Sentencia Nº 2022005949 de Sala Constitucional, 15-03-2022

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha15 Marzo 2022
Número de expediente22-003757-0007-CO
Número de sentencia2022005949

*220037570007CO*

Exp: 22-003757-0007-CO

Res. Nº 2022005949

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas cuarenta minutos del quince de marzo de dos mil veintidos .

Recurso de amparo que se tramita en expediente N°22-003757-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad N° [Valor 001], contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Resultando:
1.- Por escrito incorporado al Sistema de Gestión en Línea a la 1:30 horas del 24 de febrero de 2022 , el recurrente interpone recurso contra la Caja Costarricense de Seguro Social. Manifiesta que es una persona adulta mayor de setenta y un años de edad, quien, entre otras enfermedades, presenta serios problemas en los ojos, condición que le causa ojos rojos, mareo, crisis fuertes de migraña, mucha secreción y le está haciendo perder la vista. Por lo anterior, el 28 de setiembre de 2021, fue referido para valoración urgente al Servicio de Oftalmología del Hospital recurrido por la Dra. R.S. (código profesional N°4937) de la Clínica San Rafael de Puntarenas. Ese día, en la clínica mencionada, se le entregó una colilla de la referencia ya que, según se le dijo, no se le entregaba la referencia porque se enviaba directamente al hospital recurrido por correo institucional y que él debería presentarse al centro médico dentro de un mes siguiente, con dicha colilla. Comente que el 28 de octubre de 2021, consultó en la clínica y se le indicó que ya se había enviado la referencia al hospital, pero que en este aún no había programada una fecha para la cita, que diera tiempo. El 26 de noviembre de 2021, volvió a consultar y nada, por lo que el 17 de diciembre 2021 acudió a la Contraloría de Servicios del Área de Salud San Rafael de Puntarenas, en forma virtual al número de WhatsApp 8917-9781, e interpuso la queja correspondiente a través del celular de su hija. La contralora le brindó ayuda al obtener una copia de la referencia el 27 de diciembre del año pasado 2021, ese día se le confeccionó la referencia. Explica que se le había enviado desde el 28 de setiembre anterior, pero no fue sino hasta el 27 de diciembre pasado que se le entregó físicamente. En enero de 2022 llamó en varias oportunidades al hospital recurrido y se le informó que la referencia aún no había sido valorada. El 7 de febrero de 2022, se apersonó a la Consulta de Oftalmología a fin de averiguar y se le dijo que la referencia no había sido valorada y que en este año 2022 no había cupo. Aduce que siguiendo recomendaciones procedió a remitir correos electrónicos a la Jefatura de Cirugía e, incluso, el 7 de febrero anterior aportó una gestión escrita -a la cual se le otorgó recibido- e, incluso, gestionó a la Contraloría de Servicios del hospital en forma virtual. Finalmente agrega que, el 24 de febrero de 2022, remitió un correo electrónico en el que manifestó que había denunciado al hospital y cinco minutos después recibió un mensaje en el que le informaban que se le había programado cita para el 14 de noviembre de 2022, lo que estima casi una burla, dado el irrespeto a su condición de persona adulta mayor y al calvario que ha debido pasar para lograr ser atendido. Estima que los hechos expuestos son lesivos de sus derechos fundamentales, en especial, dada su condición de doble vulneración. Solicita que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley.
2.- Mediante resolución de las 04:01 horas del 28 de febrero de 2022, se dio curso al presente recurso.
3.- Por escrito incorporado al Sistema de Gestión en Línea a la 1:30 horas del 24 de febrero de 2022 , el recurrente reitera los hechos alegados en su escrito de interposición.
4.- Informa bajo juramento T.J.U. en su condición de D. General del Hospital Monseñor Sanabria que mediante correo electrónico, de fecha 28 de febrero de 2022, se solicitó información referente al recurso de amparo supracitado a los siguientes funcionarios: Dr. M.T.G., Jefe Servicio de Cirugía, Dr. A.J.L.W.C., Servicio de Cirugía, Dra. A.B.V., Médico Asistente Enlace Técnico Servicio de Cirugía, la Licda. N.H.Á., Coordinadora Asistentes de Registros Médicos y A.S.V., Asistentes de Registros Médicos. Añade que mediante correo electrónico del 3 de marzo de 2022, la Coordinadora Asistentes de Registros Médicos, brindó información conforme a la a programación de citas en la especialidad de Oftalmología que se registran a nombre del recurrente e indicó lo siguiente: “respondiendo el recurso de amparo 22-003757-0007-CO el paciente si tiene una referencia enviada 28/09/2021, ya fue valorada y tramitada la cita, no tiene control citas, solo la que es por primera vez...a continuación, envió fecha y hora de la cita, 08/03/2022 a las 07:00 am con el doctor G.. Refiere que la D.A.P.B. del Servicio de Cirugía, indicó que el recurrente iba a ser valorado por el D.B., el 8 de marzo de 2022 a las 7 horas. Solicita a la Sala que declare sin lugar el recurso.
5.- Por escrito incorporado al Sistema de Gestión en Línea a la 12:03 horas del 9 de marzo de 2022 , el recurrente alega que el hospital accionado no le había avisado de su cita del 8 de marzo de 2022, toda vez, que se enteró porque su hija revisó el expediente digital. Manifiesta que el 8 de marzo de 2022, se presentó a su cita y fue valorado y se le dio cita para el mes de mayo de 2022, para que le hicieran unos lentes y ser nuevamente valorado.
6.- Informa W.A.D.C., en su condición de Director General del Hospital Monseñor Sanabria. Manifiesta, que el paciente fue valorado por el Dr. B. el 8 de marzo de 2022 y, anotó cita a cupo en biometría.
7.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

