Usuarios reciben mala calidad en servicio por conflicto entre operadoras y reglamentos municipales
En el límite entre San Pablo y Santo Domingo de Heredia, la señal 3G desaparece del teléfono de Erno Hillarion, quien tiene un contrato con Claro. La aplicación que usa para escuchar música se detiene y buscar algún dato en Internet es imposible.
El problema es peor en su casa, en el centro de Santo Domingo, donde las llamadas solo salen desde el baño, al lado de la ventana o en el patio.
Santo Domingo es solo uno de los, al menos, ocho cantones que han sido escenario de conflictos en el despliegue de infraestructura para telecomunicaciones. En este momento el gobierno de este cantón enfrenta un proceso judicial interpuesto por una empresa torrera y otro por Claro.
La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) indica que el despliegue de torres está directamente relacionado con la cobertura y calidad en las llamadas.
Con el conflicto entre operadores y municipalidaes, los usuarios finales de los servicios resultan más afectados que las empresas, dijo Walter Herrera, director de Mercados de Sutel.
'Las empresas siguen vendiendo pero el que se perjudica es el que compra una línea de un operador y tiene niveles de cobertura muy bajo o no recibe la calidad adecuada', argumentó.
Como Erno, domingueños suscritos a otras operadoras sufren problemas de calidad.
El mapa de cobertura disponible en el sitio web de Sutel revela que, en el cantón, el 5% de las llamadas salientes desde un teléfono Claro presentan alguna falla. La cifra aumenta si la suscripción es con Movistar (12%) y se quintuplica si es con Kolbi (28%).
El reglamento de telecomunicaciones de Santo Domingo exige un permiso de uso del suelo para la construcción de torres. En el caso de que se vaya a levantar en una urbanización, se necesita un consentimiento expreso de los vecinos que vivan en un radio de 50 metros.
Las operadoras consideran que los artículos del reglamento van en contra del interés público de las telecomunicaciones, declarado así en un voto de la Sala Constitucional del 2011.
Al menos otros siete gobiernos locales se enfrentan a procesos judiciales semejantes, según la información provista por Claro y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Movistar prefirió reservarse los datos.
Alajuela, Heredia, Curridabat, Montes de Oca y Tibás entran en la lista. La completan Belén, Cartago y Escazú.
Otras tres municipalidades ni siquiera cuentan con reglamento de telecomunicaciones.
De obstáculos o normas
Los conflictos entre municipalidades y empresas persisten...
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