Sentencia Nº N de Sala Constitucional, 06-04-2022

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha06 Abril 2022
Número de sentenciaN
Número de expedienteExp:
Revisión del Documento

*210206280007CO*

Exp: 21-020628-0007-CO

Res. Nº 2022008021

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J.é, a las nueve horas veinte minutos del seis de abril de dos mil veintidos .

Resultando:

Gestión posterior planteada por JOSÉ ANDRÉS BERMÚDEZ CASTILLO en relación con la sentencia n.° 2022002304 de las 9:15 horas del 28 de enero de 2022.

Resultando:

1.- Por escrito incorporado en el expediente digital a las 7:55 horas del 17 de marzo de 2022, el recurrente plantea gestión de desobediencia relación con la sentencia n.° 2022002304 de las 9:15 horas del 28 de enero de 2022. Manifiesta que la Sala declaró con lugar su recurso de amparo contra el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y le otorgó un mes para que se le cancelaran las prestaciones. Detalla que el ministerio recurrido fue notificado el 3 de febrero de 2022 y que, a la fecha, no se han comunicado ni han llevado a cabo lo indicado por la Sala. Solicita se intervenga para que se le cancele lo respectivo y se le cancelen los daños por el incumplimiento.

2.- Mediante resolución de magistrado instructor de las 7:18 horas el 21 de marzo de 2022, se confirió audiencia a María S.L.ópez R. y a C.M.éndez B., por su orden, directora de la Dirección de Asesoría Jurídica y director de la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos, ambos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, o a quienes ocupen tales cargos, para que se refirieran y aportaran las pruebas respecto a los hechos y omisiones que se les atribuyen.

