Sentencia Nº 2022-00238 de Sala Tercera de la Corte, 04-03-2022

EmisorSala Tercera de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente20-001904-0412-PE
Número de sentencia2022-00238
Fecha04 Marzo 2022
*200019040412PE*
Exp: 20-001904-0412-PE
Res: 2022-00238
SALA DE CASACIÓN PENAL. S.J., a las diez horas quince minutos del cuatro de marzo de dos mil veintidós.
Visto el recurso de casación interpuesto en la presente causa seguida contra Jonathan Canales Gallo, por los delitos de tentativa de homicidio simple, incumplimiento a medida de protección y privación de libertad agravada, cometidos en perjuicio de [Nombre 001]; y,
Considerando:
I. El licenciado E.R.F., en su calidad de defensor público y el imputado J.C.G., de conformidad con los numerales 437, 438, 467, 468 y 469 del Código Procesal Penal, formulan sendos recursos de casación en contra de la sentencia N° 2021-532, de las 16:15 horas, del 2 de diciembre de 2021, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, sede Santa Cruz.
II. Recurso de casación presentado por el defensor público, licenciado Edy Rodríguez Fernández. En su único motivo, el recurrente reclama la inobservancia de un precepto legal procesal, por falta de motivación de la decisión por “no aplicar los rebajos en los delitos tentados (folio 382) . Considera el quejoso que la sentencia recurrida, resolvió “satisfactoriamente los puntos puestos en conocimiento mediante el recurso respectivo, excepto lo relativo a la falta de fundamentación de pena para no aplicar rebajos en los delitos tentados” (ibid ). Apoya su tesis en la resolución de la Sala Constitucional Voto N° 5205-97 de las 15:45 horas del 02 de setiembre de 1997. Afirma que si bien se toca en la resolución que se ataca el tema en cuestión, no se llega a resolver el punto reclamado. N. como se realiza en la sentencia de marras una sinopsis de lo peticionado, para después abocarse a resolver y anular dos delitos que se consideran de paso. Sin embargo, al final de dicho acápite se vuelve a retomar el tema del quantum de pena, indicando en forma muy sucinta y escueta que no se aprecian condiciones que ameriten tal rebajo en el presente caso. Por tal razón, aclara que la protesta no fue resuelta. Señala como agravio el quebranto a la garantía constitucional del debido proceso por ausencia de motivos que expliquen por qué no se aplican rebajos en los delitos tentados. Solicita acoger el presente motivo de casación anulando las penas y proceder a ordenar el reenvío de la causa, para fundamentación.
Se declara inadmisible la queja. Esta Sala ha indicado en repetidas ocasiones, que no es cualquier vicio de fundamentación, el que es susceptible de ser conocido en casación. El artículo 142 del Código Procesal Penal, establece: “Las sentencias y los autos contendrán una fundamentación clara y precisa. En ella se expresarán los razonamientos de hecho y de derecho en que se basan las decisiones, así como la indicación del valor otorgado a los medios de prueba. La simple relación de las pruebas o la mención de los requerimientos de las partes no reemplazará, en ningún caso, la fundamentación. Será insuficiente cuando se utilicen formularios, afirmaciones dogmáticas, frases rutinarias, la simple descripción de los hechos o la sola mención de los elementos de prueba. No existe fundamentación cuando se hayan inobservado las reglas de la sana crítica, con respecto a medios o elementos probatorios de valor decisivo. Los autos y las sentencias sin fundamentación serán ineficaces”. Por estas razones, los vicios de fundamentación que puedan presentar las sentencias de apelación, sí pueden ser reclamados en casación; sin embargo, de acuerdo con el artículo 142 ejúsdem, lo omitido debe ser un aspecto esencial y decisivo. Ahora bien, el artículo 469 del Código Procesal Penal obliga al recurrente a dar fundamento a sus motivos, explicando con claridad y precisión las razones por las que considera que existe falta de fundamentación. Siendo insuficiente para ello, la simple mención general del vicio. Debe cuando menos, señalar el punto específico que alegó en casación y que estima omitido por el Tribunal de