Sentencia Nº 2022002331 de Sala Constitucional, 28-01-2022

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2022002331
Número de expediente21-024865-0007-CO
Fecha28 Enero 2022

*210248650007CO*

Exp: 21-024865-0007-CO

Res. Nº 2022002331

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas quince minutos del veintiocho de enero de dos mil veintidos .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 21-024865-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], mayor, casada, comerciante, cédula de identidad [Valor 001], vecina de Cariari de Pococí, contra el Alcalde de Pococí, la Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de Vialidad y el Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:13 horas del 06 de diciembre de 2021, la recurrente interpone recurso de amparo contra el Alcalde de Pococí y expresa que el 1° de septiembre de 2021 planteó una denuncia y escritos varios ante la Municipalidad recurrida, a raíz de un problema de alcantarillado que acaece frente a su local comercial de nombre Restaurante F.K.. Esgrime que cuando llueve muy fuerte, las aguas pluviales se rebasan y afectan la calle y la acera, al punto que no se puede transitar por ellas. Las aguas, también, ingresan a su negocio y, ello se debe a que el diámetro de la alcantarilla es muy pequeño. Pese a lo anterior, acusa que no ha obtenido respuesta a sus gestiones y el problema se mantiene. Por lo expuesto, estima que se están lesionando sus derechos fundamentales. Pide se declare con lugar el recurso.
2.- Mediante resolución de las 15:06 horas del 06 de diciembre de 2021, la Presidencia de la Sala dio curso a este amparo y se le solicitó informe al Alcalde de Pococí, sobre los hechos alegados por la recurrente.
3.- Informa bajo juramento M.H.R., en su condición de Alcalde de Pococí (escrito presentado a las 15:20 horas del 13 de diciembre de 2021), que la solución técnica temporal que recomienda el Ing. B.A.M., del D.. de Obras Civiles, a la situación que aqueja a la recurrente, es esta: “(…) realizar una extensión de un alcantarillado pluvial existente en la ruta nacional, para canalizar las aguas que afectan el local F.K. y sus vecinos. Esta extensión de alcantarillado tendría una longitud de aproximadamente 40 metros. Esta obra debe complementarse con la construcción de aceras, cordón y caño para que las aguas sean canalizadas adecuadamente”. Sin embargo, esa municipalidad no puede invertir recursos o fondos púbicos en una ruta nacional, por ser esta competencia del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT). Lo anterior precisamente por existir una prohibición expresa y en acatamiento al principio de legalidad. Así mismo, es el MOPT quien, a su vez, debe verificar los linderos frente a la ruta nacional (ya que la acera construida, está dentro de una propiedad privada). Sin embargo, están anuentes a cooperar con el CONAVI, una vez que éste realice los estudios correspondientes, con su respectiva estimación de costos. Aunado a ello, la Auditoría Interna, frecuentemente les hace advertencias para no cometer estos errores, de realizar trabajos de obra pública que les competen a otras instituciones públicas. Reitera, esa representación se encuentra anuente a cualquier coordinación que requiera hacer CONAVI con el fin de encontrar una solución definitiva a los problemas que le aquejan a la recurrente. En mérito de lo expuesto, solicita se declare sin lugar el presente recurso de amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de Pococí, ya que, como ha quedado demostrado en la presente contestación, están ante una situación que excede el ámbito de competencia, por tratarse de una ruta nacional.
4.- Mediante resolución de las 16:44 horas del 15 de diciembre de 2021, la Magistrada Instructora amplió el recurso contra el Director Ejecutivo del CONAVI.
