Sentencia de Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Alajuela Sede Alajuela Materia Civil, 17-02-2023
| Fecha | 17 Febrero 2023 |
| Número de expediente | 21-001396-1202-CJ |
| Emisor | Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Alajuela Sede Alajuela Materia Civil (Costa Rica) |
| Tipo de proceso | MONITORIO |
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EXPEDIENTE: |
21-001396-1202-CJ |
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PROCESO: |
MONITORIO |
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ACTOR/A: |
GMG SERVICIOS DE COSTA RICA |
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DEMANDADO/A: |
GERARDO REYES GODÍNEZ |
SENTENCIA N° N° 2023000075
TRIBUNAL DE APELACIÓN CIVIL Y TRABAJO DE ALAJUELA (SEDE ALAJUELA) (CIVIL).- A las ocho horas cincuenta y siete minutos del diecisiete de febrero de dos mil veintitrés.-
Dentro de Proceso M.D. incoado por GMG Servicios de Costa Rica en contra de G.R.G., el Juzgado de Cobro Judicial del Segundo Circuito Judicial de Alajuela (Sede S.C., mediante resolución de las once horas con siete minutos del cinco de Mayo del dos mil veintiuno, resolvió: "Dentro del presente asunto se aporta como documento base certificación de contador público, no obstante, el documento certificado acredita una deuda entre las partes aquí intervinientes en donde no media sobre giros ni saldos por deudas de tarjetas de crédito, sino que se pretende certificar deudas originadas por otro tipo de operación que al respecto no existe regulación legal que permita tener tal documento como título ejecutivo para la interposición del proceso monitorio dinerario. Tómese en cuenta que para que este documento pueda ser considerado título ejecutivo y se le permita su cobro en la vía del proceso monitorio, no solo debe existir norma legal expresa que le conceda esa condición, sino que el mismo debe reunir todos y cada uno de los requisitos que la ley exige; para tal efecto el artículo 166 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica número 7558 publicada en el Alcance número 55 a la Gaceta número 225, adicionó un párrafo segundo al artículo 611 del Código de Comercio, cuyo texto establece: “T.én tendrán el carácter de título ejecutivo las certificaciones de los saldos de sobregiros en cuentas corrientes bancarias y de líneas de crédito para el uso de tarjetas de crédito, expedidas por un contador público autorizado”; así las cosas, siendo que la certificación aportada en éste proceso no reúne los requisitos expuestos, se rechaza de plano la presente demanda y se ordena su archivo."
En apelación interpuesta por la parte Actora conoce este Tribunal de ese pronunciamiento.
Redacta en forma UNIPERSONAL por ministerio de ley el Juez Soto Álvarez, y;
CONSIDERANDO
I.- El Juzgado de Cobro Judicial del Segundo Circuito Judicial de Alajuela (Sede S.C., por resolución dictada a las once horas con siete minutos del cinco de Mayo del dos mil veintiuno, en lo que interesa resolvió: "Dentro del presente asunto se aporta como documento base certificación de contador público, no obstante, el documento certificado acredita una deuda entre las partes aquí intervinientes en donde no media sobre giros ni saldos por deudas de tarjetas de crédito, sino que se pretende certificar deudas originadas por otro tipo de operación que al respecto no existe regulación legal que permita tener tal documento como título ejecutivo para la interposición del proceso monitorio dinerario....así las cosas, siendo que la certificación aportada en éste proceso no reúne los requisitos expuestos, se rechaza de plano la presente demanda y se ordena su archivo...".-
II.- Inconforme con ese pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso de apelación con fundamento en lo siguiente: "No lleva razón el despacho, porque el artículo 611 del Código de Comercio, indica que "hará exigible por vía ejecutiva el saldo deudor que conste en certificación debidamente expedida por un contador público, misma certificación que se aporta desde la presentación de la demanda. Además, según la norma los procesos se basarán en las pretensiones, articulo 110.1.1 del Código Procesal Civil, “El cobro de obligaciones dinerarias líquidas y exigibles, fundadas en documentos públicos o privados, con fuerza ejecutiva o sin ella.”, dado que existe una obligación dineraria por parte del demandado, se aporta la FACTURA, correspondiente a los Sistemas de GMG SERVICIOS COSTA RICA S.A, donde se evidencia los saldos que se mantienen pendientes así como la fecha del ultimo pago realizado por la parte demandada. Aunado a esto el Articulo 111.1 del Código Procesal Civil indica que “El documento en el que se funde un proceso monitorio dinerario deberá ser original...” siendo estos los presentados en esta demanda, además, así mismo, indica el Articulo 111.2.3 del Código Procesal Civil que cita textualmente que son "títulos ejecutivos, siempre que en ellos conste la existencia de una obligación dineraria líquida y exigible". Solicita se acoja el presente proceso, para su trámite, porque el mismo se basa en una obligación que se da por acuerdo de partes, y es exigible ante la falta de pago.