Apelación, así como las razones por las que se trata de un aspecto esencial del caso. Deberá además, según el artículo citado, definir el agravio y la pretensión. De lo anterior, se colige que las meras inconformidades de la parte con lo resuelto por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, no legitiman la casación por inobservancia de preceptos legales procesales, como sí lo serían, la omisión de pronunciamiento sobre un tema cuestionado, o la presencia de errores esenciales de razonamiento que contradigan lo decidido y causen agravio. En otras palabras: “… un vicio de esta naturaleza se configurará, no sólo ante la ausencia absoluta de la fundamentación en el fallo, verbigracia, aquellos casos en que existen puntos impugnados no resueltos por el ad quem, sino también, aquellos en los que los razonamientos empleados ostentan un grave error en su construcción lógica, de tal entidad que implican la ineficacia de la resolución, por versar sobre un aspecto esencial y decisivo en lo resuelto. Se trata, entonces, de vicios evidentes y groseros…” (Sala Tercera, fallo N° 1541, de las 11:26 horas, del 28 de septiembre de 2012. Integrantes A., R., P., C. y A.. En la situación particular, si bien el impugnante, establece los yerros del a quo ante la Cámara de Apelación, éste órgano considera que dichos errores no son de tal magnitud que ameriten invalidar el fallo cuestionado, porque existen otros elementos que sustentan la fundamentación de la pena. En este sentido, si bien la defensa no comparte la decisión del ad quem , no refuta las razones dadas, sino que recurre la ausencia de fundamentación, específicamente en lo relativo a la confirmación del rechazo de bajar la pena mínima impuesta por el a quo ante el delito de tentativa de homicidio. Es decir, no explica en qué sentido las valoraciones del ad quem, no le resolvieron el punto sometido a consideración, ni que en dichos razonamientos se incurra en errores graves en su construcción lógica, incluso el Tribunal de Apelación le dio parcialmente la razón en cuanto a las figuras delictivas de pasaje. Lo anterior evidencia que el argumento plasmado por el recurrente, consiste en una mera inconformidad por la manera en que el Tribunal de Apelación procedió a analizar el reproche sometido a su conocimiento. En segundo lugar, esta Sala, en un ejercicio de mera constatación observa que el Tribunal de Apelación fundamentó los puntos discutidos en cuanto a la pena impuesta, refiriendo el Tribunal de Alzada que: “La defensa también cuestiona el quantum, en el tanto no se hizo uso de la facultad legal de reducir la pena por debajo del mínimo, pero recuerda esta Cámara, que el delito tentado se sanciona con la pena mínima, y es, a partir de ahí, que se deben evaluar condiciones especiales que justifiquen rebajar ese tanto, sin que, objetivamente, se aprecien condiciones que ameriten tal rebajo, por lo que no se podría estimar como defectuosa la fundamentación del a quo en cuanto a eso extremo; por lo que ese punto se debe rechazar” (folio 377 vuelto). En la especie, el impugnante aduce una falta de fundamentación, porque presuntamente el Tribunal de Apelación no se pronunció sobre algunos de los aspectos que fueron alegados en su recurso; no obstante, al mismo tiempo admite que los jueces sí contestaron sus críticas (cfr. folio 383), pero bajo un análisis propio, de modo que no logra precisar cuál es el vicio que pretende demostrar, todo lo cual pone en evidencia una simple inconformidad con las conclusiones a las cuales arribó el Tribunal de Apelación de frente a los cuestionamientos que le fueron planteados, misma que resulta insuficiente para tener por acreditado la existencia de un defecto que invalide lo resuelto. Adicionalmente, asociado a tal planteamiento defectuoso, la impugnación no identifica un agravio concreto derivado de los vicios que se alegan, ni tampoco acredita la esencialidad de los defectos apuntados, en cuanto a la incidencia de los mismos en lo resuelto, sino que la recurrente se limita a exponer de forma genérica que el vicio afecta el debido proceso por la supuesta imposibilidad de ejercer control sobre