Disposiciones normativas sobre la prevención de la corrupción en la contratación pública aplicado al régimen municipal costarricense
| Fecha | 01 Enero 2024 |
| Autor |
14
Revista de Derecho de la Hacienda Pública Vol. XXlI.
Enero, 2024. ISSN-221-3624
El contenido de este artículo está bajo una licencia de Creative Commons.
Rocío Aguilar Guillén1
1. Abogada. Licenciada en Derecho y Notaria Pública por la Universidad
de Costa Rica. Incorporada al Colegio de Abogadas y Abogados de Costa
Rica en el año 1995. Cuenta con un Diplomado en Corrupción y Régimen
Sancionatorio de la Hacienda Pública por la Universidad de Salamanca,
España y una Especialización en Alianzas Público-Privadas y Fideicomisos de
la Universidad de Costa Rica. Tiene 24 años de ejercicio profesional en la
función pública y se ha desempeñado como Abogada de la Dirección de
Asuntos Jurídicos, Abogada de la Dirección de Contratación Administrativa
y Directora de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de San José, en la
actualidad se desempeña como Asistente de la Gerencia de Provisión de
Servicios de ese Gobierno Local. Fue profesora de la carrera de Derecho
de la Universidad Latina en la Sede Regional de Turrialba. Cuenta con
formación en Proyectos de APP para la Infraestructura Urbana Municipal en
Costa Rica impartida por BID-PIAPPEM.
Disposiciones normativas
sobre la prevención
de la corrupción en la
contratación pública
aplicado al régimen
municipal costarricense
Sumario
1. Introducción
2. Aspectos relacionados con la prevención de la
corrupción en la contratación pública
3. La observancia del deber de probidad en el ejercicio
de la función pública
4. Del régimen municipal en materia de contratación
pública y la fiscalización de la Contraloría General de la
República como ente rector de la Hacienda Pública
5. Conclusiones
6. Referencias Bibliográficas
Revista de Derecho de la Hacienda Pública Vol. XXII. Enero, 2024. ISSN-221-3624
Revista de Derecho de la Hacienda Pública
Contraloría General de la República
15
1. Introducción
En Costa Rica a diferencia de países como España,
Chile y/o Argentina, no existe un desarrollo doctrinario
amplio que aborde temas de Derecho Administrativo y
menos, que analice el área de compras públicas de los
gobiernos locales, en el marco de esa ausencia, con el
presente artículo se pretende desarrollar un estudio que
pueda ser usado como guía para que los funcionarios
públicos que participan de la contratación pública en el
régimen municipal, tales como proveedurías, Concejos
Municipales y Alcaldías, puedan identificar las normas
y los principios generales, que bien aplicados pueden
contribuir a la prevención de la corrupción en esa
área tan sensible del quehacer municipal. En la línea
de estudio mencionada, se abordan temas como la
regulación constitucional de la contratación pública
y el posterior desarrollo de esa normativa a nivel
legal y reglamentario, haciendo referencia adicional
a los aportes del Tribunal Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, no solo en esa materia, sino en la
revitalización del Régimen Municipal, puesto que con el
Voto 5445-99 vino a delimitar las bases del concepto de
autonomía municipal, al tiempo que hizo un interesante
acercamiento al concepto de lo local, en un medio en
que los Gobiernos Locales funcionaban como centro de
extensión de la Administración Central. Identificadas
las instituciones de la contratación pública orientadas
a la prevención de la corrupción, así como los actores
directos que intervienen en las compras públicas de los
Gobiernos Locales, se analizan el deber de probidad
y los principios generales relacionados con el mismo,
que deben orientar el ejercicio de la función pública,
en las compras públicas de los Gobiernos Locales,
en procura de mantener una administración pública
regida por postulados éticos encaminados al servicio
de los ciudadanos y la satisfacción del interés general,
lejos del clientelismo y la adjudicación motivada por
“dádivas o comisiones” que buscan la inclinación de
la balanza en la contratación pública (adjudicación de
contratos), a través de mecanismos contraventores
del bloque de legalidad que rige las actuaciones de
toda la Administración Pública y sus funcionarios. Lo
relativo al deber de probidad se relaciona con su similar
“El Principio de Probidad” de la Constitución Política
chilena, país que en materia de compras públicas y de
transparencia es un referente a nivel latinoamericano.
2. Aspectos relacionados con la
prevención de la corrupción
en la contratación pública
2.1 Antecedentes histórico -
const ituciona les de la contratación
pública en Costa Rica
Partiendo de lo reseñado por el jurista costarricense
Jinesta (2010), se obtiene que la mención de la
contratación administrativa en Costa Rica a nivel
constitucional aparece en la Constitución de 1841,
conocida como “Ley de Bases y Garantías”, se
mantiene en las cartas fundamentales promulgadas
en 1844, 1847, esta última reformada en 1848, las
de 1859, 1869, 1871 y 1917, considerándose que la
que mayor desarrollo del tema contenía era la de 1917
(p. 38, 39). En esas primeras Normas Fundamentales
“…la contratación administrativa fue regulada por
los respectivos constituyentes de forma indirecta y
formal.” (p.38).
A la Constitución promulgada en 1917, le siguió la
que tiene vigencia en la actualidad, aprobada por la
Asamblea Nacional Constituyente de la denominada
Segunda República, el 7 de noviembre de 1949, que
además de la regulación indirecta y formal, incorpora
conforme lo indica el tratadista mencionado y se
obtiene del análisis de su texto, regulaciones de orden
sustancial, llegando a concebir los procedimientos
de contratación y específicamente la licitación como
una garantía institucional, conforme se deslinda en el
numeral 182 de la Carta Fundamental.
En adición a las normas de orden constitucional, el
legislador ordinario, representado por los Diputados
que integran el Poder Legislativo, fue emitiendo normas
de rango legal y en la última reforma a la Contratación
Pública que tuvo lugar con la promulgación de la Ley
Nº 9986, “Ley General de la Contratación Pública”,
unificó la materia en una sola ley de aplicación a toda
la Administración Pública costarricense de la cual forma
parte el Régimen Municipal, conformado este último
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