Análisis de la Prohibición al ejercicio liberal de la Profesión
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Revista de Derecho de la Hacienda Pública
obligaciones y etapas del contrato de concesión suscrito en este caso concreto. Por otra
parte, también se identificó que la administración concedente obtuvo la llamada “Viabilidad
Ambiental Potencial”, que demostraban, con cierto grado de certeza, la eventual factibilidad
ambiental de un proyecto de estas dimensiones.
Lo dicho previamente se puede ejemplificar con los siguientes extractos de la sentencia
emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.
“Es hasta el considerando XIII donde el Tribunal expuso su parecer en forma
más concreta. Puntualizó, es claro que una obra como la TCM ha de contar con
un Estudio de Impacto Ambiental y una Evaluación Ambiental definitiva, pero
esta exigencia, en casos como este, en que el contrato incluye el diseño de la
infraestructura, ese requerimiento debe ser satisfecho de previo del inicio de la
obra y no antes del inicio del procedimiento de licitación pública, sin que ello
implique violación al artículo 50 de la Constitución Política.”
Sobre este punto, la Sala Primera aclaró:
“En el sub lite, tal y como indica el hecho probado no. 17 del fallo, Setena
concedió la Viabilidad Ambiental Potencial al proyecto de la Terminal de
Contenedores de Moín, mediante resolución 274-2009-SETENA del 10 de
febrero de 2009. Con lo cual, la Administración cumplió con la exigencia del
artículo 21 de la LGCOPSP, tal y como dispusieron los juzgadores.”
Por último, se debe aclarar que con el pronunciamiento de la Sala Primera se confirma lo
resuelto por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, lo que implica el
archivo definitivo del proceso judicial.
Análisis de la Prohibición al ejercicio liberal de la Profesión5
Mediante la sentencia N° 35-2014 de las 8:30 horas del 10 de marzo de 2014, el Tribunal
Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda declaró sin lugar una demanda interpuesta
por un funcionario público en contra del Estado y la Contraloría General de la República.
El caso guardó relación, con un procedimiento administrativo sustanciado por la Contraloría
General en contra de dicho funcionario por la violación al régimen de prohibición al ejercicio
liberal de la profesión, el cual culminó con una recomendación vinculante de despido y la
obligación de reintegrar una suma de dinero a título de responsabilidad civil.
Luego de analizados y rechazados los recursos ordinarios incoados en contra del acto final
del procedimiento administrativo, el actor procedió a interponer una demanda ordinaria que
fue declarada sin lugar en todos sus extremos por el Tribunal Contencioso Administrativo y
Civil de Hacienda, confirmando así la validez de las conductas desplegadas por el órgano
contralor durante el procedimiento administrativo respectivo.
5 Elaborado por el Lic. Jaínse Marín Jiménez, Gerente Asociado de la Contraloría General de la República.
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