Sentencia Nº 2022004736 de Sala Constitucional, 25-02-2022

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2022004736
Fecha25 Febrero 2022
Número de expediente22-003083-0007-CO

*220030830007CO*

Exp: 22-003083-0007-CO

Res. Nº 2022004736

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas quince minutos del veinticinco de febrero de dos mil veintidos .

Recurso de amparo promovido por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
RESULTANDO:
1.- Mediante memorial presentado a las 12:54 horas de 15 de febrero de 2022, el recurrente promovió recurso de amparo, contra la Caja Costarricense de Seguro Social, pues, según afirma, en virtud de que el 26 de agosto de 2021 se le detectó un quiste en la rodilla derecha de mediante un ultrasonido, el doctor Esteban Eduardo Fallas Valenciano le dijo que no le podía prescribir ningún medicamento, dado que, solamente un especialista podía hacerlo, por lo que le dio una referencia para que la valore un especialista. Indica que en septiembre de 202, la secretaria respectiva le dijo que debía esperar hasta que la llamen; sin embargo, no la han citado y sigue a la espera, le cuesta caminar y pasa tomando acetaminofén. Solicita ayuda para tener calidad de vida.
2.- Por resolución de las 16:32 horas de 15 de febrero de 2022 se dio curso al recurso y se requirió un informe al director médico y el jefe del Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital de Guápiles, sobre esos hechos.
3.- Informa bajo juramento I.M.M., en condición de directora general a.i. del Hospital de Guápiles de la Caja Costarricense de Seguro Social, e indica que en atención a la medida cautelar ordenada, la paciente fue atendida por la Dra. G.T.J. especialista en Ortopedia en fecha 21 de febrero de 2022, en criterio médico se indica:
“Subjetivo (Motivo Consulta): • Paciente en control por Gonalgia derecha y aparente masa en región poplitea derecha • Valorada en enero del 2021, se le indicó ultrasonido (US) • No se realizó en el ultrasonido en la CCSS pese a enviársele la orden del mismo para su valoración en consulta subsecuente • No cuenta con radiografías en EDUS • Se realizo ultrasonido y radiografías en consulta privada, sin embargo, no las porta durante la consulta Análisis: • Paciente no cuenta con estudios radiológicos previamente solicitados, se completarán estudios y se brindara seguimiento en la consulta externa. Plan de seguimiento: • Ultrasonido • Cita de control en 1 mes con resultado de Ultrasonido”
El 10 de septiembre de 2021, el médico del EBAIS del EBAIS de Pocora refiere a la paciente al Servicio de Ortopedia de este hospital, con prioridad de cita a CUPO. El 12 de octubre de 2021, el médico encargado de referencias del Área de Salud de Cariari, a la cual pertenece el citado EBAIS revisa la referencia y avala la referencia para el segundo nivel, ratificando la prioridad CUPO de la cita. En fecha 13 de octubre de 2021 la referencia fue revisada y aprobada por el Dr. R.R.R., con estudios en Ortopedia de este centro hospitalario; quien, analizado el caso, emite criterio médico de dar cita a CUPO al paciente. Al ser la referencia clasificada a CUPO por ambos médicos tratantes, es claro que el paciente no tiene en riesgo su salud y/o vida y puede esperar a ser programado en el siguiente campo libre de la consulta externa en Ortopedia, respetando los derechos de los pacientes que estaban antes que él o bien clasificados con mayor urgencia de valoración. Así las cosas; a partir de avalada la referencia en fecha (13/10/2021), el hospital y de acuerdo con el criterio médico de priorización (cupo) la paciente debe ser valorada en plazo máximo de 6 meses (plazo vence en abril para este caso); por lo tanto, a la fecha de contestación de este recurso aún estamos en tiempo de programar la cita y atender a la paciente sin violentar sus derechos fundamentales; ya que de acuerdo con el médico tratante la paciente no tiene en riesgo su salud y/o vida y puede esperar a ser programado en el siguiente campo libre de la consulta externa en Ortopedia.
4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Picado Brenes; y,

