Sentencia Nº 2022-000664 de Sala Segunda de la Corte, 23-03-2022

EmisorSala Segunda de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente20-000176-1125-LA
Número de sentencia2022-000664
Fecha23 Marzo 2022
*200001761125LA*
Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA
Exp: 20-000176-1125-LA
Res: 2022-000664
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las quince horas quince minutos del veintitrés de marzo de dos mil veintidós.
Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, sede P.Z., por [Nombre 001], divorciada y vecina de S.J., contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, representada por su apoderada general judicial, la licenciada Ginnette Lucía Henríquez Bolaños, de calidades desconocidas. Actúa como abogado de asistencia social de la actora, el licenciado J.A.U.C., de calidades desconocidas. Todos mayores.
R.e.M.S.R.; y,
CONSIDERANDO:
I.- ANTECEDENTES: La actora formuló la demanda con el objeto de que se le otorgue una pensión por vejez del régimen no contributivo, a partir de la fecha en que realizó la gestión en sede administrativa y se ordene el pago de intereses e indexación sobre las rentas vencidas, así como el de ambas costas de la acción. La apoderada general judicial de la Caja Costarricense de Seguro Social contestó en términos negativos y opuso la excepción de falta de derecho, la cual fue denegada por el Juzgado Civil y Trabajo del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, órgano que, mediante sentencia 219, dictada a las 11:11 horas del 14 de abril de 2021, acogió las pretensiones y otorgó la pensión a partir de la fecha del dictamen socioeconómico (3 de marzo de 2021). Concedió los derechos accesorios y le impuso el pago de las costas a la parte vencida. Las personales las fijó en doscientos mil colones.
II.- AGRAVIOS: La representante judicial de la entidad demandada objeta lo fallado. Comienza realizando un breve resumen de los antecedentes del caso en sede administrativa y transcribe la parte dispositiva de la sentencia, para evidenciar que el Juzgado incurrió en error al momento de consignar el nombre de la parte actora. Acusa una indebida valoración de los hechos y las pruebas aportadas; pues, de estos, se sigue que la demandante no cumple los requisitos para que le sea otorgada la pensión que reclama. Apunta que en el estudio administrativo se detectó que no reúne las condiciones para concederle el beneficio, en tanto quedó probado que tiene satisfechas sus necesidades básicas, no tiene requerimientos especiales, recibía ayuda de una hija, por la cantidad de noventa mil colones por mes; tiene seguro social, vivienda propia, cuenta con vestido, calzado, artículos de aseo personal y un hijo en el extranjero, que no cumple su deber moral y legal. Hace ver que, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), su condición es de “no pobre”, lo cual se consultó en tres momentos distintos (29 de mayo, 28 de junio y 4 de noviembre de 2019). Señala que esas razones sustentaron la denegatoria administrativa del derecho. Pese a lo anterior, la actora acudió al proceso judicial en reclamo del beneficio. El Juzgado ordenó la práctica de una pericia a fin de valorar si la accionante está en condición de pobreza extrema o tiene dependencia económica. En el informe social se hizo ver que, pese a requerimiento expreso, la actora no aportó la documentación requerida para la valoración social, por lo que no era viable utilizar el método de la línea de pobreza y emitir criterio desde ese enfoque. Considera que la demandante se colocó en ese estado, a pesar de las advertencias hechas por la profesional encargada del estudio. Luego, se concluyó que no está en una condición de pobreza multidimensional, en tanto tiene satisfechas sus necesidades básicas, cuenta con una red de apoyo sólido, recibe atención médica por parte de la Caja, porque está asegurada por el Estado. Destaca que la pensión se denegó en sede administrativa porque el Sinirube la ubicó en condición de “no pobreza”. Agrega que en el informe social se estableció que la actora presenta