Sentencia Nº 2022008037 de Sala Constitucional, 06-04-2022

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha06 Abril 2022
Número de expediente22-005908-0007-CO
Número de sentencia2022008037

*220059080007CO*

Exp: 22-005908-0007-CO

Res. Nº 2022008037

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas veinte minutos del seis de abril de dos mil veintidos .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 22-005908-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS).

Resultando

1. Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 18 de marzo de 2022, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la CCSS, y manifiesta que aproximadamente desde hace dos años sufre de miomas gigantes en el útero. A raíz de ello a mediados del año 2021 su médica tratante le prescribió una cirugía. Acusa que, pese al tiempo transcurrido, al momento de interposición de este recurso no se ha fijado fecha cierta para el procedimiento que urge. Con base en lo expuesto, estima conculcados sus derechos fundamentales. Pide se declare con lugar el recurso.

2. Informa bajo juramento T.L.P., en su condición de director general, y J.N.C., en su condición de jefe del Servicio de Ginecología, ambos del Hospital Dr. R.Á.C.G., en lo que interesa, que la paciente fue atendida el 28 de septiembre de 2020 en el Servicio de Ginecología por “miamatosis uterina y dolor pélvico”. Agregan que se le indicó “ histerectomía por miomatosis uterina” sin ningún criterio de prioridad, lo anterior debido a su escaso sangrado transvaginal. Indican que actualmente se encuentra en lista de espera porque las cirugías electivas están suspendidas por motivo de la pandemia de COVID-19.

3. En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada G.V.; y,

Considerando:

I.O. del recurso. La recurrente manifiesta que desde hace dos años sufre de miomas gigantes en el útero. A raíz de ello a mediados del año 2021 su médica tratante del Hospital Dr. R.Á.C.G. le prescribió una cirugía. Acusa que, pese al tiempo transcurrido, al momento de interposición de este recurso no se ha fijado fecha cierta para el procedimiento que urge.

II. Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la parte recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a) La amparada es paciente del Servicio de Ginecología del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia (hecho no controvertido).
b) El 28 de septiembre de 2020 la tutelada fue atendida debido a una “ miamatosis uterina y dolor pélvico” (véase informe de la autoridad recurrida).
c) A mediados de 2021 a la recurrente se le incluyó en una lista de espera para “ histerectomía por miomatosis uterina” sin ningún criterio de prioridad (hecho no controvertido).

III. Sobre el caso concreto. Tras analizar los elementos probatorios aportados y los informes que rindieron bajo juramento las autoridades recurridas, este Tribunal ha llegado a la conclusión de que, en el sub judice, se acredita una vulneración a los derechos de la parte tutelada por los motivos que a continuación se expondrán.

Primeramente, se desprende del caso que la amparada es paciente del Servicio de Ginecología del Hospital Dr. R.Á.C.G.. Asimismo, se constató que el 28 de septiembre de 2020 la tutelada fue atendida debido a una “miamatosis uterina y dolor pélvico”, por lo que -a mediados de 2021- a la recurrente se le incluyó en una lista de espera para “histerectomía por miomatosis uterina” sin ningún criterio de prioridad.

Tras lo expuesto, esta Sala considera que la amparada ha tenido que esperar un plazo irrazonable para que se le realice la intervención quirúrgica que prescribió su médico tratante. Aunado a lo anterior, no se aprecia del sub examine que las autoridades recurridas tengan un criterio para realizar con prontitud el procedimiento quirúrgico requerido por la tutelada, sometiéndola así a una condición de incerteza que agrava la conculcación a su derecho a la salud. Por las razones indicadas, lo procedente es declarar con lugar el recurso de amparo, con las consecuencias que se dirán en la parte declarativa.

IV. Nota del magistrado C.V. y la magistrada G.V. . Si bien en este caso concurrimos con nuestro voto a declarar con lugar el recurso de amparo por la dilación en la realización de la cirugía requerida por la parte amparada, la orden que se dispone en la parte dispositiva de este fallo, en el sentido de que se le intervenga en el plazo establecido en el por tanto, se aplicará siempre y cuando no conlleve desplazar a otro paciente que requiere de una cirugía prioritaria o urgente en vista de que está en peligro su vida o se le causará un daño grave en su salud.

