Sentencia de Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José, 18-11-2021

EmisorTribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José
Fecha18 Noviembre 2021
Número de expediente09-011949-0042-PE
Resolución: 2021-1778 BIS
Expediente: 09-011949-0042-PE (12)
TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL . Segundo Circuito Judicial de San José. G., a las trece horas veinte minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno.
RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos en la presente causa seguida contra [Nombre 001], quien es [...]; por el delito de HOMICIDIO CULPOSO en perjuicio de [Nombre 002]. Intervienen en la decisión de los recursos el juez Edwin Esteban Jiménez González, las juezas R.M.A.N. y L.G.M.M.. Se apersonó en esta sede la Licenciada L.G.A.G., en representación del Ministerio Público, Fiscalía Adjunta de Desamparados.
RESULTANDO:
I.- Que mediante sentencia número 146-2021, de las once horas con treinta minutos del quince de junio de dos mil veintiuno, el Tribunal Penal de Desamparados, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con todo lo expuesto, artículos 39 y 41 de la Constitución Política, artículos 8 y 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos artículos 1, 2, 11, 18, 30, 45, 50, 51, 59 al 63, 71, 103 inciso 2), 106, 109 y 117 del Código Penal, artículos 122 inciso 2) y 3), 124, 125, 126, 137 inciso 6) y 138 de las Reglas Vigentes Sobre Responsabilidad Civil del Código Penal de 1941, artículos 1, 2 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 37 al 41, 70, 71, 75 a 83, 111 al 124, 142, 143, 180 al 184, 265 al 270, 308, 360 a 368, 483 al 484 y 488 del Código Procesal Penal, artículos 632, 704 876 inciso 2), 878, 879 y 1045 del Código Civil, artículos 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 111, 190, 191, 194, 196 al 198, y 201 de la Ley General de la Administración Pública, y artículos 1, 3, 4, 16, 39 y 42 del Decreto Ejecutivo número 36562-JP vigente para el momento de interposición de la acción civil resarcitoria (Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado), se declara a [Nombre 001] autor responsable de un delito de homicidio culposo cometido en perjuicio de [Nombre 002], imponiéndole en tal carácter la pena de tres años de prisión , la cual deberá descontar en el centro carcelario que determinen las normas y reglamentos de Adaptación Social. De conformidad con lo establecido en los artículos 59 al 63 del Código Penal se concede al imputado [Nombre 001] el beneficio de ejecución condicional de la pena por el plazo de tres años, contados a partir de la firmeza de la sentencia. Se advierte al imputado que, si durante el período de prueba indicado, comete nuevo delito doloso sancionado con prisión mayor de seis meses, se le revocará el beneficio concedido y deberá cumplir la pena de prisión impuesta en el centro carcelario respectivo. Se impone en contra del imputado [Nombre 001], inhabilitación para el ejercicio de la medicina por el plazo de un año, contado a partir de la firmeza de la sentencia, lo cual deberá ser comunicado a la Caja Costarricense del Seguro Social y al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, para lo de su cargo. En torno a la acción civil resarcitoria se resuelve lo siguiente: i. Se rechaza la excepción de prescripción interpuesta por los demandados civiles; ii. Por mayoría se acoge la excepción de falta de legitimación activa con relación al daño material, el cual consecuentemente se rechaza. Sobre este punto el juez A.G. salva el voto; iii. Por unanimidad se acoge parcialmente el reclamo sobre el daño moral, condenando solidariamente al demandado civil [Nombre 001] y a la Caja Costarricense del Seguro Social a cancelar a favor de cada una de las actoras civiles la suma de veinte millones de colones (¢20,000,000), para un total de sesenta millones de colones (¢60,000,000). Consecuentemente sobre este extremo se rechazan las excepciones de falta de derecho, legitimación e interés. Por costas personales por el ejercicio de la acción civil resarcitoria se condena solidariamente al demandado civil [Nombre 001] y a la Caja Costarricense del Seguro