Sentencia de Tribunal Contencioso Administrativo, 11-09-2020
Número de sentencia | 3294-20 |
Número de expediente | 20-003324-1027-CA |
Fecha | 11 Septiembre 2020 |
Emisor | Tribunal Contencioso Administrativo (Costa Rica) |
Tipo de proceso | AMPARO DE LEGALIDAD |
*200033241027CA*
EXPEDIENTE:
|
20-003324-1027-CA - 3
|
PROCESO:
|
AMPARO DE LEGALIDAD
|
ACTOR/A:
|
[Nombre 001]
|
DEMANDADO/A:
|
EL ESTADO
|
No. 3294-20 20
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA,
SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ , GOICOECHEA , a las DIEZ
horas CINCUENTA minutos del ONCE de SETIEMBRE de DOS MIL
VEINTE.-
Proceso de amparo de legalidad interpuesto por
[Nombre 001],
[...], contra
EL
ESTADO, representado por la ProcuradurÃÂa General de la República
.
RESULTANDO
1).- La parte actora interpone el presente proceso para que en sentencia se ordene el cese
de la inactividad acusada, la cual corresponde a que en fecha 19 DE MARZO DE 2020
presentó gestión para el reconocimiento, cálculo y pago correcto de extremos
jubilatorios ; la cual a la fecha de presentación de esta demanda la parte actora indica no
se le ha resuelto (Los autos).
2).- La representación de la parte demandada, en lo relevante para el caso concreto,
rechazó el recurso de amparo planteado (Los autos).
3).- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones de ley, sin que se noten
causales capaces de invalidar lo actuado. Se dicta esta resolución dentro del plazo de ley; y,
CONSIDERANDO
I.- DERECHO A UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PRONTO Y
CUMPLIDO. El derecho fundamental a un procedimiento administrativo pronto y
cumplido deriva del derecho público subjetivo m ás general a una justicia pronta y cumplida,
sustentado en el artÃÂculo 41 de la Constitució n PolÃÂtica. El derecho fundamental a una
justicia pronta y cumplida exige de los poderes públicos una gesti ón eficiente y eficaz de las
pretensiones, solicitudes y reclamos de los administrados, con el fin ( subjetivo) no solo de
satisfacer las situaciones jurÃÂdicas sustanciales de aquellos, sino tambié n (objetivo
) de
garantizar la plena juridicidad de la conducta de la Administraci ón Pú blica (numeral 49
constitucional), la rendición de cuentas y la transparencia de la gestió n pública (art ÃÂculo 11
constitucional). El canon 41 de la Carta PolÃÂtica demanda una justicia “ pronta
â€
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba