Ley 3667, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa

La jurisdicción-Contencioso Administrativa se ejercerá por los siguientes órganos:

1. Juzgados de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda;

2. Salas Civiles de la Corte Suprema de Justicia y Tribunales Superiores; y

3. Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia.

Además de lo previsto al respecto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Jueces de lo contencioso-administrativo estarán sujetos a lo siguiente:

1. Será motivo de impedimento el haber dictado el acto o disposición impugnados o haber contribuido a dictarlos; y

2. Podrán ser recusados cuando tengan parentesco, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con las autoridades superiores de la jerarquía administrativa autora del acto sometido a su conocimiento y decisión; o cuando se encuentren en relación con la Autoridad o con los funcionarios que hubieren dictado el acto o informado respecto del mismo, en alguna de las circunstancias mencionadas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, respecto de los litigantes.

1. ANULADO.

2. ANULADO.

3. En todo caso, cuando lo impugnado emanare directamente de la jerarquía superior de la respectiva entidad administrativa y careciere de ulterior recurso administrativo, deberá formularse recurso de reposición o reconsideración ante el mismo órgano que ha dictado el acto o la disposición, en el plazo de dos meses, a contar de la fecha en que se notifique o publique el acto, con los requisitos a que se refiere el artículo 38.

Se exceptuaráan del recurso de reposición:

1. Los actos presuntos, en virtud del silencio administrativo regulado en el artículo 19;

2. Los actos no manifestados por escrito; y

3. Las disposiciones de carácter general, en los supuestos previstos en los dos primeros párrafo del artículo 20.

1. Transcurridos dos meses desde la interposición del recurso de reposición, sin que se haya producido y notificado la correspondiente resolución, se entenderá desestimado y quedará expedita la vía contencioso-administrativa.

2. Si recayere resolución expresa, el plazo para formular la acción se contará desde la notificación de la misma.

3. Anulado. (La Sala Constitucional mediante resolución N° 03669-2006, dispuso anular este párrafo 3° cuyo texto disponía: "La falta de agotamiento de la vía administrativa dará lugar a su alegación, por vía de defensa previa, si el Tribunal no apreciare el defecto en la oportunidad prevista en el artículo 41. ")

4. Si así no se hiciere, para todos los efectos se tendrá por cumplido el trámite, sin perjuicio de lo que resultare acerca de la firmeza o consentimiento del acto o de la disposición. * *(La Sala Constitucional mediante resolución N° 03669-2006, dispuso anular la frase final de este párrafo, cuyo texto disponía textualmente: "por no haber sido recurridos administrativamente en tiempo y forma. ")

1. La acción se deducirá indistintamente contra el acto que sea objeto de la reposición, contra el que resolviere ésta expresamente o por silencio administrativo, o contra ambos a la vez.

2. No obstante, si el acto que decida el recurso de reposición reformare el impugnado, la acción se deducirá contra aquél, sin necesidad de nueva reposición.

1. Cuando la propia Administración, autora de algún acto declarativo de derechos, pretenda demandar su anulación, ante la jurisdicción contencioso-administrativa, previamente deberá declararlo lesivo a los intereses públicos, económicos o de otra naturaleza, en el plazo de cuatro años contados a partir de la fecha en que haya sido dictado.

2. Los actos dictados por un departamento ministerial no podrán ser declarados lesivos por un ministro de un ramo distinto, pero sí por el Consejo de Gobierno, previa consulta a la Procuraduría General de la República o a la Contraloría General de la República, según corresponda.

1. La acción, cuando no se trate del proceso de lesividad, se iniciará por un escrito reducido a indicar el acto o disposición por razón del cual se reclama y a solicitar que se tenga por interpuesto el proceso.

2. A dicho escrito se acompañará:

   1. El documento que acredite la representación del compareciente, cuando nosea el mismo interesado;

   2. El documento que acredite la representación del personero de la Administración demandada, o, al menos, indicación del acuerdo de su nombramientoy publicación en el Diario Oficial;

   3. El documento que acredite la personería con que el demandante se presente en juicio, cuando la ostente por habérsela trasmitido otro por herencia opor cualquier otro título; y

   4. Copia del acto o traslado del acto o de la disposición impugnados, o, cuandomenos, indicación del expediente en que haya recaído o del periódico oficialen que se haya publicado.

3. Si no se acompañaren tales documentos o los presentados fueren incompletos y, en general, siempre que el Tribunal estime que no concurren los requisitos necesarios para la validez de la comparecencia, señalará un plazo de diez días para que el demandante ssubsane el defecto, y si no lo hiciere, ordenará archivar las actuaciones.

4. El juicio formulado por la Administración autora de algún acto declarado lesivo, se iniciará con la presentación de la demanda a que se refiere el artículo 46, a la que se acompañará el expediente administrativo y también una copia certificada de la declaración de lesividad, cuando ésta no constare en aquél.

1. El plazo para interponer el juicio será de dos meses, que se contará:

   1. Cuando el acto impugnado deba notificarse personalmente, desde el díasiguiente al de la notificación; y

   2. En el caso de que no proceda la notificación personal, desde el día siguiente al de la publicación oficial del acto o de la disposición.

2. En los supuestos de actos presuntos por silencio administrativo, el plazo será de un año desde el día siguiente a aquél en que se entienda desestimada la petición, salvo si con posterioridad -dentro de dicho plazo de un año- recayere acuerdo expreso, en cuyo caso será el indicado en el párrafo anterior.

3. El plazo para que la Administración utilice el proceso de lesividad, será también de dos meses a partir del día siguiente a aquél en que lo impugnado se declare lesivo a los intereses públicos.

4. Cuando un acto pueda ser comunicado por notificación o publicación,según esta ley, se comunicará por notificación, a no ser que ellofuere imposible por desconocerse el domicilio del interesado, o no haberéste señalado uno en el expediente, o no haber indicado el cambio de domicilio,en cuyo caso el acto se comunicará por publicación.

1. Las notificaciones y publicaciones deberán reunir los requisitos ordenados por las leyes sobre procedimiento administrativo o, en su defecto, por las del procedimiento civil, y los exigidos por las que regulen la publicación de las disposiciones de carácter general.

2. Sin el cumplimiento de tales requisitos, no se tendrán por válidas ni producirán efectos legales ante la Jurisdicción contencioso-administrativa, salvo que los interesados, dándose por enterados, utilicen en tiempo y forma la acción.

El Tribunal, como primera providencia, acordará que se anuncie, por una vez, sucintamente, en el "Boletín Judicial" y en un diario de circulación nacional, la interposición de la acción, todo a costa de la parte actora. El aviso advertirá a los interesados el derecho que tiene de apersonarse en los autos.

1. Al ordenar lo previsto en el artículo anterior, el Tribunal solicitará el expediente administrativo a la Entidad que hubiere dictado el acto o la disposición impugnados.

2. El expediente deberá ser remitido en el plazo máximo de ocho días, contado desde que se reciba el oficio, bajo la personal y directa responsabilidad del Jefe de la dependencia en que obrare el expediente.

3. Si en el plazo señalado no se hubiera recibido el expediente, el Tribunal, de oficio, concederá un nuevo plazo de tres días, con apercibimiento de decretar el apremio corporal contra el funcionario remiso, si no se remitiere el expediente en el plazo indicado.

4. Si transcurrido este último plazo no se hubiere remitido el expediente, el Tribunal impondrá a los responsables de la desobediencia, una multa de cincuenta a quinientos colones, que hará efectiva por medio de la respectiva Autoridad Judicial de Policía, a la cual se comunicará la imposición de la multa; y si ésta no fuere satisfecha dentro del plazo no mayor de treinta días que al efecto les concederá esa autoridad, se convertirá en arresto a razón de dos colones por cada día. El importe de la multa se girará a favor del Colegio de Abogados.

1. Si el Tribunal lo considerare procedente, declarará no haber lugar a la admisión del reclamo aun sin pedir el expediente administrativo, cuando constare de modo inequívoco y manifiesto:

   1. La falta de jurisdicción con arreglo al Capítulo Primero del Título Primero;

   2. Que la acción se deduce contra alguno de los actos no susceptibles de impugnaciónconforme a las reglas del Capítulo Primero del Título Tercero,excepto en el supuesto previsto en el párrafo final del artículo 21.

   3. Que ha caducado el plazo de interposición de la acción; y

   4. Anulado. (La Sala Constitucional mediante resolución N° 03669-2006, dispuso anular este inciso d) del párrafo 1° , cuyo texto disponía: "Que no está agotada la vía administrativa. ")

2. El Tribunal, antes de declarar la inadmisión, hará saber a las partes el motivo en que se funde, para que, en el término de diez días, aleguen lo que estimen procedente y acompañen los documentos a que hubiere lugar.

3. Contra el auto que acordare la inadmisión por los motivos previstos en los incisos a), b) y c) del párrafo 1, se darán los recursos ordinarios; y también el de casación, según la cuantía.

4. Si se tratare del motivo a que se refiere el inciso d), el Tribunal procederá en la forma prevista en el párrafo final del artículo 96.

La Administración demandada se entenderá emplazada y apersonada por la notificación, a su representante legal, de la resolución en que se solicite la remisión del expediente administrativo.

1. La publicación ordenada en el artículo 39 servirá de emplazamiento a las personas que, con arreglo al artículo 11, párrafo 1, inciso b), estén legitimadas como parte demandada.

2. El aviso servirá también de emplazamiento a los coadyuvantes, aa menos que se tratare de la Contraloría General de la República en el supuesto previsto por el mismo artículo 11, párrafo 2, inciso b), caso en el cual se le notificará, en su sede, la respectiva resolución.

1. El emplazamiento de los demandados, en el proceso de lesividad, se efectuará individualmente por el Tribunal, en la misma forma dispuesta para el proceso civil.

2. Cuando el demandante supiere el domicilio de las personas a que se refiere el párrafo 1, del artículo precedente, deberá indicarlo al

Tribunal, en el escrito de interposición, so pena de nulidad a fin de que sean emplazados también en la forma prevista para el proceso civil.

1. Los demandados y coadyuvantes emplazados en virtud del aviso a que se refiere el artículo 39, podrán apersonarse en autos hasta el momento en que, con arreglo del artículo 47, párrafo 1, hayan de ser emplazados para contestar la demanda, sin que el plazo de apersonamiento pueda ser inferior a ocho días, contados a partir de la última publicación del aviso.

2. Los directamente emplazados deberán comparecer en el plazo de ocho días, a contar del siguiente a la notificación respectiva.

3. En todo caso, si no se apersonaren dentro del referido plazo, continuará el procedimiento, sin que haya lugar a practicarles, en estrados o en cualquiera otra forma, notificaciones de clase alguna.

4. Si se apersonaren posteriormente, se les tendrá por parte, sin que por ello pueda retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, excepto cuando el demandante, conociéndolo, no hubiere indicado el domicilio donde debían haber sido emplazados.

1. Recibido el expediente administrativo o vencido el plazo previsto por el artículo 40, párrafo 3, el Tribunal acordará que el demandante deduzca la demanda en el plazo de treinta días.

2. Si la demanda no fuere presentada en dicho plazo, de oficio se declarará caduca la acción y se devolverá, en su caso, el expediente administrativo.

1. Presentada la demanda, se dará traslado de ella a las partes legitimadas como demandadas y coadyuvantes que estuvieren apersonadas, para que la contesten en el plazo que señale el Tribunal, que no podrá ser inferior a quince ni mayor de treinta días.

2. Si la parte no contestare la demanda en el plazo concedido al efecto, a petición de la contraria se tendrá por contestada afirmativamente en cuanto a los hechos, y a la parte en estado de rebeldía, sin perjuicio de que pueda comparecer en cualquier estado del proceso, entendiéndose con ella la sustanciación, pero sin que ésta pueda retroceder por motivo alguno.

3. Será aplicable a la parte rebelde lo dispuesto por el artículo 45, párrafo 3, salvo que tuviere oficina señalada, ante el Tribunal, para atender notificaciones.

1. En los escritos de demanda y contestación se consignarán, con la debida separación, los hechos, los fundamentos de derecho y las pretensiones y excepciones que se deduzcan, en apoyo de las cuales podrán alegarse cuantas razones procedan, aunque no hubieren sido expuestas en la vía adminstrativa.

2. Lo relativo a presentación de documentos se regirá por la legislación procesal civil.

1. Si las partes estimaren que el expediente administrativo no está completo, podrán solicitar, dentro del primer tercio del plazo concedido para formular la demanda o contestación, que se reclamen los antecedentes necesarios para completarlo.

2. El Tribunal acordará lo pertinente, sin recurso alguno, en el plazo de tres días.

3. De acogerse la solicitud, el plazo correspondiente quedará suspendido, mientras la Administración no complete el expediente, en el plazo y forma previstos en el artículo 40.

1. Los demandados y coadyuvantes podrán alegar, dentro de los dos primeros tercios del emplazamiento para contestar, las siguientes defensas previas:

   1. Las que funden en los motivos que, con arreglo al artículo 60, podrían determinar la inadmisibilidad de la acción;

   2. La litis-pendencia; y

   3. ANULADO.

2. Del escrito correspondiente se dará audiencia por tres días al demandante, quien podrá ejercitar la facultad prevista en el artículo 96.

1. Transcurrido el plazo para invocar defensas previas, no se les dará curso ni se atenderán, sin perjuicio de la facultad conferida al Tribunal por el artículo 60.

2. Las defensas previas no suspenderán el plazo para contestar la demanda.

1. No se dará recurso alguno contra el auto que desestime las defensas previas, sin menoscabo también de lo previsto en el artículo 60; y el que las acoja, tendrá los ordinarios y el de casación, según la cuantía.

2. En el auto que declare con lugar las defensas previas se declarará, a la vez, sin curso la demanda.

3. Firme dicho auto, se devolverá el expediente administrativo a la oficina de procedencia.

1. No procederá el recibimiento del proceso a prueba cuando hubiere conformidad acerca de los hechos entre las partes, aunque una de éstas fuese la Administración Pública.

2. Se recibirá, por consiguiente, el proceso a prueba, cuando exista disconformidad en cuanto a los hechos y éstos fuesen de indudable trascendencia, a juicio del Tribunal, para la resolución del caso.

1. La Administración Pública no podrá ser obligada a absolver posiciones por medio de sus agentes, pero todos ellos, cualquiera sea su jerarquía, estarán obligados a suministrar los informes que el Tribunal les solicitare

2. Admitido por el Tribunal el interrogatorio correspondiente, la parte contraria podrá, dentro del plazo de tres días, formular un contra-interrogatorio al funcionario, que admitirá el Tribunal si fuese pertinente.

3. El Tribunal podrá formular también las preguntas o repreguntas que estime del caso.

4. Si el funcionario no contestare o lo hiciere con evasivas, podrán ser tenidas por exactas las manifestaciones que la parte hubiere hecho acerca de los hechos respectivos.

5. Los despachos con los interrogatorios correspondientes, serán entregados, bajo conocimiento, a quien represente en el juicio a la autoridad de quien dependa el funcionario cuyo testimonio se requiere por informe.

6. El mismo representante estará obligado a presentar al Tribunal la contestación dentro del plazo señalado, o, en su defecto, la prueba de que entregó el despacho a su destinatario.

1. Recibida la contestación, se hará saber a las partes, las que, al igual que el Tribunal, dentro de un plazo de tres días, podrán solicitar cualquier adición o aclaración pertinentes.

2. Admitida la adición o aclaración, se expedirá nuevo despacho, en la forma y términos previstos en el artículo precedente; pero reducido a la mitad el plazo de contestación.

1. Los informes se considerarán dados bajo juramento.

2. Por consiguiente, cualquier inexactitud o falsedad, hará incurrir al funcionario en las penas del perjurio o del falso testimonio, según la naturaleza de los hechos contenidos en el informe.

1. El resultado de las pruebas que el Tribunal ordenare para mejor proveer, se pondrá en conocimiento de las partes, las cuales podrán, en el plazo de tres días, alegar cuanto estimen conveniente acerca de su alcance e importancia.

2. Cuando la Administración Pública viniere obligada a realizar algún depósito de dinero para atender gastos del proceso, como honorarios de peritos, dietas de testigos, etcétera, el Tribunal le concederá un plazo prudencial para que lo haga, teniendo en cuenta la tramitación legal que, según la Entidad de que se tratare, sea necesaria para la emisión del acuerdo de pago correspondiente, sin que pueda exceder de dos meses.

1. Concluida la fase de alegaciones o la probatoria, en su caso, el Tribunal concederá a las partes un plazo no menor de ocho días ni mayor de quince días para que formulen unas conclusiones sucintas acerca de los hechos alegados, la prueba practicada y los fundamentos jurídicos en que, respectivamente, apoyen sus pretensiones.

2. En el escrito de conclusiones, el demandante podrá solicitar que la sentencia formule pronunciamiento concreto sobre la existencia y cuantía de los daños y perjuicios de cuyo resarcimiento se trate, si constaren ya probados en autos.