Social a cancelar la suma de nueve millones setecientos cincuenta mil colones (¢9,750,000), y por costas procesales, la suma de trescientos cincuenta mil colones (¢350,000), para un total de diez millones cien mil colones (¢10,100,000), correspondiendo de forma proporcional a cada una de las actoras civiles, la suma de tres millones trescientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis colones con sesenta y seis céntimos (¢3,366,666.66). En resumidas cuentas, los demandados civiles [Nombre 001] y la Caja Costarricense del Seguro Social, de forma solidaria, deben cancelar y depositar a favor de cada una de las actoras civiles, la suma total de veintitrés millones trescientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis colones con sesenta y seis céntimos (¢23,366,666.66), más el pago de intereses, contados a partir de la firmeza de la sentencia, hasta su efectivo pago, lo cual deberá ser ejecutado en la vía civil. Adicionalmente, se condena al imputado [Nombre 001] a pagar la suma de seiscientos mil colones (¢600,000) por concepto de costas personales de la querella, correspondiendo de forma proporcional a cada una de las querellantes, la suma de doscientos mil colones (¢200,000), más el pago de intereses, contados a partir de la firmeza de la sentencia, hasta su efectivo pago, lo cual deberá ser ejecutado en la vía civil. Una vez firme la sentencia se ordena la devolución de los expedientes médicos originales a las instituciones encargadas de su custodia. Con relación al disco compacto rotulado “Consejo Médico Forense” y su estuche, correspondiente al objeto número 397729, así como cualquier otro disco compacto que contenga pruebas o resoluciones relacionadas con esta causa penal, al no ser posible ordenar su destrucción, deben ser conservadas en condiciones adecuados por el Depósito de Objetos por el mismo plazo de ley del expediente. Se ordena dejar sin efecto cualquier tipo de medida cautelar que se hubiere dictado en este proceso penal en contra del imputado [Nombre 001]. Firme el fallo, inscríbase en el Registro Judicial y envíense los testimonios de estilo ante las oficinas correspondientes. Es todo. Por lectura notifíquese. E.J.A.G., J.A.Q.P. y A.P.M.A.. Jueces y jueza de juicio.” (sic, folio 206).
II.- Que, contra el anterior pronunciamiento, la Licenciada L.G.A.G., en representación del Ministerio Público, Fiscalía Adjunta de Desamparados, interpuso recurso de apelación por adhesión.
III.- Que, verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el tribunal se planteó las cuestiones formuladas en los recursos de apelación.
IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.
Redacta el juez de Apelación de Sentencia Penal Jiménez González; y,
CONSIDERANDO:
I.- Mediante escrito presentado el 22 de julio de 2021, la licenciada L.A.G., en su calidad de representante del Ministerio Público, interpone recurso de apelación por adhesión en contra de la sentencia N°146-2021, dictada por el Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José, sede Desamparados, a las 11:30 horas del 15 de junio de 2021, en la que se condenó al encartado [Nombre 001], a tres años de prisión y a un año de inhabilitación, por la comisión de un delito de homicidio culposo, que se acusó en su contra como cometido en perjuicio de [Nombre 002]. De la lectura de la impugnación y del estudio de los antecedentes del expediente, se determina que el recurso por adhesión se presentó en tiempo conforme al plazo de ley, así como que cumple con los presupuestos necesarios para su adecuado conocimiento en orden al examen integral del fallo, tal y como lo exige el numeral 8.2h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
II.- ÚNICO MOTIVO. La fiscal impugnante, alega la falta de fundamentación en la fijación de la pena. Señala que su inconformidad radica en cuanto al lapso de tiempo que se impuso al encartado [Nombre 001], como inhabilitación para el ejercicio de su profesión como galeno. Estima que lo anterior, le causó un agravio al Ministerio Público, pues a dicho encartado no se le impuso una pena proporcional a los hechos acreditados,...

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