el rebajo de la pena en delitos tentados, sin precisar de qué manera concreta se produce una afectación en los intereses de su representado. Ante ello, conviene recordar que no es cualquier discrepancia la que es susceptible de conocimiento en Sede de Casación por problemas de fundamentación de la sentencia, por inobservancia del artículo 142 del Código Procesal Penal, sino solamente aquellas inconformidades que representen vicios graves en la logicidad de los razonamientos o ausencia absoluta de motivación que tornen insostenible lo resuelto, supuestos a los cuales no se ajusta el reclamo del impugnante: “… la falta de fundamentación a la que se refiere el artículo 142 del Código Procesal Penal, tiene una dimensión especial tratándose de esta etapa de casación. En virtud de ser un recurso extraordinario, esa falta de fundamentación no es la analizable con amplitud y flexibilidad, tarea esta que está asignada a los tribunales de apelación de sentencia penal. Antes bien, ha de tratarse de una falta calificada de fundamentación, que consista en una ausencia de razonamiento o un vicio estructural del mismo (esencialmente de existencia, necesidad o imposibilidad). El desacuerdo con la forma en que se atienden o se resuelven reproches similares a los aquí planteados (o bien la lectura que se hizo de los mismos), puede dar cabida a un alegato en apelación, mas no a uno en casación, porque no reviste las características calificadas ya aludidas. De modo que, en el reclamo por errónea fundamentación propio de esta etapa, se trata de demostrar que esa fundamentación no se sostiene, lo cual no acontece en este asunto. No se trata que a una lectura de ellos se oponga otra, mejor o peor, como acontece en la etapa procesal previa.” (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia número 517-2017, de las 16:15 horas, del 29 de junio de 2017 integrantes A., G., Z., S. y D.. Bajo todas estas consideraciones, en virtud de que el recurso no cumple con las exigencias legales contempladas en los numerales 469 y 471 del Código Procesal Penal, lo procedente es declararlo inadmisible.
III. Recurso de casación presentado por el acusado J.C.G.. En su único motivo, argumenta “errónea valoración de la prueba testimonial ” (folio 394 vuelto). Afirma que la obligación de consignar una breve descripción del contenido de las declaraciones antes de darle una valoración no es algo “formal en la práctica ” (folio 395) ya que los insumos utilizados son de carácter subjetivo. Es decir, el Tribunal le cree a la ofendida, con solo las manifestaciones que realiza en juicio. Sostiene que en la causa 20-001904-0412-PE no se investigó a un testigo presencial, “simplemente no se le buscó ni se le tomó declaración alguna pero si lo menciona la ofendida” (sic. folio 395). Dicho testigo hubiese brindado información relevante sobre la dinámica de los hechos y sobre la declaración de la ofendida. De seguido transcribe parte de las manifestaciones de la agraviada para restarle credibilidad en cuanto a la descripción de los hechos y las acciones del acusado, por ejemplo, señalando que los “puños en la cara, debieron dejar marcas muy visibles” (folio 395 vuelto). Agrega que no coincide el tiempo de llegada de los oficiales de policía con el lugar donde estaban trabajando. Además, indica no es convincente la causa ajena al agente que impide haber dado muerte a la ofendida. Critica que la agraviada siempre estuviera acompañada de hombres, pero nunca recordaba sus nombres o apodos. Argumenta falta de imparcialidad del órgano acusador porque solo se avocó a las circunstancias de la acusación, obviando aspectos que benefician al imputado, evidenciado en la falta de investigación de terceras personas presentes en los hechos. Indica como agravio la falta de valoración de la prueba testimonial y la exclusión de terceras personas que presenciaron la supuesta agresión. Solicita acoger el motivo, analizar de forma integral la prueba testimonial y anular la sentencia, ordenando el juicio de reenvío. El motivo debe declararse inadmisible. La errónea técnica recursiva empleada por el recurrente, causa la inadmisibilidad de su