Sentencia de Sala Primera de la Corte, 29-03-2022

EmisorSala Primera de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expedienteExp:
Fecha29 Marzo 2022
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Exp: 16-004452-1027-CA

Res. 000748-F-S1-2022

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J.é, a las diez horas veinte minutos del veintinueve de marzo de dos mil veintidos .

Proceso de conocimiento establecido por Constructora Santa Fe Limitada, contra Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), C.ía General de la República, el Estado, C.H.án S. S.R.L., Grupo Orosi S.A. Constructora Meco S.A. La sociedad actora presenta recurso de casación contra la sentencia 60-2019-V, dictada a las trece horas tres minutos del veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, S.ón Quinta.

Redacta la magistrada V.V.ásquez;

CONSIDERANDO

  1. La apoderada especial judicial de la sociedad actora presentó escrito de demanda en el que señaló, el Consejo Nacional de Vialidad dio inicio el proceso de contratación de la Licitación Pública 2014LN-000018-0CV00, Mantenimiento periódico y rehabilitación de la Red Vial Nacional Pavimentada, realizando la primera publicación del cartel e invitación a participar mediante publicación en el Diario Oficial La Gaceta No. 227 del 25 de noviembre del 2014, y posterior a la etapa recursiva de objeciones al cartel, publicó formal invitación a los todos los interesados personas físicas y jurídicas para participar en la Licitación Pública 2014LN-000018-0CV00, Mantenimiento periódico y rehabilitación de la Red Vial Nacional Pavimentada, mediante publicación en el Diario Oficial La Gaceta No. 195 del 7 de Octubre del 2015, la cual cuenta con diez líneas susceptibles de adjudicación. Explicó, la C.ía General de la República, mediante R.ón No. DCA-2663 del 20 de octubre del 2015, autorizó la ampliación de los contratos de Conservación Vial por un año más, por lo que el mantenimiento vial de las rutas nacionales y específicamente el mantenimiento periódico y rehabilitación de la red vial nacional pavimentada estaba atendido, por la autorización en los siguientes términos: “… 1. Se autoriza al Consejo Nacional de Vialidad CONAVI para llevar a cabo la modificación de los contratos implementados con ocasión de los oficios 11093 DCA-2716- del 16 de octubre del 2014 y 11552 -DCA-2815- del 29 de octubre del 2014, referentes a los servicios de Conservación Vial de la Red Vial Nacional Pavimentada, con las empresas: C.H.án Solís SRL (Líneas 22, 21, 20, 18, 15, 6, 5, 4, 3, 13, 8, 7, 10), CONANSA S.A. (línea 19), Constructora MECO S.A. (Líneas 17, 14, 12, 2, 1, 11), Grupo Orosi (línea 16), Quebradores del Sur S.A. (Línea 9), bajo los mismos precios unitarios, renglones de pago y condiciones contractuales de la Licitación Pública N° 2009LN- 000003-CV, por el plazo de un año contado a partir de la aprobación interna que por parte de la institución se debe dar a cada una de las adendas que se suscriban, y por un monto de ¢81.455.233.478,37 (ochenta mil cuatrocientos cincuenta y cinco millones doscientos treinta y tres mil cuatrocientos setenta y ocho colones con treinta y siete céntimos…” . M.ó, el cartel de la contratación tuvo cuatro enmiendas y estableció requisitos de admisibilidad en su aparte 6. Detalló, según el Acta de Apertura 264-2015, el día y hora señalados presentó formal oferta para las líneas de la 1 a la 6, 9 y 10, a la cual se le asignó el número 8. Explica, dentro de los requisitos de admisibilidad, los oferentes debían contar con plantas productoras de asfalto, por lo cual para las líneas ofertadas por su representada ofreció 3 plantas de asfalto, de las cuales solo 2 contaban con todos los requisitos de vigentes y al día para su funcionamiento, con lo que, de acuerdo al pliego de condiciones aparte 6.9, la oferta contaba con posibilidades reales de ser adjudicataria de 4 líneas, de las 8 líneas ofertadas. Adujo, según el Acta de Apertura No. 264-2015, su oferta, en orden de precio, fue para LÍNEA 5 (Santa Cruz Nicoya), la primera, en la LINEA 4 (Liberia) la segunda, en la LINEA 3 (Los Santos-Cartago-Turrialba), tercera, LINEA 2 (Los Santos-Cartago-Turrialba), tercera también. Manifiesta, dentro del proceso de estudio y análisis de ofertas, la D.ón de Asuntos Jurídicos, después de solicitar las subsanaciones correspondientes y necesarias a los oferentes, emitió el Análisis Legal mediante Oficio No. 27 de noviembre del 2016, indicando que la oferta presentada por Constructora Santa Fe Ltda., era elegible y susceptible de adjudicación. Continuó, la D.ón de Costos solicitó subsane a varios oferentes, pero no solicito ningún subsane a la empresa Constructora Santa Fe Ltda. Añadió, la D.ón Financiera mediante Análisis Financiero: FIN-01-2015-315 (359), señala que su oferta califica financieramente para desarrollar el proyecto y la D.