente señaladas. Por los motivos expuestos, solicita acoger el recurso, anular la sentencia y declarar sin lugar la demanda, condenando en costas a la accionante (archivo incorporado en fecha 22-02-2021).
III.- SOBRE EL FONDO: La actora presentó la demanda para que se le conceda la pensión derivada de su esposo [Nombre 005], quien fuera pensionado por el Magisterio Nacional, ya que en vía administrativa le fue denegado el beneficio por encontrarse en el supuesto previsto en el inciso a) del artículo 60 de la Ley 7531, pues al fallecer su cónyuge, ellos se encontraban separados judicialmente, sin que existiera prueba contundente que permitiera dilucidar que la demandante percibiera una ayuda económica constante, regular y por el mismo monto por parte del causante. La representante estatal se opuso a esas pretensiones, precisamente porque la accionante se encontraba en aquella condición y, en el recurso que se conoce, insiste en ese punto. El Juzgado concedió el beneficio amparado en que la pensión otorgada al fallecido se dio al amparo de la Ley número 2248 del 5 de septiembre de 1958, por lo que la pensión debe asignarse con fundamento de esa normativa, pues la Ley número 7531 que reformó integralmente el sistema de pensiones del Magisterio Nacional, en el artículo 2, establece que las pensiones ya aprobadas, se seguirían regulando por la legislación anterior vigente al momento de darse el beneficio. Según ese razonamiento del despacho, la Ley número 2248 en cuanto a las pensiones por muerte, en su artículo 7, establecía que podía otorgarse a la viuda en concurrencia con los hijos, siendo la condición de cónyuge, el único requisito que debía cumplir la actora, máxime cuando la separación judicial no le pone fin al matrimonio. Además, en cuanto al mutuo auxilio, conforme lo valoró también quedó acreditado que la actora dependía económicamente de su esposo, quien le pagaba una pensión alimentaria por la suma de ¢594.000,00. El argumento recursivo del Estado es de recibo en cuanto objeta la norma aplicable por la A quo, toda vez que la que debía aplicarse para valorar si la pensión pretendida por la actora debe otorgarse o denegarse es la que regulaba la materia para el momento en que acaeció el hecho generador de la eventual percepción del beneficio, es decir, la defunción de don J., el día 2 de marzo de 2019. El texto del artículo 58 de la Ley n.° 7531, cuyo texto prescribe: “El cónyuge supérstite del funcionario protegido, que haya cumplido por lo menos con veinticuatro meses de cotizaciones, tendrá derecho a la prestación por viudez”, el cual debe valorarse a la luz de las circunstancias de hecho que caracterizan la situación de los cónyuges (la separación judicial de la pareja), con lo dispuesto en el inciso a) del numeral 60 ídem, el cual regula: que “No tendrá derecho a la pensión por viudez, el cónyuge supérstite que se encuentre en los siguientes casos: / a) Estar divorciado o separado, judicialmente o de hecho, y no estar disfrutando, a la fecha del fallecimiento del funcionario o pensionado, de una pensión alimenticia declarada por sentencia firme, salvo que demuestre que recibía, de hecho, una ayuda económica por parte del cónyuge o excónyuge”. En criterio de la impugnante “ la actora no aportó prueba alguna que demostrara que durante ese período de separación (13 de agosto de 1984 hasta el año 2018) recibiera auxilio económico del causante”. Sobre el particular, ciertamente en autos consta la declaración jurada de la accionante, quien, sobre este concreto aspecto, expresó: “…desde que contraje nupcias con el señor [Nombre 005] y hasta la fecha he sido dependiente económicamente de él, por lo que continuamente y en forma mensual y sin necesidad de compelerlo judicialmente percibí de su parte una cuota alimentaria, que me era depositada en el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, con la cual he cubierto mis necesidades materiales y razón por la que requiero que se me otorgue a mi favor la pensión de viudez” (imágenes 26 a 27 del archivo incorporado en fecha 18-11-2019). Además, en relación con este concreto punto, constan los siguientes elementos probatorios: a) La actora se encontraba asegurada ante la Caja Costarricense de Seguro Social por el causante, tal y como consta en el carné emitido el 6 de abril de 2015 visible a imagen 63 ídem. b) En la solicitud de beneficio familiar suscrito por ésta y el asegurado fallecido, consta que este último declaró que la accionante, quien era su cónyuge y dependía económicamente de él (imagen 66 ídem, así como las imágenes 60 a 65 y 67 a 69). c) En el expediente constan estados de cuenta de la demandante en los cuales se detallan depósitos bancarios que ésta recibía mensualmente por sumas superiores a los quinientos mil colones entre abril de 2015 y febrero de 2019. Es cierto que, en los recibidos de enero, febrero, marzo, agosto y noviembre de 2018 claramente se contempla la especificación del objeto de la transferencia. Así, el de enero de 2018 se indica “Pensión enero 2018”, el de febrero de 2018 “Pensión Alimenticia”, el de marzo de 2018 “Pensión T.L., el de agosto de 2018 “[Nombre 005]y el de noviembre de 2018 “ ([Nombre 006])”. Si bien en otros depósitos no se cuenta con una concretización como la planteada, esto no significa que pueda negarse que correspondan al auxilio económico que don J., en vida, le prodigaba a la actora, lo cual se hizo patente incluso en los últimos años de su vida, aún con la gran cantidad de años que llevaban separados. Nótese que en los casi 5 años (de transferencias documentadas) que constan en el expediente no solo hay una constante en los depósitos mensuales sino también una equivalencia en los montos, que además coincide con aquellos en los que sí hay un detalle más concreto como previamente se expuso. La valoración de estos datos con criterios “lógicos, de la experiencia, la ciencia, el correcto entendimiento humano y las presunciones humanas o legales”, como lo requiere la norma contenida en el artículo 481 del Código de Trabajo, no permite llegar a otra conclusión, pues no solo hay una similitud y evidencia en estos datos sino también un interés manifiesto del actor en seguir viendo por las necesidades de su cónyuge cuando en 2016 llena la documentación correspondiente al beneficio familiar ante la Caja Costarricense de Seguro Social para mantener asegurada a doña [Nombre 001]. En esta dirección es que la Trabajadora Social de la Junta de Pensiones, al analizar el caso de la actora, concluyó: “· El señor [Nombre 006], de 84 años, casado, obtiene pensión ordinaria, al amparo de la Ley N° 2248. Fallece el 02 de marzo de 2019. La causa de muerte se debió a: ‘Scasest, ECV, isquémico intenso, EPOC, HTA’. / · Accionante en calidad de esposa, [Nombre 001] , de 79 años, de nacionalidad Chilena-Alemana, escritora de profesión, quien reside sola. / · El matrimonio al deceso del pensionado estaban separados; no obstante, la estudiada recibía una cuota alimentaria alrededor de los ¢594.000,00; mensuales depositadas en una cuenta bancaria” (imagen 41 del cuarto archivo incorporado en fecha 29 de junio de 2020). En virtud del análisis efectuado, se llega a la conclusión de que no lleva razón la recurrente en sus alegaciones, toda vez que la actora no se encuentra en el supuesto de impedimento para hacerse acreedora a la pensión que pretende, pues, como quedó establecido, ésta se encontraba separa judicialmente del causante; sin embargo, éste le proveía ayuda económica, tal y como se contempla en la norma (artículo 60 ídem), la cual, según se advirtió, era significativa sumado a que también la tenía asegurada ante la Caja Costarricense de Seguro Social. Por la forma en que se resuelve y dado que los agravios relativos a los intereses y costas, la recurrente los sujetó al resultado de lo que se decidiera sobre el principal, sin expresar reclamos concretos al efecto, debe mantenerse incólume lo que se viene resolviendo sobre el particular.
IV.- CONSIDERACIONES FINALES: C. de lo expuesto, procede declarar sin lugar el recurso.
POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso.

Orlando A.G.

Julia Varela Araya Luis Porfirio Sánchez Rodríguez

J. Enrique Olaso Álvarez Roxana Chacón Artavia

Res: 2022000601

IARAYAV/mrg

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