privaciones en las dimensiones de vivienda y protección social, circunstancias que podrían agudizar su condición de vulnerabilidad, pero no la colocan en estado de pobreza multidimensional. Recrimina que el Juzgado solo analizó algunas partes del informe y dejó de advertir lo consignado en cuanto a la omisión de aportar la información pedida por la profesional encargada de su elaboración, a fin de poder aplicar el método de la línea de pobreza, conforme a la norma reglamentaria. De ahí que se aplicara el otro método, pero eso no puede significar que todas las personas que no tienen pensión estén en condición de vulnerabilidad y de privación social, menos en condición de pobreza. Insiste en que la accionante tiene cubiertas sus necesidades básicas, no tiene necesidades de naturaleza especial, tiene el apoyo de su hermana, recibe atención médica, cuenta con servicios públicos, vestido, calzado, alimento, insumos de aseo personal, entre otros. Por consiguiente, la omisión de sus hijos de asumir su obligación alimentaria no puede conducir al reconocimiento del beneficio. Reitera que se dejó de lado lo establecido en el Sinirube y que su representada actuó apegada al principio de legalidad. Dicho Sistema fue creado mediante Ley 9137, con el objeto de mantener una base de datos actualizada y de cobertura nacional, con la información de todas las personas que requieran servicios, asistencia o subsidios por encontrarse en situación de pobreza o necesidad, así como para crear un método único para medir la pobreza mediante una base de datos actualizada. Destaca que le corresponde garantizar que los beneficios lleguen a los sectores más pobres y que las acciones estén orientadas a brindar soluciones integrales y permanentes, por lo que el Sistema debe disponer de datos oportunos, veraces y precisos, a efecto de que los fondos puedan ser usados de manera eficiente. Reitera que se trata de un sistema de integración de las bases de datos, con el fin de identificar a la población objetivo. Añade que se trajeron las tres constancias dichas, así como la aportada con actualización al 4 de marzo del 2021 y la que se ofrece con el recurso, en las cuales se establece que la actora no está en condición de pobreza. Expone que la Caja acudió a todas las fuentes con el fin de cumplir su función como administradora de los fondos del régimen no contributivo y se determinó que no le asiste derecho, pues la ficha de inclusión social de la demandante no la coloca en estado de pobreza. Insiste en que las pruebas no fueron valoradas de forma debida ni se indicaron las razones por las cuales no se les dio valor. Hace ver que el Sinirube sigue ubicando a la accionante en condición de no pobre y advierte sobre la ineficacia de la ley de creación del Sinirube si la ficha de inclusión social es interpretada de manera arbitraria. Pide un pronunciamiento acerca de la obligación de su representada de ajustarse a ese Sistema. Insiste en que lo resuelto es erróneo. En otro orden de ideas, ataca la condena a pagar intereses, indexación y costas. Aduce que al no proceder el pago de la pensión no cabe la condena en los accesorios, sin dejar de lado que se ha procedido de buena fe. Aun en caso de que se mantenga lo fallado, arguye que no cabe la condena a pagar ambas costas. Más adelante, apunta que los fondos públicos del régimen no deben usarse para un fin distinto al previsto en el artículo 73 de la Carta Magna. Reitera que se trata de un régimen de asistencia sumamente básico, para personas que no pueden preverse los recursos mínimos para su subsistencia. Sobre el particular, transcribe parcialmente la sentencia constitucional 2348-2003. Solicita que se acoja el recurso, se anule lo resuelto y se declare sin lugar la demanda.
III.- PRUEBA PARA MEJOR PROVEER: La parte demandada aporta una “constancia de clasificación de pobreza”, emitida por el Sinirube, donde se consigna la situación de la accionante como de “no pobreza”. En los términos del numeral 594 del Código de Trabajo se considera que la prueba no es de influencia decisiva, por lo que no resulta admisible.