ón de Costos del CONAVI, emite el Oficio No. GCTT-01-15-1359, mediante el cual, de forma preliminar, realiza el Estudio de Razonabilidad de Precios de la oferta de Constructora Santa Fe Ltda., determinando la supuesta existencia de un error en el ítem Material de Secado ya que al revisar la memoria de cálculo correspondiente a la línea 1, señala que la misma contiene errores en la propuesta de personal para el manejo de la maquinaria, indicando además que se realizó el mismo ejercicio en las demás memorias de cálculo para las líneas 2,3,4,5,6,9, y 10 por lo que de conformidad con la legislación, según señala la dirección de costos no queda más que declararla inelegible. Adujo, en relación a los requisitos técnicos solicitados, Santa Fe cumplió con todos los requisitos de admisibilidad del cartel, establecidos en el parte 6, y específicamente en relación al requisito de Plantas de Asfalto la oferta presento 3 plantas de asfalto, de las cuales 2 cumplen técnicamente con todos los requisitos legales para su funcionamiento, hecho acreditado según Análisis Técnico de las ofertas emitido mediante oficio GCSV-01-16-179, de fecha 03 de febrero del 2016. Señaló, la Gerencia de Conservación de Vías y P. a fin de realizar el Análisis Técnico de las ofertas, solicita criterio legal a la Gerencia de Asuntos Jurídicos del CONAVI respecto a una de las plantas de asfalto ofrecidas por su representada ya que esta también había sido ofrecida por la empresa CONANSA. M.ó, el CONAVI mediante el Análisis Técnico de las ofertas (Oficio GCSV-01-16-179, de fecha 03 de febrero del 2016), sin contar con el criterio legal solicitado sobre el cuestionamiento de una de las 2 plantas de asfalto ofrecidas, señala que su oferta cumple con todos los requisitos técnicos por lo que es susceptible de adjudicación de solo una línea, y, en vista de no contar con el criterio legal solicitado en cuanto a las plantas de asfalto y en razón de que ya la D.ón de Costos previamente ya había descalificado la plica, la oferta de su representada Constructora San Fe resultaba ser inelegible. Mencionó, mediante oficio DCVP 43-16-0151 de fecha 3 de marzo de 2016, emitido por la D.ón de Costos de Vías y P., y suscrito por el Ing. J.B.R.írez, se concluye: Por la forma en que se realiza el análisis técnico y de razonabilidad de precios de las ofertas presentadas en esta licitación, el informe de razonabilidad de precios contrario a lo acostumbrado- no contiene una recomendación de la oferta a adjudicar (nombre del oferente y monto y plazo de la oferta); no obstante lo anterior y para claridad, debemos indicar que desde la perspectiva de razonabilidad de precios, no existe inconveniente alguno, en que se adjudiquen las ofertas presentadas por C.H.án Solís, S.R.L., para las líneas indicadas en el cuadro siguiente, por el monto que determine la Gerencia de Conservación de Vías y P., una vez revisados el sumario de cantidades presentados., y Se advierte que el presente informe se hace únicamente de la oferta presentada por la C.H.án Solís, S.R.L., lo anterior para facilitar la adjudicación de las ofertas presentadas por esta empresa en las líneas indicadas más adelante, pues interpretamos que existe interés de la Administración en adjudicar este concurso a la mayor brevedad posible. Explicó, la C.ón de Adjudicaciones sesionó el 7 y 8 de marzo del 2016, y resolvió mediante oficios: CRA-021-2016 y CRA-022-2016 recomendar a la adjudicación de las líneas 2,3,4 y 5 de la siguiente forma: CRA-021-2016 CONSTRUCTORA HERNAN SOLIS LINEA 5 ¢16.577.831.230,97; CRA-022-2016 CONSTRUCTORA HERNAN SOLIS LINEA 2 ¢17.187.471.845,40; Constructora MECO LINEA 3 ¢17.072.283.152,02, CONSTRUCTORA HERNAN SOLIS LINEA 4 ¢8.389.299.085,83 Indicó, en S.ón: 1295-16 Artículo VI, celebrada el 17 de marzo del 2016, L.. G.T....A., Asesora Legal del CONAVI, defiende la adjudicación C.H.án Solís Ltda. emitiendo criterio legal respecto al condicionamiento de las garantías de participación y descuentos ofrecidos y, el Consejo de Administración del CONAVI, mediante oficio: ACA 01-16-0223, S.ón: 1295-16 Artículo VI, celebrada el 17 de marzo del 2016, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 63, del primero de abril del 2016, en votación dividida acuerda adjudicar las líneas 2,4 y 5 a C.H.án Solís y línea 3 a Constructora MECO. Explicó, dentro del plazo establecido en artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el 18 de abril del 2016, presentó formal recurso de apelación ante la C.ía General de la República, denunciando serios vicios del procedimiento que invalidan las ofertas adjudicatarias, tales como condicionamiento de las garantías de participación y descuentos ofrecidos por la adjudicataria C.H.án Solís Ltda. y errores en la memorias de cálculo de C.M.S.A.ó, a pesar de todo lo alegado el recurso de apelación, el Órgano C. lo declara inadmisible por improcedencia manifiesta, esto mediante R.ón R-DCA-361-2016 de fecha 2 de mayo del 2016. Explicó, las empresas H.án Solís, Constructora MECO, Grupo Orosi S.A., Constructora Sánchez Carvajal y Consorcio del Norte; también presentaron recurso de apelación contra el acto de adjudicación, siendo un punto concurrente en todos los recursos, la denuncia sobre vicios nulidad de la oferta C.H.án Solís, en condicionamiento de la Garantía de Participación y de los descuentos ofrecidos, pero indicó, las empresas MECO S.A. y C.H.án Solís Ltda., presentaron desistimiento de los recursos de apelación interpuestos ante la C.ía General de la República, aún y cuando también denuncian vicios nulidad en el acto de adjudicación y solicitan su revocación del acto de adjudicación; quedando para conocimiento del Órgano C. únicamente el recurso de apelación interpuesto por Grupo Orosi S.A. Expuso, al contestar la audiencia inicial la D.ón de Costos, mediante Oficio GCTT-01-16-508, indica que la oferta de Constructora Santa Fe, mantiene errores en la memoria de cálculo Material de Secado solo en la Línea 1, cuando meses atrás mediante Oficio No GCTT-01-15-1359, había manifestado que los errores se mantenían en todas las líneas ofertadas. La parte actora, en la ampliación de demanda añadió, la adjudicación de la línea 3 de la Licitación Pública fue anulada por la C.ía General de la Republica mediante R.