5.- Informa bajo juramento H.P.R.H., en su condición de Directora Ejecutiva a.i. del CONAVI (escrito presentado a las 15:40 horas del 22 de diciembre de 2021), que la recurrente alega sobre un -supuesto- problema en el alcantarillado frente a un negocio comercial, del cual señala -sin aportar prueba técnica al respecto- que dicha alcantarilla posee un " tubo demasiado pequeño", por lo cual las aguas pluviales y las aguas residuales que llegan a la cuneta se congestionan, provocando el derrame de las mismas, llegando hasta su negocio comercial. Es muy importante recalcar que, de acuerdo a la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados (ICAA), en su artículo N°2, inciso a, se extrae en lo que interesa: "ARTICULO 2º.- Corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados: a) Dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la república de un servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas". El subrayado es nuestro. En el supuesto en el cual se constatara la existencia de aguas negras en el alcantarillado correspondiente a la recolección de aguas pluviales, correspondería al ICAA resolver la situación, por lo tanto, ese Consejo quedaría exento, esto, en virtud de sus competencias. El informe OCSM-504-2021, de fecha 10 de diciembre del 2021, emitido por el ingeniero B.A. de Obras Civiles, manifiesta: "Existe la posibilidad de realizar una extensión de un alcantarillado pluvial existente en la ruta nacional, para canalizar las aguas que afectan el local Fu Kong y sus vecinos. Esta extensión de alcantarillado tendría una longitud de aproximadamente 40 metros. Esta obra debe complementarse con la construcción de aceras, cordón y caño para que las aguas sean canalizadas adecuadamente. Se debe verificar si la delimitación de linderos, el diseño de las obras, su dimensionamiento, ubicación y la construcción es competencia del MOPT, al tratarse de una ruta nacional". En virtud de lo anterior, este Consejo siempre tiene la anuencia de coordinar las gestiones pertinentes en aras de resolver la problemática existente, pero dado que actualmente la Gerencia de Conservación de Vías y P. no cuenta con contratos activos, se debe primeramente proceder a realizar una visita a la zona de Cariari, propiamente de la Ruta Nacional N°247 y establecer los parámetros de los estudios técnicos correspondientes, en aras de dar inclusión en los contratos de mantenimiento rutinario asignados a la zona y considerar la recomendación dada por el ingeniero A. para constatar si es la solución más acertada. Así lo señala el ingeniero L.A.A., en su informe técnico DRHA-124-2021-3195, de fecha 21 de setiembre del 2021, que reza: "Importante mencionar, de ser la opción más viable la recomendación brindada por el ingeniero de la Municipalidad, el de realizar la colocación de la tubería para canalizar las aguas por aproximadamente unos 40 m, estos trabajos según el alcance de la Gerencia de Conservación de Vías y P., se realizarían mediante la contratación 2014LN-000017-0CV00 “Mantenimiento Rutinario con maquinaria especializada, contingencias y rehabilitación del sistema de evacuación pluvial de la red Vial Nacional” el cual dicha contratación ya feneció, por lo que se debería determinar otro mecanismo para poder intervenir esta problemática, debido a que no se cuentan con contratos activos vigentes". Con respecto a la construcción de aceras, la Gerencia de Asuntos Jurídicos del CONAVI emitió un criterio mediante oficio GAJ-11-2021-1708(858) en referencia a la reciente Ley de Movilidad Peatonal, en estos términos, se extrae en lo que interesa: " por cuanto, la competencia del CONAVI, y la inversión de sus recursos, está limitada por su ley de creación, solo a la construcción y conservación de las carreteras, calles de travesía y puentes de la red Vial Nacional. En ese sentido, la “Ley de Movibilidad peatonal” No. 9976 no reformó la “ley de creación del CONAVI” No. 7798, por lo que las competencias de este Consejo se mantienen igual hasta al día de hoy. A criterio de esta Gerencia, el CONAVI no puede –al día de hoy- asumir la construcción y la conservación de las aceras, puesto que la competencia que le otorga su ley de creación no le autoriza a hacerlo. Se estima que, la “Ley de Movibilidad peatonal” No. 