Sentencia Nº 2022004304 de Sala Constitucional, 22-02-2022

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2022004304
Fecha22 Febrero 2022
Número de expediente22-002367-0007-CO

*220023670007CO*

Exp: 22-002367-0007-CO

Res. Nº 2022004304

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veintidos de febrero de dos mil veintidos .

Recurso de amparo promovido por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
RESULTANDO:
1.- Mediante memorial presentado a las 12:05 horas de 3 de febrero de 2022, la recurre nte promovió recurso de amparo, contra la Caja Costarricense de Seguro Social, pues, según afirma, desde el año 1997 presenta un padecimiento de obstrucción intestinal, que ese año casi le cuesta la vida. Desde ese momento ha debido asistir a citas médicas y realizarse una serie de exámenes que, por recomendación médica, debe seguir de forma estricta, sin dilaciones. Señala que por su condición de salud se le ha operado en tres oportunidades de emergencia y ahora nuevamente presenta daños en los intestinos. Explica que lo que le sucede es que el estómago se le inflama y los intestinos se le obstruyen, por lo que se le opera para acomodarlos; no obstante, con el tiempo estos vuelven a obstruirse ocasionándole dolor, abultamiento y estreñimiento. Agrega que ahora se encuentra muy asustada y afectada emocionalmente porque está botando un líquido de color amarillo por la vagina y por el ano, acompañado de dolor y una sensación de “ir al baño”, aunque lo que finalmente expulsa es un líquido. Comenta que su situación es de pleno conocimiento de todo el aparato médico del Hospital Dr. M.P.J., en donde lleva control con el Servicio de Gastroenterología, con la Dra. K.P.N.D. (código profesional No. 8279). Reclama que, pese a que tal control debe ser estricto, la cita que tenía programada para el 16 de febrero de 2022, le fue trasladada para el 8 de junio en curso, mientras se agrava su condición. De otra parte, refiere que tiene un quiste en un ovario, por lo que requiere que se le realice un ultrasonido a fin de verificar si esta se encuentra a la par del intestino. No obstante, la cita correspondiente en el Servicio de Ginecología que se le había programado para el 9 de junio de 2021, le fue trasladada para mayo del presente año, atraso que no pudo solucionar pese a haber acudido a la jefatura del servicio según se le recomendó. Añade que ella es una ama de casa, madre de tres hijos y que su familia es de escasos recursos económicos, por lo que no puede recurrir a consultas médicas privadas. Acusa que el plazo que debe esperar para recibir la atención médica que necesita -ultrasonido ginecológico y valoración del estado de los intestinos- es desproporcionado, irrazonable y lesivo de sus derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley
2.- Por resolución de las 18:50 horas de 3 de febrero de 2022 se dio curso al recurso y se requirió un informe al director médico, el jefe del Servicio de Ginecología y el jefe del Servicio de Gastroenterología, ambos del Hospital Benemérito Dr. M.P.J., sobre esos hechos.
3.- Informan bajo juramento K.D.V., L.T.M. y R.M.C., respectivamente, en condición de directora general, jefe de servicio de medicina y especialidad de gastroenterología y jefe de servicio de ginecología y obstetricia, todos del Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, e indican que de conformidad con lo que indica el Servicio de Ginecología y Obstetricia:
“la usuaria presenta un endometrioma que es un quiste benigno de ovario valorada en 2020. Por la pandemia 2 de los consultorios de ginecología han sido transformados a unidad COVID de obstetricia lo que ha disminuido la capacidad de citas que tiene el servicio. Para efectos del endometrioma de tener alguna sintomatología puede presentarse a emergencias ginecológicas en cualquier momento mientras llega la cita programada en junio, que serían 4 meses. En emergencias de ser necesario le hacen ultrasonido inmediatamente y los estudios que requiera (sic)
De conformidad con el Servicio de Gastroenterología:
“(…) La cita ya se le brindo vía telefónica el mismo día que se recibió el recurso el día 9 de febrero y le agenda una cita de recargo en 1 mes (…)”
4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Picado Brenes; y,

CONSIDERANDO:
I.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente apunta que es paciente regular de los Servicios de Ginecología y Gastroenterología del Hospital Dr. M.P.. Agrega que pese a que requiere ser valorada en ambos Servicios, sus citas se han venido postergando. Afirma que ese proceder, vulnera sus derechos fundamentales.
II.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para la decisión del presente amparo se tienen por demostrados los siguientes: 1) El 1 de julio de 2020 se otorgó una cita a la actora en el Servicio de Ginecología del Hospital Dr. M.P., para que se realizara un ultrasonido el 9 de junio de 2021 (copia adjunta al libelo de interposición). 2) El 22 de abril de 2021 se otorgó una cita a la recurrente en el Servicio de Gastroenterología de ese nosocomio para el 26 de mayo de ese mismo año (copia adjunta al libelo de interposición). 3) El 8 de julio de 2021 se reprogramó la cita en Ginecología del Hospital para el 23 de mayo de 2022 (copia adjunta al libelo de interposición). 4) En fecha indeterminada se reprogramó esa cita para el 9 de junio de 2022 (hecho no controvertido). 5) En fecha indeterminada se canceló la cita de la amparada en Gastroenterología y se concedió para el 16 de febrero de 2022. Posteriormente, se reprogramó para el 8 de junio de este mismo año (hecho no controvertido). 6) El 9 de febrero de 2022 se notificó el auto de curso a las autoridades recurridas (actas de notificación visibles en el Historial de Acontecimientos del Expediente Electrónico). 7) El 9 de febrero de 2022 se otorgó una cita a la amparada en Gastroenterología para un mes (informe rendido bajo juramento).
III.- CASO CONCRETO. En la especie, la recurrente apunta que es paciente regular de los Servicios de Ginecología y Gastroenterología del Hospital Dr. M.P.. Agrega que pese a que requiere ser valorada en ambos Servicios, sus citas se han venido postergando. Afirma que ese proceder, vulnera sus derechos fundamentales.
De los autos se acredita que, en julio de 2020 se otorgó una cita a la actora en el Servicio de Ginecología del Hospital Dr. M.P., para que se realizara un ultrasonido el 9 de junio de 2021. Posteriormente, esa cita se reprogramó para el 23 de mayo de 2022; no obstante, después se canceló y otorgó para el 9 de junio de este mismo año. Según explican las autoridades hospitalarias recurridos, esto obedece a que dos de los consultorios de ese Servicio, se transformaron en una Unidad Covid de Obstetricia. Apunta que en vista de que lo que presenta la paciente es una patología benigna, el plazo de espera no lesiona derecho fundamental alguno de la amparada. Precisamente, en este particular, estima la Sala que en virtud de que al momento en el que se recurrió ya existía fecha cierta para valoración y que dicha consulta está dispuesta dentro de un plazo que puede considerar razonable, a saber: cuatro meses, en este extremo del recurso, descarta la Sala el plazo de espera excesivo e injustificado que se reclama. Bajo esta inteligencia, se desestima este agravio.
En lo que atañe al Servicio de Gastroenterología del Hospital Dr. M.P., se demostró que, en abril de 2021 se otorgó una cita a la recurrente para el 26 de mayo de ese mismo año. Luego, en fecha indeterminada se canceló y se concedió una nueva cita para el 16 de febrero de 2022; no obstante, se volvió a reprogramar para el 8 de junio de este mismo año. Pese a lo anterior, consta que con ocasión de la notificación del auto de traslado a las autoridades hospitalarias recurridas, esta se otorgó para el 9 de marzo de 2022. Empero, como esto ocurrió una vez cursado este asunto, estima la Sala que se impone acoger el recurso, conforme se dirá.

IV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional ("Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes"), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta "únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes". Se subraya que la Ley indica "si fueren procedentes", lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: "toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia", donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. Artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

V.- Voto salvado parcial de los Magistrados S.A. y S.A., con redacción del primero, únicamente en relación con la no condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida.

Si bien coincidimos con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, nos separamos del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia ”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales… ”.

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio de los suscritos, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “ únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En nuestro criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos.

VI.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA G.V. RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.

VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara parcialmente con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, en lo que respecta a la atención reclamada al Servicio de Gastroenterología del Hospital Dr. Max Peralta Jiménez. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Se ordena a K.D.V. y a Luis Tencio Mata, respectivamente, en condición de directora general y de jefe de servicio de medicina y especialidad de gastroenterología, ambos de ese centro hospitalario, o a quienes en su lugar ocupen dichos cargos, que dispongan lo necesario para que, la amparada sea valorada en esa especialidad en la fecha que se comprometieron en su informe, sea 9 de marzo de 2022 y se defina el tipo de resolución que requiere por su padecimiento. Lo anterior, según sea posible de acuerdo con la reorganización del servicio decretada por la emergencia hospitalaria con ocasión de la pandemia de coronavirus (COVID-19). Se advierte a los recurridos que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Los Magistrados S.A. y S.A. salvan parcialmente el voto y disponen la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada G.V. salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.

Fernando Castillo V.
Presidente
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ana María Picado B.
Jorge Isaac Solano A.
Fernando Enrique Lara G.

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