ón No. R-DCA-631-2016, en aplicación del artículo 28 de su Ley Orgánica; ordenando al CONAVI realizar un análisis exhaustivo respecto a si se debe o no desglosar el precio del asfalto y el concreto ofertado, con el objetivo de verificar si estos contienen rubros de personal y maquinaria sujetos a reajuste de precios, así como lograr determinar los salarios cumplen o no con el Decreto de Salarios Mínimos. Indicó, el CONAVI emite el Oficio GCTT-01-16-0765 de fecha 04 de agosto del 2016, mediante el cual pretende cumplir con lo solicitado por el Órgano C. y con base este informe vuelve a readjudicar la Línea 3 a C.H.án Solís S.R.L.; por lo que constructora Santa Fe, el 24 de octubre del 2016, procedió a presentar recurso de apelación contra ese acto de readjudicación de la Línea 3, el cual fue rechazado de plano por la CGR mediante R.ón No. R-DCA-899-2016, notificada el 8 de noviembre del 2016. Las pretensiones originales de la demandada fueron ajustadas en distintos momentos procesales, estableciéndose finalmente de la siguiente manera: "1) Que se acoja en todos sus extremos la presente demanda. 2) Que se declare disconforme con el ordenamiento jurídico la resolución R-DCA-899-2016 de las diez horas y dos minutos del siete de noviembre de dos mil dieciséis, emitida por la C.ía General de la República. 3) Que se declare disconforme con el ordenamiento jurídico el oficio GCTT-15-1359 de la D.ón de Costos del CONAVI. 4) Que se declare disconforme con el ordenamiento jurídico la R-DCA-361-2016 de las trece horas cuarenta y cinco minutos del 2016 de la C.ía General de la República. 5) Que se condene a las entidades demandadas CONAVI y C.ía General de la República al pago de daños y perjuicios, sumas que deberán ser debidamente indexadas. 6) Que se condene a los demandados al pago de ambas costas. Las partes demandadas contestaron negativamente y en su orden, opusieron defensas, según el siguiente detalle, el CONAVI, falta de derecho, falta de legitimación ad causam pasiva y falta de interés actual; la CGR planteó la falta de derecho, la falta de legitimación ad causam activa, y la falta de interés actual; el Estado falta de derecho, falta de legitimación ad causam activa y la falta de interés actual; Grupo Orosi falta de derecho y la falta de legitimación pasiva; la constructora H.án S. defectuosa representación y la falta de interés actual, falta de legitimación ad causam activa y pasiva y falta de derecho; la empresa Constructora Meco S.A., defectos no subsanables, que las pretensiones se deducen contra actos no susceptibles de impugnación, falta de legitimación ad causam activa y la falta de derecho. Interlocutoriamente, fue resuelta de forma negativa la defensa de falta de interés actual. Mediante resolución No. 958-2017 de las quince horas cincuenta y dos minutos del dos de mayo de 2017, la juzgadora de trámite tuvo por parcialmente desistida la demanda respecto a la demandada Grupo Orosi S.A. Por resolución 1710-2017 de las 11:29 horas del 3 de agosto de 2017, se tuvo por desistida la demanda respecto las empresas C.H.án S.L.. y Constructora Meco S.A. En Audiencia Preliminar realizada el 30 de agosto de 2017, la juzgadora admite la ampliación de hechos planteada por la parte actora; además, se ajustó la pretensión segunda en los términos supra señalados. El juicio oral y público se celebró el 3 de julio de 2019. El Tribunal, rechazó las defensas de falta de legitimación ad causam pasiva y la falta de interés actual, acogió la defensa de falta de derecho, declaró sin lugar la demanda y condenó a la parte perdidosa al pago de las costas. Disconforme, la sociedad actora interpone recurso de casación.
  2. La casacionista, con base a lo establecido en el artículo 145 y 143 del Código Procesal Contencioso Administrativo, solicita incorporar como prueba nueva, el Oficio No. DCV-43-15-1332 emitido el 02 de diciembre del 2015, y el Criterio Técnico que lo analiza. Para resolver esta solicitud, es indispensable recordar la regulación que rige la prueba en esta etapa procesal. Al respecto, el numeral 145 del Código Contencioso Administrativo (CPCA), contempla la posibilidad de que las partes presenten únicamente prueba documental referida a hechos nuevos y posteriores a la sentencia recurrida, en el entendido de que además deberán jurar no haberla conocido antes. El requerimiento presentado por la casacionista, no versa sobre hechos nuevos y posteriores a la sentencia recurrida, pues es un oficio que, como ella misma señala, se dictó el 2 de diciembre de 2015, es decir es un documento anterior a la sentencia, la cual fue dictada a las trece horas tres minutos del veinticuatro de julio de dos mil diecinueve. Por consiguiente, al no cumplir el documento traído por la parte con las condiciones de la prueba regulada en el numeral 145 del CPCA, esta no resulta de recibo.
  3. La recurrente en su escrito recursivo inicial señala un único agravio de forma general que titula y segmenta como indebida valoración de prueba y vicios en el procedimiento de recepción de prueba, además al plantear cada uno de los acápites, entremezcla argumentos relativos a distintas causales, lo que hace que su recurso resulte confuso y carente de una adecuada estructuración. No obstante, de una lectura íntegra de sus argumentos se deriva que presenta tres reproches, dos de naturaleza procesal y uno de fondo. Además, mediante escrito presentado el 5 de marzo pasado, presenta ampliación de recurso, acusando, entiende esta Cámara, indebida valoración probatoria. En virtud de lo anterior, procede esta Sala a resolver los agravios de forma independiente y según su naturaleza.

Motivos de forma

  1. En el primer reproche acusa indefensión. Explica, en la audiencia preliminar de las 9:45 del 3 de noviembre del 2017, se admitieron tanto el Informe Técnico elaborado por el Ingeniero W.A., como su declaración como perito, con el objeto de que en juicio explicara la forma y los alcances del informe elaborado, toda vez que el informe contiene cálculos y métodos técnicos que requerían ser explicados por el experto. Indica, a pesar de que el informe es un documento extenso y que fue emitido hace más de un año, el Tribunal denegó la solicitud del uso del video beam para su exposición y tampoco le permitió el apoyo visual del documento con el fin de verificar datos o números a fin de hacer su declaración más precisa. Acusa, el Tribunal ni siquiera consultó que se pretendía exponer con el video beam, sino que bajo una simple y ligera presunción indica que la utilización podría generar indefensión a las partes que no conocían que se iba a proyectar, con lo que causó indefensión a la parte actora y violentó lo establecido respecto de los medios de prueba consignados en el CPC y CPCA, donde se le permite al perito contratado por la parte actora apoyar en todo tipo de equipo audiovisual o tecnológico para exponer su pericia lo anterior. Aunado a lo anterior, explica, a pesar de que el informe fue admitido en su totalidad, el Tribunal bajo un vicio absoluto del procedimiento, no permite que el Ing. A.C. en su declaración se refiera a la totalidad de su informe y limitó su intervención dejándole en indefensión. Explica, la justificación de los juzgadores fue indicar que al haberse desistido de la demanda en contra de las empresas adjudicatarios, no se permitirían preguntas relacionadas los yerros de sus ofertas, cometiendo un grave error de interpretación ya que no es objeto del proceso actuaciones de las empresas sino sobre las actuaciones y omisiones del CONAVI y la CGR en la evaluación de las ofertas, por lo que referirse a la forma en la cual el CONAVI paso por alto errores similares al de su representada, no requiere de la defensa de dichas empresas sino del CONAVI, la CGR y del Estado quien realizaron las evaluaciones o bien consintieron las mismas. En ese sentido, añade, se dio indefensión al negar cualquier acceso o apoyo documental que pudiera requerir el perito, y al delimitar el interrogatorio de las partes impidiendo que el Ingeniero A. pudiera referirse de forma precisa al extenso informe y todo su contenido. Aduce, el Tribunal impidió, que tanto el perito como las partes pudieran hacer preguntas relacionadas a las omisiones del CONAVI al dejar pasar errores en otras ofertas adjudicatarios, siendo el objeto de proceso precisamente violación al principio de igual de trato y al debido proceso en evaluación de las ofertas. Indica, el Tribunal señala erróneamente, que el testigo fue admitido como testigo perito, y no como perito por lo que no puede referirse al expediente de licitación de sobre la evaluación de las ofertas, y que en su declaración solo puede referirse sobre hechos que le constan, por lo que únicamente podría referirse a su Informe Técnico, no obstante, explica, bajo estas aseveraciones del Tribunal, no se tiene claro, entonces, que folios del informe fueron admitidos, siendo que dio inicio sin exclusión alguna de prueba por parte del Tribunal, por lo que siendo así no podía limitar al perito a solo referirse a lo que para ellos era únicamente el objeto del proceso, sino que, aduce, tenía la parte actora el derecho de hacer una exposición total del informe el día de la audiencia de juicio. Indica, el Tribunal violentó lo establecido en los artículos 105 y 106 del CPCA, así como lo establecido en los artículos 41.2, 41.3, 41.5,43.1, 44.1,45.1, 45.2 del NCPC, lo que conlleva a vicios en el procedimiento en la declaración del testigo-perito, así como una indebida valoración de la prueba técnica aportada ya que se trata de un documento técnico cuyo contenido nunca fue de desvirtuado por la actora quedando acreditada la integridad del mismo, cosa que el Tribunal de Juicio no lo acredita de esta forma ni realiza una valoración integral del informe a la luz de la declaración.
  2. En el segundo agravio procesal acusa vicios en el procedimiento de evacuación de la prueba del testimonio del testigo funcionario público ofrecido por la parte actora y parte demanda. Explica, tanto la parte actora como la parte demanda ofrecieron como testigo-funcionario público al Ing. H.O., quien fue uno de los que realizó el análisis de las memorias de cálculo de Constructora Santa Fe Ltda. y uno de los que firma el Oficio No GCTT-0 1-15-1359 de fecha 15 de diciembre del 2015, que excluyó la oferta de la parte actora. Indica, el Ingeniero O. fue ofrecido por la parte actora a fin de que se refiriera al GCTT-01-15-1359 de fecha 15 de diciembre del 2015, y por parte del CONAVI para referirse a todos los hechos, sin especificar concretamente a cuáles hechos. Aduce, no obstante, lo anterior, el Tribunal delimitó el testimonio del Ing. O. no permitiéndole referirse a aspectos y valoraciones técnicas utilizadas para la evaluación de las memorias de cálculo de Constructora Santa Fe Ltda., fundamentos técnicos que, a su vez fueron base para emitir el Oficio No. GCTT-01-15-1359 de 15 de diciembre del 2015, objeto del proceso. Indica, el Tribunal no permitió preguntas relacionadas con aspectos propios del Oficio GCTT-OI-15-1359, tales como el equipo y el personal propios y necesarios para realizar la actividad de material de secado, estos aspectos el señor O. debía conocer y analizar para así determinar si el error podía ser subsanable o no. Añade, quedó acreditado con el testimonio rendido por el Ing. O., que el fundamento utilizado para la exclusión de lo oferta es contrario al ordenamiento jurídico ya no se basa ni en un criterio técnico ni en la ley ni en el reglamento, tampoco se asienta en principios constitucionales que rigen la materia de la contratación administrativa, sino que se basa en dos R.ones de la C.ía General de la República las cuales, acusa, no son fundamento para su exclusión, porque existen criterios de la misma C.ía que señalan lo contrario. Manifiesta, la importancia de comprender técnicamente la razón de exclusión de la oferta del concurso radica en que la prueba técnica aportada demuestra lo contrario a lo dicho por CONAVI, comprobándose técnicamente el error en la memorias de cálculo del reglón de pago "Material de Secado", el que podía corregirse sin desmejorar la oferta, ya que se procedió con la eliminación del equipo que se incluyó de más el cual es innecesario para la realizar la actividad; por lo que al corregirse la memoria de cálculo, únicamente se elimina el equipo por error consignado y se cambian los rendimientos para realizar la actividad sin modificar el precio del reglón de pago ni el precio global de la oferta. Concluye, el argumento y fundamento utilizado por el CONAVI para excluir su oferta queda desvirtuado ya que ninguna de las partes demandadas ofreció prueba que contradiga el Informe Técnico ofrecido y tampoco la declaración de testigo-funcionario público fue de utilidad para demostrar lo contrario, por lo que, señala, existen vicios de procedimiento y de violaciones sustanciales a la normativa que rige la contratación administrativa así como violaciones evidentes a los principios constitucionales que rigen la materia que permiten la admisibilidad del recurso y la nulidad de la sentencia recurrida.
  3. En ambos reproches, el casacionista presenta argumentos relativos a indefensiones que, alega, fueron causadas por delimitaciones en el interrogatorio realizados en la etapa del juicio oral y público. En ese sentido, el Código Procesal Contencioso Administrativo, contempla la defensa que debió ejercer en aquella etapa procesal; específicamente el numeral 107, establece en su apartado tercero que: 3) Quien presida moderará el interrogatorio y evitará que el declarante conteste preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes; procurará que el interrogatorio se conduzca sin presiones indebidas y sin ofender la dignidad de las personas. Las partes podrán impugnar las resoluciones de quien presida, cuando limiten el interrogatorio, o podrán objetar las preguntas que se formulen, en cuyo caso el Tribunal podrá ordenar el retiro temporal del declarante. El Tribunal resolverá de inmediato. En su escrito, la recurrente no hace referencia a la interposición recurso alguno para objetar lo que consideró una limitación a los interrogatorios y al analizarse por parte de esta Cámara la recepción de la prueba del juicio oral y público, soportado de forma electrónica en el expediente digital, se observa que quien presidió el Tribunal claramente explicó a todas las partes que la declaración de don William se solicitó y admitió en la audiencia preliminar, en condición de testigo, no de perito, por lo que ese sería el tratamiento que se le daría por parte del Tribunal y de las partes en el interrogatorio. En ese sentido, justificó que no era posible permitir el uso del video beam solicitado, puesto que en su condición de testigo podría incluir aspectos adicionales a lo que contenía el informe que generaría una disparidad procesal con la consecuente indefensión. Ante las manifestaciones del Tribunal y la inadmisión de las preguntas formuladas, la parte actora señaló estar de acuerdo y no presentó objeción ni recurso alguno. Entonces, del análisis de la recepción de esa prueba, se constata que tal oposición no sucedió. En cuanto al testimonio de don H., consta que, durante el Juicio Oral y Público se aclaró por parte del CONAVI que el testigo no era común, por lo que quedó definido en ese momento que, por haberle ofrecido por la parte actora, el testigo fue admitido para referirse únicamente al oficio No. GCTT-01-15-1359 de 15 de diciembre del 2015, sin que contra tal disposición se presentara recurso alguno. Por el contrario, la parte actora manifestó su conformidad. Por consiguiente, al no cumplirse con lo dispuesto en el cardinal 137 inciso 2, en cuanto a que, al alegar razones procesales será necesario haber gestionado ante el órgano jurisdiccional la pertinente la rectificación del vicio, ambos reproches deberán denegarse.

Motivos de fondo

  1. En el primer agravio de este tipo, acusa errónea valoración del Informe Técnico elaborado por el Ing. W.A.C.. Aduce, el informe se concentra en una explicación amplia y detallada que desvirtúa los argumentos utilizados por el CONAVI para excluir su oferta del concurso. Indica, el informe señala no solo en qué consiste el error en la memoria de cálculo, sino cómo ese error es absolutamente subsanable, no por el hecho que a otros oferentes se le haya permitido justificar errores similares, sino porque desde el punto de vista técnico, y en materia de costos, resultaba ser un error susceptible de corrección sin modificar el precio ofertado, por lo que de ninguna forma la solicitud de subsanación de dicho error, hubiera constituido una ventaja indebida para los demás oferentes y, por el contrario, la administración licitante hubiera contado con una oferta técnica, legal y financieramente elegible y con un precio mucho menor que el que fue adjudicado en las líneas 2, 3, 4 y 5 del concurso. Aduce, para llegar a dicha demostración técnica, el Ing. A.C. entra a realizar una serie de cálculos de costos que vienen a demostrar como la actividad de material de secado no constituye un error en la totalidad de la oferta. En consecuencia era un error en un reglón de pago secundario cuya implicación porcentual dentro de la oferta era de 0.72% del costo por kilómetro ofertado, siendo un error insignificante dentro de toda la oferta, y que además era susceptible de corrección sin generar una ventaja indebida, ni modificar el precio, por lo que, explica, ni el CONAVI, el Estado ni la C.ía General de la República podrían argumentar afectación alguna al interés público, y por el contrario, de haberse permitido la subsanación, como en derecho correspondía, se hubiera dado un beneficio al erario público porque el precio de su oferta era mucho menor, lo que generó al Estado un pago innecesario. Indica, el informe técnico explica en que consiste una Memoria de Cálculo y cuál es su utilidad para el desglose del precio ofertado, explica en qué consiste el Renglón de Pago "Material de Secado", así como la actividad a realizar y la forma en la cual, en el campo, se pone en práctica la colocación del material de secado, esto con el fin de comprender como el error señalado por el CONAVI, consistió en consignar un equipo extra en la memoria, lo que generó el faltante de un operario, y según Oficio No. GCTT-01-15-1359 de fecha 15 de diciembre del 2015, CONAVI y lo ordenado en R.ón 199 - 2015 de la CGR, conlleva un incumplimiento insubsanable; no obstante, aduce, queda acreditado con el informe técnico realizado por el Ing. A., que dicho equipo no es requerido para la colocación del material del secado por lo que el operario faltante tampoco lo era, siendo así, no se trata de ninguna forma una desatención a los requisitos cartelarios, ni mucho desconocimiento de la actividad a realizar, sino de un simple error, que bajo el instituto de la subsanación establecidos en los artículos 80 y 81 del Reglamento a la Ley Contratación Administrativa resultaba posible. Señala, tanto del Informe Técnico escrito como en su ampliación, el Tribunal dio audiencia a las partes demandas, no obstante, ninguna de ellas lo desacreditó desde un punto de vista técnico, sino que se limitaron a realizar una oposición de orden legal insuficiente para desvirtuar el contenido del mismo, por tal motivo, en su opinión, ha acreditado que el Tribunal de Juicio nunca tuvo prueba técnica que logrará desvirtuar la teoría del caso de la actora, en cuanto a que el error señalo por el CONAVI era subsanable por tres motivos debidamente acreditados: es un error cuya subsanación se puede realizar sin modificar el precio ofertado, por lo que no genera una ventaja indebida a ningún oferente, el error es insignificante dentro de la oferta y el precio ofertado, la corrección del error desde punta de vista técnico, no desatiende normas técnicas ni cartelarias ya que el equipo consignado de más, no es requerido para la colocación del material de secado por tal motivo la oferta desde el punto de vista técnico una vez corregido el error sigue siendo válida. Por último, señala, se acreditó que otras ofertas adjudicadas, contenían errores de igual o mayor magnitud, por lo que la exclusión no fue objetiva ni razonable. En su escrito de ampliación, adiciona consideraciones sobre este punto señalando que le asistía el derecho de subsanación, como se le otorgo a las otras ofertas, con lo que considera, se flageló el principio de conservación de las ofertas.
  2. Sobre estos puntos el Tribunal señaló: “…respecto de este contenido ofertado, la empresa actora no lo desmiente, de hecho, en atención a su derecho de ofrecer prueba, presentó un informe realizado por el Ingeniero W.A.C., que tiene una versión original y una ampliación (visibles a imágenes 1438 y 1645 del expediente judicial digital respectivamente), informe denominado: "Afectación de renglón de pago de "material de Secado" en la Licitación Pública 2014LN-000018-OCV00 ", fechado en junio de 2017, el cual fue admitido como tal y se contó con la participación del profesional que lo elaboró en la Audiencia de Juicio. En el informe, el Ingeniero A. parte del incumplimiento que se achaca a la oferente Constructora Santa Fe Ltda. en su oferta, estableciendo el costo por kilómetro y su impacto respecto del precio ofertado, referido al renglón mencionado y numerado CR.703.09 del Cartel. Indicando que el precio unitario presentado era razonable, y en su criterio debió pedirse a la ofertante aclaración para mantener las ofertas, indicando que "Obviamente, dicha memoria no debe de modificar el precio unitario y deberá de contener equipos, mano de obra y materiales con rendimientos y costos razonables y que cumplan con las leyes y reglamentos establecidos hasta la fecha de presentación de la oferta", para lo cual hace un cambio en la cantidad de los equipos, de lo cual en su testimonio dado el día del Juicio Oral en este proceso, el ingeniero A. indicó que precisamente revisando se encontró que parte del equipo ofertado no era necesario haberlo incluido (Ver declaración del testigo en acta digital grabada en audio y video), siendo que admitió la existencia de errores que según su criterio, son subsanables al realizar variaciones que pudieron efectuarse en la etapa de ejecución de la contratación, las que, según su criterio no tendrían un impacto en el precio que se ofertó, pues se podrían hacerse los ajustes necesarios para acomodarlo perfectamente al precio original y fue lo que hizo en su informe. Tanto del contenido del informe mencionado, como de las manifestaciones a viva voz realizadas por este experto ofrecido por la misma parte actora, deriva que efectivamente la plica de la empresa Constructora Santa Fe Ltda., contenía errores y omisiones y por ello incumplimientos a lo pedido en el cartel, que el mismo profesional contratado por