CONSIDERANDO:
I.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente apunta que a inicios de septiembre de 2021 se le refirió del EBAIS de adscripción al Servicio de Ortopedia del Hospital de Guápiles, donde seis meses después continúa sin ser valorada por un medico especialista. Afirma que el plazo de espera al que la someten, vulnera sus derechos fundamentales.
II.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para la decisión del presente amparo se tienen por demostrados los siguientes: 1) El 10 de septiembre de 2021, el médico del EBAIS del EBAIS Pocora refirió a la recurrente al Servicio de Ortopedia de este hospital, con prioridad de cita a CUPO (informe rendido bajo juramento). 2) El 12 de octubre de 2021, el médico encargado de referencias del Área de Salud de Cariari, a la cual pertenece ese EBAIS, avaló esa referencia para el segundo nivel, ratificando la prioridad CUPO de la cita (informe rendido bajo juramento). 3) El 13 de octubre de 2021, el Dr. R.R.R., revisa y aprueba esa referencia. Además, emite criterio médico de dar cita a CUPO al paciente (informe rendido bajo juramento). 4) El 17 de febrero de 2022 se notificó el auto de traslado a las autoridades hospitalarias recurridas (actas de notificación visibles en el Historial de Acontecimientos del Expediente Electrónico). 5) El 21 de febrero de 2022, la Dra. Gentle Tencio Jerrika, médica asistente del Servicio de Ortopedia del Hospital de Guápiles, valoró a la amparada. Según nota médica: “Subjetivo (Motivo Consulta): • Paciente en control por Gonalgia derecha y aparente masa en región poplitea derecha • Valorada en enero del 2021, se le indicó ultrasonido (US) • No se realizó en el ultrasonido en la CCSS pese a enviársele la orden del mismo para su valoración en consulta subsecuente • No cuenta con radiografías en EDUS • Se realizo ultrasonido y radiografías en consulta privada, sin embargo, no las porta durante la consulta Análisis: • Paciente no cuenta con estudios radiológicos previamente solicitados, se completarán estudios y se brindara seguimiento en la consulta externa. Plan de seguimiento: • Ultrasonido • Cita de control en 1 mes con resultado de Ultrasonido” (informe rendido bajo juramento).
III.- HECHOS NO PROBADOS. Se estima como no demostrado, el siguiente de relevancia: Único.- Que de previo a la interposición de este recurso, existiera fecha cierta para valorar a la amparada en el Servicio de Ortopedia del Hospital de Guápiles.
IV.- CASO CONCRETO. En la especie, la recurrente apunta que a inicios de septiembre de 2021 se le refirió del EBAIS de adscripción al Servicio de Ortopedia del Hospital de Guápiles, donde seis meses después continúa sin ser valorada por un especialista. Afirma que el plazo de espera al que la someten, vulnera sus derechos fundamentales.
De los autos se acredita que, en septiembre de 2021 se refirió a la amparada del EBAIS de Pocora al Servicio de Ortopedia del Hospital de Guápiles, con prioridad “a CUPO”. Igualmente, se constata que, el 12 de octubre de 2021, se revisó dicha referencia en el Área de Salud de Cariari y se avala para el segundo nivel, ratificando esa prioridad. Posteriormente, el 13 de octubre de ese mismo año, el Dr. R.R.R., revisa y aprueba esa referencia. Además, emite criterio médico de dar cita a CUPO al paciente. Asimismo, consta que con ocasión de la notificación el auto de traslado a las autoridades hospitalarias recurridas, se le valoró en Ortopedia del Hospital de Guápiles, donde se dispuso como plan de seguimiento: “Ultrasonido y Cita de control en 1 mes con resultado de Ultrasonido”. Empero, como esto ocurrió una vez cursado este asunto, estima la Sala que se impone acoger el recurso, conforme se dirá.

V.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional ("Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes"), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta "únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes". Se subraya que la Ley indica "si fueren procedentes", lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: "toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia", donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. Artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

VI.- Voto salvado parcial de los Magistrados S.A. y S.A., con redacción del primero, únicamente en relación con la no condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida.

Si bien coincidimos con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, nos separamos del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia ”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales… ”.

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio de los suscritos, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensi ón de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “ únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En nuestro criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos.

VII.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA G.V. RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.

VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se ordena a I.M.M., en condición de directora general a.i. del Hospital de Guápiles de la Caja Costarricense de Seguro Social, o a quien en su lugar ocupe dicho cargo, que disponga lo necesario para que, dentro del MES siguiente a la notificación de esta resolución, conforme se informó, el realice el ultrasonido indicado por la médica tratante y se valore a la amparada en el Servicio de Ortopedia de ese nosocomio. Lo anterior, según sea posible de acuerdo con la reorganización del servicio decretada por la emergencia hospitalaria con ocasión de la pandemia de coronavirus (COVID-19). Se advierte a la recurrida que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Los Magistrados S.A. y S.A. salvan parcialmente el voto y disponen la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada G.V. salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. N..

Fernando Castillo V.
Presidente
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ana María Picado B.
Ana Cristina Fernandez A.
Jorge Isaac Solano A.

Documento Firmado Digitalmente

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