1. La sentencia pronunciará alguno de los fallos siguientes:

   1. Inadmisibilidad de la acción; y

   2. Procedencia o improcedencia de la ación.

2. Contendrá, además, el pronunciamiento que corresponda respecto de las costas.

Se declarará la inadmisibilidad de la acción en los casos siguientes:

1. Que su conocimiento no correspondiere a la Jurisdicción contencioso-administrativa;

2. Que se hubiere interpuesto por persona incapaz, no representada debidamente o no legitimada;

3. Que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación, a tenor del artículo 21;

4. Que recayere sobre cosa juzgada, que podrá apreciar de oficio el Tribunal;

5. Que los escritos de interposición de la acción o de formalización de la demanda se hubieren presentado fuera de los plazos respectivos; y

6. Que dichos escritos adolecieron de defectos formales que impidan verter pronunciamiento en cuanto al fondo.

1. La sentencia desestimará la acción cuando el acto o disposición impugnados se ajustaren a Derecho.

2. La acción será declarada procedente cuando el acto o la disposición incurriere en cualquier forma de infracción del Ordenamiento Jurídico.

Si la sentencia acogiere la acción:

1. Declarará no ser conforme a Derecho y, en su caso, anulará total o parcialmente el acto o la disposición impugnados;

2. Si se hubieren deducido las pretensiones a que se refiere el artículo 23, reconocerá la situación jurídica individualizada y adoptará cuantas medidas sean necesarias para su pleno restablecimiento y reconocimiento; y

3. Si se hubiere pretendido el resarcimiento de daños o la indemnización de perjuicios, la sentencia podrá formular pronunciamiento concreto sobre la existencia y cuantía de los mismos, siempre que constare probada en los autos; en otro caso, se limitará

a declarar el derecho y quedará al período de ejecución de sentencia la determinación de la correspondiente cuantía.

1. La sentencia que acordare la inadmisibilidad o desestimación de la acción, sólo producirá efectos entre las partes.

2. La que anulare el acto o la disposición, producirá efectos entre las partes y respecto de las personas afectadas por los mismos.

Las partes podrán solicitar la aclaración o adición de las sentencias en los términos previstos en la ley procesal civil.

1. El demandante podrá desistir del proceso comenzado, antes de recaer sentencia.

2. El desistimiento dará fin al proceso iniciado, pero la pretensión podrá ejercitarse en nuevo proceso, si no hubiere caducado.

3. Para desistir no será necesario el consentimiento de la parte demandada ni de los coadyuvantes.

4. El Tribunal dictará resolución en la que declarará terminado el procedimiento y ordenará archivar las actuaciones y la devolución del expediente administrativo.

5. Si fueren varios los demandantes, el proceso continuará respecto de aquéllos que no hubieren desistido.

1. Los demandados podrán allanarse a la pretensión.

2. En tal supuesto, el Tribunal, sin más trámites, citará para sentencia, que será dictada de conformidad con las pretensiones del demandante, salvo si ello supusiere una infracción manifiesta del Ordenamiento Jurídico o fuere demandada la Administración estatal, en cuyo caso dictará la sentencia que estime justa y conforme a Derecho.

3. Si fueren varios los demandados, el procedimiento seguirá respecto de aquéllos que no se hubieren allanado.

1. Si hallándose en tramitación el proceso, la Administración demandada reconociere totalmente, en vía administrativa, las pretensiones del demandante, cualquiera de las partes podrá ponerlo en conocimiento del Tribunal, si la Administración no lo hiciere.

2. El Tribunal, previa comprobación de lo alegado, declarará terminado el proceso y ordenará archivarlo y la devolución del expediente administrativo.

3. Si se tuviere por concluido el proceso o se desistiere de él por haber dictado la Administración el acto a que se refiere el párrafo 1, y, después la misma Administración dictare un nuevo acto revocatorio de aquél, el demandante podrá interponer otra vez la acción, sin previo recurso administrativo o de reposición, contándose el plazo desde el día siguiente a la notificación o publicación del acto revocatorio.

1. Presentada la demanda, si antes de recaer sentencia se detuviere el procedimiento durante seis meses, por culpa del actor, se declarará caducado el proceso, de oficio o a gestión de parte.

2. En este caso, el Tribunal dictará resolución en los términos del párrafo 4, del artículo 65.

3. La resolución que denegare la caducidad del proceso tendrá los recursos ordinarios.

4. Y la que la declarare, los mismos y el de casación, según la cuantía.

1. En los supuestos de desistimiento, satisfacción extraprocesal de la pretensión y caducidad del proceso, no habra condenatoria en costas.

