Plan municipal llevaría las finanzas del país a la quiebra
La Casa Presidencial confirmó, a mediados de este mes, su intención de avanzar hacia el cumplimiento de una reforma constitucional del 2001 que llevaría a la quiebra las finanzas públicas del país.
Se trata de una enmienda hecha por la Asamblea Legislativa al artículo 170 de la Carta Magna que obliga al Poder Ejecutivo a transferir no menos del 10% del Presupuesto Nacional a las 81 municipalidades.
Hoy, de cumplirse en su totalidad, ese mandato implicaría el traslado de unos ¢800.000 millones a los ayuntamientos, lo cual le quitaría al Gobierno la mitad de los recursos con los que realmente opera.
Dicha situación dispararía el déficit fiscal y obligaría a la Administración a cerrar ministerios y despedir empleados, a menos de que decida endeudarse todavía más.
'Llevaría al país al umbral de una crisis fiscal. Aceleraría cualquier crisis', admitió el viceministro de Hacienda, José Francisco Pacheco.
Esta reforma ordena, además, concretar el traslado del dinero en un periodo de siete años (a razón de un 1,5% anual), siempre y cuando el Congreso traspase funciones del Ejecutivo a los gobiernos locales.
A la fecha, la enmienda no se ha puesto en práctica. En mayo del 2010, el Congreso aprobó tramitar siete leyes para garantizar una transferencia paulatina de competencias y fondos, pero ninguna ha sido aprobada.
No obstante, el Congreso actual, acuerpado por el gobierno de Luis Guillermo Solís, ya avaló en la Comisión de Asuntos Municipales un primer plan para asignar ¢126.000 millones de la Caja Única del Estado.
Se trata de una reforma a la Ley 8.114 que propone tomar el 15% de los recursos generados por el impuesto a los combustibles para que los municipios atiendan las rutas cantonales, función que, de por sí, ya tienen.
Ese primer proyecto, dictaminado en abril paso, ahora puede ser sometido a votación en el plenario legislativo.
Enorme mordisco. El Presupuesto Nacional del 2015 asciende a ¢7,9 billones. Sin embargo, casi un 80% corresponde a gastos rígidos, sobre los cuales el Ejecutivo no puede maniobrar.
Más de una tercera parte se destina a pagar la deuda pública. Un porcentaje cercano se va en cumplir la obligación constitucional de invertir en educación pública el equivalente a un 8% del producto interno bruto (PIB).
Otro 10% se gasta en pensiones y casi un 7% en financiar a los poderes Judicial y Legislativo. así como al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Eso deja al Gobierno con un 22% del Presupuesto para pagar el quehacer del...
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