Sentencia Nº N de Sala Constitucional, 30-11-2021

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha30 Noviembre 2021
Número de expedienteExp:
Número de sentenciaN
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Exp: 21-024022-0007-CO

Res. Nº 2021027017

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J.é, a las nueve horas cincuenta minutos del treinta de noviembre de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo interpuesto por CÉSAR GABRIEL MARTÍNEZ SERRANO, cédula de identidad n.°0304890974, contra el CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL (COSEVI).

Resultando:

1.- Por escrito recibido el 24 de noviembre de 2021, el recurrente interpone recurso de amparo en contra del Consejo de Seguridad Vial. Manifiesta que el 29 de abril del 2021, se presentó mediante vía email. una apelación a la boleta de número 2-2021-325400365, al correo notificacionesUISC01@csv.go.cr, con el respaldo de un correo de respuesta por parte de la Unidad, en la que dan por recibida la apelación. El día 1 de noviembre del 2021, procedo a enviar una carta firmada digitalmente al mismo correo antes mencionado, en el cual, amparado bajo mi derecho de petición y respuesta pronta, solicito que se me informe sobre el resultado de la impugnación presentada. El 3 de noviembre del 2021, recibo respuesta por parte de la Unidad. en la cual me indican lo siguiente, cito textualmente: "Estimado usuario: Su trámite fue ingresado en esta oficina regional y registrado con el número de expediente 2021-10-1740. No obstante, se encuentra, al igual que otros, a la espera de ser revisado y resuelto. Cordialmente." Luego de la respuesta obtenida, el día 5 de noviembre del 2021, procedí con el envío de una nueva carta firmada digitalmente, la cual se adjunta; en la cual les señalo que de acuerdo al "Manual de Operaciones para la Unidad de Impugnaciones de boletas de citación del COSEVI y sus regionales", en el artículo 1.19.4 titulado como "Procedimiento de Resoluciones Administrativas de Expedientes de Impugnación", se establece que el funcionario tiene un plazo máximo de SEIS meses de la fecha de recibo del recurso para resolver el expediente de la Impugnación presentado. Debido a que la boleta de impugnación fue presentada el día 29 de abril, y el 3 de noviembre, fecha de la respuesta por parte de la Unidad. aún no existía ni existe una resolución, y ya se habían sobrepasado los 6 meses que la administración posee como periodo límite, para la resolución del expediente de impugnación. (sic) Por lo que se procede a solicitar que se realice la caducidad de la boleta de impugnación, quedando de esta manera exento del pago, ya que, de lo contrario, se está violentando el debido proceso y mis derechos como administrado. A partir del 5 de noviembre, fecha en que se envió la carta solicitando lo antes mencionado, me mantuve a la espera de una respuesta durante 10 días hábiles, sin embargo, nunca hubo una respuesta, a pesar de que se les envió un correo adicional, recordándoles la necesidad de una respuesta. Considero que el COSEVI. ha tenido suficiente tiempo para dar una resolución, por lo que acudo a ustedes. para que se dé a lugar mi petición..

2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la S. a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

R..e.M....R.L.; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso. El recurrente estima vulnerados sus derechos fundamentales, toda vez que, el 29 de abril del 2021, se presentó mediante vía email. una apelación a la boleta de número 2-2021-325400365, al correo notificacionesUISC01@csv.go.cr, con el respaldo de un correo de respuesta por parte de la Unidad, en la que dan por recibida la apelación.. Añade que el 5 de noviembre del 2021, procedí con el envío de una nueva carta firmada digitalmente, la cual se adjunta; en la cual les señalo que de acuerdo al "Manual de Operaciones para la Unidad de Impugnaciones de boletas de citación del COSEVI y sus regionales", en el artículo 1.19.4 titulado como "Procedimiento de Resoluciones Administrativas de Expedientes de Impugnación", se establece que el funcionario tiene un plazo máximo de SEIS meses de la fecha de recibo del recurso para resolver el expediente de la Impugnación presentado. Debido a que la boleta de impugnación fue presentada el día 29 de abril, y el 3 de noviembre, fecha de la respuesta por parte de la Unidad. aún no existía ni existe una resolución, y ya se habían sobrepasado los 6 meses que la administración posee como periodo límite, para la resolución del expediente de impugnación. (sic) Por lo que se procede a solicitar que se realice la caducidad de la boleta de impugnación…”. No obstante, reclama que, a la fecha, el COSEVI no se ha resuelto su recurso de apelación ni la caducidad alegada.

II.- Sobre el caso concreto. En la especie, se colige que la dilación acusada por el recurrente, respecto a la resolución del recurso de apelación y la caducidad alegada, atinente a la boleta n.° 2-2021-325400365, no se enmarca en el derecho de petición, acceso a la información ni se encuentra dentro de los parámetros de excepción establecidos en lo relativo a una justicia pronta y cumplida .

En ese sentido, deberá tomar en cuenta lo que se indica a continuación

III.- Nueva justicia administrativa mecanismo célere y cumplido para la protección de situaciones jurídicas sustanciales de los administrados. La S. Constitucional, desde su fundación, ha utilizado criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infra-constitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Sobre el particular, no debe perderse de perspectiva que la Constitución por su supremacía, súper-legalidad y eficacia directa e inmediata da fundamento indirecto a cualquier situación jurídica sustancial imaginable de las personas. No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus las pretensiones deducibles, la oralidad y sus subprincipios concentración apertusde, inmediación y celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra-procesal, el proceso unificado, el proceso de trámite preferente o amparo de legalidad, los procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la flexibilidad del recurso de casación. Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio. En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria.

IV.- Verificación de los plazos pautados por ley para resolver los procedimientos administrativos: cuestión evidente de legalidad ordinaria. Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad de la defensa material esto es de comparecer sin patrocinio letrado- y de gratuidad para la recurrente. Consecuentemente, se impone el rechazo de plano e indicarle al gestionante que si a bien lo tiene puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.

V.- Nota del Magistrado Castillo Víquez. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta S.. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia, pues las controversias jurídico-constitucionales que atañen a menores de edad, al ambiente, pago de salario, al pago de las prestaciones cuando la persona se jubila, a las pensiones del régimen no contributivo y los casos de parálisis cerebral profunda, discapacitados, extranjeros que se encuentran fuera del país, servicio de agua potable, adultos mayores cuando no se refiere a cuestiones de su pensión, denuncias de corrupción, derecho de los indígenas, reclamos por la falta de aseguramiento ante la Caja Costarricense de Seguro Social y de licencias de maternidad son de conocimiento de esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo. En los demás casos, y por las razones que se dan en esta sentencia, los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VI.-Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se rechaza de plano el recurso. El Magistrado Castillo Víquez pone nota.

Fernando Castillo V.

Presidente

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. S.zar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Alicia S.s T.

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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EXPEDIENTE N° 21-024022-0007-CO

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