Sindicatos reclaman en Sala IV privilegios por más de ¢23.000 millones
Dos sindicatos presentaron ante la Sala IV acciones de inconstitucionalidad contra los recortes a las anualidades, el tope a la cesantía y los ajustes en pluses salariales de los trabajadores con plazas en el sector público al 4 de diciembre, cuando comenzó a regir la reforma.Las gestiones planteadas por el Sindicato del Banco Nacional y la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) reclaman privilegios que solo en anualidades llegan a los ¢23.000 millones en 2019.Esa suma corresponde al 0,04% del producto interno bruto (PIB), según las proyecciones de ahorro realizadas por el Poder Ejecutivo. Para cuatro años, ese ahorro para las arcas estatales sería de ¢117.000 millones, solo considerando la modificación en el pago de las anualidades o beneficio por año laborado.Con estas dos gestiones vuelve a las manos de los magistrados la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635), a la que ese tribunal dio luz verde el viernes 23 de noviembre, lo que permitió la aprobación en segundo debate del entonces proyecto de ley, por parte de la Asamblea Legislativa.En aquel momento, los magistrados determinaron que no había vicios de procedimiento ni de forma en la iniciativa, contrario incluso a la opinión de la Corte Plena.Ahora, los jueces constitucionales tendrán que determinar si existe alguna violación a los derechos de los trabajadores con las modificación en el cálculo de los sobresueldos.Los sindicalistas reclaman que las anualidades, el tope a la cesantía y el modelo de cálculo de los pluses salariales estaban consolidados jurídicamente mediante convenciones colectivas.Además, consideran que se trata de derechos adquiridos de los empleados públicos, por lo que aseguran que esas medidas solo deben ser implementadas para aquellos trabajadores que fueron contratados después de la aprobación de la ley.AdvertenciaEl Ministerio de Hacienda advirtió de que eximir de los recortes a los trabajadores contratados antes del plan fiscal, le quitaría efectividad a la reforma para combatir el déficit en las finanzas del Estado."La decisión de la Sala Constitucional tendrá incidencia en el momento en cual podremos tener los beneficios de la ley. Una decisión adversa hará que el ahorro proyectado no se logre hasta dentro de 20 años o más", manifestó el viceministro de Hacienda Nogui Acosta.Estas medidas no solo recortan los beneficios salariales que ya ostentaban los antiguos servidores públicos, sino que evita que los incentivos crezcan año con...
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