9976 es ambigua, por cuanto hay artículos contradictorios entre sí, e incluso hay contradicciones con la Ley No. 7794 “Código Municipal”, ya que en esta ley se incluye modificaciones que ratifican el deber de los propietarios de los inmuebles de conservar y construir las aceras, incluso se establecen tasas a los administrados a favor de las Municipalidades para este rubro. En ese sentido, nótese lo transcrito en el artículo 83 del “Código Municipal”, reformado por la “Ley de Movibilidad Peatonal”, que manifiesta que las municipalidades se encuentran autorizadas para realizar la construcción de aceras en el caso de incumplimiento por parte de los munícipes y sin perjuicio del cobro correspondiente al propietario del inmueble; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 del “Código Municipal”, actos para los cuales las Municipalidades sí poseen contenido presupuestario de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 de la “Ley de Movilidad Peatonal en el cual reforma lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 7794, Código Municipal para ejecutar dichas obras. Si bien es cierto, la “Ley de Movibilidad peatonal” No. 9976 indica como una atribución del MOPT y sus Consejos la construcción de las aceras, en ningún artículo se dispone que dicha atribución recae sobre el CONAVI. Por lo tanto, se insiste, el CONAVI no puede ejecutar obras de construcción de aceras, ya que, en apego al “Principio de Legalidad” ello no es una atribución de este Consejo". De conformidad con lo transcrito, se estima que el CONAVI, dentro de sus competencias no contempla la ejecución y/o construcción de aceras, a pesar de que la ley de cita le atribuye la responsabilidad al MOPT y sus Consejos, tal cual se indica con anterioridad, correspondería a ese ministerio como ente rector, instruir a ese Consejo las gestiones pertinentes para proceder conforme. Por las razones de hecho y de derecho expuestas, solicita se declare sin lugar el presente recurso de amparo y se absuelva a la suscrita de responsabilidad.
6.- Mediante resolución de las 11:15 horas del 10 de enero de 2022, la Magistrada Instructora amplió el recurso contra el Presidente Ejecutivo del ICAA.
7.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 13:46 horas del 10 de enero de 2022, la recurrente indica que el Director Ejecutivo del CONAVI no ha respondido la audiencia que le fue conferida por resolución de las 16:44 horas del 15 de diciembre de 2021 y se acerca la temporada de invierno en el país. Esto lo informa ya que cuando llueve en esa zona se inundan todas las calle afectando los comercios en general. Considera que es urgente que el señor Director responda a la audiencia y tome las medidas necesarias para la construcción de la aceras y caño, según el informe del ingeniero de la municipalidad del lugar. Tome nota la Sala que para hacer esa obra se tiene que sacar a licitación para alguna empresa que le interese realizarla y esto no es de una semana o de días, pues hay una tramitología muy engorrosa, máxime cuando se trata de obras que tengan que ver con la Administración Pública. Debe tener presente la Sala que estarían nuevamente afectados todos los comerciantes de la zona con el mismo problema de siempre.
8.- Informa bajo juramento T.F.M.B., en su condición de Presidente Ejecutivo del ICAA (escrito presentado a las 12:48 horas del 14 de enero de 2022), que el artículo 1 de la Ley Constitutiva del ICCA, No. 2726, dispone que su representado es el encargado de administrar y operar los sistemas de acueductos y alcantarillados sanitarios. Sin embargo, en materia de alcantarillado pluvial el legislador mantuvo dicha competencia bajo la égida de los gobiernos locales, salvo que se trate de rutas nacionales, en cuyo caso la responsabilidad recae en CONAVI. En Costa Rica existen dos sistemas de alcantarillado separados, uno denominado “Sistema de Alcantarillado Pluvial” cuyo objetivo es transportar las aguas de lluvia provenientes de techos, canoas y bajantes de las viviendas, así como las aguas de lluvia que discurren por las vías públicas. El otro sistema se denomina “ Sistema de Alcantarillado Sanitario” cuyo objetivo es transportar únicamente las aguas residuales provenientes de pilas, fregaderos, duchas e inodoros que se generan