R.e.M.....A.G. ; y,

Considerando:
I.- Objeto del recurso. El recurrente considera lesionados sus derechos fundamentales, toda vez, que es adulto mayor de setenta y un años de edad y tiene problemas en sus ojos. Alega que desde el 28 de setiembre de 2021, fue referido para valoración urgente al Servicio de Oftalmología del Hospital recurrido por la Dra. R.S. de la Clínica San Rafael de Puntarenas; no obstante, no fue si no, hasta el 24 de febrero de 2022, que remitió un correo electrónico en el que manifestó que había denunciado al hospital y cinco minutos después recibió un mensaje en el que le informaban que se le había programado cita para el 14 de noviembre de 2022.
II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
a) El tutelado es un adulto mayor y tiene setenta y un años de edad (hecho incontrovertido).
b) El 28 de setiembre de 2021, el recurrente f ue referido para valoración al Servicio de Oftalmología del Hospital Monseñor Sanabria por la Dra. R.S. de la Clínica San Rafael de Puntarenas (véase informe rendido por la autoridad accionada y prueba aportada por el recurrente).
c) Al recurrente se le programó cita en el Servicio de Oftalmología del hospital accionado, para el 14 de noviembre de 2022 (véase prueba aportada por el recurrente).
d) Las autoridades recurridas fueron notificadas del presente recurso de amparo, el 25 de febrero de 2022 (véase actas de notificación).
e) Con ocasión de la notificación del presente recurso de amparo, al paciente se le reprogramó cita el Servicio de Oftalmología, del hospital recurrido, para el 08 de marzo de 2022, a las 07:00 horas (véase informe rendido por la autoridad accionada y prueba aportada por el recurrente).
f) El día 08 de marzo de 2022, el tutelada fue valorado por el médico especialista (véase prueba aportada por el recurrente y el informe rendido por el Director General del Hospital Monseñor Sanabria).
III.- Hecho no probado. No se estima como debidamente probado el siguiente hecho de relevancia para este asunto.
Único.- Que la autoridad accionada le hubiera comunicado al recurrente sobre el adelanto de su cita, para el 8 de marzo de 2022 a las 7:00 horas (los autos).
IV.- Sobre el derecho a la salud y los principios de eficiencia, eficacia, continuidad, regularidad y adaptación en los servicios públicos de salud. En relación con estos temas, la Sala, mediante Sentencia N° 2017-009713, de las 09:45 horas del 23 de junio de 2017, dispuso lo siguiente:
“III.- Sobre el derecho fundamental a la salud. El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Evidentemente, cualquier retardo de los hospitales, clínicas y demás unidades de atención sanitaria de la Caja Costarricense del Seguro Social puede repercutir negativamente en la preservación de la salud y la vida de sus usuarios. Los entes, órganos y funcionarios públicos se deben a los usuarios con una clara e inequívoca vocación de servicio, puesto que, esa ha sido la razón de su creación y existencia.
IV.- Sobre los principios de eficiencia, eficacia, continuidad, regularidad y adaptación en los servicios públicos de salud. Los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes y, sobre todo, de aquellos que demandan una atención médica inmediata y urgente, sin que la carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal obligación. Desde esta perspectiva, los servicios de las clínicas y hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social están en el deber de adoptar e implementar los cambios organizacionales, de contratar el personal médico o auxiliar y de adquirir los materiales y equipo técnico que sean requeridos para brindar prestaciones eficientes, eficaces y rápidas. Los jerarcas de las Clínicas y Hospitales no pueden invocar, para justificar una atención deficiente y precaria de los pacientes, el problema de las “listas de espera” para las intervenciones quirúrgicas y aplicación de ciertos exámenes especializados o de la carencia de recursos financieros, humanos y técnicos, puesto que, es un imperativo constitucional que los servicios de salud pública sean prestados de forma eficiente, eficaz, continua, regular y célere. Los jerarcas de la Caja Costarricense de Seguro Social y los Directores de Hospitales y Clínicas que les pertenecen están en el deber y, por consiguiente son los personalmente responsables en los términos del artículo 199 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública , de adoptar e implementar todas las providencias y medidas administrativas y organizacionales para poner coto definitivo a la prestación tardía la cual, en ocasiones, deviene en omisa por sus consecuencias de los servicios de salud, situación que constituye, a todas luces, una inequívoca falta de servicio que puede dar lugar a la responsabilidad administrativa patrimonial de esa entidad por las lesiones antijurídicas provocadas a los administrados o usuarios (artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública)”.