V.N. del magistrado Rueda Leal. El tema de los recursos de amparo relacionados con el derecho a la salud y, sobre todo, el de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social son agravios que se han tornado recurrentes en esta Sala Constitucional. Este tipo de procesos han venido en un aumento exponencial, los cuales se evidencian mediante los números que se lleva en la estadística de este Tribunal:

Cantidad de expedientes de salud ingresados a la Sala Constitucional:
AÑO
CANTIDAD EN SALUD
2012
1745
2013
1891
2014
2710
2015
3725
2016
4865
2017
5682
2018
6932
2019
7623
2020
5912
2021
7796

Del cuadro anterior se infiere que, desde el año 2012 a la fecha, ha habido un aumento constante en los asuntos entrados por violación al derecho a la salud, a excepción del año 2020 donde se registró una baja, pero que en todo caso es superior al total de expedientes del año 2017.

De esos asuntos, buena cantidad corresponde a listas de espera. A propósito de lo anterior, este Tribunal, en la sentencia n.º 2019-005560 de las 09:30 horas del 29 de marzo de 2019, declaró la vulneración sistemática y reiterada por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social al derecho a la salud de las personas aseguradas, específicamente, en virtud del fenómeno de las listas de espera. Consecuencia de lo anterior, la Sala ordenó la elaboración, dentro del plazo de seis meses contado a partir de la notificación de tal pronunciamiento, de un sistema de gestión integrado a los efectos de solventar las listas de espera e incorporar soluciones a las causas estructurales de tal problemática, reconocidas por la propia Caja Costarricense de Seguro Social en su informe rendido en el expediente n.º 18-14499-0007-CO, entre las cuales se indican: ausencia de infraestructura adecuada, aumento poblacional, consideraciones epidemiológicas, ausencia de un sistema adecuado para cubrir la falta de médicos especialistas, necesidades de equipamiento y demanda en aumento del primer nivel de atención, ausentismo de pacientes a citas en diversos centros médicos de la institución recurrida, entre otras. En el citado proyecto de sistema de gestión integrado deberán definirse los plazos de espera razonables por patología o grupos relacionados de diagnóstico de acuerdo con la sintomatología, el nivel de urgencia y las condiciones del paciente, así como los criterios objetivos para precisar la inclusión y ubicación de un paciente en las listas de espera. Aunado a lo anterior, el proyecto de sistema de gestión integrado deberá tomar en cuenta las particularidades de las poblaciones en estado de vulnerabilidad (personas adultas mayores, indígenas, personas en condición de pobreza, madres, niños, niñas y adolescentes, privados de libertad, entre otros) y orientarse según los principios constitucionales del servicio público: eficiencia, eficacia, razonabilidad, disponibilidad, accesibilidad y universalidad. Por consiguiente, con el voto en mención se pretende que la Caja Costarricense de Seguro Social ‑en el marco de sus competencias constitucionales y legales‑ tome las medidas requeridas para paliar la vulneración sistemática y reiterada al derecho a la salud de los pacientes del ente. Aunado a ello, en aras de dar seguimiento al cumplimiento de la referida sentencia, la Sala Constitucional convocó a una audiencia oral y pública para el 14 de noviembre de 2019. Asimismo, le ordenó a la Defensoría de los Habitantes que coadyuvara con el seguimiento a la ejecución de tal resolución. Así las cosas, esta intervención promueve la obligación de la Caja Costarricense de ejecutar acciones para resolver la problemática en cuestión, de manera que la solución a esta provenga de la propia entidad, no solo de las resoluciones de la Sala.

VI. Documentación aportada al expediente. Debe prevenir esta Sala a las partes que, de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo de 30 días hábiles después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión n.° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial n.° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión n.° 43-12 celebrada el 03 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a T.L.P., en su condición de director general, y J.N.C., en su condición de jefe del Servicio de Ginecología, ambos del Hospital Dr. R.Á.C.G., o a quienes ocupen dichos cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, dentro de un plazo no mayor a TRES MESES contado a partir de la notificación de esta sentencia, se efectúe el procedimiento quirúrgico que requiere la parte amparada bajo estricta responsabilidad y supervisión de su médico tratante, esto mientras que una variación de las circunstancias médicas no contraindique tal intervención y haya cumplido con todos los requerimientos preoperatorios. Lo anterior, también siempre y cuando sea posible de acuerdo con la reorganización del servicio decretada por la emergencia hospitalaria con ocasión de la epidemia de coronavirus (COVID-19). Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios causados, los que se liquidarán en ejecución de sentencia ante la jurisdicción contencioso administrativa. El magistrado C.V. y la magistrada G.V. ponen nota. El magistrado Rueda Leal suscribe nota. N..

Fernando Castillo V.
Presidente
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Jose Roberto Garita N.

Documento Firmado Digitalmente

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