a lo interno de las viviendas (este último no existe sino que opera a través de sistemas de tanques sépticos, los cuales entran bajo la jurisdicción del gobierno local). De acuerdo con la reglamentación vigente, los sistemas de alcantarillado pluvial son administrados por las municipalidades de cada cantón y el sistema de alcantarillado sanitario es operado y mantenido por el operador a cargo de prestar el servicio de agua potable dentro de su respectiva área geográfica de cobertura. Para aclarar este párrafo se realizó la consulta al director de la Región Huetar Caribe con el fin de que indicara si el alcantarillado pluvial y sanitario era administrado por ICAA o a quién correspondía dicho acto. Para ello, mediante el memorando No.GSP-RHC-2022-00028, de fecha 12 de enero de 2022, señala textualmente: “En relación con el tema Recurso Amparo Expediente No. 21-024865-0007-CO, le informo que el AyA no administra ni opera ningún alcantarillado pluvial, siendo esta una responsabilidad de las entidades que operan las carreteras, para el caso de carreteras nacionales corresponden al CONAVI y las otras carreteras y caminos a la Municipalidad local que corresponda”. Posteriormente, mediante correo electrónico de fecha 13 de enero de 2022 señaló: “Para lo que corresponda, le informo que en el sistema de Guápiles del Cantón de Pococí no opera un alcantarillado sanitario, las construcciones hechas deben de construir su propios tanques sépticos”. En razón de lo expuesto, el ICAA carece de injerencia directa en lo que aqueja la recurrente. Corresponde de primera mano resolver a la Municipalidad de Pococí como gobierno local y administrador del sistema de alcantarillado pluvial o bien al CONAVI si se trata de una ruta nacional. Solicita se declare sin lugar el recurso y se exima de toda responsabilidad al ICAA.
9.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.
Redacta la Magistrada G.V.; y,
Considerando:
I.- Objeto del recurso. La recurrente alega que el 1° de septiembre de 2021 planteó una denuncia y escritos varios ante la Municipalidad de Pococí a raíz de un problema de alcantarillado que acaece frente a su local comercial de nombre Restaurante F.K.. Esgrime que cuando llueve muy fuerte, las aguas pluviales se rebasan y afectan la calle y la acera, al punto que no se puede transitar por ellas. Las aguas, también, ingresan a su negocio y ello se debe a que el diámetro de la alcantarilla es muy pequeño. Pese a lo anterior, acusa que no ha obtenido respuesta a sus gestiones y el problema se mantiene.
II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque los recurridos hayan omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
1) La solución técnica temporal que recomienda el Ing. B.A.M.d.D.. de Obras Civiles de la Municipalidad de Pococí, a la situación que aqueja a la recurrente es “ realizar una extensión de un alcantarillado pluvial existente en la ruta nacional, para canalizar las aguas que afectan el local F.K. y sus vecinos. Esta extensión de alcantarillado tendría una longitud de aproximadamente 40 metros. Esta obra debe complementarse con la construcción de aceras, cordón y caño para que las aguas sean canalizadas adecuadamente”. Aunque la municipalidad no puede invertir recursos o fondos púbicos en una ruta nacional, por ser esta competencia CONAVI (informe del alcalde recurrido y prueba documental aportada).
2) Mediante informe técnico DRHA-124-2021-3195 de fecha 21 de setiembre de 2021, el ingeniero L.A.A. del CONAVI indica: "Importante mencionar, de ser la opción más viable la recomendación brindada por el ingeniero de la Municipalidad, el de realizar la colocación de la tubería para canalizar las aguas por aproximadamente unos 40 m, estos trabajos según el alcance de la Gerencia de Conservación de Vías y P., se realizarían mediante la contratación 2014LN-000017-0CV00 “Mantenimiento Rutinario con maquinaria especializada, contingencias y rehabilitación del sistema de evacuación pluvial de la red Vial Nacional” el cual dicha contratación ya feneció, por lo cual se debería determinar otro mecanismo para poder intervenir esta problemática, debido a que no se cuentan con contratos activos vigentes” (informe de la Directora Ejecutiva en ejercicio del CONAVI y prueba documental aportada).