gestión, ya que se observa que en el mismo motivo se plantean tres diferentes temas de impugnación, a saber: 1) errónea valoración de la prueba testimonial, especialmente en las contradicciones respecto a la dinámica de los hechos; 2) violación al principio de imparcialidad del Ministerio Público, por investigar solo circunstancias de la acusación y, 3) ausencia de investigación de testigos presenciales. Esta entremezcla de motivos provoca el incumplimiento de las exigencias de admisibilidad contempladas en el artículo 469 del Código Procesal Penal, pues cada tema de impugnación tuvo que ser expuesto de forma separada, con un desarrollo del motivo que resulte consecuente con la enunciación del vicio, así como el planteamiento de un agravio y una pretensión. En el caso concreto, se verifica que se enuncian tres reclamos distintos, pues en un mismo motivo se argumentan deficiencias relacionadas con la valoración de la prueba de cargo, lo cual hace que no haya coherencia entre lo enunciado y su fundamento. Aunado a lo anterior, debe indicarse que el recurso de casación constituye un medio extraordinario de impugnación, lo cual implica que no puede pretenderse una nueva valoración de la prueba evacuada en juicio, por cuanto esto excede las competencias conferidas por ley. Así, cuando se promulga la Ley número 8837, de Creación del Recurso de Apelación de la Sentencia, Otras Reformas al Régimen de Impugnación e Implementación de Nuevas Reglas de Oralidad en el Proceso Penal, publicada en La Gaceta número 111, Alcance 10-A, en rigor desde el 09 de diciembre del 2011, el Poder Legislativo dispuso garantizar el derecho de apelación y audiencia de una manera más diáfana, estableciendo una instancia que reexamine integralmente el fallo, función que encomendó a los Tribunales de apelación de sentencia penal, con el fin de controlar la legalidad y la justicia de las decisiones tomadas por los Tribunales de Juicio. Bajo este esquema, la reforma también consideró necesario reestructurar el recurso de casación, instaurando disposiciones normativas que determinen los requisitos formales para la admisibilidad de dichas impugnaciones, manteniendo su competencia principalmente para unificar la interpretación del derecho, ejerciendo la tutela judicial efectiva sobre la legalidad de los pronunciamientos de los Tribunales de Apelación. Por consiguiente, no puede legalmente pretenderse que en sede de casación se realice una nueva valoración de la prueba, como si se tratara de una tercera instancia de impugnación dentro del proceso penal. Sumado a lo anterior, el impugnante no logra exponer un agravio concreto asociado al vicio que se alega. Es decir, no establece con claridad suficiente de qué manera se le afectó con la situación que reclama, limitándose a indicar que no se valoró adecuadamente la prueba testimonial, inconformidad que no resulta suficiente, por genérica para sustentar un recurso de casación, conforme a las formalidades que la ley exige. El recurrente debía concretar la afectación directa a sus intereses procesales, requisito ineludible para poder sustentar adecuadamente la impugnación, con el fin de establecer la incidencia que el presunto yerro tendría en el proceso y de qué manera podría haber cambiado el resultado del mismo, resultando insuficiente a efectos de establecer un agravio real y efectivo, la alusión genérica que hace el encartado por una presumible afectación al debido proceso (En ese sentido, resolución N° 930-2019, de las 10:40 horas, del 9 de agosto del 2019, integrada por los Magistrados y M.R.Q.S.C., D.H., Z.M. y S.B.. En consecuencia, de conformidad con lo regulado en los artículos 469 y 471 del Código Procesal Penal, se declara inadmisible el reclamo planteado interpuesto por la persona imputada en el ejercicio de su defensa material.
Por Tanto:
Se declaran inadmisibles los recursos de casación interpuestos por el defensor público y el imputado J.C.G.. N..
Jesús Alberto Ramírez Q.
Álvaro Burgos M.
Gerardo Rubén Alfaro V.
Sandra Eugenia Zúñiga M.
Rosa Acón Ng.
Magistrada Suplente.
Roleon
Int: 129-3/8-3-22

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