IV.- ANÁLISIS DEL CASO: El 6 de noviembre del 2018, la actora gestionó ante la entidad demandada la concesión del beneficio en cuestión. En esa oportunidad, declaró que su hija le brindaba una ayuda de noventa mil colones mensuales e hizo ver que ella no generaba ingresos. En el formulario respectivo consignó: “Soy una persona adulta mayor. No poseo propiedades que me generen ingresos. No consigo trabajo dada mi edad. El único aporte que recibo es de mi hija”. En esa oportunidad se incluyó la imagen de la ficha de información social del Instituto Mixto de Ayuda Social, en la cual se daba cuenta de que vivía con su hija, que tenía vivienda propia y también se consignó: “Hace bolsos y chicharrones, los sale a vender casa a casa”. Ese documento no contiene la claridad requerida. Hace referencia a una “fecha de histórico” que se remonta al 23 de octubre de 2009 y una de actualización del 26 de junio del 2012. Luego, consigna el dato: “LP: Extrema”, que se entendería como la línea de pobreza. El bien inmueble consiste en un lote de doscientos veintinueve metros, ubicado en el cantón de P.Z. y se constató que no le genera ningún ingreso. Se trajo la Constancia de clasificación de pobreza emitida por el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), donde aparece que la ficha de información social había sido ingresada el 24 de mayo de 2019, estaba actualizada al 29 de mayo siguiente y que, después de una evaluación por el Sistema, se consideraba en situación de “no pobreza”. Con base en este documento, se emitió resolución denegatoria, la cual fue recurrida por la solicitante. Hizo ver su imposibilidad para trabajar, con motivo de su edad -69 años para ese momento-, y que solo efectuaba labores ocasionales de jardinería y que salía a vender tortillas. También advirtió que su hija había procreado una niña, con lo cual no estaba en capacidad de seguir brindándole ayuda económica. Con ocasión del recurso, se incluyó una nueva constancia de clasificación de pobreza, actualizada al 28 de junio de 2019, con iguales resultados. Con base en esta, se denegó la revocatoria y se admitió la apelación. Para atenderla, nuevamente se incorporó aquella constancia, esta vez actualizada al 4 de noviembre de 2019, donde se refirió la misma condición (“situación de no pobreza” ), con lo cual se desestimó la apelación y se dio por agotada la vía administrativa. Ahora bien, para la fecha del reclamo administrativo, el artículo 3 del Reglamento del Programa del Régimen no Contributivo de Pensiones establecía: “Para ser pensionado del Régimen no Contributivo, se deberá acreditar por parte de la Administración, que el solicitante se encuentra en estado de necesidad de amparo económico inmediato . Para ello, debe cumplir los siguientes aspectos: a. No ser pensionado de algún régimen contributivo o no contributivo existente. /b. El solicitante debe encontrarse en condición de pobreza o pobreza extrema, según la Ficha de Información Social (FIS) o la Ficha de integración Social del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios (SINIRUBE), -las cuales serán revisadas de oficio por la Administración-. En caso de que el solicitante no cuente con ninguna de estas fichas, la Administración deberá determinar si tiene insatisfecha alguna de sus necesidades básicas (salud, alimentación, vivienda, vestido o servicios públicos). /c. El ingreso por persona del grupo familiar del solicitante debe ser inferior o igual al indicador de la línea de pobreza nacional establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), o línea de pobreza familiar ampliada, según corresponda. [...]”. Tal como lo advierte la recurrente, mediante Ley 9137, del 30 de abril de 2013, vigente a partir del 5 de setiembre siguiente, se creó el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube). En el artículo 4 de la ley se establecen sus funciones, de la siguiente manera: “ El Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado tendrá como funciones: a) Conformar una base de datos actualizada y de cobertura nacional de todas las personas que requieran servicios, asistencias, subsidios o auxilios económicos por encontrarse en situaciones de pobreza o necesidad, así como de aquellos beneficiarios que reciban recursos de programas sociales, independientemente de la institución ejecutora que haya asignado el beneficio. b) Constituir una red interinstitucional que permita hacer estudios comparativos entre las entidades públicas de ayuda social y con ello lograr una mejor distribución de los recursos. c) Sistematizar el control de los recursos destinados a la inversión de los programas sociales. d) Efectuar una acción coordinada con las diversas instituciones que atienden programas destinados a erradicar la pobreza. e) M. y evaluar la efectividad de los recursos de las instituciones públicas que atienden programas destinados a erradicar la pobreza. f) Conformar una base de datos actualizada de todos los programas de asistencia social que mantienen las instituciones públicas. g) Realizar estudios que permitan identificar y establecer posibles beneficiarios de programas de asistencia social de los sectores vulnerables de la población”. Conforme se