La legitimación procesal de la Contraloría General de la República: una herramienta para la tutela objetiva de la Hacienda Pública
| Autor | Francella Navarro Moya, Isabel Rubí Fallas, Jesús González Hidalgo |
| Cargo | Funcionarios de la División Jurídica de la Contraloría General de la República. |
| Páginas | 72-89 |
La legitimación procesal de
la Contraloría General de la
República: una herramienta para
la tutela objetiva de la Hacienda
Pública
Sumario
Introducción. 1. Orientaciones generales. 2. La legitimación
de CGR en la Jurisdicción Contencioso Administrativa y
civil de Hacienda y su importancia para la defensa de la
Hacienda Pública. 3. La legitimación especial de la CGR
ante la Jurisdicción Constitucional y la trascendencia de
su participación en el control de constitucionalidad de las
normas sobre aspectos atinentes a la Hacienda Pública. 4.
La intervención contralora en los procesos laborales como
parte del resguardo de los fondos públicos. 5. Conclusiones
ESTUDIOS
Francella Navarro Moya,
Isabel Rubí Fallas,
Jesús González Hidalgo1
1 Funcionarios de la División Jurídica de la Contraloría General de la República
73
Revista de Derecho de la Hacienda Pública
Introducción
El presente artículo trata sobre el quehacer de la Contraloría General de la República (CGR)
en el ámbito procesal, a través de su intervención directa en diversas instancias jurisdiccionales,
principalmente, en las materias: contencioso administrativo, constitucional y laboral.
La participación del órgano contralor en los citados procesos se ha orientado a partir de su
cometido primordial –constitucional y legal– que es la vigilancia de la Hacienda Pública, por
lo que su legitimación procesal en esas sedes constituye una importante herramienta para el
logro efectivo de sus fines.
Las habilitaciones procesales claramente reconocidas, junto a la experiencia acumulada y el
enfoque litigioso de la Contraloría, son valores agregados de la fiscalización, que nutren los
procesos de trabajo en los distintos ámbitos. Por ello es importante exponer en este primer
número de la Revista Jurídica de la Contraloría General de la República la labor que se lleva
a cabo en el ámbito procesal, con el fin de dar a conocer la relevancia de esta herramienta
para la tutela objetiva de la Hacienda Pública, lo que se traduce en un mayor resguardo y
defensa de los fondos públicos que administra el Estado y demás sujetos públicos y privados
que participan de la gestión de los recursos del Estado.
Sirva también esta ocasión para abogar por un mayor fortalecimiento de los órganos y
dependencias jurídicas que a lo interno de las administraciones públicas ejercen la
representación judicial, de manera que el ejercicio de tales atribuciones procesales se adecue
a las exigencias de un entorno vertiginosamente cambiante y cada vez más exigente para
quienes tienen bajo su responsabilidad la importante tarea de defender ante el juez imparcial
los intereses públicos, desde una perspectiva institucional.
1. Orientaciones generales
y democrático de derecho. Esto quiere decir que lo social y el interés general sustentan toda
la construcción constitucional, puesto que no solo son principios fundamentales, sino que,
en última instancia, aparecen como la finalidad de todas las instituciones del aparato público
–central y descentralizado– creadas en la Constitución. A estas se les denomina poderes
constituidos, los cuales se encuentran sujetos a la supremacía constitucional.
En el ejercicio de sus potestades, la Contraloría General de la República goza de
absoluta independencia funcional y administrativa, respecto de cualquier Poder,
entre un órgano público. Sus decisiones solamente se encuentran sometidas a la
Constitución Política, a tratados y convenios internacionales y a la ley. El Contralor
General de la República y el Subcontralor General de la República responden
ante la Asamblea Legislativa por el cumplimiento de sus funciones.
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