III.- Criterio del Tribunal. Por la estimación otorgada a la demanda, resuelve el tribunal de manera unipersonal. Lo anterior con fundamento en el artículo 95 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, reformado por el Código Procesal Civil. Lo resuelto en primera instancia deberá confirmarse, porque los agravios que expresó la recurrente no desvirtúan el criterio de la persona juzgadora.
IV. La primera frase transcrita por la recurrente se ubica en el párrafo inicial del artículo 611 del Código de Comercio, el cual se refiere a los saldos adeudados con ocasión de un contrato de cuenta corriente mercantil. Precisamente, los artículos 602 a 611 de ese cuerpo normativo regulan la cuenta corriente en general. Ahora bien, más allá de transcribir un extracto del párrafo primero del artículo 611 del Coligo de Comercio, la recurrente no expuso razones precisas por las que el saldo adeudado con motivo de la obligación de la cual se originó el monto que certificó el contador público , deba equipararse con el saldo adeudado de un contrato de cuenta corriente mercantil. En las condiciones descritas, tal y como se adelantó en el considerando anterior, no se logró desvirtuar lo resuelto en primera instancia.
V..C. agregar que, conforme expuso el a-quo, la creación de títulos ejecutivos es materia de reserva legal. En consecuencia, el artículo 611 del Código de Comercio debe ser objeto de una interpretación restrictiva: únicamente constituyen título ejecutivo las certificaciones de contador público por el uso de una cuenta corriente mercantil, una cuenta corriente bancaria o una tarjeta de crédito. En otras palabras, no es posible acudir a la interpretación extensiva o a la analogía para darle el fuerza ejecutiva a las certificaciones de contador público que tienen como causa negocios jurídicos diferentes
VI. Por lo demás, no es correcto afirmar que un documento califique como título ejecutivo por el solo hecho de contener la obligación de pagar una suma de dinero líquida y exigible. En efecto, no debe confundirse el documento que se requiere para acceder a la vía monitoria dineraria, que no necesariamente debe tener fuerza ejecutiva, con el documento que reúna las condiciones propias de un título ejecutivo. Tal y como se indicó en el considerando precedente, la fuerza ejecutiva de un documento proviene de la ley. Nótese que el apartado 7) del artículo 111.2 del Código Procesal Civil se remite a "Toda clase de documentos que, por leyes especiales, tengan fuerza ejecutiva". Esto significa que la ley es la fuente de los títulos ejecutivos. Con todo, no es cierto que el apartado tercero del artículo 111.2 del Código Procesal Civil le reconozca fuerza ejecutiva a cualquier documento en el que conste una obligación dineraria, líquida y exigible. Antes bien, dicha norma se refiere a un documento que, de forma previa, ha sido reconocido judicialmente. Sin embargo, dicha situación no se presenta en el caso que nos ocupa.
VII. Por otro lado, el agravio relacionado con la factura de la compraventa tampoco es útil para desvirtuar los argumentos expuestos por el juzgador de instancia. Porque el documento base aportado por el actor, se trata de una certificación de contador público. Pero la relación subyacente es de una compraventa mercantil a plazo. Para este tipo de negocio jurídico, el legislador no le otorgó el carácter de título ejecutivo a la certificación de contador público.
VIII. A manera de conclusión, el auto impugnado deberá confirmarse.
POR TANTO
Se confirma la resolución impugnada.
Jorge Mario Soto Álvarez
Juez
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