Olga Marta Sánchez: 'Hay elementos que quedan sin prioridad'
Olga Marta Sánchez, ministra de Planificación, admitió que todavía no está claro qué programas del Gobierno se recortarán para trasladarles más dinero a las municipalidades.
Sin embargo, defendió la posición del Poder Ejecutivo de cumplir con la reforma constitucional del 2001 que obliga a traspasarles a los ayuntamientos al menos el 10% del dinero del Presupuesto Nacional.
En ese sentido, Sánchez expresó su apoyo a la primera de las siete leyes contempladas para concretar ese traslado de competencias y recursos, la cual avanza a golpe de tambor en la Asamblea Legislativa.
Se trata de un proyecto elaborado por el propio Mideplán que propone asignarles ¢126.000 millones de la Caja Única del Estado a los ayuntamientos para que asuman el mantenimiento total de las vías cantonales.
El plan, que ya ingresó al plenario legislativo, propone reformar la Ley N.° 8.114 del impuesto a los combustibles para poder tomar el 15% de los recursos generados por el tributo y dárselos a los gobiernos locales.
¿Qué programas se cortarán para que ese dinero pase a los municipios? La titular de Planificación admitió que trabajan en la respuesta. A continuación, un extracto de la entrevista.
¿El primer plan para trasladar competencias y dinero a las municipalidades es un proyecto sin fuente de financiamiento?
Es un proyecto de ley que tiene como fuente de financiamiento la Ley N.° 8.114 (impuesto a los combustibles).
Este plan, si no hay otra fuente de financiamiento, reduciría el dinero del que Hacienda dispone como caja chica.
Sí, eso es el pastel de la 8.114.
¿Qué programas se van a quedar con menos recursos?
Usted me introduce a un tema que maneja el ministro de Hacienda (?). Este es un tema que estamos viendo como el cumplimiento de una obligación constitucional. La discusión sobre financiamiento de la inversión pública, la discusión sobre cómo aminorar el impacto del pago de la deuda y sus intereses, es la discusión macro.
Pero el proyecto avanza a un paso acelerado y podría pasar sin que se cree una fuente de financiamiento.y tarde o temprano se llegará al punto en el que se deben tomar recursos de la Ley 8.114. La pregunta es,¿Qué se va a recortar?
Hay otro elemento, y es que estamos planteando la gradualidad de la transferencia. Es un 1,5% (equivalente a ¢126.000 millones) que se van a distribuir en tres años.
Y sienten que con esa gradualidad sí salen. ¿Qué pasará después? Al final de los tres años, ¿se heredará el problema a la siguiente administración?
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