II. Criterios Contratación Administrativa
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Revista de Derecho de la Hacienda Pública Vol. XXI. Julio - Diciembre, 2023. ISSN-221-3624
Revista de Derecho de la Hacienda Pública
Contraloría General de la República
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2.1 Contratación directa por oferente
único no es impugnable ante
Contraloría General
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) promovió una
contratación para la adquisición de “GT Actualización de
los equipos y herramientas marca NEMO para la medición”,
y la Junta de Adquisiciones ICE/Corporativa, mediante el
artículo 4 de la sesión n.° 575 del 06 de diciembre del 2022
acordó adjudicar la contratación a SIMTEL CENTROAMÉRICA
SIMTELCA, SOCIEDAD ANÓNIMA. Este acto confirma que
la adjudicación se emitió posterior a la entrada en vigencia
de la Ley General de Contratación Pública, por lo que
para la debida atención de una apelación presentada a la
Contraloría General, correspondió determinar la competencia
de este órgano contralor, armonizando las diferentes
nomenclaturas de los procedimientos y determinando el
régimen aplicable. De manera tal que se constata que la
contratación promovida corresponde a un procedimiento
de excepción, concretamente una contratación directa por
oferente único, promovida por el ICE. Así las cosas, por tipo
de procedimiento, no logra equipararse al procedimiento de
la licitación mayor que rige bajo el nuevo régimen normativo,
por lo que el recurso es inadmisible.
Resolución n° R-DCA-000002-2023 del 11 de enero de 2023.
División de Contratación Administrativa. Contraloría General
de la República.
2.2 Supuestos para la interposición
de recursos de apelación ante la
Contraloría General
Los recursos de apelación que se interpongan mediante un
formulario que no sea el correcto (apelación u objeción),
se rechazan de plano. Además, un procedimiento de
contratación promovido bajo la nomenclatura de la Ley de
Contratación Administrativa procede la interposición de
recurso de apelación ante la Contraloría General cuando se
cumplan dos supuestos: el primero sería que se trate de una
licitación pública (en la medida que resulta el procedimiento
ordinario plenario equiparable a la licitación mayor bajo la
nueva Ley General de Contratación Pública) y, segundo, que
el acto final alcance el monto del umbral respectivo para
licitación mayor. En el caso analizado, considerando la fecha
de emisión del acto de adjudicación (para determinar qué ley
aplica en materia recursiva) resulta de aplicación lo dispuesto
en la Ley General de Contratación Pública.
Resolución n° R-DCA-SICOP-00039-2023 del 13 de enero
2023. División de Contratación Administrativa. Contraloría
General de la República.
2.3 En recurso de apelación de procesos
de contratación que utilizan una
nomenclatura anterior a la LGCP la
el monto adjudicado
A partir del 1 de diciembre de 2022, la CGR únicamente
conocerá la impugnación contra el acto final de las licitaciones
mayores. En los casos de procesos de contratación tramitados
con nomenclaturas anteriores y distintas a las que da la
LGCP, la competencia de la CGR depende de que el monto
adjudicado supere el umbral de la licitación mayor.
Resolución n° R-DCA-SICOP-00080-2023 emitida el 18 de
enero de 2023. División de Contratación Administrativa.
Contraloría General de la República.
2.4
bajo Ley General de Contratación
Pública (LGCP) y utilización del
formulario electrónico
Para determinar la competencia de la Contraloría General
de la República en cuanto a la atención de recursos a
partir de la LGCP, se debe equiparar el procedimiento de
contratación al de la licitación mayor que rige bajo el nuevo
régimen normativo. Además, debe igualar o superar el
umbral previsto. Finalmente, deben utilizarse los formularios
dispuestos para ello en el sistema digital unificado SICOP.
Resolución n° R-DCA-SICOP-00108-2023 del 23 de enero de
2023. División de Contratación Administrativa. Contraloría
General de la República.
2.5
procedimiento por principios bajo la Ley
General de Contratación Pública (LGCP)
Con la entrada en vigencia de la LGCP, la Contraloría General
de la República se concentrará en conocer contrataciones
que emplean recursos públicos de mayor cuantía, según el
umbral previsto para la licitación mayor, es decir, en los casos
en los que los procedimientos de contratación tramitados no
correspondan a los procedimientos ordinarios mencionados,
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