3.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 1:18 horas del 23 de marzo de 2022, rinde informe bajo juramento M.ía S.L.ópez R., en su condición de directora a.i. de la Dirección de Asesoría Jurídica del Ministro de Obras Públicas y Transportes. Informa: () La resolución que se acusa desatendida fue notificada a la Dirección de Asesoría Jurídica el día 02 de febrero de 2022; y ordena claramente coordinar lo necesario y llevar a cabo todas las actuaciones que se encuentren dentro del ámbito de nuestras competencias, para que se le cancelen al señor José A.és B.údez Castillo los extremos que le corresponden por concepto de prestaciones laborales. La actuación de la Dirección de Asesoría Jurídica en este tipo de situaciones implica la revisión del expediente del extrabajador, a fin de determinar si es jurídicamente pertinente la cancelación de los extremos laborales que le correspondan, según la legislación laboral y estatutaria que deba respetarse en cada caso específico. Una vez realizada la revisión jurídica de rigor, se envía el asunto al despacho del señor Viceministro de Transporte y Seguridad Vial, quien, por delegación del señor Ministro, es quien Resuelve sobre la procedencia del pago o no de esos rubros, por lo que, al efecto, debe ordenar a la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos, realizar los cálculos correspondientes, para efecto de no incurrir en injusticias o pagos indebidos Siguiendo la tramitología para esos casos; y para atender lo ordenado por esa Sala Constitucional en la Resolución No. 2022-002304 de las 09:15 horas del 28 de enero de 2021, notificada a esta instancia el 02 de febrero de 2021, la Dirección de Asesoría Jurídica, mediante el instrumento No. DAJ-2021-742 de fecha 16 de febrero de 2022, dirigió el caso al Despacho del señor Viceministro de Transportes y Seguridad Vial, indicando: () Para el trámite respectivo, se adjunta proyecto de resolución mediante el cual se resuelve Reclamo Administrativo interpuesto por el ex servidor JOSE (sic) ANDRES (sic) BERMUDEZ (sic) CASTILLO, portador de la cédula de identidad 1-0946-0710, por concepto de Extremos Laborales, por Cese de Interinidad por resolución de Nómina de Personal No. MOPT-000099-2017 a partir del 30 de noviembre del 2020…” Con esa nota, trasladada al Despacho del señor Viceministro mediante el sistema de correspondencia interna Institucional (SICI), el día 16 de febrero de 2022, se atendió, en lo que a esta instancia atañe, la orden de esa Sala Constitucional. Posteriormente, el día 15 de marzo de 2021, por medio del oficio No. DAJ-2022-1205, se realizaron algunos cambios y correcciones a la información enviada. DEL PAGO EFECTIVO Y MATERIAL AL INTERESADO Siguiendo la dinámica institucional -por un asunto de seguridad jurídica, de respeto a las ordenanzas en materia presupuestal y en el afán del respeto al deber de probidad-, el pago efectivo de rubros de la naturaleza que nos ocupa no podría darse en un mes calendario, debido a que los actores en este tipo de reconocimientos son muchos y la documentación debe pasar al menos por tres instancias diferentes dentro del ministerio. De esa manera, no es que se haya desobedecido lo ordenado en la Resolución No. 2022-002304 de ese alto tribunal, sino que en casos como estos, se cae en lo que la misma sentencia prevé cuando indica “…si otro motivo no lo impide…”, que en nuestro caso, tal motivo que impide el respeto del término otorgado de un mes calendario, es la necesidad de revisión de los presupuestos jurídicos que informan cada caso específico, de los rubros monetarios a reconocer, de la resolución, firma y notificación del acto emitido por el jerarca que es la que ordena el pago y del depósito efectivo de la suma dineraria que se haya decretado en ese caso. Bajo la tesitura defendida, lo ordenado por ese tribunal, en la Resolución que nos ocupa, en el sentido de “…coordinen lo necesario y lleven a cabo todas las actuaciones que se encuentren dentro del ámbito de sus competencias, para quese le cancelen al amparado los extremos que le corresponden por concepto de prestaciones laborales, si otro motivo no lo impide…”, resulta de muy difícil cumplimiento en un mes calendario, sin embargo, la diligencia de coordinación para el pago efectivo de ese monto, si se ha dado, conforme se ordenó. Amén de lo advertido, es claro -conforme con lo informado-, que se han desarrollado actos concretos y eficaces, en tiempo y forma, para tratar de cumplir con lo ordenado en la Resolución No. 2022-002304, lo que demuestra que no ha habido desobediencia a esa resolución, sino la imposibilidad de que el interesado vea materializado el pago efectivo de las prestaciones laborales en el término decretado. La Procuraduría General de la República, en su intento por definir los elementos contenidos en el tipo penal de desobediencia y mediante la Opinión Jurídica No. OJ-130-2000 del 22 de noviembre del 2000 que cita la sentencia No. 587-1998 del Tribunal de Casación Penal y en lo conducente, ha dicho: () La culpabilidad está vinculada al actuar voluntario del agente, contrario al mandato. La desobediencia a una orden impartida por un funcionario requiere el dolo, la voluntad de incumplir o desobedecer (Tribunal de Casación Penal N° 587 de 1998).Es notorio, como se demuestra con los oficios referidos, que en el caso de marras; y en el marco de la competencia de nuestra D.ón de Asesoría Jurídica, se ha tratado de llevar a cabo las diligencias propias, con el objeto de que se le reconozcan al señor José A.és B.údez Castillo las prestaciones legales que le corresponden, y con esto, cumplir con lo ordenado en la resolución constitucional, por ello no hemos tenido la intención de desacatar lo ordenado, sino todo lo contrario. Si bien es cierto, el administrado no ha visto cumplidas totalmente sus pretensiones, sí ha existido la diligencia posible de parte de la Dirección de Asesoría Jurídica, para atender el requerimiento del señor Bermúdez Castillo y la ordenanza de esa Sala Constitucional, por lo que en consecuencia se ha cumplido -en el marco de nuestras posibilidades reales-, con lo ordenado en la Resolución No. 2022-002304 de las 09:15 horas del 28 de enero de 2021, por lo cual no hemos desobedecido lo prescrito en ese acto resolutivo y mucho menos, hemos podido incurrir en el ilícito de Desobediencia.. Solicita se declare sin la gestión formulada.

4.- Por constancia emitida por la técnica judicial 3 y la secretaria, ambos de la Sala Constitucional, señalan que a las 10:34 horas del 31 de marzo de 2022 no consta que, entre el 23 al 30 de marzo de 2022, el director Gestión Institucional de Recursos Humanos del Ministerio de Obras Pública y Transportes haya rendido el informe solicitado mediante resolución de las 7:21 horas el 23 de marzo de 2022.

