Sugese pide a instituciones del Estado más apertura con seguros privados
La mayoría de instituciones públicas aún mantienen cerrados los canales de negociación con las aseguradoras privadas, aún después de seis años desde que arrancó la apertura del mercado.
Desde ese momento, el Instituto Nacional de Seguros (INS) dejó de ser la única opción para las pólizas del sector público, pero la ley dispone que se debe elegir a esta entidad sobre otra aseguradora en igualdad de condiciones.
Aun así, el desconocimiento o falta de interés, incentivan a que una gran parte de la administración pública no evalúe de forma transparente las opciones que le ofrece el mercado de seguros, según manifestó Tomás Soley, superintendente de Seguros.
Las aseguradoras privadas no encuentran vías para acceder a un 20% del mercado, porcentaje aproximado de lo que significan las pólizas del sector público dentro del pastel de esta industria.
Esa cifra equivale a unos $220 millones, de un ingreso total por primas de $1.100 millones con los que se espera cerrar este año.
Sumado a ese 20%, está el 30% de las ganancias por seguros de riesgos de trabajo, por lo que el sector privado estaría accediendo a solo la mitad de la industria.
Las pólizas más comunes que contrata la empresas pública son: automóviles, incendio, equipo electrónico, embarcaciones, responsabilidad civil, entre otras, dijo Juan Sánchez, director de cliente corporativo del INS.
Las razones
Las causas de la poca apertura en esta área serían dos: el desconocimiento de lo que dispone la Ley Reguladora de Seguros sobre el tema y la contratación por inercia, ya que algunas entidades no cambian el esquema que vienen trabajando desde hace más de una década, en el que el INS era la única opción.
Lo que establece esa ley, en el artículo 7, es que el Estado contratará directamente al INS todos los seguros, siempre que esta institución ofrezca condiciones más favorables que otro competidor.
Sin embargo, este texto podría ser el que está haciendo dudar al funcionario público a no optar por otras opciones.
Varias consultas han llegado a la superintendencia para conocer si pueden tomar en cuenta ofertas de aseguradoras privadas en los contratos. Aún cuando la ley lo explica, parece que no queda claro y que la ley genera una confusión, afirmó Soley.
Las dudas llegan desde instituciones menos sofisticadas, ya que otras como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) tienen clara la legislación.
Esta institución adquiere los servicios del INS por la oferta y calidad del servicio que le...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba