Sentencia de Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Zona Sur Sede Pérez Zeledón Materia Civil, 30-07-2021
| Fecha | 30 Julio 2021 |
| Número de expediente | 21-001938-1200-CJ |
| Emisor | Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Zona Sur Sede Pérez Zeledón Materia Civil (Costa Rica) |
| Tipo de proceso | MONITORIO DINERARIO |
*210019381200CJ*
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EXPEDIENTE: |
21-001938-1200-CJ - 8 |
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PROCESO: |
MONITORIO DINERARIO |
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ACTOR/A: |
GMG SERVICIOS DE COSTA RICA S.A. |
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DEMANDADO/A: |
M.A.C....G. |
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Nº 264-2021
TRIBUNAL DE APELACIÓN CIVIL Y DE TRABAJO DE LA ZONA SUR (SEDE PÉREZ ZELEDÓN) (Materia Civil).- A las trece horas uno minutos del treinta de julio de dos mil veintiuno.-
Recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la resolución de las 17:05 horas del 16 de junio de 2021, dictada dentro del PROCESO MONITORIO DINERARIO que se tramita ante el Juzgado de Cobro del I Circuito Judicial de la Zona Sur (Pérez Z.ón), establecido por GMG SERVICIOS DE COSTA RICA S.A. contra M.A.C.G.. Interviene en el proceso en representación de la parte actora Fiorella Sánchez Chavarría. Se conoce el asunto por éste Tribunal en forma unipersonal.
CONSIDERANDOS:
I.- Mediante resolución de las 17:05 horas del 16 de junio de 2021, el Juzgado de Cobro de este Circuito Judicial, resolvió: "(...) Revisados los autos, se desprende que el documento base que anexa la parte actora es una certificación emitida por un contador público correspondiente a un saldo de crédito o financiamiento. Sin embargo, este tipo de certificación no es un título valor con fuerza ejecutiva, ya que el título ejecutivo es aquel que puede ser otorgado por Ley y según lo establece el artículo 611 del Código de Comercio las únicas certificaciones con fuerza ejecutiva son aquellas certificaciones de saldos de créditos de los bancos así como las certificaciones de saldos sobre giros de cuentas corrientes bancarias y de líneas de crédito por uso de tarjeta de crédito. En el presente proceso se desprende que la parte actora es GMG SERVICIOS DE COSTA RICA S.A. la cual no es una entidad bancaria. Tampoco se desprende que en el documento base se certifique que la deuda es generada por saldo de crédito por cuentas corrientes o por el uso de tarjeta de crédito. Así las cosas, siendo que el documento base no cuenta con la fuerza ejecutiva que establece dicho artículo, e igual forma por no contener la firma de la parte deudora la obligación no es exigible razón por la cual no s e le puede dar curso como titulo no ejecutivo se rechaza de plano la presente demanda y se ordena el archivo del expediente. (artículo 35.4 del Código Procesal Civil) (...)". (SIC).
II.- AGRAVIOS DE LA PARTE RECURRENTE: Se opone la parte actora contra lo dispuesto por el Juzgado de Instancia en la resolución de las 17:05 horas del 16 de junio de 2021, por lo que interpone recurso de apelación mediante escrito incorporado al expediente electrónico en fecha 21 de junio de 2021; alega en resumen, que la resolución recurrida rechaza el presente proceso, donde la Autoridad considera que el documento presentado no es idóneo para fundar la pretensión cobratoria mediante esta vía. Reprocha que no lleva razón el Despacho, ya que, el artículo 611 del Código de Comercio, indica que “hará exigible por vía ejecutiva el saldo deudor que conste en certificación debidamente expedida por un contador público...”, misma certificación ya aportada desde la presentación de la demanda. Indica el recurrente, según la norma los procesos se basarán en las pretensiones, artículo 110.1.1 del Código Procesal Civil, “El cobro de obligaciones dinerarias líquidas y exigibles, fundadas en documentos públicos o privados, con fuerza ejecutiva o sin ella”, dado que existe una obligación dineraria por parte del demandado, se aporta el estado de cuenta (o contrato) correspondiente a los Sistemas de GMG Servicios Costa Rica S.A., donde se evidencian los saldos que se mantienen pendientes así como la fecha del último pago realizado por la parte demandada. Aunado a esto el artículo 111.1 del Código Procesal Civil, indica que “El documento en el que se funde un proceso monitorio dinerario deberá ser original...”, siendo estos los presentados en esta demanda; asimismo, indica el artículo 111.2.3 del Código Procesal Civil, que cita textualmente que “Son títulos ejecutivos, siempre que en ellos conste la existencia de una obligación dineraria líquida y exigible”. Solicita se continúe con el trámite del proceso, ya que el mismo se basa en una obligación que se da por acuerdo de partes, y siendo exigible con la falta de pago.