la aquí actora debió corregir, indicando que ello sin afectar el precio ofertado. Lo anterior no es más que un reconocimiento de que la oferta numerada octava no cumplía con las especificaciones técnicas que estaban dispuestas y que debían ser acatadas por la oferente. En cuanto al alegato de la parte respecto a que debió pedírsele subsanación de su oferta y que esa omisión de las autoridades administrativas dio pie a que su plica finalmente fuera desechada en una etapa inicial del procedimiento y que quedara fuera de la posibilidad de ser adjudicada, el Tribunal explicó que de conformidad con el numeral 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el precio ofertado deberá ser "cierto y definitivo ", por lo que la información adicional que la administración puede pedir, es facultativa y no obligatoria, y además, está sujeta a que ello no genere una ventaja indebida para el ofertante incumpliente. Adujo, la parte actora y el perito traído al proceso, aceptan tanto que la oferta contenía la previsión de equipo innecesario, y en el ofertado no se incluyó debidamente el rubro de mano de obra requerido, y; señaló que, por más esfuerzo que la parte actora intentó al traer a los autos un peritaje y haber recibido al profesional que lo elaboró en la etapa de la audiencia de juicio, quedó demostrado que no solo se incumplió con las especificaciones del cartel, sino que, la inclusión de equipo innecesario y la no determinación de la mano de obra respectiva, no ameritaba una subsanación, pues se trata de aspectos de tal relevancia en la oferta que, su corrección o subsanación, efectivamente incidiría en el precio ofertado, no solo por la posibilidad de corrección respecto de otras ofertas en las que se encontró el mismo yerro, sino además que se aventajaría la misma ofertante al poder ajustar su precio. Del análisis de los reproches presentados por la casacionista se concluye que, no dirige su argumentación en contra de la sentencia que impugna, sino que se limita a manifestar, conforme a su criterio, por qué razón estima que el error contenido en su oferta debió considerarse insustancial y permitirse su rectificación, como lo señala el informe aportado a los autos y que acusa como indebidamente valorado. La recurrente omite relacionar su exposición con la resolución recurrida, de la cual no cuestiona sus razonamientos sobre tal punto, ni se refiere, de modo alguno a los fundamentos de hecho ni de derecho que emplea el Tribunal para considerar que no es de recibo el argumento presentado en el informe. En ese sentido, la recurrente debió señalar, de forma concreta y precisa cómo fue que se valoró erróneamente tal prueba y cuál es el contenido de esta que fue indebidamente valorado. De tal forma sus argumentos son evidentemente improcedentes por insuficientes. En todo caso, considera esta Cámara que llevan razón las personas juzgadoras en cuanto a la valoración que hicieron del informe presentado como prueba, pues es lógico pensar que si el precio ofertado estaba compuesto por una serie de elementos, resultaría improcedente que la Administración, en la etapa de evaluación, requiriera una subsanación tendiente a la eliminación de alguno de aquellos rubros pues ello conllevaría a una modificación del precio, ante la disminución de elementos, lo cual también repercutiría en una ventaja indebida para aquel oferente, en razón de que para ese momento ya conocía el precio y el desglose que hicieron los demás oferentes en sus plicas. En razón de lo anterior, no observa esta Sala que se diera interpretación indebida alegada. Dado lo anterior, corresponde el rechazo del agravio.
  3. En su escrito de ampliación de recurso, la parte casacionista adiciona manifestaciones que titula Indebida apreciación de los hechos controvertidos y no controvertidos. Si bien en el documento se omite indicar cuál agravio específico que plantea, de lo alegado entiende esta Cámara que se refiere a una indebida valoración de la prueba, específicamente del oficio GCTT-01-15-1359. En su reproche aduce, la fase de Evaluación de Requisitos de Admisibilidad de las ofertas debía ser realizada por: a) Gerencia de Asuntos Jurídicos, b) Gerencia de Conservación de Vías y P. y por la c) D.ón Financiera). Señala, como lo estableció el propio CONAVI en su cartel de licitación, en esta fase no debía intervenir la D.ón de Costos y mucho menos la potestad de declarar inadmisibilidad, como lo acredita erróneamente el Tribunal al indicar que la D.ón de Costos era competente para evaluar las memorias de cálculo y declarar inadmisible las ofertas. Acusa, el estudio de razonabilidad de precios de las ofertas se realiza según lo establecido en el artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y lo que busca es determinar si un precio es ofertado es excesivo o ruinoso, estudio que fue designado a la D.ón de Costos, en la fase 3 del sistema de la evaluación de las ofertas. Aduce, otra cosa totalmente diferente es evaluar la estructura de precios de las ofertas, análisis que le correspondía a la Gerencia de Conservación de Vías y P., en la fase 1 de la evaluación de las ofertas y es para este análisis que el CONAVI solicitó al oferente presentar el formulario 6: sumario de cantidades y formulario 7: Memoria de Cálculo, esta última donde se ubica el error en la memoria de cálculo en el ítem del Material de Secado. Reprocha, el Tribunal Contencioso señala que la incompetencia alegada no tiene asidero ya que según la Enmienda 3 del cartel, la D.ón de Costos formaba parte de las dependencias que analizarían las ofertas así como también formaría parte de la C.ón de Adjudicaciones, y que por lo tanto sí eran competentes para emitir el citado oficio con el cual excluyen a Constructora Santa Fe del concurso; no obstante, acusa, estas afirmaciones del Tribunal Contencioso son totalmente falsas ya que si revisa con cuidado el tomo 14 del expediente administrativo de la licitación pública, se puede constatar como ya estando firme el Cartel y habiéndose recibido las ofertas que participarían en el concurso, la D.ón Ejecutiva mediante los Oficios No. DIE-01-15-3426 y DIE-03-15-3170, le aclara e instruye al Ing. J.B.R.írez indicándole que la D.ón de Costos solo participará para realizar el Análisis de la Razonabilidad de Precios de la Ofertas únicamente después que se emitiera el Análisis de Técnico de las ofertas el cual le correspondió según el cartel a la Gerencia de Conservación de Vías y P.. Señala, la determinación del procedimiento establecido en el cartel es de cumplimiento obligatorio no solo para los oferentes sino para la misma Administración Licitante que estableció sus propias reglas en el concurso las cuales debía cumplir.
  4. En cuanto a este punto, el Tribunal explicó que, en la enmienda tercera al cartel, se hizo un cambio en cuanto al análisis de las ofertas, pues en un inicio indicó que la evaluación estaría a cargo de una C.ón de reconocimiento de adjudicación, y en esa enmienda lo varió indicando que esa evaluación estaría a cargo de la Gerencia de Conservación de Vías y P.; la Gerencia de Asuntos Jurídicos, la D.ón Financiera y a D.ón de Costos de Vías y P.; y determinó como integrantes de la C.ón de adjudicación a la Proveeduría Institucional, la Gerencia de Conservación de Vías y P. y la Asesoría legal de la Proveeduría Institucional. Adujo, en la etapa de evaluación, se generó el oficio que fue rubricado el 15 de diciembre de 2015 por el Ingeniero H.M.O. de la D.ón de Costos de Vías y P., el Ing. L.F.V.C., Director de la D.ón de Costos de Vías y P., así como el Ing. J.B.R.írez, Gerente de Contratación de vías y puentes, todos del CONAVI, encontrando incumplimiento en la Memoria de cálculo de la oferta de la empresa Constructora Santa Fe Ltda., en las Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10 respecto del renglón de pago CR.703.09 "material de secado" , llegando a determinar que la oferta de esa empresa: "... debe ser declarada inelegible, por incumplir con el formato solicitado cartelariamente para la presentación de la memoria de cálculo de varios renglones de pago ...." . Explicó, si la enmienda tres había indicado quienes participarían de la etapa de evaluación de las ofertas y denotando que los tres participantes en la confección del oficio impugnado, eran: un funcionario y el director de la D.ón de Costos de Vías y P., así como el Gerente de la D.ón de Contratación de Vías y puentes, es evidente que sí eran competentes. Añadió, que si bien la parte actora adujo que en el oficio N° GCSV-01-16-179 del 3 de febrero de 2016, se indica que el oficio N° GCTT-01-15-1359 fue prematuro, eso no es del todo cierto, puesto que en el contexto de lo indicado en esa oportunidad por la Gerencia de Conservación de Vías y P. del CONAVI, al presentar informe del estudio de requisitos de admisibilidad de la licitación N° 2014LN-000018-0CV00, hizo alusión tanto al oficio GCTT-01-15-1359, como el GCTT-0-16-0033 de 8 de enero de 2016, y de los cuales manifestó que si bien no se iban a valorar por considerarlos "adelantados", esa Gerencia competente para la determinación de ese estudio (situación que no ha cuestionado la parte actora), indicó que esos oficios contenían conclusiones trascendentales que implicarían correcciones en la determinación de las ofertas admisibles cuando se haga el análisis de razonabilidad de precios, por lo que consideró que el contenido de esos documentos es un "ahorro de tiempo", y por ello confirmó que en la oferta de Constructora Santa Fe Ltda. se dieron incumplimientos de requisitos de admisibilidad según el apartado 6 del cartel y sus enmiendas, por lo que declaró inelegible esa oferta. Explicó considerar, el informe confirmó los incumplimientos de la oferta de la empresa y por ello, declaró la inelegibilidad. Añadió que, según lo explicó a viva voz en la audiencia de juicio el testigo ofrecido por la parte actora, el funcionario de CONAVI H.M.O. de la D.ón de Costos de Vías y P., quien había participado en la confección del oficio aquí impugnado, fue claro en sus manifestaciones respecto de los errores encontrados en las memorias de cálculo de la oferta de la empresa Constructora Santa Fe Ltda., reafirmando que el contenido del oficio GCTT-01-15-1359, al ser previo a la determinación de las bandas de precios, posibilita realizar ello sin insertar información que como en el caso de la actora podría alterar los resultados de las bandas, con la posibilidad de falsearlas. Concluyó señalando, que con todo lo anterior, se pudo determinar la competencia de quienes elaboraron el oficio, así como la procedencia en cuanto a su utilidad, ya que, al darse una confirmación por parte de la Gerencia de Conservación de Vías y P., se avaló su contenido y se reafirmó la declaratoria de inelegibilidad por el propio incumplimiento de los requerimientos del cartel y sus enmiendas por parte de la empresa actora al presentar su oferta con incumplimiento de lo que debía contener los formularios numerados siete en las distintas líneas en cuanto a la relación necesaria entre la cantidad de maquinaria o equipos necesarios para el ítem del Material de Secado y la mano de obra necesaria que debía disponerse.
  5. El agravio de la actora gira entorno a que, en su criterio, la inadmisibilidad de su oferta fue dictado por órgano incompetente en virtud de que el momento del procedimiento en que intervinieron no era el establecido previamente por la Administración. Del análisis de la prueba acusada como indebidamente valorada, encuentra esta Sala que lleva razón el Tribunal cuando señala que la declaratoria de la oferta como inadmisible, se encuentra ajustada a los requerimientos del proceso y se encuentra dictada por los órganos que, en efecto, tenían competencia para hacerlo. Es decir, tal y como lo explica la sentencia, el cartel señaló que la evaluación seria realizada de forma conjunta por la Gerencia de Conservación de Vías y P.; la Gerencia de Asuntos Jurídicos, la D.ón Financiera y la D.ón de Costos de Vías y P.; y determinó como integrantes de la C.ón de adjudicación a la Proveeduría Institucional, la Gerencia de Conservación de Vías y P. y la Asesoría legal de la Proveeduría Institucional. Así, el 15 de diciembre de 2015, dos funcionarios de la D.ón de Costos de Vías y P. y el Gerente de Contratación de vías y puentes, analizaron las ofertas y encontraron incumplimiento en la Memoria de cálculo en la oferta de la ahora recurrente y determinaron que aquella debía ser declarada inelegible, por incumplir con el formato solicitado en el cartel para la presentación de la memoria de cálculo de varios renglones de pago. En ese sentido, es evidente que todos los funcionarios estaban legitimados para hacer la revisión pues formaban parte de las unidades a las que vía cartelaria se les había otorgado esa competencia. Ahora bien, a mayor abundamiento de razones tenemos el hecho de que la recurrente no ha logrado desacreditar que ese incumplimiento no fuera real y por el contrario, desde su escrito de demanda e incluso ahora en casación, acepta que la oferta contenía la previsión de equipo innecesario, y que en el ofertado no se incluyó debidamente el rubro de mano de obra requerido; por lo que cualquier cuestionamiento relativo a la forma en que la Administración llegó a esa conclusión, carecería ahora de relevancia, puesto que sobre ese punto no hay discusión alguna. Por todo lo anterior, procede el rechazo del agravio.
  6. En mérito de lo expuesto, procederá denegar el recurso. Las costas a cargo del perdidoso.

POR TANTO

Se rechaza la prueba presentada. Se declara sin lugar el recurso. Son sus costas a cargo de quien lo interpuso. kariasm

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

Rocío Rojas Morales

Damaris V.V.ásquez

Jessica Alejandra Jiménez Ramírez

Ana Isabel V.V.argas

Documento Firmado Digitalmente

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