Eficacia de la potestad sancionatoria disciplinaria
| Autor | Licda. Yazmín Castro Sánchez |
| Cargo | Licenciada en Derecho y Notaria pública de la Universidad Federada Santo Tomás (UACA). Máster en Derecho Laboral de la Universidad Latina y egresada de la Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). Posee un Diploma en Derecho Administrativo Sancionatorio de la Universidad de Valladolid, España. Bachiller en... |
| Páginas | 17-36 |
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Revista de Derecho de la Hacienda Pública Vol. XI.
Junio-Diciembre, 2018. ISSN-221-3624
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Licda. Yazmín Castro Sánchez1
1 Licenciada en Derecho y Notaria pública de la Universidad Federada
Santo Tomás (UACA). Máster en Derecho Laboral de la Universidad Latina
y egresada de la Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad
Estatal a Distancia (UNED). Posee un Diploma en Derecho Administrativo
Sancionatorio de la Universidad de Valladolid, España. Bachiller en Ciencias
Políticas de la Universidad de Costa Rica.
potestad sancionatoria
disciplinaria
-algunos aspectos a considerar en el ámbito
costarricense
Sumario:
I. Introducción.
II. La potestad sancionatoria
administrativa.
III. Responsabilidad subjetiva de los
funcionarios públicos.
IV. Procedimiento sancionatorio
disciplinario.
V. Mecanismos complementarios para la
eficacia de la potestad sancionatoria.
VI. Conclusiones.
VII. Referencias
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Revista de Derecho de la Hacienda Pública/
Contraloría General de la República
Revista de Derecho de la Hacienda Pública Vol. XI. Junio-Diciembre, 2018. ISSN-221-3624
El Derecho Administrativo se conforma de normas
jurídicas que establecen, entre otros aspectos, las
facultades, competencias, atribuciones y procedimientos
expresamente delimitados para llevar a cabo la potestad
sancionatoria o disciplinaria. Su propósito es establecer
responsabilidades a los funcionarios públicos ante
actos u omisiones en contra del ordenamiento jurídico
globalmente considerado.
En el marco de la potestad sancionatoria-disciplinaria,
se encuentran dos derechos fundamentales de especial
relevancia. Por un lado, se halla el derecho al debido
proceso y con este el derecho de defensa de la parte
intimada dispuesto en los numerales 39 y 41 de la
Constitución Política. Por otro lado, se encuentra el
principio de legalidad, rendición de cuentas y eficiencia
en el ejercicio de la función pública (Constitución
en deberes obligados de observancia por parte de
la Administración Pública a la hora de tramitar un
procedimiento administrativo sea sancionatorio o
disciplinario. También son especialmente relevantes
en los procedimientos administrativos donde la
Administración Pública dirige el proceso como Juez y
parte, sin perder de vista la objetividad e imparcialidad
necesaria para alcanzar los fines del procedimiento
administrativo, sobre todo la búsqueda de la verdad
real de los hechos, con respeto pleno a las garantías y
derechos fundamentales de los administrados.
En este artículo se presenta el análisis de ciertos
aspectos relevantes tendientes a lograr la eficacia de la
potestad sancionatoria que ostenta la Administración
Pública. A partir de la aplicación de los principios
rectores del Derecho Administrativo, se reconoce
que en cierta medida se deriva de algunas premisas
básicas del Derecho Penal, que buscan la configuración
de un marco adecuado para la determinación de la
responsabilidad subjetiva de los funcionarios públicos
dentro de un régimen previsto en el ordenamiento
jurídico.
Se desarrollan temas como el concepto de la
potestad sancionatoria administrativa, su fundamento
constitucional y legal. También se incluyen los principios
rectores de esta materia y algunas referencias claves de
la jurisprudencia emanada por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (Corte IDH), la cual en
aplicación del artículo 8 de la Convención Americana
de Derechos Humanos “Pacto de San José” ha indicado
que los procedimientos administrativos, donde se vean
involucrados la imposición de sanciones administrativas,
requieren una especial protección de los Derechos
Humanos.
Asimismo, se desarrolla el tema de la responsabilidad
subjetiva de los funcionarios públicos, sus tipos, y la
normativa relevante, a la vez que se aborda el tema
de mecanismos complementarios para la eficacia de
la potestad sancionatoria, con especial referencia a
los aspectos de medidas cautelares, alternativas en
el desarrollo de los procedimientos administrativos y
finalmente algunos comentarios y referencia sobre la
figura particular de cláusula de clemencia y el papel del
delator, que se encuentra regulada en la normativa que
rige el procedimiento administrativo español y que se
tomarán como referencia en este particular.
Con este marco general, se procura brindar un aporte
en el desarrollo de temas relevantes, especialmente
en la coyuntura actual de mayores exigencias de la
ciudadanía respecto del correcto manejo de los asuntos
públicos por parte de los funcionarios encargados de
velar por la satisfacción del interés general y el régimen
de responsabilidad que la cobija de acuerdo con su
conducta, sea esta activa u omisiva.
II. La potestad sancionatoria
administrativa
2.1 Concepto
En primer término, la potestad sancionatoria
administrativa tiene como propósito asegurar de la
mejor forma posible que los fines de la Administración
Pública se lleven a cabo respetando los derechos
subjetivos e intereses legítimos del administrado y en
apego al ordenamiento jurídico.
En ese orden de ideas, podemos citar la definición de
I. Introducción
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