III.- SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA: Cuestiona la parte actora la resolución impugnada, toda vez, que el Juzgado a-quo rechaza de plano la demanda al concluir que el documento base aportado es una certificación emitida por una contadora pública correspondiente a un saldo de crédito, el cual no es un título valor con fuerza ejecutiva, ya que conforme el artículo 611 del Código de Comercio, las únicas certificaciones con fuerza ejecutiva son de saldos de créditos de los bancos, así como las certificaciones de saldos sobre giros de cuentas corrientes bancarias y líneas de crédito por uso de tarjeta de crédito; y la parte actora no es una entidad bancaria. En su recurso de apelación la parte accionante alega que el artículo 611 del Código de Comercio, no indica que la certificación expedida por contador público solo puede utilizarse para realizar el cobro de tarjetas de crédito; que de conformidad con el artículo 110.1.1 del Código Procesal Civil, se adjunta el estado de cuenta de los sistemas de GMG Servicios Costa Rica S.A., en el que se evidencia los saldos pendientes, así como la fecha del último pago realizado por la parte demandada; que el documento es original conforme al artículo 111.1 del Código de Comercio, y consta la existencia de una obligación dineraria líquida y exigible conforme al numeral 111.2.3 del Código Procesal Civil. Analizados los argumentos expuestos por la parte recurrente, así como lo dispuesto por el Juzgado a-quo, a criterio de esta Cámara, lo resuelto es correcto, porque la certificación de Contador Público Autorizado aportada resulta inidónea para dar lugar al cobro pretendido por la parte actora en la vía monitoria; toda vez, que el Contador Público solo puede certificar la existencia de una deuda cuando se lo permita una norma habilitadora o permisiva, lo que no sucede en este caso particular. En este proceso lo que pretende la accionante contra la parte demandada es el cobro de una obligación dineraria que deriva de un refinanciamiento de una línea de crédito, aportando como documento la certificación del saldo deudor emitida por la contadora pública autorizada María M.A.M.. Se trata, por ende, de un documento emitido exclusivamente con base en la información suministrada por la misma parte actora, es decir, es un documento de pura creación unilateral, puesto que en su emisión no hubo participación del deudor, y sin que haya norma legal alguna que le dé facultades a una Contadora Pública para certificar la existencia de una obligación líquida y exigible, en relación con la naturaleza de los extremos cuyo cobro se pretenden en el presente proceso. Consecuentemente, no es un documento hábil para fundar en él pretensión cobratoria por esta vía monitoria. El artículo 111.1 y 2 del Código Procesal Civil, dispone que mediante el proceso monitorio dinerario se tramitará el cobro de obligaciones dinerarias, líquidas y exigibles, fundadas en documentos originales, copia firmada o estar contenida en un soporte del que se desprenda la firma del deudor o cualquier otra señal equivalente. Estas normas se refieren a la existencia de obligaciones de carácter bilateral; es decir, donde entre dos o más personas acuerdan que una se constituye deudora de la otra, y pactan las condiciones que regirán dicha obligación. Pero no es aplicable para obligaciones unilaterales como la que se ejecuta en esta demanda, donde la parte accionada es supuestamente deudor, por el refinanciamiento de operaciones de crédito mediante tarjeta virtual o línea de crédito revolutivo. No todos los documentos que certifique un contador público autorizado en relación con obligaciones dinerarias, tienen la virtud de servir de base a un proceso monitorio. Sólo en los casos expresamente previstos por la ley, es que las certificaciones de Contador Público autorizado, respecto de obligaciones dinerarias, pueden servir de base a un proceso como el que nos ocupa; como lo es el caso de las certificaciones de los saldos de sobregiros en cuentas corrientes bancarias y de líneas de crédito para el uso de tarjetas de crédito, de acuerdo a lo previsto en el artículo 611 del Código de Comercio. Aunado a lo anterior, no hay norma legal que faculte a una Contadora Pública certificar con carácter de título ejecutivo adeudos por concepto de refinanciamiento de operaciones de crédito mediante tarjeta virtual o línea de crédito revolutivo, que son los extremos cuyo cobro pretende la parte actora en este proceso monitorio, de ahí la evidente inidoneidad del título aportado como sustento para su interposición. No se cuestiona la fe pública de que gozan los Contadores Públicos en aquellos casos en que una norma legal de manera expresa les confiere potestad certificadora, empero, ese no es el caso de autos. Darle cabida a la tesis de la parte recurrente implicaría consentir que fuera del marco legal y en orden a establecer la existencia de una obligación líquida y exigible, estos profesionales tendrían la facultad de emitir documentos como el presentado que son de pura creación unilateral dado que en su confección echó mano tan sólo a los estados de cuenta que la misma parte actora le facilitó, y, naturalmente una tesis tal es, a todas luces, improcedente. Por lo expuesto, se confirma la resolución apelada.
PARTE DISPOSITIVA:
Por lo expuesto, se rechaza el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la resolución de las 17:05 horas del 16 de junio de 2021, la que se confirma. D.élvase la carpeta electrónica a su oficina de origen. Notifíquese.
W.M.ínez Garbanzo
Jueza
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