observa de la norma transcrita y del artículo 3 del Reglamento a dicha ley, dispuesto mediante Decreto Ejecutivo 40650, del 1º de junio de 2017, el Sistema se basa en la conformación de una base de datos actualizada y de cobertura nacional. Por su parte, el numeral 77 del Reglamento estipula que El SINIRUBE, usando la información recibida de los integrantes del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado, gestionará la Ficha de Inclusión Social, en la que constarán compilados los datos y propondrá a las instituciones públicas y a los gobiernos locales, que dedican recursos para combatir la pobreza, una metodología única para determinar los niveles de pobreza...” A juicio de la Sala, las constancias de Clasificación de Pobreza aportadas al expediente no son suficientes para excluir la condición de pobreza de la demandante o su necesidad de amparo económico. Como se advirtió, el Sinirube implica una conformación de una base de datos actualizada y de cobertura nacional relacionada con las personas que requieren servicios, asistencias o auxilio económico. Puede darse el caso de que una persona, durante el curso de su vida, no haya requerido de esa asistencia social y que, en un determinado momento, con ocasión de su edad, por ejemplo, pueda requerir de ese auxilio, como se advierte es el caso de la accionante. El Sistema no podría tener información de esa persona, en tanto ninguna de las bases de datos la registra como solicitante de alguna ayuda o beneficio. Ahora bien, como se dijo, la Ficha de inclusión social del IMAS no es clara en cuanto a la condición de pobreza y no consta que en el caso de la actora se haya efectuado un estudio actualizado para determinar su posible condición de beneficiaria de los programas de asistencia social, conforme a las funciones del Sistema. Por otra parte, la información que derive de la Ficha de información social no se observa como un requisito infranqueable, pues el propio artículo 3 del Reglamento del Programa del Régimen no Contributivo de Pensiones prevé la posibilidad de que esta no exista. Además, en circunstancias de clara y evidente duda sobre el estado de necesidad de una persona, la Caja, como administradora del Programa, debería constatar la actualidad o vigencia de los datos consignados en el Sistema. Es más, también está llamada a enriquecerlo. En el caso, está claro que la accionante es una persona adulta mayor, que actualmente cursa casi setenta y dos años de edad. El derecho a la salud lo cubre el Estado, lo que muestra su poca solvencia económica como para asumir el pago del seguro de salud (artículo 10 del Reglamento del Seguro de Salud). La ausencia de cotizaciones a los seguros de enfermedad y maternidad, de invalidez, vejez y muerte, así como a otro régimen especial, informan que durante su vida productiva nunca estuvo incluida en el ámbito formal de la economía, situación que no es inusual en atención a su edad, sexo y grado de escolaridad -primaria completa-. En el dictamen se indica que desde su etapa como adulta joven se desempeñó en labores domésticas no remuneradas. Además, presenta enfermedades crónicas como dislipidemia, diabetes e hipertensión. El único bien inmueble que consta a nombre de la actora es el referido, donde está su casa de habitación. Tiene una hija y un hijo. El informe socioeconómico constata la afirmación hecha en el recurso de apelación en sede administrativa, en el sentido de que esta última había procreado un hijo, que actualmente tiene dos años de edad. Luego, la hija es ama de casa y no se advierte que tenga recursos suficientes para poder asistir a su madre. Respecto del hijo, solamente se dijo que vive en Estados Unidos de América y la afirmación hecha en el sentido de que está desempleado. Es cierto, como lo indica la recurrente, que en el dictamen socioeconómico se consignó cuanto sigue: “En boleta de citación y en fecha de entrevista inicial se solicitó documentación para la valoración social, no obstante, lo requerido no fue presentado en su totalidad, pese a que se otorgó un plazo de entrega de un mes y medio, por lo que no es viable utilizar el método de Línea de Pobreza y emitir criterio técnico desde ese enfoque”. Sin embargo, no se indica cuáles fueron los documentos que la accionante dejó de presentar ni las razones por las cuales esa omisión impedía el análisis solicitado. Asimismo, no consta, como se asegura en el recurso, que se le hayan realizado advertencias de ningún tipo. Véase que expresamente se indica que “no fue presentado en su totalidad”, lo que evidencia que la estudiada procuró la información que estuvo a su alcance y tampoco se advierten las razones que pudieron justificar o no la omisión de aportar los documentos echados de menos. Por consiguiente, estas circunstancias no son suficientes para descartar la condición de necesidad que tiene la demandante. Ahora bien, del estudio dicho, se constata que esta última no genera ningún ingreso, pues no ejerce ninguna actividad laboral remunerada. Actualmente, depende del apoyo que le brinda su hermana, quien le da ayuda en especie, haciéndose cargo de su alimentación y el pago de los servicios públicos. En relación con el soporte