3) Debido a que la Gerencia de Conservación de Vías y P. del CONAVI no cuenta con contratos activos, se debe primeramente proceder a realizar una visita a la zona de Cariari, propiamente de la Ruta Nacional N°247 y establecer los parámetros de los estudios técnicos correspondientes, en aras de dar inclusión en los contratos de mantenimiento rutinario asignados a la zona y considerar la recomendación dada por el ingeniero para constatar si es la solución más acertada (informe de la Directora Ejecutiva en ejercicio del CONAVI y prueba documental aportada).
4) En el cantón de Pococí no existe dicho alcantarillado sanitario, sino que los sistemas de recolección de aguas negras recaen en los tanques sépticos que cada habitante construye basados en los permisos y la supervisión de la Municipalidad de Pococí (informe del Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados).
III.- Sobre el fondo. El artículo 169 de la Constitución Política dispone el deber de las municipalidades del país de velar por los intereses de los habitantes de su jurisdicción, de ahí que, en reiterados pronunciamientos, este Tribunal ha señalado que las Corporaciones Municipales se encuentran en la obligación de eliminar cualquier tipo de amenaza que ponga en riesgo los derechos a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado de las personas que viven en su cantón (véase, en este sentido, la sentencia 2008-011739, de las 12:12 horas del 26 de julio de 2008).
En el caso en concreto, de los informes rendidos por el Alcalde de Pococí y la Directora Ejecutiva en ejercicio del CONAVI, rendidos bajo la fe de juramento, así como del acervo probatorio aportado para la resolución de este proceso, se tiene que aceptan la problemática denunciada por la recurrente (nótese que no se rechaza), a saber: problemas en el alcantarillado con las aguas pluviales que discurren al frente de su local comercial. Igualmente se desprende que los ingenieros de ambas instituciones han determinado cuáles trabajos realizar. De parte del Departamento de Obras Civiles de la Municipalidad de Pococí, el ingeniero considera que la solución técnica temporal sería “realizar una extensión de un alcantarillado pluvial existente en la ruta nacional, para canalizar las aguas que afectan el local F.K. y sus vecinos. Esta extensión de alcantarillado tendría una longitud de aproximadamente 40 metros. Esta obra debe complementarse con la construcción de aceras, cordón y caño para que las aguas sean canalizadas adecuadamente”. No obstante, también se refiere que el ayuntamiento no puede invertir recursos o fondos púbicos en una ruta nacional, por ser esta competencia CONAVI. Entretanto, el ingeniero Luis Alvarado Arce del CONAVI y en consonancia con lo expuesto por el ingeniero del cabildo, indica: "Importante mencionar, de ser la opción más viable la recomendación brindada por el ingeniero de la Municipalidad, el de realizar la colocación de la tubería para canalizar las aguas por aproximadamente unos 40 m, estos trabajos según el alcance de la Gerencia de Conservación de Vías y P., se realizarían mediante la contratación 2014LN-000017-0CV00 “Mantenimiento Rutinario con maquinaria especializada, contingencias y rehabilitación del sistema de evacuación pluvial de la red Vial Nacional” el cual dicha contratación ya feneció, por lo cual se debería determinar otro mecanismo para poder intervenir esta problemática, debido a que no se cuentan con contratos activos vigentes”. Aunado a lo anterior se agregó en el informe que debido a que la Gerencia de Conservación de Vías y P. del CONAVI no cuenta con contratos activos, se debe primeramente proceder a realizar una visita a la zona de Cariari, propiamente de la Ruta Nacional No. 247 y establecer los parámetros de los estudios técnicos correspondientes, en aras de dar inclusión en los contratos de mantenimiento rutinario asignados a la zona y considerar la recomendación dada por el ingeniero para constatar si es la solución más acertada. Por consiguiente, se constata la responsabilidad de ambas instituciones en la problemática que aqueja a la recurrente y respecto de la cual se desconoce cuándo podría ser solucionada. Lo anterior, constituye una clara violación a lo dispuesto por los artículos 21 y 169 de la Constitución Política, ya que la municipalidad falta a su deber de garantizar el bienestar de sus habitantes del cantón, al no realizar los trabajos del caso para eliminar una situación que pone en peligro la integridad física y los bienes materiales de la tutelada. Situación que en la cual también está inmerso el CONAVI, pues es igualmente responsable al aceptarse que lo denunciado tiene relación con una ruta nacional, por lo que le compete su atención en su condición de encargado del mantenimiento de las rutas nacionales de la red vial. Conforme con el artículo 4 de la Ley de Creación del CONAVI, No. 7798, que dispone:
ARTÍCULO 4.- Serán objetivos del Consejo Nacional de Vialidad los siguientes:
a) Planear, programar, administrar, financiar, ejecutar y controlar la conservación y la construcción de la red vial nacional, en concordancia con los programas que elabore la Dirección de Planificación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
b) Administrar su patrimonio.
