Sentencia nº 04575 de Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de 26 de Abril de 2005

PonenteAdrián Vargas Benavides
Fecha de Resolución26 de Abril de 2005
EmisorSala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
Número de Referencia05-003854-0007-CO
TipoSentencia de fondo
Clase de AsuntoRecurso de amparo

Res: 2005-04575

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las dieciséis horas con veintiocho minutos del veintiséis de abril del dos mil cinco.-

Recurso de amparo interpuesto por M.S.E., mayor, cédula de identidad número 0-000-000, y A. S.M., carné de refugiado número 0000245602, contra la AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (ARESEP).

Resultando:

  1. -

    Por memorial recibido en la Secretaría de este Tribunal al ser las nueve horas quince minutos del cinco de abril de dos mil cinco, los recurrentes interponen recurso de amparo en contra de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), en razón de que prestan servicio de porteo a través del vehículo placas particulares 510832 ampardos a un contrato con la empresa San Jorge suscrito el ocho de diciembre del año pasado; que a pesar de ello, se le detuvo por un Oficial de Tránsito en la terminal de buses Los Caribeños, y su vehículo fue decomisado a la orden de la recurrida, trasladándose parte a dicha autoridad por prestación ilegal del servicio de transporte remunerado de personas modalidad taxi; que la recurrida no posee competencia ni autoridad para decomisar vehículos, y que a pesar de que se le ha solicitado la devolución del mismo no se le ha devuelto.

  2. -

    El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

    Redacta el Magistrado V.B.; y,

    Considerando:

    I.-

    Esta Sala en sentencia número 2002-06905 de las nueve horas cincuenta y cinco minutos del doce de julio del dos mil dos, consideró respecto al levantamiento de boletas de infracción a la Ley de Tránsito, en contra de las empresas que se dedican a prestar el servicio de transporte privado de personas, que:

    “I.-

    El recurrente acusa que funcionarios de la Policía de Tránsito han procedido a expedir boletas de citación en el caso de vehículos de la empresa amparada, por supuesta infracción al artículo 129 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres. Acusa que ello resulta ilegítimo, toda vez que, no es cierto que se esté prestando ilegítimamente el servicio de transporte público, por el contrario, la empresa ha actuado legítimamente al amparo de la figura del porteador, regulada por el artículo 323 y siguientes del Código de Comercio.

    II.-

    Para la correcta resolución del presente caso, debe tenerse presente lo que esta S. indicó en sentencia número 2001-6735 de las 14:56 horas del 17 de julio del 2001. Ocasión en que manifestó:

    Único: Lo que se procura en el fondo, con la interposición del presente recurso, es discutir en esta sede la procedencia de las boletas de citación que se le confeccionaron al recurrente, así como el retiro de sus placas de matrícula, lo anterior al amparo de los artículos 129, inc. ch, 144, inc. d, y 145 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, ya que alega el accionante que no es cierto que él se dedique indebidamente a prestar el servicio de transporte público. Es improcedente que esta S. se pronuncie al respecto, pues la pretensión del recurrente excede la naturaleza sumaria del recurso de amparo, proceso en el cual no es material ni razonablemente posible entrar a un complicado sistema probatorio o a un análisis de hechos que vaya más allá de los actos impugnados en si, circunscribiéndose más bien a las hipótesis fácticas en que esos actos se fundan, como ocurre en este caso, en que este Tribunal no esta en posibilidad de determinar la procedencia de la boleta de citación y el retiro de las placas. Máxime que dicho acto no constituye un acto definitivo, por el contrario es el acto a partir del cual el recurrente tiene la posibilidad de ejercer la defensa de sus intereses en la vía jurisdiccional correspondiente. En este sentido, si el recurrente esta inconforme con dicha boleta de citación, podrá comparecer ante la autoridad jurisdiccional que le competa conocer de la materia de tránsito en dicho territorio, ello dentro del plazo previsto por ley, a afectos de manifestar su discrepancia. Supuesto en que el conocimiento de la infracción imputada deberá sustanciarse de conformidad con el procedimiento establecido por el artículo 161 y siguientes de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, en el que el recurrente podrá rechazar los cargos, declarar sobre los mismos y ofrecer la prueba de descargo que considere oportuna, la que se evacuara en una audiencia oral y pública, y en contra de lo que se resuelva en definitiva cabrá el recurso de apelación ante el juez penal competente. Procedimiento en el que podrá discutirse -con la amplitud probatoria necesaria- la existencia de la infracción, la procedencia de la multa y la devolución de las placas de matrícula, lo que permitirá ejercer la defensa efectiva de sus derechos (ver en sentido similar sentencia número 2001-6101 de las dieciséis horas cincuenta y dos minutos del cinco de julio del dos mil uno). Por los motivos indicados, el recurso resulta inadmisible y así debe declararse.

    Consideraciones que son aplicables al caso en estudio ante la evidente similitud fáctica existente y por no concurrir motivos que justifiquen variar el criterio vertido en la resolución parcialmente transcrita. En concordancia con lo anterior, determinar si efectivamente se ha configurado la supuesta infracción a la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres –por prestación ilegal del servicio público de transporte- o se está en presencia del supuesto del contrato de transporte regulado por la citada normativa comercial, hace referencia a un conflicto cuya resolución excede los fines y naturaleza del amparo. Por el contrario, proceder a dilucidar dicha disputa en esta sede implicaría incidir indebidamente en el ámbito de competencia que le ha sido confiado –en este caso- a la jurisdicción de tránsito, en abierta contradicción con el artículo 153 de la Constitución Política. En razón de lo anterior, el presente recurso es inadmisible y así debe declararse.”

    Como no existe motivo para variar el criterio vertido en aquella oportunidad, resultan aplicables las consideraciones contenidas en la sentencia parcialmente transcrita al supuesto que nos ocupa, razón por la cual, el amparo debe desestimarse en cuanto a esos extremos.

    II.-

    Respecto a la alegada violación a la libertad de tránsito y al derecho de propiedad, que plantean los recurrentes respecto a lo actuado por el Oficial de Tránsito y la autoridad recurrida, en cuanto a que ésta se constituye en una invasión de sus espacios privados, una imposibilidad de disfrute de la propiedad privada (por la detención y no devolución del vehículo que les interesa), y se erige como un abuso de autoridad sin parangón, estima esta Sala que ello no puede ni debe dilucidarse en esta sede sino que deberá plantearse, la devolución del vehículo ante la propia ARESEP, como bien lo ha hecho, y el abuso de autoridad en sede penal mediante la correspondiente denuncia a fin de que en esa instancia se determine si lo actuado por el recurrido resultó en la comisión de un ilícito y se establezcan las responsabilidades correspondientes. N., en relación con la detención del vehículo que le interesa, que a la fecha no ha transcurrido un plazo irrazonable y desproporcionado para su devolución desde el veintisiete de marzo pasado, fecha en que se le detuvo, motivo por el cual no estima la Sala que se haya desatendido, al menos no aún, la gestión realizada por los recurrentes en tal sentido. Por lo expuesto, el amparo resulta improcedente y así debe declararse. (En igual sentido ver sentencia número 2003-08653 de las diecisiete horas veintinueve minutos del diecinueve de agosto del dos mil tres).

    Por tanto:

    Se rechaza porel fondo el recurso.

    Luis Fernando Solano C.

    Presidente

    Adrián Vargas B.GilbertArmijo S.

    Ernesto Jinesta L.FernandoCruz C.

    Federico Sosto L.FabiánVolio E.

    JJA/oc.-

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