5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

R..e.M....R.L.; y,

Considerando:

I.- En la sentencia n.° 2022-002304 de las 9:15 horas del 28 de enero de 2022 se dispuso:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a M.ía S.L.ópez R. y a C.M.éndez B., por su orden, directora de la Dirección de Asesoría Jurídica y director de la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos, ambos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, o a quienes ocupen tales cargos, que coordinen lo necesario y lleven a cabo todas las actuaciones que se encuentren dentro del ámbito de sus competencias, para que, en el plazo máximo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se le cancelen al amparado los extremos que le corresponden por concepto de prestaciones laborales, si otro motivo no lo impide y en caso de que, al momento de notificación de esta sentencia, aún tales prestaciones no le hayan sido canceladas. Se advierte a la autoridad recurrida, que de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. N.íquese.

Tal pronunciamiento fue notificado a la autoridad recurrida el 3 de febrero de 2022.

II.- SOBRE LA GESTIÓN PLANTEADA. En el sub examine, el recurrente plantea gestión de desobediencia relación con la sentencia n.° 2022002304 de las 9:15 horas del 28 de enero de 2022. Manifiesta que la Sala declaró con lugar su recurso de amparo contra el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y le otorgó un mes para que se le cancelaran las prestaciones. Detalla que el ministerio recurrido fue notificado el 3 de febrero de 2022 y que, a la fecha, no se han comunicado ni han llevado a cabo lo indicado por la Sala. Solicita se intervenga para que se le cancele lo respectivo y se le cancelen los daños por el incumplimiento.

Al respecto, la Sala observa que lo ordenado por este Tribunal en la supracitada sentencia fue: que coordinen lo necesario y lleven a cabo todas las actuaciones que se encuentren dentro del ámbito de sus competencias, para que, en el plazo máximo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se le cancelen al amparado los extremos que le corresponden por concepto de prestaciones laborales, si otro motivo no lo impide y en caso de que, al momento de notificación de esta sentencia, aún tales prestaciones no le hayan sido canceladas.