2. Sin embargo, se impondrá el pago de las procesales y personales causadas, si la parte interesada lo reclamare, por adición, dentro de los tres días posteriores a la notificación del auto que tenga por concluido el procedimiento, y siempre que el Tribunal hallare mérito para la condenatoria.

3. En tal supuesto, el término para recurrir del auto que tuviere por concluido el procedimiento, se contará a partir del siguiente a la notificación de resolución que estimare o denegare la adición.

El procedimiento se ajustará a lo dispuesto en esta Sección, cuando la impugnación tuviere por objeto cualquier acto o disposición sobre fijación o liquidación de impuestos, contribuciones, tasas, multas y demás rentas o créditos públicos defintivamente establecidos en vía administrativa, y no fuere la Administración la que demanda contra su propio acto.

1. De la impugnación conocerá en única instancia el Tribunal Superior respectivo.

2. En el escrito de interpossición se fijará concretamente el valor de la pretensión ejercitada, y al mismo se acompañará el documento que acredite el pago, en la caja de la Entidad de que se tratare, de la cantidad respectiva, cuando ello sea exigido así por las leyes tributarias.

3. Si el documento ya constare en el expediente administrativo, bastará con que se indique así.

4. El plazo de interposición será de treinta días, a partir de la notificación del acto o disposición.

5. El expediente administrativo deberá remitirse en el plazo único de cinco días, con aplicación, en su caso, de lo previsto en el artículo 40.

6. Los plazos de formalización de la demanda y contestación, serán de quince días.

7. Las defensas previas deberán invocarse en el escrito de contestación.

8. El plazo para evacuar la prueba pertinente, que habrá de ofrecerse en los escritos de demanda y contestación, será de diez días.

9. ANULADO

10. Contra lo que resolviere en definitiva el Tribunal, se dará recurso de casación, según la cuantía.

11. Cuando la resolución final fuere favorable total o parcialmente al contribuyente y éste se hubiere visto obligado a pagar, la Administración demandada vendrá obligada a reconocer intereses sobre la suma respectiva, desde el momento del depósito al día de su devolución.

Cuando la impugnación tenga por objeto cualquier acto emanado de la Comisión para promover la competencia o de la Comisión nacional del consumidor, en las materias atribuidas a ellas en la Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, el procedimiento se ajustará a lo siguiente:

1. El Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Segunda, conocerá de esa impugnación.

2. El plazo para interponer la acción será de un mes, contado a partir de la notificación del acto final.

3. El escrito de interposición deberá acompañarse con una copia certificada de la resolución final que se impugna.

4. El expediente administrativo deberá remitirse en el plazo único de cinco días, so pena de apercibimiento de apremio corporal.

5. Los plazos de formalización de la demanda y la contestación serán de diez días.

6. Las defensas previas deberán invocarse en el escrito de la contestación de la demanda.

7. El plazo para evacuar la prueba, que habrá de ofrecerse en los escritos de demanda y contestación, será de diez días.

8. Contra las resoluciones del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda, cabrá recurso de segunda instancia ante la Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo.

La impugnación jurisdiccional establecida en el artículo 173 de la Constitución Política, será de conocimiento del Tribunal Superior respectivo, salvo lo que por ley se atribuya a la jurisdicción laboral.

Por consiguiente, denegado el veto del Gobernador o la revocatoria interpuesta por el particular, la Municipalidad elevará los autos al Tribunal, previo emplazamiento, según la distancia, de las partes y demás interesados.

1. Recibidas las actuaciones el Tribunal dará ocho días a las partes e interesados apersonados, para que formulen conclusiones.

2. Luego, dictará la resolución final.

3. Lo así resuelto, si recayere sobre el fondo, no impedirá que las partes discutan la situación en la vía plenaria judicial correspondiente, según la naturaleza del derecho y del título de que se tratare.

4. En todo caso, si dicho pronunciamiento fuere adverso a la Municipalidad, para que ésta pueda accionar en la vía correspondiente, será necesario que previamente lo declare lesivo a los intereses públicos, sin que pueda negarse a ejecutarlo mientras no sea dejado sin efecto por los Tribunales de Justicia.

5. Cuando la Municipalidad denegare un reclamo expresa o presuntamente y diere por agotada la vía administrativa, será innecesario apelar ante el Tribunal, para los efectos de acudir a la acción respectiva.