V.- Sobre el caso en concreto. En el caso bajo estudio, el recurrente considera lesionados sus derechos fundamentales, toda vez, que es adulto mayor de setenta y un años de edad y tiene problemas en sus ojos. Alega que desde el 28 de setiembre de 2021, f ue referido para valoración urgente al Servicio de Oftalmología del Hospital recurrido por la Dra. Rocío Salas de la Clínica San Rafael de Puntarenas; no obstante, no fue si no, hasta el 24 de febrero de 2022, que remitió un correo electrónico en el que manifestó que había denunciado al hospital y cinco minutos después recibió un mensaje en el que le informaban que se le había programado cita para el 14 de noviembre de 2022. Al respecto, la autoridad del Hospital accionado no niega los hechos e indicó que al paciente se le reprogramó cita el Servicio de Oftalmología, del hospital recurrido, para el 08 de marzo de 2022, a las 07:00 horas. Sobre el particular, la Sala advierte que no siendo urgente la intervención, el examen, procedimiento o atención que se indica a los pacientes, y con mayor razón en las que sí lo son, someterlos a la indefinición de una fecha certera para la realización del mismo o a un plazo desproporcionado, resulta contrario no solamente a los principios de eficiencia, eficacia, celeridad, oportunidad y conveniencia que deben regir la prestación de los servicios de salud, sino tambi én impone circunstancias agravantes que ciertamente inciden en su calidad de vida, pues la indefinición de fechas o programaciones de cirugía, exámenes, procedimientos o valoraciones, genera un estado de pendencia constante sobre el momento en que los mismos podrían ser realizados, así como cuestionamientos sobre su oportunidad para el abordaje de la patología que presente el paciente, más siendo el recurrente un adulto mayor. De manera que, el plazo superior a un año establecido por la recurrida para valorar al tutelado es lesivo al derecho de salud y contrario a los principios de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos asistenciales. De manera, que en ese sentido, lo procedente es declarar con lugar el recurso, por violación al derecho a la salud, sin condenatoria en costas, daños o perjuicios, dado que fue con ocasión a la notificación del presente recurso de amparo, que al recurrente se le adelantó la cita y ya fue examinado por el médico especialista.
VI.- Tome nota. Si bien el presente recurso de amparo debe ser declarado con lugar por violación al derecho a la salud, pero sin condenatoria en costas, daños o perjuicios, dado que fue con ocasión a la notificación del presente recurso de amparo, que al recurrente se le adelantó la cita y ya fue examinado por el médico especialista. Se tuvo que al recurrente no se le avisó del adelantamiento de su cita, si no, que éste tuvo que consultar, razón por la cual, las autoridades del nosocomio recurrido deberán tomar nota para eventos futuros, que deberán comunicarle a sus pacientes el estado de sus citas.
VII.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional ("Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes"), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta " únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes". Se subraya que la Ley indica "si fueren procedentes", lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: "toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia", donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.
VIII.- Nota del Magistrado Rueda Leal. El tema de los recursos de amparo relacionados con el derecho a la salud y, sobre todo, el de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social son agravios que se han tornado recurrentes en esta Sala Constitucional. Este tipo de procesos han venido en un aumento exponencial, los cuales se evidencian mediante los números que se lleva en la estadística de este Tribunal:
Cantidad de expedientes de salud ingresados a la Sala Constitucional:
AÑO
CANTIDAD EN SALUD
2012
1745
2013
1891
2014
2710
2015
3725
2016
4865
2017
5682
2018
6932
2019
7623
2020
5912
2021
7796
Del cuadro anterior se infiere que, desde el año 2012 a la fecha, ha habido un aumento constante en los asuntos entrados por violación al derecho a la salud, a excepción del año 2020 donde se registró una baja, pero que en todo caso es superior al total de expedientes del año 2017.