Sobre el particular, las autoridades recurridas informaron que se ha seguido el siguiente procedimiento para el pago de las prestaciones: () Para el trámite respectivo, se adjunta proyecto de resolución mediante el cual se resuelve Reclamo Administrativo interpuesto por el ex servidor JOSE (sic) ANDRES (sic) BERMUDEZ (sic) CASTILLO, portador de la cédula de identidad 1-0946-0710, por concepto de Extremos Laborales, por Cese de Interinidad por resolución de Nómina de Personal No. MOPT-000099-2017 a partir del 30 de noviembre del 2020…” Con esa nota, trasladada al Despacho del señor Viceministro mediante el sistema de correspondencia interna Institucional (SICI), el día 16 de febrero de 2022, se atendió, en lo que a esta instancia atañe, la orden de esa Sala Constitucional. Posteriormente, el día 15 de marzo de 2021, por medio del oficio No. DAJ-2022-1205, se realizaron algunos cambios y correcciones a la información enviada. DEL PAGO EFECTIVO Y MATERIAL AL INTERESADO Siguiendo la dinámica institucional -por un asunto de seguridad jurídica, de respeto a las ordenanzas en materia presupuestal y en el afán del respeto al deber de probidad-, el pago efectivo de rubros de la naturaleza que nos ocupa no podría darse en un mes calendario, debido a que los actores en este tipo de reconocimientos son muchos y la documentación debe pasar al menos por tres instancias diferentes dentro del ministerio. De esa manera, no es que se haya desobedecido lo ordenado en la Resolución No. 2022-002304 de ese alto tribunal, sino que en casos como estos, se cae en lo que la misma sentencia prevé cuando indica “…si otro motivo no lo impide…”, que en nuestro caso, tal motivo que impide el respeto del término otorgado de un mes calendario, es la necesidad de revisión de los presupuestos jurídicos que informan cada caso específico, de los rubros monetarios a reconocer, de la resolución, firma y notificación del acto emitido por el jerarca que es la que ordena el pago y del depósito efectivo de la suma dineraria que se haya decretado en ese caso. Bajo la tesitura defendida, lo ordenado por ese tribunal, en la Resolución que nos ocupa, en el sentido de “…coordinen lo necesario y lleven a cabo todas las actuaciones que se encuentren dentro del ámbito de sus competencias, para quese le cancelen al amparado los extremos que le corresponden por concepto de prestaciones laborales, si otro motivo no lo impide…”, resulta de muy difícil cumplimiento en un mes calendario, sin embargo, la diligencia de coordinación para el pago efectivo de ese monto, si se ha dado, conforme se ordenó. Amén de lo advertido, es claro -conforme con lo informado-, que se han desarrollado actos concretos y eficaces, en tiempo y forma, para tratar de cumplir con lo ordenado en la Resolución No. 2022-002304, lo que demuestra que no ha habido desobediencia a esa resolución, sino la imposibilidad de que el interesado vea materializado el pago efectivo de las prestaciones laborales en el término decretado. La Procuraduría General de la República, en su intento por definir los elementos contenidos en el tipo penal de desobediencia y mediante la Opinión Jurídica No. OJ-130-2000 del 22 de noviembre del 2000 que cita la sentencia No. 587-1998 del Tribunal de Casación Penal y en lo conducente, ha dicho: () La culpabilidad está vinculada al actuar voluntario del agente, contrario al mandato. La desobediencia a una orden impartida por un funcionario requiere el dolo, la voluntad de incumplir o desobedecer (Tribunal de Casación Penal N° 587 de 1998).Es notorio, como se demuestra con los oficios referidos, que en el caso de marras; y en el marco de la competencia de nuestra D.ón de Asesoría Jurídica, se ha tratado de llevar a cabo las diligencias propias, con el objeto de que se le reconozcan al señor José A.és B.údez Castillo las prestaciones legales que le corresponden, y con esto, cumplir con lo ordenado en la resolución constitucional, por ello no hemos tenido la intención de desacatar lo ordenado, sino todo lo contrario. Si bien es cierto, el administrado no ha visto cumplidas totalmente sus pretensiones, sí ha existido la diligencia posible de parte de la Dirección de Asesoría Jurídica, para atender el requerimiento del señor Bermúdez Castillo y la ordenanza de esa Sala Constitucional, por lo que en consecuencia se ha cumplido -en el marco de nuestras posibilidades reales-, con lo ordenado en la Resolución No. 2022-002304 de las 09:15 horas del 28 de enero de 2021, por lo cual no hemos desobedecido lo prescrito en ese acto resolutivo y mucho menos, hemos podido incurrir en el ilícito de Desobediencia.

Así las cosas, este Tribunal acredita que ha acaecido un incumplimiento a lo ordenado en la sentencia n.° 2022002304 de las 9:15 horas del 28 de enero de 2022, toda vez que ha transcurrido sobradamente el plazo otorgado por esta Sala, sin que se haya efectuado el pago de las prestaciones laborales del tutelado.

Finalmente, en cuanto a la pretensión para que al amparado se le cancelen los daños por el alegado incumplimiento, se trata de una cuestión que no corresponde ser dirimida en la vía constitucional, sino en la jurisdicción ordinaria.

E., se acoge la gestión de desobediencia planteada.

III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se acoge la gestión formulada. Se reitera a M.ía S.L.ópez R. y a C.M.éndez B., por su orden, directora de Asesoría Jurídica y director de Gestión Institucional de Recursos Humanos, ambos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, o a quienes ocupen tales cargos, el cumplimiento inmediato de lo dispuesto en la sentencia n.° 2022-002304 de las 9:15 horas del 28 de enero de 2022. Lo anterior se dicta bajo el apercibimiento de ordenarse la apertura de un procedimiento administrativo en su contra si no lo hicieren. N.íquese esta sentencia a María S.L.ópez R. y a C.M.éndez B., por su orden, directora de Asesoría Jurídica y director de Gestión Institucional de Recursos Humanos, ambos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, o a quienes ocupen tales cargos, en forma personal.

Fernando Castillo V.

Presidente

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Jose Roberto Garita N.

Documento Firmado Digitalmente

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*JQ3WJB2947R061*

JQ3WJB2947R061

EXPEDIENTE N° 21-020628-0007-CO

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