La impugnación contra los actos que de cualquier modo dispusieren la separación, antes del vencimiento del período respectivo, de algún Director de las Entidades descentralizadas, deberá interponerse, sin recurso previo de reposición, dentro del décimoquinto día, a partir de la notificación o de la publicación.

1. Conocerá de la impugnación el Tribunal Superior respectivo.

2. Recibido el escrito de interposición, el Tribunal solicitará la remisión del expediente administrativo dentro del plazo único de cinco días, con aplicación, en su caso, de lo previsto en el artículo 40.

3. Los plazos de formalización de la demanda y contestación, serán de quince días.

4. Las pruebas deberán ser ofrecidas en los escritos de demanda y contestación, y se evacuaráan a la brevedad del caso, sin que el plazo pueda exceder de quince días.

5. El plazo para formular conclusiones será de seis días.

6. La anulación de lo impugnado equivaldrá a la restitución del demandante en su cargo, salvo que ya estuviere vencido el período, caso en el cual se impondrá el pago de daños y perjuicios.

7. En todo caso, el reclamante tendrá siempre derecho al pago de las dietas o salarios caídos, si lo pidiere en la demanda.

8. La sentencia estimatoria implicará, además, la anulación del acto que haya designado sustituto del reclamante.

9. Al sustituto se le tendrá por emplazado en virtud de la reclamación del expediente administrativo, sin que proceda la excusa de que la autoridad reclamada no le comunicó lo pertinente.

10. Contra lo resuelto por la Sala, se dará recurso de casación con independencia de la cuantía.

Será de conocimiento del Tribunal Superior respectivo, la impugnación de los contratos de la Administración Pública y de la decisión final que recayere en toda licitación del Estado.

1. En recurso se interpondrá dentro del plazo de tres días a partir del siguiente al de la notificación o de la publicación respectiva.

2. Recibido el escrito de interposición, el Tribunal pedirá el expediente administrativo, que deberá ser remitido dentro del plazo único de cinco días, con aplicación, en su caso, de lo previsto en el artículo 40.

3. Por la petición del expediente, quedarán emplazados el órgano administrativo y los demás, interesados, a fin de que dentro de tres días ocurran ante el Tribunal.

4. Recibido el expediente o vencido el plazo de su remisión, se dará al impugnante un plazo de ocho días para que formalice la demanda.

5. Recibida la demanda, el Tribunal oirá por ocho días a los interesados que hayan concurrido al emplazamiento.

6. Contestada la audiencia, si fuere procedente la recepción de las pruebas ofrecidas en los escritos de demanda y contestación, se evacuarán a la mayor brevedad, sin que el plazo pueda exceder de ocho días.

7. En supuestos de urgencia, el Tribunal podrá reducir los plazos prudencialmente.

8. La resolución del Tribunal no tendrá recurso.

1. La interposición de la demanda no impedirá a la Administración ejecutar el acto o la disposición impugnada, salvo que el Tribunal acordare, a instancia del demandante, la suspensión.

2. Procederá ésta cuando la ejecución hubiere de ocasionar daños o perjuicios de reparación imposible o difícil.

1. La suspensión podrá pedirse en cualquier estado del proceso y se sustanciará en legajo separado.

2. De la solicitud, el Tribunal dará audiencia por tres días a la Administración demandada.

3. Transcurrido el plazo, con contestación o sin ella, el Tribunal resolverá lo procedente.

4. En casos especialísimos, podrá el Tribunal, desde el escrito de interposición y prima facie, ordenar la suspensión, siempre a petición del demandante.

1. Cuando el Tribunal ordenare la suspensión de plano o cuando se lo solicitare la parte demandada en el otro supuesto, exigirá, si pudiere resultar algún daño o perjuicio a los intereses públicos o de tercero, la caución suficiente para responder de ellos.

2. La caución habrá de constituirse en depósito de dinero efectivo, valores públicos o aval bancario.

3. La orden de suspensión no se llevará a efecto mientras la caución no esté constituida y acreditada en autos.

4. Levantada la suspensión, al término del proceso o por cualquier otra causa que no sea el acuerdo de las partes, la Administración o persona que pretendiere tener derecho a indemnización de los daños y perjuicios causados por la suspensión, deberá solicitarlo ante el Tribunal por los trámites de los incidentes, dentro de los dos meses siguientes a la fecha del levantamiento; y si no se formulare la solicitud dentro de dicho plazo, o no se acreditare el derecho, se cancelará seguidamente la garantía constituida y se devolverá, en su caso, el depósito a quien corresponda.