que puede brindarle su grupo filial, en el informe se sostuvo: “...este no constituye una red de apoyo económica ni en especie, debido a que su prole depende económicamente de terceras personas y atienden obligaciones familiares independientes de sus respectivos núcleos familiares...” En cuanto al estado de la vivienda, se informó que esta “denota deteriorado estado de conservación en cuanto al mantenimiento del techo y paredes...” Con base en la consulta efectuada al Sinirube, la profesional encargada del estudio refirió que la solicitante no recibe subsidios estatales y no constan ayudas de organizaciones no gubernamentales o del ámbito comunal. En forma expresa, se indicó: “Ante la falta de ingresos propios, se determinó que la señora... se restringe de las necesidades recreativas, vestimenta y calzado, ...siendo que estas dos últimas son cubiertas limitadamente por su hermana... en celebraciones especiales como fechas de cumpleaños y día de la madre”. El estudio también estableció privaciones en las dimensiones de vivienda y protección social, con lo cual evidenció una condición de vulnerabilidad, aunque se afirmó que las necesidades básicas están satisfechas. Ahora bien, aunque en el estudio se estableció que, por esta última razón, la actora no puede considerarse en estado de “pobreza multidimensional”, la Sala advierte que sus condiciones se ajustan a la de necesidad de amparo económico inmediato reguladas en el artículo 3 del Reglamento del Programa del Régimen no Contributivo de Pensiones. Está claro que la accionante no tiene ningún ingreso. Su hija no puede brindarle asistencia y el otro hijo no se encuentra en el país, lo que impediría demandar su obligación alimentaria, en caso de que estuviera en posibilidad de cumplirla. Las pruebas permiten concluir que, actualmente, la demandante depende absolutamente de la ayuda que pueda brindarle su hermana, quien le da la comida y paga sus servicios públicos. Denegar el beneficio en un caso como este conlleva mantener las claras condiciones de gran vulnerabilidad de la actora, quien depende de la buena voluntad de otra persona para poder satisfacer las necesidades más básicas, cuales son las de alimentación (en el sentido lato del término) y pago de los servicios de agua y electricidad. Esa situación se contrapone, sin duda alguna, al derecho de la persona adulta mayor a tener una vida digna y plena, debidamente tutelado en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (artículo 6) , así como a los objetivos de la Ley integral para la persona adulta mayor (n.º 7935, del 25 de octubre de 1999), que entre otras cosas procura su atención integral y asegurar su protección y seguridad social. Véase que el artículo 3 de esta última ley garantiza, entre otras cosas, el derecho a una pensión oportuna, para satisfacer sus necesidades fundamentales, haya contribuido o no a un régimen de pensiones. Sin duda, se trata de normas complementarias, sin que en el caso pueda considerarse que la demandante no cumple los requisitos para hacerse acreedora de este beneficio. Como se dijo, en este momento, sus necesidades básicas están a expensas de su hermana, por lo que su situación se ajusta tanto a los supuestos de la norma que regula el régimen no contributivo como a las de otra ley especial.
V.- CONSIDERACIONES FINALES Y COSTAS: La Sala advierte que el beneficio fue reconocido a partir del dictamen socioeconómico practicado en sede judicial. Lo anterior significa que el juez consideró que el cumplimiento de los requisitos se consolidó en esta instancia. En esos supuestos se ha considerado el proceder de la entidad accionada como ajustada a los parámetros de la buena fe regulados en el numeral 563 del Código de Trabajo como motivo que faculta la exoneración en costas. En ese tanto, se estima factible ejercer la potestad regulada en dicha norma, con lo cual, en ese ese aspecto se acogerá el recurso, con el objeto de resolver sin especial sanción en esos gastos. La dispensa pretendida respecto de los intereses y la indexación no es admisible. No hay ninguna razón de carácter jurídico que haga posible exonerar a la parte accionada de pagar esos derechos accesorios. En consecuencia, el recurso deberá ser estimado en relación con lo tocante a las cosas, únicamente. Luego, deberá corregirse el error material en que incurrió el Juzgado, al consignar en la parte dispositiva del fallo el nombre de la demandante como [Nombre 004], cuando lo correcto es [Nombre 001].
POR TANTO:
Se declara parcialmente con lugar el recurso de la parte demandada. Se anula la sentencia en cuanto le impuso el pago de ambas costas a la Caja Costarricense de Seguro Social. En su lugar, se resuelve sin especial sanción en esos gastos. Se corrige el error material del Juzgado, en cuanto consignó como parte actora, en la parte dispositiva de la sentencia, a la señora [Nombre 004]. Lo correcto es [Nombre 001]. En todos los demás aspectos recurridos, la sentencia se mantiene incólume.
Orlando Aguirre Gómez
Julia Varela Araya Luis Porfirio Sánchez Rodríguez
Jorge Enrique Olaso Álvarez Roxana Chacón Artavia

Res: 2022000664

GGONZALEZ/wdcerdas

1
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