De esos asuntos, buena cantidad corresponde a listas de espera. A propósito de lo anterior, este Tribunal, en la sentencia n.º 2019-005560 de las 09:30 horas del 29 de marzo de 2019, declaró la vulneración sistemática y reiterada por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social al derecho a la salud de las personas aseguradas, específicamente, en virtud del fenómeno de las listas de espera. Consecuencia de lo anterior, la Sala ordenó la elaboración, dentro del plazo de seis meses contado a partir de la notificación de tal pronunciamiento, de un sistema de gestión integrado a los efectos de solventar las listas de espera e incorporar soluciones a las causas estructurales de tal problemática, reconocidas por la propia Caja Costarricense de Seguro Social en su informe rendido en el expediente n.º 18-14499-0007-CO, entre las cuales se indican: ausencia de infraestructura adecuada, aumento poblacional, consideraciones epidemiológicas, ausencia de un sistema adecuado para cubrir la falta de médicos especialistas, necesidades de equipamiento y demanda en aumento del primer nivel de atención, ausentismo de pacientes a citas en diversos centros médicos de la institución recurrida, entre otras. En el citado proyecto de sistema de gestión integrado deberán definirse los plazos de espera razonables por patología o grupos relacionados de diagnóstico de acuerdo con la sintomatología, el nivel de urgencia y las condiciones del paciente, así como los criterios objetivos para precisar la inclusión y ubicación de un paciente en las listas de espera. Aunado a lo anterior, el proyecto de sistema de gestión integrado deberá tomar en cuenta las particularidades de las poblaciones en estado de vulnerabilidad (personas adultas mayores, indígenas, personas en condición de pobreza, madres, niños, niñas y adolescentes, privados de libertad, entre otros) y orientarse según los principios constitucionales del servicio público: eficiencia, eficacia, razonabilidad, disponibilidad, accesibilidad y universalidad. Por consiguiente, con el voto en mención se pretende que la Caja Costarricense de Seguro Social en el marco de sus competencias constitucionales y legales tome las medidas requeridas para paliar la vulneración sistemática y reiterada al derecho a la salud de los pacientes del ente. Aunado a ello, en aras de dar seguimiento al cumplimiento de la referida sentencia, la Sala Constitucional convocó a una audiencia oral y pública para el 14 de noviembre de 2019. Asimismo, le ordenó a la Defensoría de los Habitantes que coadyuvara con el seguimiento a la ejecución de tal resolución. Así las cosas, esta intervención promueve la obligación de la Caja Costarricense de ejecutar acciones para resolver la problemática en cuestión, de manera que la solución a esta provenga de la propia entidad, no solo de las resoluciones de la Sala.

IX.- Voto salvado parcial de los magistrados S.A. y S.A., con redacción del primero, únicamente en relación con la no condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida.

Si bien coincidimos con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, nos separamos del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales… ”.

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio de los suscritos, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “ únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En nuestro criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos

X.- Voto salvado de la magistrada G.V.. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título derivado de este proceso para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.

XI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El Magistrado Rueda Leal pone nota. Los Magistrados S.A. y Solano Aguilar salvan parcialmente el voto y disponen la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada G.V., salva el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. Tome nota la autoridad recurrida del Considerando VI de esta Sentencia. N..-

.-

Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ana María Picado B.
Jorge Isaac Solano A.
Documento Firmado Digitalmente
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EXPEDIENTE N° 22-003757-0007-CO

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, C.M., 100 mts.Sur de la iglesia del P.S.. Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, S.J., Distrito Catedral, B.G.L., calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

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