c) Ejecutar, mediante contratos, las obras, los suministros y servicios requeridos para el proceso de conservación y construcción de la totalidad de la red vial nacional.
d) F. la ejecución correcta de los trabajos, incluyendo el control de la calidad.
e) Promover la investigación, el desarrollo y la transferencia tecnológica en el campo de la construcción y conservación vial.
f) Celebrar contratos o prestar los servicios necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y funciones”.
Además, el derecho fundamental del buen funcionamiento de los servicios públicos y el derecho a un ambiente sano, conllevan que las Administraciones Públicas tengan la capacidad de previsión y de adaptación, con el fin que puedan afrontar las vicisitudes por las que puedan atravesar en su gestión, con el fin de satisfacer los intereses y proteger los bienes jurídicos de los administrados. Lo cierto es que no existe un plan de intervención claro y definido (solo se informa sobre posibilidades), manteniendo incerteza sobre el tiempo y la disposición de recursos para brindar a la recurrente una solución definitiva al problema de aguas pluviales y mal estado del alcantarillado pluvial, punto último que tampoco se rechaza. A diferencia, se denota que el AYA no tiene responsabilidad en tal inobservancia, pues el alcantarillado pluvial es competencia de los Gobiernos Locales, salvo que se trate de rutas nacionales en cuyo caso la responsabilidad recae en CONAVI. Aunado, se ha informado que en el cantón de Pococí no existe dicho alcantarillado sanitario, sino que los sistemas de recolección de aguas negras recaen en los tanques sépticos que cada habitante construye basados en los permisos y la supervisión de la Municipalidad de Pococí. Así las cosas, este Tribunal Constitucional pudo constatar que existe el problema denunciado por la recurrente, sin que a la fecha de interposición de este recurso se le haya podido dar una solución a éste, con lo cual se verifica una lesión a los derechos fundamentales de la tutelada.
IV.- Conclusión . En mérito de las consideraciones expuestas, se impone declarar con lugar el recurso con las consecuencias que se detallan en la parte dispositiva de esta sentencia.
V.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial ", aprobado por la Corte Plena en Sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso, únicamente, contra la Municipalidad de Pococí y el Consejo Nacional de Vialidad. Se ordena a M.H.R. y a H.P.R.H., respectivamente, en su condición de Alcalde de Pococí y de Directora Ejecutiva en ejercicio del Consejo Nacional de Vialidad o a quienes ejerzan tales cargos, tomar las medidas correspondientes y en el ámbito de sus competencias para que, en el plazo de seis meses , contado a partir de la notificación de esta sentencia, intervengan y brinden una solución definitiva al problema de alcantarillado y aguas pluviales que adolece la recurrente [Nombre 001] al frente de su negocio sito en Cariari de Pococí. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Pococí y al Consejo Nacional de Vialidad al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Respecto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se declara sin lugar el recurso. N..

Fernando Castillo V.
Presidente
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ana María Picado B.
Aracelly Pacheco S.
Ana Cristina Fernandez A.
Jorge Isaac Solano A.

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