5. Cuando la parte demandante no gestionare los autos principales con la diligencia del caso, el Tribunal podrá levantar la suspensión, a gestión de parte.

6. El Tribunal comunicará la suspensión a la Administración respectiva, siendo aplicable a la efectividad de la misma lo dispuesto en el Capítulo Tercero de este Título.

Todas las cuestiones incidentales que se suscitaren en el proceso, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, se sustanciarán en legajo separado y sin suspender el curso de los autos.

1. La nulidad de un acto no implicará la de los anteriores ni la de los sucesivos que fueren independientes de él.

2. El Tribunal que pronunciare la nulidad de actuaciones deberá disponer, siempre que fuere posible, la conservación de aquellos actos cuyo contenido pudiere mantenerse a pesar de la infracción origen de la nulidad.

1. Cuando se alegare que alguno de los actos de las partes no reúne los requisitos legales, la que se hallare en tal supuesto podrá subsanar el defecto dentro de los diez días siguientes a aquel en que se notificare la alegación, siempre que con anterioridad no se le hubiere concedido plazo expreso para el cumplimiento del requisito.

2. Cuando el Tribunal apreciare de oficio la existencia de alguno de los defectos a que se refiere al párrafo anterior, dictará resolución en la que los reseñe y otorgue el mencionado plazo para la subsanación, con suspensión, en su caso, del fijado para dictar sentencia.

3. Si el defecto consistiere en que la acción es prematura por no haberse agotado la vía administrativa, y fuere denunciado en la forma prevista en el párrafo 3 del artículo 33, el Tribunal requerirá al demandante para que formule el recurso administrativo del caso en el plazo de diez días, y si se acreditare dentro de los cinco siguientes haberlo deducido, quedará en suspenso el procedimiento hasta que sea resuelto en forma expresa o presunta.

Todos los escritos y actuaciones deberán extenderse en el papel sellado correspondiente a la cuantía del asunto, con las excepciones que el Código Fiscal u otras leyes establezcan.

La parte vencida podrá ser exonerada del pago de las costas:

1. Cuando mediare oportuno allanamiento de la Administración a las pretensiones del demandante; pero no se la eximirá si la demanda reprodujere sustancialmente lo pedido en la reclamación administrativa denegada, y esa denegación fundare la acción;

2. Cuando la sentencia se dictare en virtud de pruebas cuya existencia verosímilmente no haya conocido la contraria y por causa de ello se hubiere justificado la oposición de la parte; y

3. Cuando por la naturaleza de las cuestiones debatidas haya habido, a juicio del Tribunal, motivo bastante para litigar.

1. No habrá lugar a la condenatoria en costas cuando la parte vencedora hubiese incurrido en plus petitio.

2. Habrá plus petitio cuando la diferencia entre lo reclamado y lo obtenido en definitiva fuere de un 15% o más, a no ser que las bases de la demanda fuesen expresamente consideradas provisionales o su determinación dependiere del arbitrio judicial o dictamen de peritos.

3. Cuando no pudiere fijarse la suma en sentencia, la condenatoria en costas, si procediere, tendrá el carácter de provisional, para los fines de lo dispuesto en el párrafo anterior.

1. Con la totalidad de las costas personales que deban abonarse a la Administración del Estado y de las demás entidades públicas, se constituirá un fondo especial, a la orden del Tribunal, para atender el pago de costas, tanto personales como procesales, que se impongan a la misma Administración.

2. La circunstancia de que los fondos mencionados en el párrafo I no alcancen para cubrir determinadas costas personales impuestas a la. Administración del Estado, no impedirá que el interesado formule directamente el cobro ante ésta.

3. Los tribunales podrán reducir, prudencialmente, el monto de la garantía de costas a cargo del administrado, cuando así lo justifiquen, tanto las condiciones económicas o personales de éste, como la cuantía o naturaleza del asunto u otras circunstancias igualmente calificadas.

4. Para el pago de las costas, en todo caso, regirán los artículos 78, 79 y 81.

La parte coadyuvante no devengará ni pagará costas más que por razón de las alegaciones o incidentes que ella promueva con independencia de la parte principal.